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VENEZUELA, CAPITALISMO DE ESTADO, REFORMA Y REVOLUCIÓN

Edgardo González Medina

 

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Neopopulismo: La Carta de intención con Venezuela.

Rafael Caldera llega a la Presidencia en la ola de ascenso de la izquierda venezolana. Cuando estos partidos analizan los hechos pasados, deben darse cuenta que no era la popularidad de Caldera lo que hizo posible el triunfo de éste en 1993, sino que tras el agotamiento de los partidos AD y COPEI, las clases populares habían volteado sus ojos a la izquierda venezolana, desechando sus viejas ideas anticomunistas, oteando en el mundo de la alternativa política no probada. No es Rafael Caldera quien hace gobierno a los partidos de izquierda, sino éstos hacen Presidente a aquel. Desde la perspectiva de nuestro tiempo es más fácil entender que la izquierda se encontraba desbloqueada en sus intentos de competir por la maquinaria del Estado. Partidos como Causa R tenían un alto grado de aceptación popular fundado en luchas recientes. El MAS colocaba masas de jóvenes e intelectuales dirigentes disertando en medio de la gritería de las marchas. Los miristas viejos y los recién llegados de los liceos donde todavía el MIR levantaba los recuerdos más románticos, hacían buena bulla en cada concentración popular, con boinas a cuyo frente colocaban el rostro del Che Guevara. Los graves mepistas sentados en las tarimas junto a Caldera saludaban imperceptibles a dirigentes sindicales tras los cuales se ubicaban disciplinados como siempre grupos obreros con sus franelas e insignias. Los viejos comunistas, con sus jóvenes vendiendo borrosos ejemplares mimeografiados del periódico Tribuna Popular, se acompasaban casi incrédulos de su propia presencia junto al viejo enemigo ideológico.

La incapacidad de unirse en torno a objetivos propios llevó a los dirigentes de izquierda a unirse en torno a un objetivo ajeno que era la candidatura de Rafael Caldera, casi sin darse cuenta que la fuerza de los hechos había llevado a la izquierda a su momento histórico. Ello se verificará nuevamente, mas adelante, en la campaña de Hugo Chávez en 1998, cuando toda la propaganda anticomunista no hizo el menor efecto en contra de los partidos de izquierda, y cuando éstos, sin percatarse aún de su momento histórico, formaron filas tras el discurso multicolor del militar golpista cuya misión si acaso estaba prevista para manejar el tanque arriba del cual estarían de pie los líderes revolucionarios 151.

No obstante, el hecho de poderse afirmar que quizá no hubiese sido necesario aliarse con Rafael Caldera para avanzar hacia el poder, no nos induce a negar que el proceso de aproximación de la izquierda venezolana al poder se alimenta y facilita con la alianza que lleva a Caldera a la Presidencia, lo que permite la ancha avenida por donde transitó la candidatura de Hugo Chávez en 1998, ya identificada mucho más como una candidatura de la izquierda venezolana. Pero lo fundamental de entender es el hecho de que la izquierda venezolana toma el espacio político que le deja la socialdemocracia reformista, hasta ese momento representada principalmente por una AD en retirada, siendo el mismo espacio político dominante en toda la larga etapa de pluralismo político.

Valdría decir que toma su propio espacio, en el sentido de la proximidad ideológica e histórica del reformismo socialdemócrata y la izquierda socialista, y en el sentido de que es AD la que venía retrocediendo dentro del espacio histórico de la socialdemocracia, no es el espacio histórico de la socialdemocracia el que venía retrocediendo. La izquierda se aproxima al Poder en la medida que su discurso y sus propuestas se asemejan a las propuestas reformistas de la socialdemocracia, propuestas sin embargo que son de izquierda, anti-imperialistas, nacionalistas e igualitarias.

Caldera sacrifica su discurso conservador cristiano y hace una campaña fundada en la denuncia del neoliberalismo, de la dictadura del Fondo Monetario Internacional, etc. En su campaña suscribe un programa de gobierno que llama Carta de Intención con Venezuela, que le prepara ni más ni menos que el exministro de planificación de Jaime Lusinchi, Luis Raúl Matos Azócar, el mismo autor del programa de gobierno lusinchista llamado Pacto Social.

En las reuniones pequeñas de los técnicos de la campaña, sin embargo, nadie se miente cuando se prevé el requerimiento de una cifra cercana a los 33.000 millones de dólares de ingreso para poder sostener la estructura de gastos del Estado, y que tal cifra solo podía emerger de muchas argucias que se intentarían, pero principalmente de la venta de petróleo, y se decía que las petroleras lo sabían mas que nadie, y que por ello accederían a lo que vienen insistiendo las petroleras hace unos años: Una alternativa de nuevas concesiones petroleras.

