MODELO COOPERATIVO UBPC: ECONOMÍA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA

En este trabajo se bosquejarán los principales rasgos que caracterizan la conformación del modelo UBPC tal como fue concebido en la reforma a finales del año 1993 y se examinarán las contradicciones implícitas en dicho modelo, más los elementos que aporta la práctica histórica de su funcionamiento durante estos años. El enfoque global del problema partirá de la economía política.

La UBPC es más que una empresa; es una comunidad económico-social integrada que responde al concepto de desarrollo rural. Esto mismo la distingue de una empresa convencional que subordina exclusivamente a la maximización de la tasa de beneficio; sin negar este principio, hay un componente social y comunitario, de cuya solución depende el éxito y la racionalidad de este modelo como entidad socialista en el agro.

Las cooperativas agropecuarias cubanas fundamentan su desarrollo en determinados principios comunes al cooperativismo internacional que se aplican en uno u otro país en dependencia del sistema socioeconómico dominante; también se guía por el experimento cooperativo leninista más la experiencia nacional en esta esfera.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) estableció los conceptos que definen la identidad cooperativa y las pautas que guían su acción en la búsqueda de determinados valores propios al cooperativismo. “Las cooperativas están basadas –según la ACI– en los valores de la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social”. La identidad cooperativa rescata los valores que caracterizaron el ideario de los fundadores de este movimiento desde los utopistas hasta los Pioneros de Rochdale. También la Alianza enunció los principios que rigen el cooperativismo:

Primero, la adhesión voluntaria y abierta de los asociados; segundo, la gestión democrática por parte de los socios; tercero, la participación económica de los socios; cuarto, la autonomía e independencia; quinto, la educación, formación e información; sexto, la cooperación entre cooperativas y séptimo, el interés por la comunidad.

El cooperativismo en las sociedades burguesas ha erigido un conjunto de valores que el propio sistema con su ideología individualista y el predominio del mercado niega constantemente[1]. En muchos casos y lugares el cooperativismo bajo diversos ropajes, como la “economía solidaria”, propugna un modelo de supervivencia una economía sin fines de lucro. En otras partes, las cooperativas han degenerado en empresas capitalistas colectivas, incluso en grandes monopolios.

En la transición al socialismo existen las condiciones potenciales para la realización práctica de los valores que proclama el movimiento cooperativo internacional, pues, están implícitos en la esencia socioeconómica del sistema dominante de relaciones de producción y en las formas correspondientes de la conciencia social. El movimiento cooperativo en las experiencias socialistas reflejó teóricamente los principios generales formulados por Lenin; en muchos lugares se distanciaron de aquellos en la práctica y quedaron reducidos a un método de socialización del campesinado que excluía al resto de la economía. Cuba es uno de los pocos sitios en que la cooperativización de una parte del campesinado transitó por los cauces enunciados por Lenin. (Ver en Parte II, Apartado VI “Cooperativización del campesinado y desarrollo rural”)

La creación de las UBPC representa, por lo explicado hasta aquí, un caso particular de cooperativización en el agro que no parte de la socialización de productores independientes, sino que se trata de una socialización colectiva desde la gran agricultura estatal, no obstante, los principios básicos del cooperativismo están en la esencia de las UBPC y de su realización plena dependerá el éxito definitivo de este movimiento. Muchos de esto principios estuvieron presentes en el proceso de su creación, aunque afectados por la brevedad con que fue ejecutado el cambio; también en el funcionamiento de las UBPC se observan tendencias contradictorias que reflejan lagunas e insuficiencias en relación con la aplicación de los valores y principios del cooperativismo. Pero tales defectos son inevitables y hace falta entre otras cuestiones un esfuerzo especial en la esfera de la educación cooperativa para superar la situación actual.[2]

En los documentos fundacionales de las UBPC se subrayan los principios, las finalidades y la misión fundamental que deberán cumplir estas entidades con un sentido funcional-utilitario:[3]

1. La vinculación del hombre al área como forma de estimular su interés por el trabajo y su sentido concreto de responsabilidad individual y colectiva.

2. El autoabastecimiento del colectivo de obreros y sus familias con esfuerzo cooperado, así como la mejoría progresiva de las condiciones de vivienda y otros aspectos relacionados con la atención al hombre.

3. La asociación rigurosa de los resultados (ingresos) de los trabajadores a la producción alcanzada.

5. Las nuevas entidades deben administrar sus recursos y hacerse autosuficientes en el orden productivo.

Los rasgos principales que han caracterizado al proceso de cooperativización proletaria son:

· La colectivización de la gestión agrícola en régimen de usufructo de la tierra y de la propiedad colectiva sobre el resto de los medios de producción en explotaciones agrícolas de dimensión mucho más reducida que la de las antiguas empresas estatales.

· La transformación de los granjeros estatales en propietarios colectivos socialistas no es resultado de una reivindicación de estos trabajadores, sino un cambio, inducido por la dirección central del país.

· Es un proceso no espontáneo de transformación ejecutado bajo la regulación y el control estatal y de las organizaciones sociales correspondientes. La integración de los trabajadores tiene un carácter voluntario y democrático.

· El orden de los cambios y la rapidez con que se ejecutaron evitaron que se caotizaran las relaciones productivo-económicas y sociales en el campo. Este proceso resultó excesivamente rápido en el caso de la agricultura cañera lo que afectó la creación y maduración de las condiciones objetivas y subjetivas para el cambio entre los productores y directivos.

· Es una vía y un modo de enfrentar la crisis agroalimentaria y la quiebra de la agricultura estatal con nuevos incentivos al trabajo y con el apoyo y ayuda del sistema financiero nacional a la acumulación originaria del nuevo régimen.

· La conservación de estructuras estatales con la misión de dirigir el proceso de cooperativización de las empresas estatales y ejercer el control y fiscalización del funcionamiento de estas nuevas entidades.

Lo peculiar de la acumulación originaria[4] de las UBPC radica en que genéticamente surge de un medio estatal socialista que suponía la identificación del productor con la propiedad de todo el pueblo; ellas emergen de la disociación del productor (trabajador) de la propiedad social, esto es, desde su condición de propietario común, para su transformación en productor (trabajador) – propietario colectivo.

Las UBPC “tendrán el usufructo de la tierra por tiempo indefinido” según establece el artículo 2 del Decreto- Ley no. 142 por lo que se conserva el monopolio estatal de la propiedad sobre el suelo. Asimismo, "la tierra y cualesquiera otros bienes que las UBPC reciban en usufructo no formarán parte del patrimonio de éstas y deberán inscribirse en los registros oficiales correspondientes".[5]

Las relaciones rentísticas directas Estado-UBPC que supondría la nueva forma de explotación del suelo han quedado excluidas; la captación de la renta diferencial del suelo se realizan por intermedio de otros mecanismos como son el sistema tributario, los precios relativos y un conjunto de regulaciones y obligaciones directas que contraen con el Estado-propietario del suelo por intermedio de la empresa estatal agropecuaria a partir de las cuales fueron creadas (empresa madre de aquí en adelante).

La capitalización cooperativa abarca al resto de los medios fundamentales de producción que son comprados mediante el financiamiento bancario con créditos blandos de mediano plazo y a bajas tasas de interés y con un período de gracia para la amortización de la dotación inicial de 3 años y excepcionalmente hasta 5. Los activos incluyen la maquinaria agrícola, otros instrumentos de producción, los medios de transporte, instalaciones, animales y plantaciones. Además, son objeto de compra muchos componentes de la infraestructura social existente.

La tasación del capital fijo se ha realizado por su valor en libros, sin tomar en cuenta la depreciación del dinero que se había acelerado durante el período 1989-93. Los precios relativos controlados por el Estado no se han modificado a tono con la inflación, salvo algunas variaciones en los precios de determinados insumos importados. La tasa de interés real es francamente negativa para estos mercados. Si se aceptara la inflación en ese momento, entonces la acumulación originaria del sector cooperativo equivale a una masiva transferencia gratuita del capital estatal acumulado.

Dos observaciones finales. Una particularidad de la capitalización consiste en que adoptó un carácter exclusivamente colectivo, lo que impidió la individualización de las obligaciones financieras y patrimoniales entre los asociados. Estos carecen de responsabilidad solidaria individual en relación al patrimonio cooperativo. El financiamiento bancario de la acumulación originaria tampoco dejó margen a la movilización del ahorro interno a los fines de la capitalización. Este enfoque hubiera beneficiado al saneamiento de las finanzas internas, pero ambas variantes habrían supuesto otros problemas muy complicados para el estado de funcionamiento de la economía en aquellos momentos.

La “fuerza de trabajo colectiva” refleja el carácter de la unión directa del trabajador con los medios de producción sin la mediación de su compra-venta como mercancía en el mercado de trabajo. La fuerza de trabajo es aquí como en todas partes la fuerza productiva fundamental, que no tiende solamente a potenciar la fuerza productiva individual, sino a crear una fuerza productiva nueva, con la necesaria característica de fuerza de masa.

La UBPC constituye en principio una cooperativa proletaria por el origen de los sujetos portadores de las nuevas relaciones económicas. Los proletarios agrícolas estatales fueron transformados de facto en cooperativistas lo que significa una desproletarización o desclasamiento voluntario. Una mutación social de esta naturaleza exige tiempo, paciencia y políticas adecuadas, porque de su realización efectiva depende definitivamente la viabilidad del modelo UBPC.

Los ubepecistas proceden de los antiguos asalariados que no llegaron en su mayoría a convertirse en propietarios reales de los medios de producción y de parte de los resultados directos de su trabajo. Ellos comienzan el tránsito de la condición de simples trabajadores a la de productores - propietarios colectivos. La economía colectiva y los ubepecistas son necesariamente portadores de un nuevo sistema de intereses económicos y sociales que tenderá a guiarse por patrones de racionalidad económica y visión social diferentes a su experiencia inmediata anterior.

Los colectivos de ubepecistas se integraron democrática y voluntariamente luego de la aprobación de la fórmula cooperativa de transición de la propiedad estatal. La condición de socio estuvo precedida de una solicitud expresa de los trabajadores agrícolas que laboraban en las empresas madres, sus familiares y otros ciudadanos que así lo deseasen. La Asamblea General constitutiva seleccionaba definitivamente y por voto abierto a su membresía entre los solicitantes.

Los aspirantes a miembros de las UBPC no cañeras deberán cumplir un requisito adicional: no pueden pertenecer a ninguna CPA ni poseer tierras en propiedad privada o en usufructo. Por el contrario, en el caso de las cañeras, según el Reglamento General, no se le plantean tales restricciones, incluso explícitamente se reconoce que pueden realizar otra actividad laboral independiente siempre que cumplan con las obligaciones laborales colectivas.

No son pocos los retos que encierra el proceso de mutación del asalariado estatal agrícola a la de productor - propietario colectivo. El examen de esta cuestión debe tomar en cuenta las particularidades del proceso y las condiciones en que ocurrió el cambio que fueron por lo visto harto complicados. En este contexto cabría subrayar algunos de esos momentos críticos presentes en la génesis de este nuevo productor:

¨ Los trabajadores no fueron los promotores del cambio al modelo UBPC; tampoco estas cooperativas tuvieron su origen en una reinvindicación asumida por los propios productores. Hay que crearles y formarles la necesidad y la conciencia del cambio. Y este paso no fue posible en virtud de la rapidez y premura en que se realizó.

¨ El reto mayor de estas entidades es la solución al déficit general de jornaleros agrícolas que heredan de las empresas estatales. Resistir y contrarrestar la emigración y captar a nuevos productores es una tarea ciclópea en las circunstancias de crisis económica y lenta recuperación de la economía global.

