LA DIVISIÓN TERRITORIAL POLÍTICO-ADMINISTRATIVA CON BASE EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 

Fabricio Zanzzi

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25.¿Qué otras medidas debieran tomarse para garantizar una mejor administración pública en complemento de lo propuesto hasta el momento?

Hasta el momento lo principal de la propuesta de división territorial político-administrativa consiste en garantizar:

a.- Una uniforme asignación de recursos monetarios, a través de la distribución de los fondos para los gobiernos seccionales;

b.- Una uniforme representación ciudadana (Diputados ante el Congreso, autoridades ante el gobierno central, Etc.) que mantenga la igualdad en el gozo de los derechos a los habitantes de entre los diferentes micro territorios; y,

c.- Una uniforme asignación de los funcionarios, instituciones u otras organizaciones estatales en los diferentes micro territorios.

A lo anteriormente expuesto se le deben acompañar las siguientes medidas:

1. Promulgar una Ley Orgánica de Presupuesto Participativo y su respectivo Reglamento. Ésta medida es de igual importancia que la división territorial en sí, por cuanto garantizará que los dineros públicos no sean invertidos en aquellas obras que la autoridad crea conveniente sin previo consentimiento de las bases. Se evitará así, por ejemplo, que un Alcalde ordene la construcción de una cancha deportiva en un sitio en el que la comunidad requería la construcción de un pozo para extracción de agua. Por otro lado, se acerca a los ciudadanos interesados a las decisiones de las autoridades del gobierno.
2. Eliminar la distribución de recursos monetarios que dependa de la superficie del territorio de los gobiernos seccionales, pues el eje de dicha distribución debe ser siempre por el número de habitantes.
3. Una vez que quedan establecidos los Distritos Metropolitanos se debe eliminar los privilegios para determinadas ciudades en la distribución de recursos monetarios. Todos los territorios de los gobiernos seccionales deben ser tratados de igual manera.
4. Se debe establecer la creación de las Coordinaciones Regionales Interdepartamentales, de índole, única y exclusiva, para la coordinación administrativa de inversiones públicas a nivel regional. Su territorio de acción seria cada una de las regiones naturales del país en su territorio continental. La máxima autoridad de éste consejo será un Coordinador elegido por los Prefectos Departamentales, para un período de 2 años. Éste consejo debiera reunirse, obligatoriamente, una vez cada semestre.
5. Se debiera promulgar una Ley de Autoridades de Origen Local en la que se obligue que toda autoridad departamental, cantonal y parroquial, que deba ser nombrada, delegada o asignada por el gobierno central o por los gobiernos seccionales (Jerárquicamente superior a aquel en el que se desempeñará el funcionario), sea nativo de aquella circunscripción territorial en la que se desempeñará. Así, por ejemplo: no hubiera en Naranjito un Jefe Político que resida en Guayaquil, o un Comisario en Jama que resida en Portoviejo.
6. Todos los Concejales Cantonales, Consejeros Departamentales y Miembros de las Juntas Parroquiales debieran ser elegidos por áreas geográficas y de manera uninominal. No en "plancha".
7. Para el caso ecuatoriano, a fin de garantizar una mejor representación del Gobierno en los diferentes sectores de la República, se debiera ubicar los tres poderes en las siguientes ciudades:

a. Poder Ejecutivo: domiciliado en la Ciudad de Quito.
b. Poder Legislativo Nacional: a domiciliarse en Guayaquil.
c. Poder Judicial: a domiciliarse en Cuenca.

Lo antes expresado, además, pudiera coadyuvar a evitar que el poder político esté concentrado en una única ciudad, lo que por consiguiente reduciría la presión de los diferentes grupos de interés y evitaría el derrocamiento de los Presidentes de la República, como ya ha ocurrido varias veces en nuestro país.