2da Etapa. La centralización de los precios.

Con la Ley 1300 del 3 de enero del 1976 se crea el Comité Estatal de Precios realizándose una labor de registro y ordenamiento de los precios y tarifas. Se aplicó posteriormente tasas de recargo y descuento para que las empresas comerciales y de gastronomía pudiesen funcionar en cálculo económico. Se elaboró los reglamentos para la planificación de los costos y, como cuestión más importante en la confección del plan de 1981 se aplicó la reforma de precios mayoristas, trabajando después en los ajustes de los precios minoristas.

Se adoptó en ese mismo año el acuerdo No 3860 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro que establece los productos y servicios cuyos precios mayoristas y o minoristas que por su importancia para la economía nacional o el nivel de vida de la población, debían ser determinados por esta instancia de dirección.

Las favorables relaciones de intercambio con el campo socialista y especialmente con la Unión Soviética permiten continuar desarrollando acciones dirigidas al mejoramiento del nivel de vida de la población. Junto con la venta de efectos electrodoméstico por centros de trabajo a trabajadores destacados a muy bajos precios y excelentes condiciones de pago se crea el llamado Mercado Paralelo y productos liberados que establece la venta de una amplia cantidad de productos a precios diferenciados, definidos centralmente, algo superiores al mercado normado.

Con la creación en 1976 de la división política administrativa actual, se organizaron los órganos del Poder Popular en cada territorio, que constituyeron desde su inicio, importantes elementos para el control de la actividad de precios. A partir de estos momentos se les faculta a la formación y aprobación de los precios de los artículos que son producidos y son de su subordinación, así como la inspección de todos los precios de los productos que son producidos y o circulan en su territorio.

La Reforma de Precios Mayoristas, de la Construcción, Acopio y Tarifas Técnico- Productivas puesta en vigor el 1ro de enero de 1981, constituyó el primer acto de planificación de precios a mediano plazo realizado en Cuba. Durante su ejecución se presentaron para ser revisados y modificados cerca de 400 mil precios y tarifas diferentes.

En general, con la introducción de los nuevos precios en 1981, con cálculos realizados a partir de los datos del 1978, se produjo un incremento aproximado de un 12% en el nivel de precios mayoristas, presentándose los incrementos fundamentales en los sectores agropecuarios (52%) y a la industria (11%).

La Primera Reforma de Precios significó un serio esfuerzo que estableció por primera vez en nuestro país un sistema de precios mayoristas que se formó con bases metodologicas uniformes para toda la actividad productiva.

A partir de 1984 se comienza a trabajar en la planificación corriente de los precios mayoristas, en forma coordinada con el plan de la economía nacional. Sólo se modifican aquellos que en los que se demostraba su necesidad objetiva, aspecto que alivio en algo el inmovilismo de que eran objeto y que los comenzó a diferenciar de la experiencia de los países socialistas.

Surge en 1985, por primera vez en la Revolución, un mercado que sus precios se forman por la oferta y la demanda. En esta experiencia sólo concurrían campesinos y se esperaba que con el estimulo a la producción que representaba los incrementos en las ofertas disminuyeran los precios. El llamado Mercado Libre Campesino, aunque es una oferta más, manifiesta síntomas de corrupción y la propia población con sus críticas conduce a que se elimine posteriormente.

Se desarrollan y extienden por todo el país los comedores obreros, a los cuales se les condiciona precios asequibles a los trabajadores, aunque muchos de ellos fueran subsidiados por el Estado.

Desde la propia creación del Comité Estatal de Precios se inicia la organización de la inspección de precios, que en aquellos años se limitaba a la verificación de cumplimiento de las listas oficiales de precios. En el año 1979 comienzan a formarse los primeros inspectores de precios voluntarios, retomando una iniciativa que años atrás se había desarrollado por el MINCIN. En estos primeros años la detección de violaciones de precios era muy baja, aunque las indisciplinas de precios afectaban ya a los consumidores sobre todo en la gastronomía y algunos servicios.

En el campo teórico durante los años enmarcados en esta etapa se incrementa la divulgación de artículos acerca del perfeccionamiento del control de los precios. Entre los conceptos que más se comentaban se encuentran:

- Los precios tenían que formarse por el método de gastos y que era muy importante que recogieran cada vez con más precisión los verdaderos gastos socialmente necesarios para producir un producto.

- Tenían que ser planificados y estables. La necesidad de esta característica se debe a que se debe lograr una planificación más eficiente y a que los indicadores económicos eran muy difíciles calcularlos con las variaciones precios.

Un elemento interesante en los artículos estudiados son las pocas observaciones de carácter crítico que se realizaban al modelo general propuesto y las pocas llamadas a la necesidad de la verificación a través de inspecciones de los precios mayoristas, aspecto que entre otras cuestiones demuestra cierta disciplina en esta materia.

En resumen, esta etapa se caracteriza fundamentalmente por la adopción de medidas de orden institucional que refuerzan la centralización de la formación y aprobación de los precios, la experiencia del mercado libre campesino, así como el inicio y fortalecimiento de la inspección de precios que incorpora a miles de voluntarios, lográndose por esta vía que el control de los precios tuviera también un contenido social.