POST SCRIPTUM

Este texto —escrito antes de la reforma aprobada los días 25 y 28 de abril pasado por ambas cámaras del Congreso de la Unión—, analizaba las razones por las que los legisladores debían aprobar la iniciativa sobre Derechos y Cultura Indígena fundada en la formulación de la Cocopa y, expresaba la esperanza de que la mayoría del poder legislativo federal haría un sabio dictamen, que conduciría en el pleno del Senado y la Cámara de Diputados al reconocimiento de los mínimos derechos de los pueblos indígenas de México.

El desenlace legislativo fue muy distinto. La subcomisión dictaminadora del Senado elaboró un documento totalmente apartado del espíritu de los Acuerdos de San Andrés y que prácticamente despedazó la propuesta de reformas constitucionales de la Cocopa. El dictamen de dicha subcomisión se fundó en una propuesta de la fracción parlamentaria del PRI, con el apoyo entusiasta del actual partido en el poder (el PAN).

Una buena parte de los cambios que desfiguraron la propuesta Cocopa, fueron tomados de la iniciativa elaborada por el gobierno de Zedillo el 15 de marzo de 1998. Pero hay que decir que, en varios aspectos centrales, la reforma recién aprobada se coloca incluso más atrás, por lo que hace a reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas de la iniciativa del señor Zedillo.

En suma, la “autonomía” aprobada no sólo reduce ésta al ámbito comunal, sino que niega a las comunidades el carácter de entidad de derecho público, restringe la aplicación de los sistemas normativos internos, elimina el acceso colectivo al uso y disfrute de los recursos naturales en los territorios y establece poderosos candados que se fundan en la neoliberal contrarreforma agraria promovida por el ex presidente Carlos Salinas en 1992, suprime la capacidad de elegir autoridades municipales a la vez que deja fuera todo el sustento (establecido originalmente por la Cocopa en el artículo 115) para el ejercicio de la libre determinación en “cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía” los pueblos.

Consecuentemente, desaparece la facultad de las comunidades y los municipios de que “reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena”, para “asociarse libremente” y ejercer así la autonomía en niveles supracomunales... Merece mención especial la amputación hecha por priistas y panistas de los ordenamientos incluidos en los artículos 53 y 116, que favorecían la representación de los indígenas en los congresos locales y el Congreso de la Unión, con lo que los pueblos continuarán prácticamente excluidos de estos poderes de decisión. Todo ello, constituye un rechazo brutal de las demandas de los pueblos que, habían levantado una adhesión tan entusiasta en amplios sectores de la sociedad no indígena durante la Marcha de la Dignidad zapatista.

No es sorprendente, entonces, que tanto las organizaciones indígenas del país, como el propio EZLN, rechazaran tajantemente la reforma de marras, calificándola de burla y traición.

La comandancia zapatista rompió inmediatamente todo contacto con el gobierno federal y, con ello, se cerró el camino andado en los últimos meses para restablecer el diálogo entre el EZLN y las autoridades. La expectativa de paz, recibió un duro golpe. Las fracciones mayoritarias del Congreso, no estuvieron a la altura de su responsabilidad política y desperdiciaron una espléndida ocasión para abrir las puertas de la pluralidad. De nuevo, el país se enfrenta al arduo reto de detener a las fuerzas conservadoras que se oponen a la construcción de una sociedad multicultural y pluriétnica y de abrir nuevos cauces que conduzcan a las negociaciones políticas y, finalmente, a los acuerdos constructivos.