Los escenarios técnicos concurren en considerar la crisis de credibilidad del sistema político. Este fenómeno se hace corresponder puntualmente con el programa de ajuste anterior que, para peores males, quedó suspendido en tal forma que ni avanzó hacia los nodos donde pudieran exhibirse tímidas ventajas para las mayorías, ni fue sustituido por una alternativa válida. El programa de gobierno de Caldera, entonces, evita cualquier definición pública que huela al paquete económico del gobierno anterior, pero en la sombra, todos los técnicos hurgan las páginas de El Gran Viraje, suavizando las palabras, matizando los conceptos, alargando los plazos de ejecución, tejiendo viabilidades, etc. Concluyen en la solución elemental de gobernar en dos tramos diferenciados: El primero se parecería al gobierno de Jaime Lusinchi, el otro al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, es decir, una caricatura de la táctica leninista de echar un paso atrás y dos adelante. Esto sería suficiente para aguantar cinco años en el gobierno. Para el primer tramo, ¿cuál mejor Ministro de Hacienda que Luis Raúl Matos Azócar, funcionario del gobierno de Jaime Lusinchi?. Para Matos era su segunda producción de programas de gobierno.

La Carta de Intención con Venezuela, cuyo título ironizaba las llamadas cartas de intención que el Fondo Monetario Internacional exige a los países receptores de ayuda financiera, partía de la premisa supuestamente antineoliberal de que la crisis económica no era un fenómeno natural, sino causado por el comportamiento de quienes habían dirigido el país en las últimas dos décadas. Postulaba la reafirmación del rol del Estado, en una amplia concepción, no solo mediante el fortalecimiento de los tres poderes clásicos sino, además, incluía el poder constituyente. Planteaba una democracia participativa que garantizara una participación social fundamentalmente política pero decisoria, y entre las futuras reformas constitucionales prometía la inclusión de referendums consultivos, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios. Otras reformas se postulaban, tales como la de la administración de justicia, la implementación de la figura del primer ministro, la defensoría del pueblo, el fortalecimiento de la fiscalía general, etc. Al enfocar los desequilibrios macroeconómicos, determinaba como prioritario la moderación de la demanda de divisas, evitando en todo momento la devaluación; así mismo, pensaba que el equilibrio fiscal debía ser conjurado mediante la austeridad en el gasto, mejoras en la recaudación, reforma tributaria, suspensión del Impuesto al Valor Agregado, y una reorientación del gasto dirigida a la equidad social; adicionalmente establecía una estrategia de acuerdos entre los sectores involucrados en la fijación de una relación adecuada entre costos, salarios y precios; en el orden financiero prometía bajar la tasa de interés; y finalmente, cuando abordaba las relaciones entre los sectores público y privado, planteaba la apertura de espacios en aspectos de la economía petrolera, minera, energética, siderúrgica, y alumínica, jurando y perjurando que esta apertura no lesionaría la soberanía nacional y la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, y que se llevaría a cabo un proceso de privatización prudente y transparente, analizando cada caso minuciosamente para determinar su verdadera necesidad o conveniencia.

Al iniciarse el gobierno de Caldera, se desatan luchas internas en relación al curso económico. Diversos sectores, como el representado por el designado Ministro de Hacienda, Matos Azócar; por otra un sector cuyo exponente visible fue el economista Asdrúbal Baptista, miembro de la Academia de Ciencias Económicas; por otra un sector a cuyo frente aparecía Domingo Felipe Maza Zavala, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, y otros, pugnaban por imponer sus puntos de vista. En 1994 se publica un Programa Extraordinario de Recuperación Económica (PERE), por medio del cual se postula un horizonte de corto plazo de año y medio, adelantando líneas estratégicas del IX Plan de la Nación que ya se encontraba en preparación y que debía ser entregado al Congreso Nacional para su aprobación.

El PERE introduce algunas especificidades a la Carta de Intención anterior, que la modifican en cierta forma. Determina que la crisis tiene dos vertientes objetivas: El deterioro de la competitividad del aparato productivo y el debilitamiento del Estado, diagnósticos que ya se habían hecho en el Plan del tiempo del derrocado Carlos Andrés Pérez. Al analizar el rol del Estado, postula una mayor identidad entre Estado y Gobierno, incidiendo en un mayor fortalecimiento del poder ejecutivo. La participación social adquiría un tratamiento mas ligado a lo económico y se remitía a niveles de las demandas sociales. Se planteaban diseños de políticas con fines redistributivos, programas de solidaridad, el apoyo social de los mas débiles, y una economía solidaria, todo lo cual traducía la convicción del gobierno de que un programa de ajuste neoliberal no sería problema si era acompañado por una política dadivosa con los sectores populares, mucho de lo cual ya se había observado en anteriores quinquenios y denunciado como clientelismo o populismo.

