LA POLÍTICA DE COMPETENCIA Y EL PROCESO DE REGULACIÓN EN MÉXICO, 1993 – 1999

Fernando Ramírez Hernández(*)

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4.3.5 La importancia de la normalización en el proceso de regulación en México

La política de reforma regulatoria inició a finales de los ochenta como un enfoque específico para acompañar los cambios estructurales. La primera política explícita se concentro en mejorar el desempeño económico en mejorar el desempeño económico y estimular las sinergias empresariales. Desde entonces, la política de reforma se desarrollo en tres grandes fases. La primera de ellas se centró en la desregulación clásica. En 1989, el presidente creó una unidad especial, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (antes Unidad de Desregulación Económica) en la SECOFI, para que se concentrara en desregular o volver a regular algunos sectores económicos específicos, y para facilitar los flujos los flujos de bienes, servicios y capital estimulados por la liberalización comercial.

El esfuerzo de desregulación se concentró en adecuar el marco regulatorio más amplio a una economía abierta, para brindar un campo de actuación a las empresas existentes y a la nuevas, independientemente del origen del capital, y para acompañar el programa de privatización. De este modo, se permitió la participación privada y extranjera en sectores de servicios esenciales tales como infraestructura pública (carreteras, servicios públicos municipales) y generación de electricidad, para atraer inversión internacional. Otros programas importantes realizados en este contexto fueron la desregulación de los servicios financieros y la reforma a la tenencia de la tierra.

A principios de los 90´s, este programa de desregulación económica se amplio para incluir esfuerzos encaminados a revisar las regulaciones obsoletas e inadecuadas así como a construir las condiciones microeconómicas necesarias para aumentar la eficiencia y reducir los costos en todos los mercados. Esta segunda etapa de las reformas estuvo marcada por la necesidad de apoyar las reformas estructurales inducidas por la competencia externa y la entrada de inversiones (ferrocarriles, aeropuertos, satélites, asignación de espectro y distribución de gas natural). Las reformas tenía como objetivo brindar certidumbre legal y eliminar las condiciones, reduciendo así los costos de la transacción y facilitando la toma de decisiones. La UDE creo tres leyes decisivas sobre normalización y metrología, sobre protección al consumidor y sobre la política de competencia.

La tercera etapa, lanzada en 1995 por el gobierno de Ernesto Zedillo tenía la finalidad de establecer un sistema de administración regulatoria aplicable al gobierno en su conjunto, basado en la revisión, la transparencia y la consulta.

¿Han mejorado realmente las nuevas políticas e instituciones en la capacidad de producir una mejor regulación?

Se han invertido apoyo político e innovaciones técnicas para perfeccionar la manera en que se revisan y mejoran las regulaciones. Pero, ¿han estas medidas mejorado la calidad de las regulaciones? En algunos aspectos, la respuesta es si; en otros se sigue deliberando.

Una de las mejoras principales se refiere a la transparencia. La transparencia del sistema regulatorio es esencial para establecer un ambiente estable y accesible que promueva la competencia, el comercio y la inversión, y ayude a asegurar que no haya una influencia indebida de intereses especiales. El gobierno mexicano ha inyectado transparencia al proceso regulatorio de manera rápida y sistemática. La ley de normalización fue un primer paso. Su requerimiento de aviso previo para comentarios fue un cambio radical con respecto al método tradicional de elaboración de reglas tras bambalinas. Una segunda etapa fue la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 1994, que clarifica los requisitos para publicación en el Diario Oficial y establece los lineamientos básicos para la consulta pública. Las reformas adicionales a la ley, de 1996, exigen una manifestación del impacto regulatorio de las propuestas legislativas y administrativas por parte del Poder Ejecutivo, que puede ser dada a conocer públicamente si la UDE lo considera conveniente. El Acuerdo para la Desregulación de Trámites Empresariales (ADAE) creó también el registro federal de trámites empresariales para que el público dispusiera de un conjunto completo de todos los trámites federales a cumplir.

Globalmente, la transparencia es mucho mejor ahora que los que era hace algunos años. Sin embargo, con excepción de la Ley sobre las Normas Técnicas, muchas de las disposiciones que promueven la transparencia, son voluntarias o limitadas a las leyes específicamente sectoriales.

Muchos elementos del proceso de reforma han tenido como objetivo promover la consulta y la participación antes de promulgar las regulaciones.

La mejora en la transparencia permite limitar las facultades discrecionales y de ese modo restringe el potencial de corrupción y los comportamientos no éticos, esto, a su vez, también ayuda a reducir el tamaño del importante sector informal y ha orientar dichas actividades hacia la economía formal. Algunos pasos importantes en esa dirección incluyen las reformas a los sistemas de inspección y licencias en aduanas.

El informe de la OCDE sobre reforma regulatoria recomendó que los gobiernos integraran un análisis de impacto regulatoria en el desarrollo, revisión y reforma de las regulaciones. A finales de 1996, México reformó dos leyes marco, la Federal de Procedimiento Administrativo y la de Normalización y Metrología, para instrumentar esta herramienta esencial. Con estos cambios, México se unió a las dos terceras partes de países miembros de la OCDE que utilizan la Medidas de Impacto Regulatorio (MIR) para mejorar la calidad de la regulación. México forma parte del creciente número de países donde el requerimiento esta establecido por la ley lo que le da mayor visibilidad y permanencia.

La regulaciones tradicionales de control y mando siguen siendo la norma, pero se están usando nuevas técnicas regulatorias muy prometedoras. Muchos de los países miembros de la OCDE están ampliando el uso de enfoques alternativos para reemplazar las regulaciones de control y mando que crean ineficiencias o distorsiones en la economía. México dio un paso enorme en la eliminación de los controles de precios y en la instrumentación de un principio de equivalencia para las normas técnicas de las leyes sobre normalización, medio ambiente y sobre aspectos sobre salud e higiene en el trabajo pero en otros aspectos ha sido más lento con respecto a otros países, como por ejemplo, Holanda o Estados Unidos.