Los dirigentes que asumen la promoción de los partidos políticos a partir de 1935 fueron, desde jóvenes, estudiosos de la historia venezolana. Adquieren una herencia de los planteamientos del liberalismo en largas horas de inmersión en los pasajes de nuestra odisea del siglo XIX. Fundamentan sus reflexiones en la propaganda ideológica pasada y encuentran que desde 1830 una idea dominante ha sido la de la legalidad del poder constituido, un principio que tiene su origen en las ideas liberal-racionalistas, que en Europa contrastaron contra el derecho consuetudinario o con la soberanía en poder de los monarcas, y que dieron lugar a Constituciones racional-normativas escritas.

La historia republicana había nacido en Venezuela como una defensa legal de los derechos de Fernando VII. Lo mismo en 1830 que en la Guerra Federal, el argumento de la legalidad del poder estuvo presente. En 1870 Antonio Guzmán Blanco pretende contra el “monaguismo” restituir el gobierno federal, consagrado por el Poder Constituyente de 1863 que emergió del tratado de Coche donde José Antonio Páez capituló frente a Juan Crisóstomo Falcón. Mas tarde, en 1893 Joaquín Crespo avanza militarmente contra Caracas ostentando el principio de la legalidad frente a un gobierno deficientemente formado por Andueza Palacios y Tell Villegas. A su tiempo, Cipriano Castro invocó varias veces el principio de la legalidad perdida tras la muerte de Joaquín Crespo. Juan Vicente Gómez, para derrocar a su compadre Castro, se apoya en una aplicación casi ridícula del principio de legalidad, ya que el golpe de Estado se lleva a cabo mientras Castro está en el exterior por problemas de salud, y mientras por una parte no dejan que el Presidente retorne al país, por la otra concluyen que cuando no estando el Presidente debía encargase el Vicepresidente, que era Gómez.

Pero a partir de la muerte de Gómez comienza a observarse una evolución del argumento de la legalidad del poder constituido, pasando a elaborarse una especie de doctrina de institucionalidad permitida. El positivismo decimonónico emana sus fundamentos acerca de la naturalidad del proceso social, sobre la tesis del modelo autoritario que postulan natural a los pueblos de América Latina. Contra ello, en 1945 emerge un poder constituyente revolucionario que pasa inmediatamente por el mecanismo del sufragio universal, directo y secreto, para fundar no solo una nueva legalidad sino una nueva institucionalidad. En 1952 y 1956 el régimen militar no llega a formalizarse porque la idea del orden constitucional había dejado de ser una simple legalidad formal para trasmutarse, por obra de la ideología burguesa, en una de institucionalidad permitida, que viene a ser la democracia representativa. A partir de 1958 los mecanismos de la institucionalidad se refuerzan, pero la realidad de la lucha de clases echa por tierra la apariencia de un Estado capaz de representar a todas las clases por igual.

A partir de 1973 el régimen democrático burgués entra en prolongada crisis, al caer progresivamente las apariencias del pluralismo político. Antes de 1973 se sabía que existía un partido mayoritario, como era AD, pero hasta ahora no se sabía cuánto eran capaces de movilizarse las masas populares a favor del Estado. Las altas votaciones configuran circunstancialmente un fenómeno peligroso para la estabilidad del régimen burgués, agudizando en el partido Accíon Democrática la contradicción entre el carácter de fuerza política popular y su condición de organización comprometida en la permanencia del Estado democrático-burgués.

