Evaluación de la aplicación de políticas públicas de salud en la ciudad de Cartagena

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

Julio Mario Orozco Africano

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Programas de salud en el Plan Nacional de Desarrollo

Con la Ley 100 de 1993 el país ha avanzado en la ampliación progresiva de la seguridad social con equidad. A pesar del estancamiento que presentó en los últimos años, la afiliación al régimen subsidiado en salud se expandió hasta cubrir más de 11 millones de colombianos pobres. Sin embargo, las coberturas siguen siendo bajas.

Las razones residen en el sostenimiento de un gasto hospitalario que creció más allá de la propia capacidad de los hospitales públicos para financiarlo con la venta de servicios. En síntesis, el sistema se encuentra hoy atascado en un círculo vicioso: la cobertura de aseguramiento no crece pues una importante cuantía de recursos se dedica a subsidiar la oferta y los subsidios a la oferta se mantienen pues el aseguramiento no crece.

Adicionalmente, la transformación de subsidios de oferta a demanda en los últimos años no contribuyó a ampliar la cobertura ya que los recursos adicionales fueron dirigidos a cubrir la brecha de financiamiento de los hospitales públicos11. De esta manera, para poder avanzar en la meta de cobertura universal es imperativo intervenir y reestructurar la operación de los hospitales públicos. Esto requerirá la acción coordinada de los gobiernos nacional y territorial para cofinanciar el ajuste hospitalario y suministrar incentivos correctos para su funcionamiento.

3.4.1. Fortalecer el aseguramiento

Para hacer posible el mayor acceso y el uso de los servicios, se incrementarán las coberturas de aseguramiento en salud. Conforme a lo establecido en la Ley 715 de 2001, a partir del 2004, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud deberá definir antes de diciembre de 2003, el plan de generación y reasignación de recursos, para recuperar la meta de lograr aseguramiento universal.

La cobertura del régimen subsidiado se incrementará por lo menos en cinco millones de nuevos afiliados. Este progreso estará sustentado en las siguientes estrategias.

1. Transformación de subsidios de oferta a demanda

La transformación debe incrementar la capacidad de los hospitales públicos para financiar su estructura de gasto con ingresos por venta de servicios. Como un primer paso, las entidades territoriales sustituirán los mecanismos tradicionales de pago a los hospitales (a través de presupuestos históricos) por mecanismos de pago asociados a los servicios efectivamente prestados.

Los nuevos criterios permitirán la ampliación de la cobertura del régimen subsidiado. La Nación asignará recursos para el ajuste de costos y la reorganización de hospitales públicos, y la cofinanciación tanto de la cobertura al régimen subsidiado como de los programas de salud pública. Adicionalmente, la cofinanciación de los servicios por parte de la Nación se fundamentará en la compra de los efectivamente suministrados por las entidades prestadoras del servicio.

2. Recaudo efectivo de las fuentes

El Gobierno Nacional y las entidades concertarán recursos y esfuerzos administrativos para alcanzar un impacto significativo sobre la cobertura durante el cuatrienio. La Nación, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, garantizará los recursos suficientes para contribuir con la afiliación del régimen subsidiado, con un cuarto de punto de lo aportado por los afiliados al régimen contributivo. Los municipios participarán con recursos propios, disponibles en las condiciones establecidas en la misma Ley y con los que reciben por concepto de las rentas de la explotación de juegos de suerte y azar.

3. Ajuste en la estructura de las fuentes de financiamiento

Se realizará un ajuste a los mecanismos de generación y recaudo de los recursos provenientes de la explotación de los juegos de suerte y azar, y se propondrán nuevas fuentes de financiamiento para la salud de la población pobre del país. Durante los primeros dos años del gobierno, se realizarán estudios y se diseñarán metodologías para el análisis del mercado y de la potencialidad de generar ingresos, las cuales serán la base para modificar la estructura impositiva actual. Finalmente, se estudiará la posibilidad de gravar los planes complementarios de salud (medicina prepagada) con el fin de financiar el acceso al régimen subsidiado de los colombianos pobres.

Se estima que la afiliación al régimen contributivo, ligada a la creación y promoción del empleo formal12 dentro del marco de las condiciones macroeconómicas previstas, evolucionará así: 14,1

millones de afiliados en el primer año, 14,4 millones en el segundo año, 14,7 millones en el tercer año, 15,1 millones en el cuarto año13.

La exención o reducción de aportes parafiscales se acompañarán del condicionamiento a la afiliación al régimen contributivo. Por lo tanto, las empresas que se beneficien con las exoneraciones del pago de las contribuciones para el Sena, ICBF y las Cajas de compensación familiar, y sean beneficiarias de los programas de generación de empleo con recursos públicos, deberán comprobar ante las autoridades competentes la afiliación de las personas de su empresa al régimen contributivo.

Se reducirá el nivel de evasión en por lo menos un 50% a través de una serie de medidas complementarias. Se otorgarán incentivos al cumplimiento de metas a las EPS que incrementen su afiliación en virtud de la capacidad de afiliación autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud. Los incentivos monetarios provendrán de los rendimientos de la cuenta de compensación, siempre y cuando no se afecte la solidaridad interna ni el equilibrio financiero del sistema. Así mismo, se establecerá el Sistema único de registro y recaudo y el Número único de la seguridad social como instrumentos efectivos para el control de la evasión y elusión de aportes al sistema. Para esto la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá realizar los ajustes a sus sistemas de registro, de manera que sean la base para la definición del número único.

También se implementarán acciones punitivas en contra de las personas con capacidad de pago que evadan y eludan su responsabilidad. Se concentrarán los esfuerzos de vigilancia y control en los sectores de la economía y de la población económicamente activa que más evada al sistema. Se promoverán mecanismos que coadyuven a fomentar la cultura del aseguramiento en salud y que destaquen la solidaridad del sistema. El Ministerio de Salud, las Entidades Promotoras de Salud y los gobiernos territoriales dispondrán de los recursos necesarios para financiar actividades que informen sobre el riesgo de enfermarse y sus costos.