¨ Una parte de los jornaleros agrícolas- sujetos y objetos del cambio, constituye un grupo social con grandes desajustes. Muchos se encontraban en proceso de desarticulación o desclasamiento en la medida que venía ocurriendo su conversión en "obreros con tierra” y otros en ocupados en otras esferas y labores. Detener ese proceso es la tarea principal de las UBPC, ahora, en las complejas condiciones de la economía mixta.

¨ Gran parte de los nuevos sujetos emergentes acumulan una serie de vicios laborales, indisciplinas e ineficiencias como productores que se agravaron bajo el peso de la crisis económica.

¨ Paralelo a la solución colectivista existen y emergen nuevos productores agrícolas individuales con poderosos incentivos vinculados a la supervivencia y a los ingresos que compiten con la fórmula colectiva.

¨ El ubepecista asume sus funciones de propietario y productor bajos fuerte restricciones y limitaciones en cuanto a la acumulación y el consumo que debilitan la utilización de incentivos económicos y sociales, entre ellos la construcción de viviendas.

¨ El paso a la economía intensiva en trabajo vivo manual y la tracción animal, frente al modelo convencional con mucha maquinaria e insumos, es una barrera sicológica adicional y un freno a los niveles de productividad deseables.

¨ La aplicación del modelo UBPC deja entrever en la práctica que la condición de propietario colectivo y la autonomía son limitadas, más allá de lo racionalmente compatible con el régimen cooperativo socialista.

Los rasgos indicados apuntan a que la formación del nuevo productor agrícola colectivo pasa primero que todo por su apuntalamiento como propietario. Solo desde esta posición podrá reformarse como trabajador individual, asumiendo la disciplina y exigencias inherentes al propietario colectivo sobre sí mismo y el resto del grupo.

El modelo UBPC se propone salvar algunos de los obstáculos que se presentaron en la experiencia de las cooperativas cañeras de la década del sesenta:

· La membresía conserva en principio los beneficios sociales - seguridad social y vacaciones-, que son atributos del resto de los asalariados.

· Se admite la contratación de asalariados eventuales, pero estableciendo que los mismos tendrán derecho a percibir una parte de los beneficios finales, y en el caso que no puedan recibirlo dicha suma pasa al presupuesto del país.

· Los asociados tampoco pierden su condición de obreros sindicalizados. Se ha entendido que la organización sindical es un componente social de la dirección del proceso de creación de las UBPC. El secretario sindical conserva el derecho de invitado permanente a la Junta de Administración

En la esfera de la dirección hay modificaciones formales y otras no tan formales respecto a las CPA. Primero, se denomina administrador al dirigente máximo en vez de presidente. El precedente de este concepto se encuentra en las cooperativas cañeras del sesenta. Segundo, junta de administración a lo que en las CPA se conoce como junta directiva. Tercero, la elección del administrador exige el voto favorable del 75% de los miembros de la Asamblea General; para el resto de los representantes de la junta de administración basta el 50% más uno de los votos favorables. [6] En ambos casos se instituyen los cargos por un plazo de 5 años, aunque rige el principio de revocación en cualquier momento.

La Asamblea General (AG), la Junta de Administración (JA) y el Administrador conforman la tríada de dirección máxima de las UBPC. La AG es el órgano superior de dirección, la JA es el órgano ejecutivo y administrativo, mientras que el administrador es el representante legal máximo de la UBPC ante los órganos, organismos y demás entidades estatales y no estatales en todos los asuntos relacionados con la UBPC como organización económica y social y responde por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la AG y la JA. Las funciones y atribuciones de estos tres componentes de la máxima dirección de las UBPC reproducen en lo esencial lo establecido para las CPA, según el Decreto-ley no. 36. Semejante reproducción también tiene lugar en lo referido a los derechos y deberes de los miembros. Aparte del Reglamento General, las UBPC se rigen por el Reglamento Interno que debe ser confeccionado por la JA, visto el parecer de la organización sindical y luego aprobado por la Asamblea General.

En resumen, el reglamento general establece los marcos para la participación activa de los miembros en la dirección de las UBPC. Claro que muchos mecanismos concretos para la realización de la democracia participativa no aparecen en dicho reglamento lo que hace suponer que la acumulación de experiencias completen el perfeccionamiento de esta esfera decisiva para el desarrollo cooperativo.

La UBPC se define como una "organización económica y social” integrada por obreros con autonomía en la gestión y que posee personalidad jurídica propia que la capacita para entablar relaciones económicas autónomas e independientes con otros sujetos económicos en su condición de dueña del capital colectivo y de los resultados de la producción.

En los documentos político-jurídicos [7] que le dieron origen se enfatiza que deben "desarrollar ampliamente la autonomía de la gestión” y "administrar sus recursos y hacerse autosuficientes en el orden productivo"; también el principio de "asociar rigurosamente los ingresos de los trabajadores a la producción alcanzada", para rematar con una proposición indicativa relativa al reparto de hasta el 50% de las utilidades entre sus miembros. Esto último avala el derecho de apropiación del excedente económico entre los miembros individual y colectivamente a los fines de la acumulación y del consumo.

En resumen, se reconoce que la UBPC es una entidad con autonomía e independencia económico-jurídica, basados en el derecho de propiedad sobre los medios de producción y, por lo mismo, constituyen entidades mercantiles que fundan su gestión y acumulación en la recuperación de los gastos con sus propios ingresos y su función objetivo es la maximización de la ganancia final por unidad de capital invertido. Una formulación semejante no aparece explicitada, aunque se desprende lógicamente de los enunciados que norman el régimen económico de las UBPC.

La esfera de la autonomía e independencia de estas cooperativas abarca un conjunto de atribuciones que les son conferidas:

¨ Organización interna de la explotación de la tierra y los restantes medios de producción en combinación con la fuerza de trabajo colectiva, lo que equivale a la administración de los factores de la producción por cuenta propia.

¨ Selección de la fuerza de trabajo colectiva y la contratación de trabajadores temporales.

¨ Concertación de créditos con el banco para la producción, fomento de plantaciones y otros usos que incluyen el financiamiento de la inversión de capital original.

¨ Asignación de tierra u otra modalidad que se determine para la producción agropecuaria destinada al autoconsumo de los trabajadores y sus familiares.

¨ Determinación de las formas de organización del trabajo y el monto de las remuneraciones, anticipos y salarios.

¨ Aprobación de la forma y cuantía en que se distribuirán los beneficios finales con destino a la acumulación y al consumo, esto es: el reparto de utilidades entre los asociados y contratados, las inversiones productivas y las destinadas a la infraestructura social, así como las reservas para contingencias.

Los componentes explícitos de la autonomía de las UBPC la definen como una organización colectiva para la producción comercial y de autoconsumo que administra los recursos disponibles, orientando sus acciones productivas a la minimización de los gastos de trabajo vivo, de los recursos materiales y financieros con el fin de maximizar los incentivos inmediatos del colectivo: el autoconsumo y el beneficio final (ganancia), los que le aseguran la autosuficiencia alimentaria y el bienestar de sus miembros en la medida que crecen sus ingresos monetarios.

Relaciones UBPC - Estado

El examen de este problema es bien complejo y su comprensión no puede soslayar el contexto en que tuvieron lugar los cambios y los márgenes de flexibilidad que permitían. En aquel entonces se venían realizando ajustes y reformas en medio de la crisis económica y en una economía de supervivencia que al mismo tiempo promocionaba la apertura al capital extranjero y al cuentapropismo. Por su lado, el complejo agroindustrial exportador seguía siendo el núcleo principal de la acumulación nacional. La ruptura del viejo modelo económico con sus axiomas y estructuras es tanto o más difícil cuando a ciencia cierta las acciones transformadoras tenían un alto componente pragmático y preparaban el camino para la asunción de un modelo modificado y renovador de la economía y de la sociedad.

Por tanto, el modelo UBPC se orientaba al cambio de las condiciones anteriores, pero evitando que se produjera una desarticulación del esquema verticalizado de regulación social directa sobre los agentes económicos, lo que inducía a conservar un alto nivel de verticalización con su inevitable enfoque administrativo Estado-UBPC y la consecuente limitación de su carácter mercantil y de la acción del mercado en la asignación de los factores de la producción y también en la realización de la autonomía y empleo de los incentivos monetarios.

La entrega de la tierra en usufructo sin una fórmula rentística, unido a la devaluación del capital transferido mediante créditos blandos con una tasa de interés real negativa, crearon las premisas para el establecimiento en "compensación” de una alta cuota de regulación y dependencia de las UBPC respecto al Estado. La práctica ha comprobado rápidamente que las fórmulas utilizadas y la autonomía permitida no crearon las condiciones e incentivos suficientes para promover un cambio radical de la producción en las UBPC.

El control y regulación por el Estado sobre el funcionamiento de las UBPC son bien enfatizados en todos los documentos normativos aprobados. El Acuerdo del Buró Político de 10 de set. de 1993 fijó las siguientes posiciones de partida:

a- "los objetivos de la producción cañera como el resto de los cultivos deberán ser definidos por el Estado conforme a los intereses de la nación” ;

b- “la empresa (nota del autor: se refiere al aparato empresarial que subsiste luego de haberse creado las UBPC, la empresa madre tendrá el control estatal de estas unidades";

c- “los convenios que se establezcan sentarán las premisas y condiciones a cumplir por las unidades".

Por su parte, el Acuerdo no. 270 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de 21 de setiembre de 1993, precisa que:

· "los Ministerios del Azúcar y de la Agricultura organizarán y dirigirán, dentro de sus actuales estructuras empresariales, las UBPC creadas por el Decreto-Ley no. 142 del 20-9-93";

· “el control estatal a las UBPC se ejercerá por la empresa en cuyas tierras estén constituidas";

· los ministerios respectivos “a través de sus empresas definirán los objetivos de la producción de las UBPC conforme con los intereses de la nación, y a esos efectos suscribirán con ellas los convenios correspondientes”;

· faculta a ambos ministerios a decidir “la disolución de cualquier UBPC que viole los principios establecidos, o por otras causas de interés económico o social determinados por el gobierno ".

· Por último, "podrán disponer la fusión o la división de esas unidades por razones económicas o sociales justificadas”. En este caso se requerirá del 75 % de votos favorables de los miembros de las asambleas generales de las UBPC según precisa el Reglamento.

Los Reglamentos de las UBPC dictados por el MINAZ y el MINAG, así como la proforma de CONVENIO establecen con mayor claridad y precisión los marcos reales de acción de las UBPC, así como las relaciones de subordinación respecto a la empresa estatal madre. Veamos este aspecto por esferas.

La función de producción de las UBPC se subordina directamente a definiciones verticalizadas por intermedio de las empresas madres. Los planes de producción, inversiones y otros se establecerán de "acuerdo al programa de desarrollo económico y social diseñado por los organismos superiores” y ejecutado por intermedio de la empresa madre. Las UBPC aceptan tácitamente que los planes de producción sean objeto de acuerdo mutuo. El esquema fundamental de producción de la UBPC “no podrá ser variado sin la previa autorización del Director de la Empresa que corresponda". También establece una imposición fiscal en caso de deficiente aprovechamiento del fondo de tierra, bien por ociosidad o porque no se esté explotando sin razones fundamentadas para ello. Por último, quedan obligados los administradores a informar a la empresa madre el cumplimiento del plan de producción lo que es objeto de análisis sistemático por ambas partes.

Los insumos materiales y servicios solo podrán contratarse con entidades estatales autorizadas.[8] La empresa prestará y cobrará los servicios de preparación de tierra, talleres de maquinaria y de riego, sanidad vegetal, medicina veterinaria y otros de acuerdo a sus posibilidades. Las cooperativas entre si no podrán venderse servicios sin previo acuerdo con la empresa estatal. O sea que las relaciones horizontales entre las UBPC quedan prácticamente excluidas.

