No existen razones para defender el esquema jurídico polìtico de la actual fase de neoentrega petrolera, ni el de la primera fase verificado en el segundo gobierno de Rafael Caldera. Si debemos decir algo diríamos que los argumentos del actual gobierno contra el esquema anterior es cierto, asi como no puee calificarse la situación actual sino como una continuación mas sofisticada del modelo entreguista. En efecto, la llamada apertura petrolera es un momento vergonzoso para Venezuela. En 1993 y 1997 el Congreso Nacional aprobó, usando el Artículo 5 de la Ley de Nacionalización Petrolera las Asociaciones Estratégicas, llamadas a los efectos “Convenios de Asociación" con empresas privadas para la realización de actividades de explotación de hidrocarburos que se supone por principio estaban reservadas al Estado. Los contratos de asociación debían teóricamente contar con la previa aprobación de ambas cámaras en sesión conjunta del Congreso, tener una duración determinada, y prever que el Ejecutivo Nacional mantendría una participación accionaria tal que garantizara el control de la actividad por parte del Estado. Inicialmente fueron aprobados los proyectos “Cristóbal Colón”, con la participación de PDVSA a través de su filial Lagoven; Shell, Exxon y Mitsubishi, para la explotación del gas natural en cuatro yacimientos en el Caribe y Golfo de Paria, en el oriente del país; el Proyecto para la Comercialización de Orimulsión, con la participación de PDVSA a través de su filial Bitor (Bitúmenes del Orinoco) y Mitsubishi; y los Convenios Sincor y Petrozuata (autorizadas en 1993), Ameriven y Cerro Negro (autorizadas en 1997) para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco. En estos convenios se establecieron cláusulas leoninas contra la Nación, especialmente la estipulación de una regalía ínfima del 1% y la fijación de una tasa de impuesto sobre la renta del 34%. Esto fue producto de la manipulación del principio proteccionista contenido en la Ley de Hidrocarburos de 1943, según el cual el Estado podría reducir transitoriamente las tasas de regalías cuando se tratara de proteger incipientes desarrollos.

Por otra parte, basado en una sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, que estableció como criterio que el llamado “control del Estado” no indicaba necesariamente mayorìa accionaria, el segundo gobierno de Rafael Caldera permitió que algunos Convenios se establecieran con minorìa accionaria de PDVSA. De esta forma, en Sincor, el socio principal siempre fue Total (47%); el segundo socio, Statoil (15%); mientras que PDVSA tenía el restante. En Petrozuata ConocoPhillips poseía 50,1%, y PDVSA el 49,9% restante. Debemos precisar, sin embargo, que si bien es cierto que no debió mutilarse el concepto de “control del Estado” quitando el requisito de la mayoría accionaria, no es menos cierto que la mayoría accionaria, como lo indica la experiencia empresarial en todo el mundo, no siempre supone en definitiva el control de la empresa, ya que éste se ejecuta por diversos medios, entre ellos principalmente el dominio de la tecnología dura (hardware) y blanda (software), es decir los medios e instrumentos de producciòn y la capacidad de los profesionales, técnicos y obreros, para el desempeño de las operaciones tñecnicas y financieras. Existe en forma desarrollada toda una teoría llamada “De los roles pivotes” que aparentemente demuestra que en la empresa de punta puede dominar una infraestructura o estructura informal desvinculada de la apariencia jurídica de la empresa.

Ahora, en el caso de los “Convenios Operativos”, que eran simples contratos administrativos de una vigencia no superior a los quince años, como ya hemos señalado se dejaron establecer entre 1992 y 1998 un conjunto de laxitudes dañinas a la Nación que pudieron y debieron ser corregidos apenas se inició el gobierno de Hugo Chávez, pero que es luego de siete años que el gobierno aparece escandalizado por una situación harto conocida, casualmente cuando ya está preparado el nuevo esquema sospechoso de entreguista de empresas mixtas.

Una tercera forma asociativa iniciada en el segundo gobierno de Rafael Caldera, ha quedado algo opacada por la fanfarria pseudonacionalista del gobierno de Hugo Chávez, y es el llamado “Esquemas de Exploraciones de Riesgo y de Ganancias Compartidas”, sobre los cuáles PDVSA no se ha pronunciado. Dentro de esta forma de negociar se ubican por lo menos diez áreas exploratorias: 1) La Ceiba (Trujillo, Mérida, Zulia), 2) Golfo de Paria Este y Oeste (Corocoro), 3) Golfo de Paria Oeste (Sucre), 4) Guarapiche (Monagas), 5) Guanare (Portuguesa), 6) San Carlos (Cojedes), 7) El Sombrero (Guárico), 8) Catatumbo (Zulia), 9) Punta Pescador y 10) Delta Centro (Delta Amacuro). Este tipo de convenios fue aprovechado por las transnacionales ExxonMobil, Petrocanadá, Ineparia y Conoco Philllips.