La exigencia de constitución armoniosa del Estado prefiguraba fuerzas políticas que competíeran por la maquinaria de gobierno, acompañadas por grupos económicos más o menos dominantes, y nadie se percataba de que estos grupos dominantes venían siendo cada vez mas débiles frente a un Estado que deglutía pacientemente la acumulación económica sin que el ojo avizor anunciara la desfase social. La intelectualidad burguesa se atemoriza del hecho electoral de 1973, porque la Burguesía no había respaldado al viejo partido socialdemócrata para permitir que irrumpiera en escena una fuerza popular al interior del Estado. Sobre el gobierno se alzan presiones nacionales e internacionales para iniciar una contramarcha histórica, que aparecerá desde entonces como una trayectoria imposible, forzándose en las décadas siguientes una y otra vez los cambios en la correlación de fuerzas, excitándose periódicamente los mecanismos autoritarios, alterándose por medio del instrumento legal y aún del constitucional, las bases del Estado, promoviendo sistemáticamente la desinversión estatal en las áreas productivas, ejerciéndose una larguísima represión de las clases explotadas -que pasa inclusive por el descrédito sistemático de los partidos políticos, incluyendo los de izquierda, especulándose y magnificándose los errores o desviaciones de su conducción– para alcanzar el sometimiento de la fuerza de trabajo a la imposición de un nuevo modelo productivo capitalista globalizante, o – como dicen algunos - nuevas formas de inserción en el capitalismo mundial.

A partir de 1973, al partido AD se le replantea un conflicto que parecía superado: el de cómo administrar llegado el momento, su condición de partido mayoritario, cómo concretar el programa político originario en medio de un poder popular que amenazaba expandirse a corto plazo pero que, sobre todo, anunciaba irse de las manos de la dirigencia tradicional.

El pluralismo a partir de 1973 retrocede en bloque produciendo un desequilibrio general de los roles políticos. La institucionalidad dominante, el pluralismo político, se había hecho rígido por combatir lo mas agudo de la insurgencia popular y promover la acumulación del Estado. Pocas expresiones políticas aparecen movilizándose, entre ellas el “betancurismo” a cuya cabeza se coloca el propio Rómulo Betancourt, desplazando la controversia política para tratar de reanimar un pluralismo que había sido la base de una democracia política que, por muchas manchas que pudiera imputársele, había superado todos los regímenes de la América Latina desde la postguerra. Sobre todo, la socialdemocracia en general se evidenció exhausta, a derecha e izquierda.

El análisis de esta socialdemocracia nos lleva a concluir que no podíamos entender el desarrollo del Estado como un apéndice de la clase dominante en términos absolutos, y ello fue un error permanente de interpretación de los dirigentes revolucionarios. De 1945 a 1975, en solo escasos treinta años, nace, crece y entra en crisis prolongada, un sistema de partidos en torno a consignas básicamente socialdemócratas, alcanzándose una estratificación social significativa que coloca a la clase trabajadora manual e intelectual en una participación determinante en el interior del Estado, generándose condiciones objetivas para que las clases explotadas pudieran controlar el poder, afirmándolo y negándolo en cada tiempo.

El principal partido que destaca en este proceso es Acción Democrática, derivación reformista de los iniciales movimientos socialdemócratas de Venezuela y de Latinoamerica. Este partido había iniciado desde 1941 una estrategia exitosa de Poder, fundada en la comprensión del fenómeno de organización política que es capaz de sustituirse en el Estado tradicional desde la base social, creciendo con el desarrollo de aquel a partir de la postguerra, cuando comienza a interpretarse con mayor claridad la recurrente crisis de acumulación monetaria originada en la venta del petróleo.

Frente a la tendencia de estructurar la economía dentro de una rigurosa división internacional del trabajo dominada por las grandes potencias, AD postula, acompañado por casi todo el país, una relativa autonomía productiva por medio de la diversificación económica y el control estatal de las industrias básicas, lo cual se encontraba en línea con planteamientos de la socialdemocracia reformista de la II Internacional. Agudizados los esfuerzos imperialistas de la postguerra, entre 1948 y 1958 el partido mayoritario enfrenta el fenómeno de las dictaduras militares que llamamos institucionales en el sentido de ser la respuesta de los países latinoamericanos ante las mayores presiones imperialistas, dadas en el contexto del ascenso de los EE.UU. como eje fundamental del mercado mundial capitalista.