Al aterrizar en el terreno de las reformas concretas, el PERE postula la reducción de la actividad productora del Estado, es decir las empresas manufactureras oficiales. Debían abrirse espacios a la inversión privada, pero debía garantizarse procedimientos de regulación de las actividades monopólicas, como energía eléctrica y teléfonos, y en el sistema financiero. De la misma forma, este era un planteamiento ya establecido en el paquete económico anterior, como también lo era la disposición de una reforma que asegurara el autofinanciamiento de los servicios públicos. El paquete anterior había sostenido el aumento de las tarifas de los servicios públicos dentro de la estrategia destinada a cerrar la brecha fiscal. El PERE lo planteaba como una estrategia que haría posible una acción redistributiva a través de los servicios públicos.

En el PERE el esquema cambiario debía abandonar definitivamente el control de cambios avanzando hacia una situación de supervisión de las transferencias monetarias, dejando en libertad el resto de las transacciones. El mercado de productos pasaría por tres etapas: Una política de precios bajo administración del Estado, de corta vigencia; una política de concertación con el Estado, también de corta vigencia, y finalmente una restitución plena de libertad de precios. En cuanto al equilibrio financiero, el PERE postulaba gerenciar la crisis, recapitalizando el sistema, protegiendo los ahorristas (una forma sui géneris de argumentar la protección de los capitales bancarios), otorgamiento de nuevos instrumentos de política a través del Banco Central de Venezuela, y una propuesta de emisión significativa de bonos en dólares, con el fin de bajar la tasa de interés y frenar las expectativas de inflación.

Al abordar las relaciones con el sector privado, el PERE anuncia por la calle del medio una apertura profunda de áreas de inversión al sector privado, privatización en forma de asociaciones en el aluminio y el acero, venta de los paquetes accionarios o los activos en las actividades de turismo, industria, transporte, comunicaciones, distribución de energía, banca, y otros. Así mismo, asociaciones estratégicas en áreas básicas como el petróleo y el hierro, y apertura en sectores de punta como la explotación de oro y de los recursos forestales. Finalmente, se abría una estrategia concesionaria en infraestructura, tales como autopistas, terminales de pasajeros, puertos, aeropuertos, canales de navegación, mercados, silos, y en una diversidad de actividades que llegaban a las de índole deportivo y recreativo.

En líneas generales el gobierno se plantea recolectar dinero de cualquier parte, no solamente por las previsiones iniciales del programa electoral, sino que Caldera asume la Presidencia en medio de una crisis en curso de tipo bancario que no solamente no se logra detener sino que se profundiza, y que trajo como consecuencia que el Estado auxilió a la banca privada con una cifra que comenzó en Bs. 400 millardos y terminó en mas de un billón de bolívares, quedando en manos del Estado una variedad de activos y créditos financieros que convertían la idea de privatización en un asunto diferente a la luz de las nuevas realidades. Emerge la necesidad de ganar tiempo y distribuir hacia el futuro el impacto de los auxilios financieros. Se diseña entonces un programa de venta de activos, y un nuevo programa de endeudamiento a través de emisiones de pasivos financieros en moneda nacional y en divisas.

Los actores de la economía financiera, el terrible mal denunciado en su campaña electoral, gana la batalla nuevamente. Por la vía de conjurar la crisis financiera, logran colarse quienes venían pugnando por desmontar las actividades económicas del Estado, y un catálogo de ideas neoliberales está a la orden del día. Los sectores progresistas del gobierno quedan acorralados, resisten en la ejecución de las competencias de los cargos adónde estaban asignados152. Bajo esta realidad, se hace imposible dar unidad de criterios y sobre todo de acción, a la gestión económica de gobierno.

El Estado promueve y alcanza un aumento del ahorro que en 1996 y 1997 experimenta tasas de crecimiento excepcionales, pero la absorción promedio de ese ahorro por la inversión se aproxima al 46%, la menor en toda la larga serie que data de 1950 al 2005, medido en términos reales. La brecha de la demanda agregada llega a su más alta cifra, superando los Bs. 155 millardos promedio interanual, en el período 1994-98, medido en términos reales, prefigurándose una cuantiosa fuga de excedente neto al exterior, la mas alta de la larga serie. El fracaso en el objetivo de la capitalización es estrepitoso, así como el del objetivo de economía solidaria, al verificarse tasas regresivas del consumo poblacional, con la paradoja de que durante la aplicación del paquete neoliberal anterior no era tan evidente la depauperación del consumo poblacional, si se comparaba el ínfimo crecimiento medio del período 1989-93 que dejaba sin embargo algo subsistente las proporciones anteriores del Consumo, con el decrecimiento del período de Caldera, ya que destaca que la relación del Consumo con el Producto es la inferior de la serie a partir de 1979, como se muestra en los siguientes cuadros C. 25 y C.26.


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