Las restricciones a la comercialización del producto agrícola eran semejantes a los vigentes para las CPA e incluso para los campesinos antes de la apertura de mercado. La venta de la producción comercial se hará mediante contratación a entidades estatales "de conformidad al plan directivo determinado por la Empresa". La venta directa a la población solo es posible “cuando estén autorizados por la entidad estatal correspondiente” lo que en el Convenio se traduce “cuando así se autorice por el Director de la Empresa". Lo mismo sucede en el caso de la venta de algún medio de producción que la empresa debe autorizar, teniendo el derecho de primera opción.[9] Un año después con la apertura del Mercado Libre Agropecuario se flexibilizaron estas medidas que fue regulada a través de indicadores variables de ventas al Estado.

El Reglamento subraya finalmente la responsabilidad del Consejo de Administración relativo a "garantizar que la personalidad jurídica de la UBPC no se utilice para la realización de operaciones mercantiles o de otra índole con fines ajenos a las actividades de su competencia". Toda actividad comercial independiente se considera un fin ajeno o fuera de la competencia de la UBPC y, por tanto, se declara ilícito.

Los rasgos principales del modelo UBPC obligan a una reflexión acerca de la naturaleza económica y social de esta organización. La UBPC constituye en realidad una entidad dual o un híbrido a medio camino entre la empresa estatal y la verdadera cooperativa, lo que podría definirse por "dualismo estructural" y, por otro lado, se encuentra a medio camino entre la empresa comercial y una simple unidad técnico-productiva, lo que podría denominarse "dualismo funcional". En ese dualismo por partida doble radica su peculiaridad fundamental y su complejidad en tanto que organización y agente para la promoción del cambio económico-social que demanda la agricultura cubana.

El dualismo estructural supone que la UBPC presenta características que la acercan al modelo estatal y otros a la forma cooperativa. Primero, es una cooperativa porque posee en propiedad un capital (patrimonio) propio, excluyendo la tierra sobre la que ejerce el monopolio de la explotación. En estas condiciones es supuesto económico y jurídico el ejercicio autónomo de la función de producción y de la realización de la producción orientado a maximizar los beneficios que son apropiados por el colectivo y sus miembros una vez descontadas las obligaciones rentísticas, fiscales y otras. En una palabra, al capital invertido colectivamente le corresponde una cuota dada de soberanía y autodeterminación sobre la producción, la asignación de los factores y en la apropiación del excedente económico. Estas mismas razones niegan su virtualidad como empresa estatal.

Segundo, la empresa estatal madre ejecuta el monopolio de la propiedad sobre la tierra en representación del Estado - propietario jurídico-, pero ejerce también funciones y atribuciones que son propias al capital cooperativo. Las relaciones rentísticas han sido sustituidas por la intervención directa sobre el uso y explotación de la tierra y el manejo del excedente económico producido por las UBPC. La empresa madre hace uso de su monopolio comercial sobre los input y los output de las UBPC, a lo que se agrega el papel de los precios relativos que son reglamentados centralmente por el Estado de este modo transforma a la UBPC en un apéndice productivo que remeda las formas internas anteriores de las relaciones granja-empresa. Muchos ubepecistas han identificado este fenómeno con un adagio popular "es el mismo perro con diferente collar".

La UBPC es una empresa comercial y a la vez una simple unidad técnico-productiva sin ser lo uno ni lo otro: es un híbrido funcional. Es lo primero porque ha invertido su capital colectivo con el incentivo de producir y apropiarse el excedente económico lo que supone a su vez la función ahorro-inversión para su reproducción ampliada.

El proceso de producción para la empresa comercial es, a la vez, un proceso de trabajo y de valorización. En su función técnico-productiva combina los factores de la producción con la finalidad de maximizar el resultado final con el mínimo de recursos. La función de valorización propulsa la maximización del excedente económico en forma monetaria con el mínimo de costos. Sin excedente económico no hay desarrollo ni progreso posibles, por lo mismo su producción y apropiación articulan en un todo único y contradictorio los intereses individuales, colectivos, empresariales, estatales y de la sociedad. La lógica empresarial supone que el proceso de producción como totalidad, subordine la función técnico-productiva a la maximización del beneficio por unidad de gastos y de inversión. El óptimo técnico no siempre es ni necesariamente coincide con el óptimo económico. Esta contradicción se simplificaría en extremo si se redujera a un simple conflicto entre el valor y el valor de uso. El problema es más profundo porque está intermediado por la unidad contradictoria de los intereses económicos de los individuos, el colectivo, la empresa cooperativa, el Estado y la sociedad en su sentido más amplio, la que se traslada a las relaciones de interdependencia existentes entre el mercado y la regulación directa estatal. En tales circunstancias, la gestión de las UBPC se circunscribe más bien a un ejercicio limitado de optimización técnico-productiva, en que la obtención de la ganancia solo es posible a través de la economía de gastos y recursos. El incremento de los rendimientos y de la producción agrícola puede resultar insuficiente, a un nivel de precios dados, para solventar el problema de la eficiencia económica de la empresa.

Este dualismo estructural y funcional tendrá que ser sancionado por la práctica concreta en las condiciones actuales de crisis económica y de cambios estructurales, muchos de ellos disonantes con el enfoque dualista de las UBPC. Los ajustes habrá que promoverlos sin dilaciones burocráticas desde los eslabones inferiores para arribar al perfeccionamiento del modelo, lo que requiere revolucionar la concepción relativa a un modelo único, rígido y válido para todo tiempo y lugar y pasar a un enfoque flexible y matizado de organización de esta producción colectiva, que asuma rápidamente las experiencias de las masas de ubepecistas.

Vinculado a lo anterior está el problema del manejo de los incentivos económicos y sociales a los productores agropecuarios que deben adecuarse dinámicamente para impulsar la iniciativa creadora, fortalecer la disciplina del trabajo, acelerar la racionalización y racionalidad económico-productivas y contribuir a la reanimación de la agricultura nacional.

Algunas contradicciones han sido ya tratadas en lo expuesto hasta aquí; ahora toca el tratamiento de otras de carácter interno y externo al modelo. Los problemas son simplemente las formas en que se manifiestan una o varias contradicciones.

Las UBPC en su gran mayoría se formaron en empresas irrentables, en empresas en un estado francamente ruinoso. [10] Este es el desafío mayor que enfrentan las UBPC para promover la recuperación y reanimación agrícola. [11] La crisis económica multiplicó los impactos negativos que se habían acumulado a causa de la mala o deficiente administración de los recursos en las empresas agropecuarias. [12]

La crisis macroeconómica constituye un obstáculo colosal que golpea a las UBPC directamente. La depreciación del dinero reduce sensiblemente el papel del anticipo y del beneficio como incentivos al trabajo productivo en la agricultura. La economía informal y las aperturas de la reforma económica resultan mucho más lucrativas que el trabajo en las UBPC que no tienen prácticamente ventajas inmediatas, sino de futuro.

El saneamiento financiero del país es importante para la estabilidad laboral y reanimación de las UBPC; al mismo tiempo, no es concebible el saneamiento financiero sin que estas hagan su aporte en dos direcciones: 1- la reducción de los gastos y la rentabilización de la producción con lo que contribuirían a la reducción del déficit presupuestario y 2- elevando la producción y la oferta mercantil para consolidar el poder adquisitivo del dinero.

La recuperación económico-productiva a que se pretende mediante las UBPC enfrenta además la falta de insumos, la reducción del parque de maquinarias y equipos y el déficit de combustibles que obliga a la reconversión tecnológica con trabajo manual y tracción animal. No es previsible una rápida recuperación en varias esferas de la producción agropecuaria. La tensión crece por las urgencias que tiene ante sí el país para enfrentar dos grandes retos inmediatos: darle de comer a la gente y la reanimación del sector agroindustrial exportador. Estas circunstancias dilatarán en el tiempo la satisfacción de las expectativas e intereses de los colectivos de cooperadores lo que no dejará de influir en la falta de estabilidad de la fuerza de trabajo.

Sobre la inestabilidad de la fuerza de trabajo operan también otros factores vinculados a la crisis y a los propios reajustes estructurales puestos en marcha. Se han abierto paralelamente otras posibilidades en la agricultura para la producción de subsistencias y de ingresos monetarios muy superiores a los alcanzables en las UBPC.

Las circunstancias concretas demandan una serie de medidas de estímulos especiales a favor de las UBPC, además de los ya tomados en relación con el financiamiento de la capitalización, la política de amortización y de créditos para la producción, así como los esfuerzos que se hacen por incrementar la construcción de viviendas económicas. La política de estimulación debe orientarse a hacer más competitivo el trabajo colectivo a fin de conservar la integridad y permanencia de los ubepecistas.

Los estudios realizados revelan la representación de las necesidades principales de la membresía que se concretan en: 1- mejoramiento del autoconsumo, 2- la alimentación en los comedores y 3- la elevación de los salarios (anticipos). Solo después le seguían: 4- la falta de autonomía e independencia, 5- las limitaciones de medios personales para el trabajo agrícola calzado, ropa y otros, 6- la demanda de viviendas y, por último, la insatisfacción respecto a la calidad de la dirección. Las necesidades primarias: consumo e ingresos predominaban como reflejo de la honda crisis económica y agroalimentaria. [13]

La situación demanda una priorización en la asignación de los recursos a nivel nacional, territorial y local que tienda a elevar el ingreso real de la membresía mediante incentivos dirigidos a:

· Incrementar la dotación de alimentos, priorizando el desarrollo del autoconsumo.

· Liberar las restricciones actuales impuestas a las UBPC en relación con el manejo de los niveles de anticipos para que se ajusten a las particularidades locales.

· Facilitar el acceso a bienes de consumo deficitarios para el consumo familiar, incluidos aquellos que se obtienen en divisas.

· Articular políticas de estímulos especiales mediante la redistribución de una parte alícuota aceptable de los ingresos en divisas que generen las producciones para la exportación o que ahorren importaciones.

· Modificar los precios mayoristas de las materias primas para la agroindustria y los de acopio que posibiliten la costeabilidad y la rentabilización de la producción agrícola y el ajuste conveniente de los precios relativos.

· Acelerar el fortalecimiento y ampliación de la construcción de viviendas de bajo costo en áreas rurales, abandonando la lógica urbana por una más apropiada a la vida rural.

RECUPERACIÓN Y CRECIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS Y DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN

La recuperación de la producción mediante el crecimiento de los rendimientos agrícolas es el problema clave sin cuya solución es imposible la rentabilización y tampoco el autofinanciamiento de la acumulación. En particular las UBPC están obligadas a alcanzar niveles de rendimiento y de producción que franqueen la relación costo-beneficio a favor de este último.

El déficit de recursos materiales - equipos, maquinarias, piezas de repuesto, fertilizantes y otros insumos- es un gran obstáculo a la recuperación. El deterioro y la subutilización obligada de gran parte del parque de equipos por la carencia de piezas de repuestos e insumos limitan seriamente la explotación agrícola normal. El país está obligado a la reconversión tecnológica y/o sustitución del parque de equipos y maquinarias de origen soviético por sistemas modernos y ahorrativos. Este proceso implica de suyo la creación de una industria nacional de piezas de repuestos, la estimulación y promoción acelerados del movimiento de racionalizadores e innovadores en los marcos del Fórum de Ciencia y Técnica y la apertura financiera y de mercados externos para su realización.