AD desplaza una estrategia de resistencia pacífica que le garantice sin embargo un nuevo acceso al poder. A través de una experiencia de solo quince años que transcurren desde 1945 a 1960, diseña una estrategia pluralista, huyendo de repetir la vivencia del primer gobierno del que fue derrocada, haciéndose mas consciente cada vez de las bondades de ese pluralismo para la estabilización de la democracia formal. Se había observado que aun bajo el régimen militar de Pérez Jiménez, el Estado sigue desarrollándose en la trayectoria prevista, y AD había sobrevivido a un intenso período de persecuciones, torturas y exterminio, que fortalece su espíritu colectivo y lo plena de seguridad y confianza en arribar de nuevo al poder y retenerlo. La permanente batalla de las masas impide un control absoluto del Estado por parte de clase dominante alguna, y hoy se puede afirmar que no bastaba, ni basta aún, saber que una clase burguesa aprovecha el Estado para afirmar con ligereza que en Venezuela existia, y mucho menos existe, un Estado totalmente cautivo de una clase dominante.

Desde 1958 a 1967 ocurren tres divisiones en el partido AD, que finalmente vigorizaron el pluralismo político. Los nacientes partidos de izquierda coadyuvaron junto al viejo Partido Comunista el desarrollo pluralista. Para 1973 el poder entra en crisis, en una crisis espectacular y progresiva, cuando el pueblo comienza a manifestarse electoralmente por las consignas estatistas y de aprovechamiento del Estado por las mayorías, traducido a veces en un clientelismo o populismo demagógico.

El triunfo de Carlos Andrés Pérez en 1973 resulta un fenómeno anti-democrático, contradictorio con la institucionalidad que le dio vida; esa institucionalidad permitida en que los partidos intermedian en los diversos grados de la lucha de clases y llegan a repartirse el poder de tal manera que unos son mayoritarios y otros minoritarios solo hasta cierto límite.

La emergencia de una abrumadora fuerza electoral rompe con la estrategia pluralista. Entre 1959 y 1974 transcurren quince años en que nuevamente no se alcanza una distribución más eficiente del excedente económico a favor de las mayorías. Por otra parte, la democracia ha existido con la carga de defender consignas fundamentales como la de No Concesiones Petroleras ni Mineras, a diferencia de los regimenes anteriores que cedieron rápidamente a las presiones transnacionales; y algunas otras consignas de liberación nacional se sitúan –y algunas se implementan- en un espacio histórico atenazado por el enfrentamiento Este-Oeste o de EE.UU-URSS. Así mismo, no llegó a superarse la tendencia de la brecha histórica entre el ahorro y la inversión, y por ello el Estado se reafirma como la única alternativa adecuada para cerrar esa brecha.

Como consecuencia de la manifestación unitaria electoral de 1973, desde diversos ángulos de la Burguesía se le da respuesta al fenómeno, coincidiendo quien más quien menos en una contramarcha histórica de trayectoria casi imposible, al menos de forma pacífica. Para 1977 en manos del Estado se encuentran mas de Bs. 85 mil millones de inversión acumulada, y este hecho ya inocultable es percibido con mas conciencia cada vez por los venezolanos, resultando difícil concebir un modelo pacífico de migración de esta riqueza hacia grupos privados privilegiados.

El Estado entra en crisis en momentos que las clases populares encuentran francas vías de control estatal y los escasos grupos burgueses se percatan del fenómeno. La clase obrera organizada vino aclarando posiciones, y aunque devino mucho más consciente del momento histórico, cedió a la propuesta de seguir postergando enfrentamientos fundamentales que venía eludiendo desde hace mucho tiempo. No obstante el inicio de la contramarcha a partir de 1973, el pluralismo, determinado básicamente por la socialdemocracia, dio frutos altamente estimables en la perspectiva del desarrollo histórico de las clases explotadas manuales e intelectuales, que vienen corriendo el riesgo de ser distraídos si los venezolanos no llegan a percibir la brecha histórica que nos separa de la Venezuela predemocrática.

Los desequilibrios de la socialdemocracia arrastraron a los partidos políticos en general, frente a lo cual diversos actores bajo la bandera antipartidista alcanzaron espacios de poder. No obstante, una especie de metodología del poder implementada por la socialdemocracia, impide alternativas antidemocráticas, y la voluntad popular se vuelca en la búsqueda de nuevos líderes que como Hugo Chávez reeditan las banderas de izquierda nacionalista, y millares de activistas de base del viejo partido socialdemócrata y sus derivaciones se vuelca tras un nuevo liderazgo de carácter bonapartista.

