El proceso y sus conflictos. El proceso de elaboración de los presupuestos públicos es, por naturaleza, un área sujeta a limitaciones y restricciones de índole más amplia, inherentes a la propia actividad presupuestaria, regida por criterios esencialmente técnicos, tradicional y formalista, fuertemente condicionada por la política, por decisiones de sectores administrativos, extremadamente sujeta a una legislación y a unas normas jurídicas rígidas y estrictas.

Así, la apertura de este nuevo canal institucional de participación popular y de este espacio de expresión de las necesidades de la comunidad en la asignación de recursos, con la emergencia del fenómeno del presupuesto participativo, va a interferir, fundamentalmente en tres áreas sensibles:

1. La de la competencia técnica de los órganos del poder ejecutivo responsables de la elaboración presupuestaria y de la racionalidad que preside los procesos de escogencia y de evaluación de alternativas, sustentados en criterios de eficiencia, en diagnósticos basados en proyecciones estadísticas, en técnicas de investigación operacional y análisis de sistemas;

2. La del proceso decisorio de definición de políticas públicas y de prioridades relativas al interés colectivo que tiene lugar en el ámbito del poder ejecutivo municipal, dentro de cada una de las funciones de gobierno -secretarías municipales-; y finalmente,

3. La relativa a las prerrogativas de representatividad del legislativo. La capacidad del poder legislativo de manifestarse en la discusión, votación y aprobación del proyecto de ordenanza y/o acuerdo municipal

Comprender e interpretar estos espacios de conflicto contribuye con la identificación de los obstáculos de naturaleza histórica más amplia, en la implementación de esta nueva sistemática, suministrando otros elementos necesarios para una adecuada percepción del grado de éxito o de fracaso democrático que puede tener esta experiencia.