El cambio tecnológico en marcha está signado por el paso a un régimen de agricultura de bajos insumos, el uso de la tracción animal, de agentes biológicos y otros. Este proceso de intensificación agrícola se basa en nuevos patrones de modernización que tenderán a modificar la división del trabajo, la formación laboral y los hábitos y estilos de dirección; se trata, en suma, de la formación de una nueva cultura. En el orden material la reconversión tecnológica genera nuevas proporciones intersectoriales (entre la agricultura, la industria y los servicios materiales, científico-técnicos y otros) e intrarramales en la agricultura vista globalmente y a nivel del sector cooperativo

Hay avances concretos en la introducción masiva de la tracción animal y en el uso cada vez más extendido de los agentes biológicos, de bonificadores naturales, etc., pero se necesita una aceleración en el cambio de la mentalidad tecnológica-productiva y organizacional de los directivos y cooperativistas. En el uso y explotación del fondo de tierra hay grandes reservas para la elevación de la producción y los rendimientos. Su activación podría incluir entre otras acciones: la puesta en explotación de las tierras ociosas, la introducción de sistemas de rotación de cultivos que potencien la producción al tiempo que mejoren las cualidades de los suelos, la recuperación de las plantaciones deterioradas, la elevación del porciento de población por área, así como sistemas de producción que optimicen la combinación de la especialización y la diversificación agrícola y no agrícola.

Las demandas extraordinarias para la recuperación de las plantaciones - las cañeras en particular- presionan fuertemente sobre la acumulación productiva. Para estimular la reestructuración de las plantaciones cañeras en las UBPC se otorgó excepcionalmente una compensación financiera centralizada del 50% sobre el valor de las inversiones ejecutadas desde 1994.

Los desbalances entre la oferta y demanda agregadas y en el sector externo con la crisis de divisas, limitan seriamente la aceleración de la expansión del sector agroindustrial exportador. La promoción del financiamiento externo con capital internacional es una vía indispensable que ha permitido el desarrollo de esquemas de financiamiento y estimulación a la producción agrícola cañera, tabacalera, citrícola y otras.

La falta de completamiento e inestabilidad de la fuerza colectiva de trabajo es el factor fundamental que limita la recuperación; a lo que se agrega el déficit o excedencia laboral según las demandas del ciclo agrícola.¹²⁷Existen reservas internas de productividad e intensidad del trabajo sin explotar todavía, cuya solución requiere de un conjunto complejo de acciones a corto y mediano plazo, según un orden de prioridad, ¹²⁸ enfocadas a resolver: la autosuficiencia alimentaria cooperativa, la demanda acumulada y emergente de viviendas y de otros componentes de la infraestructura social, la introducción acelerada de esquemas de organización laboral y de estimulación articulados al resultado final del trabajo. En una perspectiva sociológica habrá que borrar toda huella de igualitarismo y perfeccionar la democracia cooperativa.

En el análisis de la acumulación originaria quedó evidenciado que en la formación del nuevo productor cooperativo existía un conjunto complicado de contradicciones de cuya solución dependía la viabilidad de esta forma social de producción.

La UBPC es una economía colectiva formada por obreros y demás trabajadores; es una "cooperativa proletaria” por el origen y composición social de sus miembros. Durante años una gran parte de ellos recreó la mentalidad de simples "obreros del Estado". Si a ello se añaden las deficiencias acumuladas en la administración de las exempresas estatales y los impactos de la crisis se comprenderán objetivamente sus carencias conductuales.

La fuerza colectiva de trabajo es la realización suprema de la cooperativa, como totalidad, que identifica al productor como propietario, lo que solo es realizable como fruto de un largo proceso. Precisamente, la autosuficiencia laboral y la estabilidad del colectivo laboral son condiciones básicas para regularizar las relaciones interpersonales, alcanzar la identificación y confianza mutua entre los socios e incrementar la destreza y la eficiencia del trabajo.

El proceso de producción distribuye la fuerza colectiva de trabajo en proporciones determinadas, según la división, la cooperación y la combinación del trabajo de lo que depende el pleno empleo y la eficacia económica. La organización de la jornada de trabajo colectiva y de los incentivos materiales y morales son palancas decisivas en este contexto.

El concepto de autosuficiencia laboral es un principio esencial para la viabilidad de la cooperativa, pues es una premisa para la formación de la fuerza colectiva de trabajo como colectivo autodeterminado. La dimensión numérica de cada colectivo laboral es una decisión autónoma de la cooperativa, que toma en cuenta una serie de circunstancias económicas y sociológicas. La demanda de trabajo agrícola es variable y diferenciada, con sus puntos de máximo y mínimo en función del ciclo agrícola. La demanda media normal de trabajo necesario viene dada por la dimensión, estructura y características de la función de producción seleccionada; supone un nivel promedio de intensidad del trabajo y de productividad que articula con las formas organizativas del trabajo, los incentivos, el grado de extensión del multioficio y la factibilidad y conveniencia de la contratación de jornaleros temporales.

La racionalidad económica cooperativa está ligada al principio del empleo pleno, o sea el que garantiza un nivel de productividad e intensidad del trabajo compatible con el gasto de trabajo vivo y pretérito socialmente necesario en las condiciones medias nacionales e incluso internacionales vigentes de producción. Para alcanzar la autosuficiencia laboral se requiere entre otras cosas: primero, una fuerza colectiva de trabajo con una mínima o ninguna dependencia externa; segundo, el manejo dinámico y autónomo de la plantilla y de la combinación del trabajo propio y el contratado y, tercero, la liberación de un mercado de trabajo. El excedente estacional laboral es una realidad objetiva, aún hoy con el déficit reconocido de fuerza de trabajo en la agricultura.

El salto de la propiedad estatal a la de grupo y de “obrero estatal” a la de trabajador - propietario colectivo representa por lo visto un cambio profundo, equivalente a una revolución en la revolución. Consolidar esta dualidad es vital porque responde a la esencia de un cooperativista; de esta dualidad dependerá la socialización real y efectiva de la tierra y demás medios de producción y la viabilidad de las UBPC.

La nueva disciplina del trabajo organizada, impulsada y consensuada por el colectivo solo es posible a partir de la reafirmación del propietario colectivo. Las insuficiencias en la disciplina del trabajo que se arrastran son subsanables priorizando la función del propietario colectivo, desde esta posición puede ser inducida la nueva disciplina individual y del grupo como corresponde a una verdadera fuerza productiva colectiva. De aquí se deriva la necesidad de fortalecer al máximo la autonomía económica, la independencia y soberanía de las UBPC para que les sea tangible y real la formación del sentimiento de dueños. La regulación y el control estatal no niegan la autonomía ni la independencia de las cooperativas, salvo que estos mecanismos se transformen en una excusa para la intromisión en los asuntos internos de las UBPC.

Las UBPC no son fruto de reclamos ni de un movimiento reinvindicativo de los trabajadores estatales agrícolas. Este hecho tiene múltiples connotaciones en la formación cooperativista de la membresía. También, la rapidez que asumió la mutación dejó poco margen a una preparación concienzuda de los cuadros y trabajadores para asumir plenamente el nuevo rumbo, [14] lo que se agrava por el hecho de que el cooperativismo como sistema teórico y práctico es poco conocido. Se requerirán acciones en la esfera de la formación, educación y divulgación acerca del cooperativismo.

La acumulación originaria del patrimonio colectivo no implicó una transferencia de obligaciones patrimoniales individuales. La contradicción individuo - colectivo es un sistema múltiple. Los ubepecistas carecen de compromisos económicos individuales ante la colectividad. Esta situación facilita la libre movilidad de la membresía y con ello la inestabilidad del colectivo.

La autosuficiencia de la fuerza de trabajo colectiva es una premisa esencial para la formación de un verdadero colectivo de cooperadores, pues refleja la seguridad y afirmación del grupo como identidad particular en la comunidad. Esta premisa es básica a la hora de conformar las UBPC y sirve de rasero para establecer la dimensión socialmente aceptable de la cooperativa.

El déficit de fuerza de trabajo en el sector agrícola es el problema más grave que heredan las UBPC. Esta realidad no puede resolverse mediante el gigantismo, fusionando las UBPC creadas. Enfocar así la solución sería trasladar mecánicamente las limitaciones que padecieron las antiguas empresas estatales. La práctica indica que ya se cayó en ese error en muchos casos. [15] El déficit temporal de fuerza de trabajo en momentos picos del proceso productivo y el déficit crónico de trabajadores son dos realidades de género y connotación diferentes. La contratación de jornaleros temporales, y mucho menos de permanentes, es viable por ahora o poco posible debido a la depreciación de los salarios y a la competencia de otros sectores. Una vía posible de solución es el trabajo voluntario lo que no deja de ser un problema desde el ángulo de la eficiencia e influencia en la calidad de las labores agrícolas. Todo parece indicar que no será fácil para muchas UBPC prescindir de la ayuda de voluntarios temporales durante un tiempo más o menos largo.

La contratación de fuerza de trabajo y el trabajo voluntario si bien son válvulas para resolver el déficit de fuerza de trabajo temporal, cuando arraiga como fenómeno indispensable y permanente, constituye un elemento disonante que tiende a generar tendencias negativas en el grupo de cooperadores.[16]

El desempleo estacional agrícola deriva de la lógica de la producción y reproducción agropecuaria, por tanto, el nivel que alcance depende de la estructura productiva de las entidades agropecuarias. El desempleo estacional oculto constituyó una sangría para las empresas agrícolas estatales, caracterizadas por su altísimo nivel de especialización que justificaba en parte su incosteabilidad. Las UBPC están obligadas a salvar ese escollo si quieren ser rentables por lo que se les plantea la necesidad de encontrar una función de producción que combine las ventajas de la especialización con la diversificación más amplia de tipo agrícola y no agrícola.

La cohesión del grupo y la confianza mutua de los socios son clave para el cooperativismo. A este estadío se llega; no es un dato de partida por lo que tiene que ser construida deliberadamente desde la fundación a través de múltiples consideraciones, acciones y medidas. Capital importancia adquiere en esta dirección la fortaleza y coherencia con que se asuma el interés común cooperativo y el ejercicio de la democracia participativa.

La composición social del colectivo influye sobre la cohesión y la unidad de la colectivo de cooperadores. En la formación de las UBPC sería una simplificación extrema y negativa obviar las diferencias del tipo señalado y desestimarlas al momento de la fundación y como dato de partida para forjar la cohesión y la confianza mutua entre los asociados.

Los "obreros con tierra” y “campesinos-usufructuarios” que poseen pequeños conucos de tierra plantean un sinnúmero de problemas particulares en la formación del nuevo productor cooperativo”.

Una parte importante de los obreros agrícolas estatales era a la vez pequeño conuquero o parcelero. Los obreros con tierra o semiproletarios tienen una larga historia en Cuba desde antes de la Revolución, sin embargo varias circunstancias han impulsado la tendencia a la parcelación individual de la tierra entre los jornaleros agrícolas, familiares de campesinos y otros ciudadanos.[17] La política de arrendamiento masivo de las fincas campesinas a partir de 1967 trajo consigo la aparición de las "fincas de autoconsumo” y al campesino-usufructuario y multiplicó a los "obreros con tierra” entre aquellos que se asalariaron en los planes estatales después del arrendamiento. También el descontrol estatal en las empresas mastodontes facilitó la usurpación de tierras en "conucos” y "tumbas". La reforma de 1993 inició la entrega de tierra en usufructo indefinido a jubilados, pensionados, trabajadores y otros para la producción de autoconsumo y otros bienes comerciales en dimensiones variables, incluso en las tierras de las propias UBPC. Esto complica doblemente el problema de la viabilidad de una solución colectivista.