Hugo Chávez va sesgando su discurso, desde una identificación con el revanchismo medinista, donde participa con viejos excomunistas, a un perfil de características propias que va acercándose cada vez más a la posición de la socialdemocracia reformista, que disputa ardorosamente – como es de esperarse – con el viejo partido AD, sin poder lograr su desplazamiento.

No hay en Venezuela, aparentemente, otra posición susceptible de expresar programas progresistas y viables que la socialdemocracia en general; y de este centro-izquierdismo político se proyectan tendencias de más izquierda y derecha que pugnan actualmente. Bajo esta realidad inmediata es imposible descartar la participación de la vieja tendencia reformista e inclusive su eventual vuelta a la maquinaria de gobierno, si es capaz de regresar un poco a sus orígenes; pero sobre todo, si logra realizar alianzas con sectores políticos avanzados y revolucionarios que sacudan el perfil derechista adquirido en los últimos años con la ignorante agitación anticomunista a que fue conducida para enfrentar la candidatura de Hugo Chávez, resultado de una tendencia inconsciente de defensa del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y del “neoliberalismo” oportunista de algunos dirigentes.

Sobre la plataforma de la defensa del gobierno de Hugo Chavez, el régimen, hostilizado por la oposición, ha permitido un crecimiento progresivo de grupos neoliberales estatales, lo cual abre un frente adicional de defensa del Estado. Ha operado una apariencia de reconcentración del Estado, pero fundamentalmente en función de intereses de grupos reducidos del poder, beneficarios del régimen bonapartista, en medio de un proceso que el exguerrillero Douglas Bravo llama muy sencillamente como una vertiente del modelo neoliberal. El capitalismo de Estado que Hugo Chavez encontró instalado, que consistía principalmente en la estatización de los medios de producción de los servicios y las industrias basicas y estratégicas, habia sido concebido como una etapa necesaria para que la sociedad asumiera finalmente su control y administración, e instalara un nuevo diseño de toma de decisiones económicas fundado en el autodominio de la estructura jurìdico-polìtica.

En los hechos, el bonapartismo se halla cómodo alentando el arraigo del modelo neoliberal bajo una vertiente populista, expresado en nuevas formas de simbiosis con las empresas transnacionales y de reinserción de Venezuela dentro de la División Internacional del Trabajo como proveedora de petróleo, y la imposición de las premisas del neoliberalismo bajo la justificación polìtica, entre ellas: Fragmentación entre lo económico y lo político, promoción de una relación básica entre dos clases antagónicas opuestas y desaparición de las clases medias, pulverizaciòn de las organizaciones civiles de la sociedad, desarticulación económica del Estado, ausencia de un proyecto específico de desarrollo económico, etc.

Concebido equivocadamente como un fin revolucionario, el poder del Estado amenaza con pasar a ser una máscara ya conocida de regímenes burocráticos que de igual forma pueden tener el signo del fascismo como del stalinismo, o del llamado “castrocomunismo”. El bonapartismo que Hugo Chavez encabeza casi sin darse cuenta, es un movimiento hedónico que concibe el ejercicio del poder como una lujuria, y a solo siete años de gestión sus dirigentes y cuadros medios están rabiosamente aferrados a un estado de privilegios ilìcitos. La inmoralidad administrativa y la corrupción de toda clase brota por todas las hendijas del armatoste crujiente que es el actual Estado, que no tardará en hacer explosión. De este desenlace emergen caminos alternativos, uno de los cuales, el del movimiento revolucionario y popular, deberá imponerse dentro de la correlaciòn de fuerzas de la socialdemocracia, para colocar a las clases trabajadoras manuales e intelectuales en la mejor posición dentro de la correlación de fuerzas sociales. Como ya se anuncia, Hugo Chavez y la corte bonapartista tendrá que marcharse definitivamente de la lucha histórica del movimiento revolucionario, es solo cuestión de tiempo para que no pueda sostener la pesada tragicomedia bonapartista.