DEMOCRACIA, CAPITALISMO, Y BUEN GOBIERNO

Negocio: negación del ocio. Fuente de trabajo, inspiración y prosperidad. Negocios y oportunidades de negocios hacen a la esencia misma del capitalismo y por ende al nacimiento, crecimiento y proliferación de las empresas (de todo tamaño, pero en especial las pequeñas y medianas) y ello, a su vez, se halla íntimamente relacionado con el desarrollo alcanzado por el ambiente económico en el que éstas se hallan insertas. Por dicha razón es interesante estudiar los aspectos que han hecho y hacen al éxito o fracaso de tal desarrollo.

El[1] proceso económico se ha estudiado usualmente como función de la combinación de factores productivos, dependiendo principalmente del uso racional del capital en sus diferentes formas. Últimamente, ha habido nuevas aproximaciones al estudio de este fenómeno. Así, estos han enfatizado el papel de las políticas así como el de las instituciones. Es en este sentido que nuevas evidencias dejan ver la importancia de las instituciones sobre el desarrollo económico, importancia semejante a la de los factores productivos[2].

Según D. North[3] (premio Nobel 1993), es posible definir a las instituciones como “las reglas de juego de una sociedad, o más formalmente, como las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana y que estructuran incentivos en el intercambio humano, político, social o económico”.

Es importante la distinción entre instituciones y organizaciones u organismos. Al igual que las instituciones, las organizaciones proporcionan una estructura a la interacción humana.

El tipo de organizaciones que surjan y cómo evolucionen estará determinado por el marco institucional. Los organismos se crean con un propósito deliberado, como consecuencia de la oportunidad (dada por las instituciones), y en el curso por lograr sus objetivos van evolucionando, alterando así las instituciones y constituyéndose en una fuente principal del cambio institucional.

En sociología de las organizaciones, existe desde hace muchos años una teoría, precisamente la teoría de la contingencia, que expresa lo siguiente: “La mejor forma para organizarse depende de la naturaleza del ambiente con el cual se tiene que relacionar la organización”. Scott (1981). Ha sido criticada por insuficiente y tautológica, pero es útil a los fines de advertir que el marco institucional define las oportunidades que incentivan la creación de empresas y en términos más generales determinará la eficiencia económica y aún la equidad social.

Las instituciones afectan los costos de transformación, pues cuando un sistema institucional define y garantiza pobremente los derechos de propiedad, la inseguridad resultante no se traduce sólo en mayores costes de transacción, sino en la utilización de tecnlogías que incorporen poco capital fijo y no impliquen acuerdos a largo plazo.

Con derechos de propiedad inseguros, y reglas económicas y jurídicas inestables los empresarios en general - y los pequeños y medianos en particular- tenderán a adoptar visiones de corto plazo, a invertir poco en capital fijo, a procurar una escasa capitalización (thin capitalization) [4] y las empresas, muy probablemente, resulten ser débiles y de escaso compromiso con el futuro.

El grado de incertidumbre respecto a la seguridad de los derechos constituye una distinción crítica entre los mercados relativamente eficientes de los países avanzados y los mercados limitados del pasado o de los países en vías de desarrollo. Así, los diversos grados de incertidumbre respecto de la seguridad de los derechos constituyen una explicación fundamental de los diversos niveles de desarrollo observables entre los países.

Son los marcos institucionales los que, principalmente, inducen al estancamiento, al éxito o a la declinación económica. En este sentido, el papel que juega el gobierno (en sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial) y sobre todo cómo lo juega, puede ser clave para entender por qué prosperan o no las sociedades.

La calidad institucional se puede evaluar[5]: Todas las democracias que funcionan en el mundo lo hacen porque, de una manera u otra, los integrantes del sistema político rinden cuentas de sus acciones. En la Argentina hay hechos especialmente significativos que permiten medir la calidad institucional. En los últimos tiempos sucedieron dos. El Senado Nacional aprobó un proyecto de ley por unanimidad y acto seguido, después que alguien detectara qué era lo que se había votado, debió meter marcha atrás y frenarlo antes de que pasara a diputados.

Sin haber leído el proyecto y con el argumento de generar fondos para recuperar suelos, los senadores habían aprobado sacarle nada menos que 1.200 millones de pesos anuales al Estado Nacional para destinarlo a las provincias. La votación fue otra prueba de la subordinación automática del Poder Legislativo al Ejecutivo. Pero lo tragicómico es que en esta oportunidad no fue subordinación sino presunción automática: los senadores oficialistas supusieron que la ley llegó al recinto por que al ejecutivo le interesaba el proyecto y era exactamente a la inversa. Para la misma época en la legislatura de la Ciudad sonó el timbre de la Cámara llamando a sesionar durante más de cinco horas convocando a tratar la ley de Presupuesto. La demora se debió lisa y llanamente a la ausencia de los legisladores. No había estrategia, ni especulación: solo indolencia. Legisladores que votan sin saber que votan, y legisladores ausentes sin aviso: Baja calidad institucional.

El Estado de derecho se convierte en un factor crucial para crear condiciones de estabilidad y confianza para los inversionistas y ahorristas, condición importante para lograr el crecimiento económico. El mismo puede y debe crear estructuras de gobernación que operen como un elemento decisivo en la provisión de incentivos para el crecimiento.

El efecto que produce la carencia o debilidad de dichas estructuras no es neutro, sino que opera como un obstáculo concreto y verificable para las aspiraciones de desarrollo. Desde otra visión (la de las ciencias sociales), se llega a la misma conclusión: “Sin un Estado efectivo no puede haber ni democracia ni mercados. Guillermo O’Donnell (investigador argentino, y profesor de la Universidad de Notre Dame –USA–), ha demostrado que el efecto positivo de la democratización sobre las condiciones políticas y económicas, depende de la viabilidad y la efectividad de las instituciones del estado”[6]

Una estructura de gobernación sólida (el buen gobierno) –además de generar condiciones para la continuidad de la democracia y restringir el oportunismo económico– desempeña un papel decisivo para reasignar los recursos menos valiosos a otros más valiosos social y económicamente. Esta es la fuente última de generación de riqueza y crecimiento. M. Olson[7] ha sintetizado esta idea al señalar que “el mercado debe aumentar al gobierno”, es decir, el desarrollo de mercados complejos demandará un mejor y más fuerte gobierno.

^{^[1]} Sobre la base de: Instituciones y Desempeño Económico: algunas reflexiones sobre el caso argentino. London, Stargaze y Pinot. - www.aaep.org.ar

[2] “Los países en América Latina con mejores índices de crecimiento y de reducción de la pobreza han sido aquellos, como Costa Rica y Chile que han mantenido políticas económicas y marcos jurídicos estables y que han avanzado en la transparencia de las instituciones y el control de la corrupción”. Tangelson Oscar.- “Recomendaciones para una Estrategia Nacional de Desarrollo”. www.mecon.gov.ar

[3] North, D. C.(1993): Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Fondo de Cultura Económica Contemporánea, México, 1993.

^{^[4]} Se entiende por situaciones de “thin capitalization” o subcapitalización a aquella en que se recurre en forma excesiva a la financiación de terceros en relación con los aportes de capital del empresario.

[5] Extractado de: Roa Ricardo. “Del editor al lector”. Diario Clarín 08/12/04

[6] Przeworski, Adam y otros. Democracia Sustentable.- Ed. Paidos.- 1998

^{^[7]} Olson, M.(1986): Auge y Decadencia de las Naciones, Editorial Ariel, Barcelona.