El ingreso a las UBPC no cañeras excluye a los que posean tierras en usufructo lo que representa un serio problema para la captación de asociados porque de aplicarse estrictamente impediría en muchos lugares la formación de cooperativas. Por otro lado, la supresión de las parcelas que detentan actualmente los "obreros con tierra” chocaría con los intereses familiares. Claro que los intereses particulares de los asociados fuera de la entidad contradice el ideal colectivista, pero no lo niega absolutamente como lo confirman muchas experiencias internacionales.

La amplitud de este dilema es muy agudo en las UBPC cañeras, donde una gran parte de los trabajadores poseen conucos, tal vez si ésta ha sido la gran razón que explique el enfoque particular del MINAZ para la aceptación de socios con tierra en las cooperativas. La tradición conuquera en este sector es muy fuerte al lado de la campesina. Las fórmulas empresariales no han promovido la abundancia de bienes agrícolas y en esa medida se ha fortalecido la herencia conuquera con la que habrá que convivir como una realidad objetiva. Su solución requiere de fórmulas flexibles que puedan ajustarse en cada caso y zona particular. Toda solución que no provenga de un consenso aceptado desde la base misma puede resultar perjudicial y nociva.

La organización y la viabilidad de las UBPC formadas en empresas estatales que emergieron de los “Planes Integrales y Especializados” después de 1967 presentan contradicciones específicas al interior de la membresía que explican en el plano histórico-genético algunos de los conflictos que afectan su cohesión como entidad. El problema radica en que muchos de estos trabajadores fueron convertidos de campesinos en asalariados y ahora en cooperativistas en un brevísimo plazo histórico. Y bien se sabe que en este proceso de conversión de campesinos en obreros agrícolas no se recreó su conciencia de propietarios sociales y muchos engrosaron las filas de "obreros con tierra", esto es, trabajadores asalariados con conucos de autosubsistencia.

Entretanto, ha tenido lugar un fortalecimiento económico-monetario de las pequeñas y muy pequeñas fincas en estos años de crisis agroalimentaria en lo que ha influido: la elevación de la cultura productiva de los productores, la intensidad del trabajo familiar, la necesidad de cubrir la canasta alimentaria de la familia y de insumos para la ganadería y los precios inflacionados en el mercado informal y libre.

Las UBPC representan para los jornaleros agrícolas estatales, los campesinos-usufructuarios y obreros con tierra otra alternativa de cambio que para muchos puede constituir desde 1959 la cuarta ocasión en que se trastoca su condición económico-social lo que se refleja en sus motivaciones, intereses, expectativas e incertidumbre respecto a esta forma de producción. Las tesis planteadas obligan a flexibilizar la política agraria y al propio modelo UBPC en las zonas de arrendamiento en el sentido de valorar entre otras medidas:

v Alternativas de devolución de toda o una parte de las tierras arrendadas a los antiguos dueños que lo deseen expresamente con independencia de las fórmulas que se aplicaron de desarrendamiento.

v La formación de UBPC familiares y de jornaleros agrícolas del entorno donde sea factible y conveniente por el deseo expreso de grupos humanos interesados.[18]

v En muchos zonas de antiguos planes especializados para la producción cañera, donde se practicó el arrendamiento de pequeñas fincas campesinas y se conserva el predominio del sitierío de "campesinos - arrendadores" entre grandes bloques de plantaciones, todo parece indicar que habría que valorar muy seriamente la devolución de la tierra a los campesinos bajo contrato de colonato con los complejos agroindustriales azucareros o mediante otra modalidad apropiada.

La masividad de técnicos, profesionales y especialistas de nivel superior, frente a una proporción desbalanceada de simples jornaleros agrícolas, es una contradicción económica y social que debe ser resuelta por las UBPC. La masividad de técnicos a la antigua usanza resulta incosteable e irracional, pero la destecnificación es también inaceptable. En el fondo esta contradicción oculta el viejo conflicto entre el trabajo intelectual y manual. Habría que evitar la pérdida indebida de cuadros técnicos, aunque habrá que racionalizar a muchos de ellos. [19]

La sindicalización es contradictoria en el nuevo organismo económico creado, pero al menos en esta etapa de transición, el sindicato puede y debe jugar un papel positivo.

La organización y control del trabajo en las UBPC están íntimamente vinculados a la formación de la conducta del propietario colectivo en gestación. La organización y formas que adopte la jornada de trabajo individual y colectiva ejerce un papel decisivo en la cohesión del grupo como colectivo y en su capacidad para reanimar la economía agraria. En esta esfera hay una pesada herencia de la empresa estatal que necesita ser revalorizada por las UBPC.

Primero, la eliminación del enfoque fabril de la jornada de trabajo diaria, semanal y anual. Los horarios fabriles no se ajustan a los requerimientos de la agricultura, menos aún a las condiciones de la agricultura tropical. Es la jornada típica campesina con centenares de años de experiencia la forma y estilo históricos que habrá que asumir como modelo con los ajustes correspondientes.

Lamentablemente se viene observando la persistencia de este enfoque fabril en la organización del trabajo de las UBPC. La vieja mentalidad en esta esfera está muy arraigada entre los cuadros dirigentes y los trabajadores asociados a las UBPC pero aquí se deja sentir el administrativismo procedente de las empresas estatales madres.

Segundo, el sistema de normación del trabajo y su articulación al pago de los anticipos al estilo de los asalariados en las fábricas tampoco se aviene a la experiencia histórica ni tampoco es propio a una actitud de dueño. El trabajo a destajo - individual y/o colectivo- vinculado a los resultados productivos que se alcancen en las áreas directamente asignadas podría ser un ajuste más conveniente para la formación del propietario-productor. En esta esfera resultan improcedentes las reglamentaciones venidas desde fuera. Solo la experiencia diversa y multifacética de los colectivos revelará las formas más apropiadas y convenientes.

Tercero, la estrecha especialización profesional y laboral en general debe ser sustituida por el multioficio como método viable frente a los defectos y recelos que entronizan la división del trabajo y la profesionalización en un grupo humano que se considera de paraiguales. A tal principio deben quedar subordinados los simples trabajadores, los mecanizadores, los técnicos y hasta el personal de administración. Este enfoque no subestima ni excluye absolutamente determinados grados y niveles de especialización en la organización interna del trabajo de las UBPC.

Cuarto, la organización de brigadas de trabajo, como forma universal de socialización interna del empleo, donde se practique el multioficio es viable si se guía por principios democráticos en la selección de sus miembros, la elección de su dirección y modos propios de organización y retribución del trabajo.

Las decisiones en este ámbito, como en todos los demás, solo pueden tomarse si son aprobadas por los socios luego de organizar el consenso en un ambiente de amplia democracia. Toda intromisión ajena o reglamentada desde arriba, por perfecta que parezca, si no es una norma aceptada bajo los principios del consenso no será ni viable ni tampoco efectiva.

VINCULACIÓN DE LOS “INGRESOS A LOS RESULTADOS” Y LA MODALIDAD DE “ARTICULACIÓN DEL HOMBRE AL ÁREA”

La UBPC representa un salto cualitativo en cuanto a la vinculación del hombre a la tierra con relación a la experiencia estatal precedente, pero no basta para la asimilación del sentimiento de pertenencia individual de los trabajadores a la colectividad en el contexto de la propiedad colectiva. La unidad trabajo-producción-resultado requiere de formas adicionales de integración del hombre a la tierra y a los resultados de su trabajo.

La “vinculación del hombre al área” se promueve como forma organizativa básica de la producción en el modelo UBPC y también en las CPA con el fin de “estimular su interés por el trabajo y su sentido concreto de responsabilidad individual y colectiva”. Por su intermedio la membresía participa del resultado final según su aporte al producto colectivo.

La vinculación del hombre al área se realiza bajo diversas modalidades: grupal-familiar y de colectivos pequeños que asumen la explotación de una parte de la tierra y otros medios de producción asignados por la cooperativa y bajo el control colectivo. El producto colectivo pertenece a la cooperativa, pero una parte del excedente económico se distribuye entre los asociados en función de los resultados alcanzados en las áreas asignadas.

Esta forma de organización del trabajo trata de evitar la disolución de la responsabilidad individual en el todo colectivo, además de agregar el componente familiar a la gestión productiva. Por otro lado, pretende reducir la dimensión agrícola por productor y, finalmente, es un modo de formar la conciencia de dueño en un contexto colectivo. El principio de la voluntariedad y la autonomía relativa rige su organización.

La vinculación de hombre al área encierra el peligro de que se desate la parcelación individual encubierta de la UBPC y CPA. Algunas experiencias extremas en que se ha entregado la tierra a miembros individuales que emplean el trabajo familiar es una señal de esta tendencia. La vinculación analizada encierra otro sinnúmero de contradicciones que emergen de la separación del “todo colectivo” en “partes”. Ellas están asociadas entre otra a:

· Las formas y principios para la distribución de las parcelas de tierra (y animales en la ganadería) con calidad natural y económica diferentes entre los grupos de la cooperativa. Tales diferencias implican resultados distintos con igual trabajo por su intensidad y productividad.

· Las formas de elección y selección de los componentes de los distintos grupos por área y de sus conductores. Aquí está encerrado un problema sociológico - el grado de desarrollo de las relaciones interpersonales, las afinidades, etc.

· Las relaciones de dirección entre la Junta de Administración y demás órganos de dirección con las estructuras derivadas de la vinculación del hombre al área.

· Los métodos y normas de articulación de las demandas del trabajo cooperado y combinado que emergen en uno u otro extremo del proceso agrícola global de la cooperativa con las demandas de los distintos grupos.

· Las formas y vías de planificación contractual de la producción grupal en los marcos de los compromisos contraídos por la cooperativa. El sistema de estímulos y sanciones correspondientes en el orden individual, grupal y de la cooperativa como entidad.

· Los procedimientos normativos para el acceso de la producción grupal a los mercados liberados.

· La distribución de los costos de los medios colectivos empleados en las distintas áreas internas, su contabilidad y control.

· Las formas y montos de los anticipos al interior de los grupos y sus formas de financiamiento.

· Las formas diversas de producción y solución del autoconsumo de la membresía a nivel de los grupos y de toda la cooperativa.

· Los incentivos por los resultados y sus fuentes, teniendo en cuenta el trabajo aportado y las diferencias naturales y económicas de la tierra y de otros medios de producción empleados.

La conservación de la cooperación y combinación del trabajo colectivo y el control de la colectividad en todo el complejo proceso que encierra la vinculación del hombre al área son claves indispensables de este proceso. Las formas definitivas dependerán de las peculiaridades de las ramas agrícolas, de la iniciativa y capacidad de los colectivos de dirección, de las particularidades de cada territorio y de cada grupo humano. Como movimiento requiere de un impulso inicial y de las debidas regulaciones que garanticen que no se distorsione y que no conduzca a tendencias negativas. No hay soluciones preconcebidas; solo la experimentación masiva bajo el principio de prueba-error determinará las formas definitivas.

El modelo de distribución tiene que ver con los incentivos los que pueden potenciar las fuerzas productivas, mediante la división espacial del trabajo y cierto nivel de “individualización” y diferenciación del esfuerzo, los resultados y los ingresos al interior de la cooperativa y del “obrero colectivo”, no deja de generar contradicciones entre lo “individual” y la “cooperación y combinación” del trabajo del todo colectivo.

El modelo cooperativo cubano reconoce la dualidad del enfoque distributivo cuando postula: “asociar rigurosamente los ingresos de los trabajadores a la producción alcanzada” en función, especialmente, de la cantidad y calidad del trabajo y la producción aportada por cada miembro”. La distribución de las utilidades entre los socios (trabajadores) es un principio que envuelve un conjunto complejo de contradicciones internas y externas a la cooperativa. Su esencia consiste en que trabajos iguales pueden producir resultados diferentes y, a la inversa, que resultados iguales provengan de gastos de trabajo diferentes, a nivel de socios y grupos vinculados a determinadas áreas en una cooperativa, entre cooperativas de una misma rama o de distintas ramas.

La falta de correspondencia dentro del sector cooperativo entre el trabajo invertido y el excedente económico puede obedecer a distintas razones, a saber:

· La incertidumbre derivada de la diferencia entre el período de trabajo y de producción en que actúan factores naturales, biológicos, climáticos y otros.

· La estructura de la producción y de los rendimientos según las distintas ramas en que se especialicen las cooperativas.

· La composición de la fuerza de trabajo colectiva, su grado de organización y niveles de intensidad y productividad del trabajo.

· Los precios relativos del producto agrícola final y su dinámica lo que incide en el monto del resultado final, así como la política tributaria.

La realización efectiva de la distribución según los resultados finales plantea, entonces, una serie de exigencias y de juicios de valor complejos, entre los cuales podrían enumerarse los siguientes:

· La determinación del aporte laboral individual de cada miembro a los resultados finales del colectivo. Este problema es más complejo en la medida que se extiende la división del trabajo y con ella los niveles de cooperación y combinación para producir el producto final.

· La evaluación del aporte de trabajo vivo individual en el gasto de trabajo socialmente necesario para la producción de los distintos bienes.

· El resultado final de la cooperativa como empresa, el monto distribuible y la fijación del método concreto de reparto de la parte alícuota que le corresponde a cada uno.

En el caso agrícola hay que adicionar la complejidad que significa la desagregación del excedente extraordinario (renta diferencial) y su apropiación; un caso particularmente importante es el caso de la renta diferencial del tipo I que no tiene como fundamento el quantum ni la calidad del trabajo vivo agregado.

La vinculación de los cooperativistas a determinadas áreas (fincas) o a actividades es una fórmula organizativa que puede facilitar la identificación “trabajo-resultado” para los distintos grupos y miembros. Aquí el problema más conflictivo es su diferenciación según el fruto del trabajo vivo de aquella que obedece a otras razones: la fertilidad del suelo y nivel de equipamiento técnico. Las desigualdades de este orden constituyen una regularidad pues la sociedad y las cooperativas no disponen de medios ni posibilidades para igualar todas las tierras ni equipar de modo igual a todas las entidades agrícolas. Corresponde a la política macroeconómica y sectorial una coherencia de enfoques en esta materia mediante una combinación de programas inversionistas y mecanismos económico-financieros que contribuyan a crear condiciones económico-productivas semejantes dentro del sector cooperativo.

La cohesión y confianza mutua tiene mucho que ver con la dimensión por el área tierra y cantidad de miembros de las UBPC. Este es un problema inquietante por las tendencias a la centralización de las UBPC que se vienen observando a partir de 1994.

La dimensión de las UBPC asumió los patrones de las antiguas granjas en que se subdividía la empresa lo que fue determinado al principio por la empresa madre; los ubepecistas no tuvieron que ver con esta decisión. Los criterios técnicos y económicos no pudieron obviar la filosofía del gigantismo. El problema radica en que el tamaño de las granjas no siempre y necesariamente encuadraba con los criterios dimensionales apropiados para una cooperativa.

La dimensión de la cooperativa no es un asunto estrictamente técnico o económico; es un problema social en el más amplio sentido pues es una variable decisiva para alcanzar la unión voluntaria de un colectivo basado en el trabajo cooperado, combinado y cohesionado tras un objetivo común. La confianza mutua es un principio cardinal para su viabilidad, lo que supone a su vez condiciones para que se ejerza el control mutuo de los asociados.[20] El problema analizado es trascendente especialmente en las etapas iniciales de vida de la cooperativa pues debe garantizar el autocontrol de los asociados y con ello la cohesión y confianza mutua del colectivo.

El autoconsumo o producción de subsistencias constituye un incentivo fundamental para el ubepecista, debido a la aguda escasez de bienes alimenticios y la lucha por la supervivencia familiar.

El abastecimiento de alimentos a los trabajadores agropecuarios y a sus familias hasta la creación de las UBPC se canalizaba por tres vías: la creación de áreas de producción de autonconsumo en las empresa estatal, el conuco individual como expresión del dualismo estructural de los "asalariados, usufructurarios y "obreros con tierra" y, finalmente, la venta racionada en las placitas del comercio minorista.

La importancia del autoconsumo no se constriñe, como generalmente se acepta, a la satisfacción de las necesidades alimenticias de los asociados y sus familiares. En las condiciones actuales hay que añadir el enorme papel que representa en los ingresos de los trabajadores. Se trata del ingreso de oportunidad que se deriva de la diferencia entre los precios de venta a que compra el socio en la UBPC -a precio de costo - con respecto a su precio en el mercado informal y libre, cuya magnitud varía lógicamente en dependencia del tamaño y variedad de la canasta. Este ingreso es muchas veces superior al que representa el anticipo medio.

Otro costado trascendente del autoconsumo es su papel competitivo frente a los niveles de consumo de los campesinos y parceleros. Esta es una razón de sumo valor que tiene una tremenda influencia en la estabilidad de la fuerza de trabajo cooperativa. Por último, el autoconsumo contribuye a la autoafirmación y a la autoconfianza del colectivo, lo que aguza su sentido de pertenencia y seguridad en sus propias fuerzas lo que fortalece la imagen de dueño.

La producción de autoconsumo hay que concebirla como una agricultura sustentable y diversificada. No es posible reducirla a la lógica de la agricultura comercial especializada. La producción de autoconsumo plantea una serie de retos. Primero, las UBPC ubicadas fuera de donde radicaban las áreas de autoconsumo de la empresa madre están obligadas al fomento inmediato de tierras para este fin lo que supone una cierta redistribución de la superficie cultivable y de los recursos de inversión necesarios.

Segundo, el modo y formas de enfrentar la tenencia de parcelas individuales entre sus miembros al interior o fuera del territorio de cada UBPC. Cualquier enfoque maximalista o apresurado en su solución puede crear más dificultades que beneficios. La expansión del autoconsumo en los marcos de las UBPC es el antídoto natural, la solución más racional.

Tercero, la definición práctica de la opción más conveniente para la producción del autoconsumo. La experiencia universal indica que hay dos caminos posibles: el colectivo y el individual. Este último problema tiene cierta vinculación con el tamaño de la UBPC y con el grado de concentración o de dispersión de la residencia de sus miembros.

La legislación del país adelantó una concepción única de tipo colectivo para la producción del autoconsumo, cuya herencia se remonta a las Sociedades Agropecuarias de los años sesenta. No está probado ni mucho menos que la forma colectiva sea la más efectiva y aceptable. Actualmente en muchas CPA del país viene ocurriendo la parcelación individual de la tierra colectiva para la producción de determinados bienes agrícolas de autoconsumo.

En otras experiencias cooperativas del mundo, además de la modalidad colectiva se entrega una parcela individual a cada familia y también se proyectan diversas combinaciones de lo individual y lo colectivo según sea el caso y tipos de especialización. La solución efectiva de este asunto depende, como en otros tantos, de la decisión voluntaria de la membresía mediante la creación de un consenso aceptado.

La verdadera y justa priorización del autoconsumo en las UBPC no ha sido asumida en todos los lugares en su verdadera y real dimensión. Las evidencias empíricas confirman que es el reclamo principal de la membresía, pero al mismo tiempo hay señales de que se exagera en algunos casos el autonconsumo. Ambos extremos no son razonables. Hay que encontrar la justa medida en cada cooperativa.

La definición del modelo productivo de cada cooperativa es clave para alcanzar la racionalidad económica y la conciliación de los distintos intereses económicos en juego (empresarial cooperativo, colectivo e individual al interior de la cooperativa y social visto desde el ángulo nacional y territorial). En tal definición están implicadas las herencias técnico-culturales y las relaciones interramales técnico-productivas y económicas particulares a cada zona y territorio.

Las ventajas de la especialización no necesitan enumeración pues son bien conocidas; así también ocurre con las premisas que le son inherentes. La diversificación tiene ventajas indudables también conocidas. En cada caso el problema consiste en encontrar aquella combinación adecuada entre la especialización y la diversificación que garantice algunos presupuestos básicos de la racionalidad económica empresarial y que logre conciliar los intereses cooperativos con los de la comunidad económico-social mayor.

El desempleo estacional no ha sido resuelto en la agricultura y su solución depende no solo de la gestión, sino de soluciones científicas. Todo parece indicar que siempre será posible encontrar una función de producción que optimice en cada cooperativa la relación de interdependencia entre:

¨ Especialización agropecuaria

Los presupuestos básicos de racionalidad económica, productiva y ecológica a garantizar por proyectos productivos que combinen la especialización y la diversificación son al menos los siguientes:

· Combinación de cultivos con la máxima rotación y despliegue de la agricultura sustentable.

· Aseguramiento del empleo durante todo el año de la fuerza de trabajo colectiva que reduzca o elimine el desempleo estacional de hombres y recursos.

· Creación de ocupaciones para la familia, especialmente para las mujeres, ancianos y otros con una visión comunitaria del bienestar.

· Equilibrio de los ingresos monetarios y otros beneficios durante todo el año.

· Aprovechamiento de la herencia cultural, preferencias e intereses de los productores.

· Consenso del colectivo y correspondencia con los intereses de la sociedad son premisas para la definición del proyecto productivo.

El desarrollo de economías complementarias de tipo industrial y en otras esferas deben ser adecuadamente sopesadas. Es posible que el despliegue de tales economías contribuya a una elevación conveniente del empleo y ayude a solventar el desempleo estacional o también para ocupar permanentemente a una parte de la población comunitaria. La industria doméstico-rural tiene una larga historia y no ha desaparecido en los países industriales. Los campesinos la practican de modo creciente y no hay razón para excluir a las cooperativas.

La costeabilidad y la rentabilidad suficiente son etapas lógicas del proceso de recuperación del sector cooperativo. La primera es una meta inmediata y urgente. La rentabilidad suficiente se alcanza cuando el nivel de ganancias asegura la reproducción autónoma del sector cooperativo y un nivel de ingresos y bienestar superior al resto de los agentes agrarios de la economía mixta. Este punto marca la victoria del régimen cooperativa.

El nivel de los costos y de los beneficios está determinado por: la dinámica de los rendimientos agrícolas y de la producción, la economía de gastos internos y el nivel los precios relativos. En la etapa actual son los bajos rendimientos agrícolas la causa determinante del deterioro del gasto medio por unidad de producto, pero están interactuando un conjunto adicional de fenómenos negativos que no dejan de influir de un modo u otro sobre los costos.

La amortización en muchos casos se ha transformado en un gasto neto o puro, sin contrapartida productiva debido a la ociosidad absoluta y relativa de parte de los medios básicos; peor todavía cuando se sabe que hay casos de sobresaturación de medios de producción que no son económicamente explotables por muchas cooperativas. El desvío de recursos para actividades no productivas y el mal manejo de la gestión en la esfera de la maquinaria y el transporte completan los fenómenos negativos que se acumulan. También el empleo del parque de equipos propiedad de las cooperativas por decisión de instancias verticales para cubrir demandas extraordinarias de interés territorial sin la correspondiente compensación financiera sobrecarga los costos económicos de las cooperativas por lo quehace falta afinar los mecanismos contractuales y de arbitraje y el régimen de compensaciones financieras por los costos de oportunidad de las decisiones tomadas. En ciertos tipos de maquinaria e instalaciones sería conveniente su centralización en empresas de servicios, subordinadas directamente a los CAI o como entidades independientes. Un control mayor sobre los desvíos de recursos y frente a las sustracciones y pérdidas constituye una gran reserva productiva y de reducción de los gastos. Las cooperativas no escapan a la inflación de los costos por la explotación de tecnologías derrochadoras de insumos, mientras no se produzca la reconversión técnica.

La propensión al alza de los precios de los bienes y servicios que venden a las cooperativas las empresas agropecuarias y los CAI azucareros en virtud de su monopolio sobre la circulación de los medios de producción y de los servicios ensancha la relación de intercambio negativa de la agricultura respecto a la industria. Por esta vía se vienen transfiriendo a las finanzas centrales una parte sustantiva del excedente económico agrícola lo que no favorece la recuperación económica ni la rentabilización de las cooperativas lo que contrasta con la masa de recursos estatales que fluye a la inversa, de la ciudad al campo, en forma de ayuda económica, subsidios de precios a los bienes de consumo y las inversiones para el desarrollo agropecuario y social en el campo. Esta tendencia plantea de inmediato acciones que contemplen:

· La necesidad de medidas más eficaces de control financiero estatal sobre los precios a escala territorial y sobre todo local.

· El reforzamiento de los medios legales y económicos de arbitraje existentes.

· La revalorización de los esquemas de comercialización de los medios de producción y los servicios que puede incluir la introducción de organizaciones cooperativas en determinados servicios a nivel territorial y municipal y la introducción del mercado mayorista de parte de los medios de producción con destino al campo.

La variación e intestabilidad de los precios internos de los bienes importados son comprensibles, pues, su lógica responde a las tendencias de los precios en el mercado mundial dado los vaivenes del cíclico económico, la inflación, la influencia de las transnacionales y los efectos del bloqueo económico reforzado con la ley Torricelli y la Helms-Burton. En buena lógica económica los precios internos están obligados a reflejar de modo suficiente y razonable el intercambio desigual inducido por el mercado mundial y la incertidumbre e inestabilidad de los precios, con más razón si se tiene en cuenta que el componente importado en la producción del PIB agrícola es relativamente alto. Las posibilidades financieras de estabilización interna de los precios de los bienes importados hoy es muy reducida y las circunstancias imponen el criterio del saldo neto en divisas para la evaluación de los esquemas de desarrollo de las ramas del sector exportador.

Por su parte, la dualidad monetaria y de la economía es un obstáculo para la conciliación de los precios internos y externos sobre la base de tasas de cambio que transfieran el valor internacional a los gastos nacionales. Otra limitante consiste en que el equilibrio de los salarios actuales y los precios del mercado racionado, fundado en el subsidio de los precios minoristas que son financiados fundamentalmente por la tijera de precios ciudad-campo requieren de un ajuste a fondo e integral.

En realidad los precios agrícolas internos en el mercado regulado estatal no cumplen las funciones de medida del valor y de estímulo ya que no reflejan los gastos de trabajo en las condiciones reales de producción; su rigidez no concuerda con la elasticidad de los precios de los abastecimientos y servicios, tampoco engranan con la reforma económica y con los niveles de inflación interna. La distorsión de los precios relativos agrícolas en el mercado agropecuario libre evidencia este fenómeno claramente.

Las contradicciones apuntadas se proyectan lógicamente en otras direcciones. Los precios mayoristas de acopio no funcionan como catalizadores del incentivo necesario a los productores que trabajan en condiciones naturales y de intensidad y productividad del trabajo normal, la distorsión de los precios relativos emite señales equivocadas a los productores que se ven empujados a deprimir las producciones de materias primas para la agroindustria exportadora a favor de los bienes de consumo interno, a la vez que ocurren desproporciones deformantes entre los rubros que componen a estos últimos. Las razones apuntadas son conocidas. Empero la gravedad es tal que se hace indispensable una reforma de los precios agrícolas y de otros ajustes fiscales correspondientes.

El débil acceso de las UBPC y de las CPA al mercado agropecuario agrava el problema de la falta de rentabilidad y de autoacumulación. El caso de las UBPC cañeras es el peor pues les está vedado por el momento el acceso a dicho mercado. Las cooperativas están cumpliendo gran parte del encargo social, las demandas del consumo racionado y de otras instituciones sociales a precios bajos. Se requiere de una apertura de las cooperativas al mercado liberado que contribuya al equilibrio de la oferta y demanda de los bienes de consumo liberados y, en consecuencia, tienda a deprimir los precios inflacionados. Así se beneficiarían amplios sectores de la población de bajos ingresos, además contribuiría al saneamiento financiero y a una redistribución más racional de los ingresos monetarios libres entre los distintos actores agrarios pues hasta ahora fluye fundamentalmente hacia los intermediarios, los campesinos y parceleros.

Los precios internos de los bienes de autoconsumo es otra zona de distorsión en la distribución de los ingresos internos de las cooperativas con una incidencia negativa directa sobre la medida de los costos e ingresos de la producción. La eliminación de los obstáculos y factores negativos apuntados mediante la reforma de precios y comercial crearían condiciones para que se acelere la recuperación cooperativa y la elevación de los rendimientos que es la clave productiva definitiva para reducir los costos y alcanzar aquella rentabilidad que haga viable el autofinanciamiento de la acumulación.

La economía cooperativa socialista posee carácter mercantil y por lo tanto está sometida a las leyes de la regulación social y del valor en las condiciones de la economía mixta nacional y agraria de transición al socialismo. Estructural y funcionalmente la cooperativa es una entidad mercantil que compite con el resto de los tipos y formas de economía agraria y en este plano la acción del mercado y la ley de los precios ejercen una influencia importante en su desenvolvimiento y desarrollo económico perspectivo como modelo económico.

En la economía mixta de transición al socialismo además de la ley de los precios funciona la ley de la regulación social y en consecuencia la planificación y el mercado son dos catalizadores del movimiento económico único nacional. El comercio agrícola en la transición constituye una esfera particular de la circulación por la heterogeneidad socioeconómica de los productores, las distintas funciones del producto agrícola - como factor de la reproducción agrícola, materia prima para la industria y bien de consumo directo -, y por las especificidades de la articulación de la agricultura con la industria, el comercio, el resto de las ramas económicas y con la esfera del consumo. La articulación-integración agroindustrial ha sido un rasgo clave de la circulación del producto agrícola nacional pues la industria siempre ha regulado directamente las principales producciones del sector agropecuario - caña de azúcar, tabaco, café, ganadería mayor y otros en dependencia del ciclo económico. La agroindustria es el mercado agrícola mayor del país

El Mercado Agropecuario Libre (MAL) se funda por el Decreto No. 191 de set. de 1994 en la etapa más dura de la crisis agroalimentaria y representa ciertamente un ajuste para enfrentar la crisis, pero es, más allá de ello, una lógica consecuencia de la reforma económica y de la agrícola en particular y forma parte, con todo derecho, del nuevo modelo económico. La gravedad de la crisis y las huellas de las visiones y prácticas no mercantiles hicieron necesaria una revalorización política para la apertura del mercado entre los cuadros y la población.

Objetivamente, la interconexión interna de los eslabones de la agricultura mixta no era ni es viable sin el mercado; tampoco los nuevos y viejos sujetos agrarios pueden prescindir de los incentivos del mercado libre más todavía frente a la depreciación de la moneda y a los bajos precios estatales en las circunstancias en que se mantiene el compromiso social de los productores con el abastecimiento racionado a la población y a distintas instituciones sociales a precios de garantía en correspondencia con la distribución de los ingresos, prácticamente inmovilizados por el ajuste contractivo de la demanda. Estos factores y su equilibrio evidencian el carácter y alcance limitados del MAL como un mercado complementario en la etapa actual.

Las cooperativas -CPA y UBPC- intervienen en los tres mercados principales: el agroindustrial, el mayorista con las empresas estatales de acopio y “frutas selectas”, el minorista de autoconsumo cooperativo y el mercado agropecuario libre. El modelo UBPC emergió en una etapa anterior a la apertura del Mercado Agropecuario Libre (MAL) lo que se deja sentir en las formulaciones que le diron origen. El MINAZ ha prohibido la participación de las UBPC cañeras en el MAL atendiendo a razones coyunturales asociadas a la recuperación cañera.

Son múltiples las contradicciones que se manifiestan con la apertura del mercado agropecuario en los contextos de la economía mixta y desde la perspectiva del cooperativismo que deben ser resueltas en función del desarrollo y competitividad de la esfera agrícola y de las cooperativas. La asunción de los compromisos sociales por las entidades agrícolas socializadas en el ámbito de un 80% de su producto comercial limita sus posibilidades de influir sobre la oferta y los precios en el MAL; pero también les impide un nivel más equitativo de participación en la redistribución de los ingresos monetarios. La prohibición expresa a las UBPC cañeras respecto al mercado es un serio obstáculo y una limitación artificial para su rentabilización, desarrollo y diversificación productiva. Una flexibilización creciente a medida que aumente la producción sería beneficiosa tanto a los productores como a los consumidores.

Hay que constatar que la apertura a los intermediarios en el MAL no estuvo acompañada de la promoción de fórmulas de socialización cooperativa en el comercio agrícola. Esta ausencia ha fortalecido la tendencia al incremento y al fortalecimiento de la intermediación privada. No se puede esperar que los productores del campo sean a la vez comerciantes. Las cooperativas de créditos y servicios, las UBPC, las CPA y las granjas de nuevo tipo están capacitadas para asumir el comercio por sí mismas o bajo distintas formas socializatorias de cooperación.

El comercio mayorista agrícola y el racionamiento a precios subsidiados son dos problemas articulados de gran complejidad que requieren una revisión oportuna, profunda y amplia. La tendencia general deberá ser la liberación total del mercado minorista de alimentos con la supresión del racionamiento y la introducción del subsidio directo y diferenciado a los consumidores y no a los precios. Este cambio se reflejaría inmediatamente en las funciones de las empresas de acopio y en la política de precios orientada a las compras en gran escala de un surtido determinado para abastecer a la red del mercado minorista liberado.

La reforma de los precios mayoristas agrícolas es una necesidad urgente pues a las distorsiones de los precios relativos se agregan las inducidas por el MAL. Es insostenible la competencia de algunas materias primas, como la caña de azúcar, con respecto a otros bienes. La acción de la ley del valor tenderá, como lo hace ya hoy por encima de todas las restricciones, a una reasignación más o menos espontánea de los factores de la producción en función de los ingresos del mercado. Claro que la rearticulación de los precios a los gastos de trabajo - incluyendo una visión internacional del valor de las materias primas de la agroindustria exportadora- resulta indispensable para enfrentar la competencia en los mercados internacionales. Los cambios deberán asumir como principio formativo la renta diferencial del suelo a fin de crear condiciones económicas semejantes a los distintos productores agrícolas.

La tendencia general a la baja de los precios en el MAL ha tenido que ver más que todo con la restricción de la demanda monetaria y a un conjunto de factores adicionales como son:

Primero, el monopolio de la oferta por el sector campesino y parcelero con más baja composición orgánica tiende a halar los precios hacia arriba. Las limitaciones y obstáculos a la participación del sector socializado, especialmente las UBPC cañeras, refuerzan esta anomalía, muy sensible en algunas provincias y municipios cañeros. Hace falta desmonopolizar el MAL mediante el aumento de la oferta del sector estatal y cooperativo, reduciendo las tasas porcentuales del compromiso social que las ata.

Segundo, los intermediarios “elevan” el precio porque éste tiene que cubrir el precio de compra más los gastos de la circulación minorista y la ganancia comercial concuerda con la lógica de la división social del trabajo y la distribución del excedente económico. El oligopolio que practican, más el nivel de depreciación de la moneda nacional y el impacto del mercado cambiario dólar-peso están dolarizando e internacionalizando la relación ingreso-precio y las expectativas sobre el nivel “razonable” del beneficio comercial. Los precios variarán en la dirección que cambien estas condiciones.

Tercero, la diversidad de precios en los distintos mercados existentes - racionado, autoconsumo, libre, negro, paladares, shopping- de bienes agrícolas y de alimentos homogéneos y substitutivos viola el principio del valor único para cada producto-mercancía, lo que obstaculiza el comportamiento de la elasticidad demanda-precio y demanda-ingreso. Las señales de los precios no se ajustan a las correlaciones de gastos de trabajo ni a la distribución racional de los ingresos y la inversión. Son equívocas. Es necesario diseñar una política que tienda a restablecer los precios relativos tomando en cuenta los distintos mercados en moneda nacional y la conexión de la economía peso con la del dólar; y, además, redistribuir los ingresos por otras vías distintas al precio.

Cuarto, los paladares y demás cuentapropistas dedicados a la elaboración de alimentos son un mercado exclusivo de alta demanda que tensionan los precios del MAL en dirección contraria a la baja. El saneamiento financiero y la dinamización de la oferta estatal y cooperativa son claves para corregir esta desviación.

Quinto, la estratificación y concentración crecientes de los medios monetarios de compra en moneda nacional y en divisas entre capas de la población al nivel de la oferta de bienes alimenticios tiende a que los precios “altos” del MAL sean una “garantía pagable” para mantener la exclusividad de su consumo. Para estas capas la elasticidad demanda/precio está en concordancia con la de demanda/ingreso. Por lo visto en esta esfera se requiere de un paquete complejo de medidas monetarias y no monetarias, tributarias y otras que reduzca a niveles razonables la distribución de los ingresos.

Sexto, el sistema de tributación actual deberá ser perfeccionado para que cumpla la función de incentivo-castigo a la producción. El régimen impositivo descansa en los ingresos declarados por venta lo que tiende a retener la caída de los precios porque actúa como un impuesto indirecto en los límites de la correlación oferta-demanda solvente. La diferenciación tributaria por tipo de producto es una de las vías para su perfeccionamiento.

Séptimo, el comercio mayorista agrícola en gran escala ha continuado en lo fundamental bajo las formas organizacionales anteriores y las entidades de acopio siguen siendo un escenario poco eficiente; el agrocomercio directo de las instituciones productoras no ha tenido una promoción equivalente a su necesidad. Hace falta promover la integración agrocomercial en el ámbito de ciudades y periferias y a otros niveles estructurales.

El mercado agrícola es una esfera donde toma cuerpo la competencia intereconómica entre los sujetos agrarios, y el cooperativismo está obligado a demostrar su capacidad competitiva y ventajas reales en el mercado agropecuario.

El beneficio final o ganancia neta es el incentivo más relevante para una empresa cooperativa; no puede ser visto como un resultado final pasivo, desconectado en el tiempo de la inversión de trabajo de cada uno de sus miembros; por el contrario, debe ser un factor que condicione el incentivo por el trabajo y la búsqueda de la función de producción que racionalice los gastos y permita la maximización del resultado final. La combinación de motivos de la producción (valores de uso y excedente de valor) es la primera y más importante conflictividad encerrada en el beneficio.

En las condiciones actuales y mientras no se revalorice suficientemente el dinero, el beneficio tiene una capacidad limitada de incentivo, –sin dejar de ser un factor que condiciona las expectativas presentes y futuras de cada socio– del colectivo y la UBPC. Esta conflictividad se agrava cuando el dinero sigue una línea de pérdida creciente de capacidad adquisitiva y el tiempo de espera reduce el valor actual del beneficio monetario futuro.

La cooperativa como organización voluntaria de individuos valora altamente en sus expectativas de futuro los efectos de corto plazo. Tal proceder es muy relevante en la etapa inicial de formación de las cooperativas. Por ello, sería conveniente acercar lo más posible la distribución de los beneficios entre los ubepecistas al ciclo natural de producción de los rubros principales, de modo tal que puedan identificar lo más inmediatamente posible la relación trabajo-cosecha-ingreso. Mediante esta fórmula se evitarían, además, las pérdidas de ingresos futuros por la creciente depreciación de la moneda nacional. En otras etapas más maduras de cooperación y cuando la economía se estabilice podría pasarse a la modalidad anual. Por cierto, el país está obligado a reajustar el ciclo fiscal al ciclo económico fundamental del país que no coincide precisamente con el año natural.

No es exagerado plantear que después del autoconsumo, el incentivo más importante para la integración y consolidación de muchas UBPC es la solución de los problemas habitacionales de sus miembros.

El déficit de viviendas es de tal naturaleza que requiere la asignación priorizada de recursos del país, pero ello no basta si no se articula convenientemente con el esfuerzo individual y de la colectividad en su solución material y financiera; tampoco si no se establecen garantías explícitas de vinculación del productor y parte de la familia en la producción agropecuaria colectiva.

También ha llegado el momento de abandonar los esquemas urbanísticos que pretenden reproducir el modelo de vivienda urbano en las comunidades rurales. Lamentablemente hay que consignar que se mantiene este enfoque, incluso en las construcciones de viviendas de bajo costo. La tradición campesina y rural en general no coincide con dicha visión. Es la vivienda con patio suficiente para la arboleda de frutales y la crianza de animales domésticos el esquema recurrente que urge introducir en la urbanización rural.

La formación y desarrollo de las UBPC hay que examinarlo tomando en cuenta la estructura mixta (heterogénea) de la economía agraria y global del país. No se puede negar este hecho ni tampoco su resultante inmediata: la competencia abierta y encubierta que obra entre el sector cooperativo y el resto de los tipos y formas de producción con sus particularidades a nivel territorial y local.

Las cooperativas y el sector UBPC son eslabones y partes específicas del conjunto económico nacional al cual se articulan de múltiples maneras y en donde intervienen relaciones contradictorias y competitivas que se entrecruzan y yuxtaponen en la matriz económica con sus efectos multiplicativos correspondientes.

La competencia entre los tipos económicos abarca prácticamente a todas las esferas de la actividad material, económica y social: la asignación de recursos, el carácter y utilidad del trabajo, el nivel comparado de los ingresos (los ingresos relativos), las condiciones de vivienda y otros factores del bienestar.

Las UBPC difieren entre si en razón de su ubicación, especialización y el escenario territorial que peculiariza su entorno. Son diferentes las cooperativas ubicadas en un ámbito campesino, de aquellas localizadas en una zona no campesina; tampoco son semejantes las primeras de las situadas en contextos suburbanos. Las cañeras difieren de las no cañeras por muchas razones; como las ganaderas son distintas a las de cultivos varios. Las UBPC en zonas de arrendamiento se distinguen de las que emergieron de la nacionalización de la propiedad agraria.

La experiencia demuestra los inconvenientes e inconsecuencias que se pueden derivar de un modelo UBPC único y de un enfoque rígido en su aplicación. Es indispensable abrir un abanico de opciones y de alternativas, promovidas a partir de la reflexión y de la propia experiencia de las bases en su práctica inmediata y concreta. Flexibilidad, capacidad de ajuste y adaptabilidad son principios que responden más exactamente a la realidad y a la conveniencia para el desarrollo de las UBPC.

En los momentos actuales la competencia en torno a los ingresos, los salarios y las condiciones de vida favorecen de inmediato al trabajo individual, independiente, antes que a una solución colectiva. Se requiere un fortalecimiento de los incentivos específicos para el nuevo sector cooperativo que lo fortalezca lo más rápidamente posible frente a la competencia intereconómica.

Otra idea subyacente consiste en que las UBPC podrían fracasar no por una insuficiencia genética, sino porque el modelo actual no esté en capacidad para resistir la competencia multilateral de los otros agentes económicos de su entorno. En todo caso entonces el fracaso habría que achacárselo al modelo concebido por su falta de flexibilidad y no a la cooperativa como forma de organización social, civilizada y progresista de producción y convivencia social.

La regulación y el control por el Estado de la agricultura y de los agentes productivos es un principio incuestionable para un país en transición al socialismo. Nadie en su sano juicio puede asumir la absolutización de la espontaneidad; aún en la práctica económica de los países capitalistas desarrollados se observa la regulación de la agricultura por el Estado.

En el modelo UBPC, la empresa estatal madre asume, como ya se explicó en otra parte, el papel de monopolio exclusivo y directo de las funciones reguladoras de la esfera de la producción, los abastecimientos y la realización de la producción de las cooperativas. El dualismo estructural y funcional alcanza una dimensión que contradice la autonomía e independencia que le son consustanciales a las cooperativas.

EL impacto del papel interventor ejercido por las empresas estatales apunta en varias direcciones contradictorias. De modo concreto pueden señalarse las principales, sin que sean por supuesto las únicas existentes.[21]

1) Se ha dado una multiplicación del aparato burocrático que soporta la agricultura, más allá del que suponen dos ministerios con sus delegaciones provinciales respectivas y las delegaciones municipales para la atención al sector cooperativo y campesino del MINAG. Las empresas madres constituyen un eslabón más de esa cadena verticalizada y costosa del mecanismo de regulación vigente.

Las empresas madres, también, duplican las funciones de las empresas de abastecimiento técnico-material y de otras dependencias cuando asumen estas funciones de suministradores directos o en calidad de intermediarias. El efecto económico de este enfoque es la elevación artificial de los costos sociales de la producción agropecuaria nacional.

2) Las empresas estatales madres se apropian de una parte del excedente económico producido por las UBPC a través del intercambio de bienes y servicios que presta a precios que encarecen artificialmente los costos de producción de las cooperativas y también reducen por esta vía los beneficios que deberían engrosar los fondos centralizados del Estado por vía tributaria.

Este manejo y apropiación de una parte del excedente es fuente de suspicacia en las UBPC y puede convertirse en una zona de conflictividad futura. No hay que olvidar que una vez estabilizada la economía, el excedente se convertirá en el incentivo principal.

3) Las funciones que asume la empresa entrañan una intervención sostenida y directa en la actividad interna de las cooperativas las que se consideran análogas a las relaciones anteriores granja-empresa. Ello estaría indicando entre otras cuestiones:

· Que no se ha producido un cambio de mentalidad en la burocracia a distintos niveles, especialmente a escala territorial y empresarial, congruente con las nuevas condiciones creadas y están actuando como retrancas al desenvolvimiento eficaz de las cooperativas.

· La regulación y el control estatal están torpedeando la necesaria autonomía cooperativa que se ha convertido, literalmente hablando, en administración directa de las UBPC. [22]

· Se observan síntomas paternalistas y de intromisión burocrática en el funcionamiento de las UBPC que están poniendo en duda la autonomía, la independencia y el sentido de propiedad y pertenencia entre sus miembros; o sea, todo lo contrario a lo que es necesario crear y fortalecer en las UBPC.

La resistencia al cambio de muchos directivos empresariales tiene como trasfondo una actitud conservadora que pretende mantener las anteriores prerrogativas de mando, disposición y otras. La ocurrencia de estos problemas lleva a la membresía a la conclusión de que nada ha cambiado o que lo hecho hasta ahora no les satisface y, por lo mismo, entre los trabajadores ubepecistas tiende a conservarse con todas sus consecuencias negativas la vieja mentalidad laboral y social de antes.

A favor de la vieja mentalidad opera el hecho de que las empresas estatales y los órganos superestructurales no han sido ajustados al nivel al que fueron racionalizados la fuerza de trabajo y los recursos en las UBPC. Esta dicotomía es sumamente contradictoria; una de sus manifestaciones negativas se refleja en el hecho de que lejos de decrecer, se ha incrementado la cantidad de modelos e informes que se piden a las UBPC. Es preciso adelantar el redimensionamiento de todo el aparato superestructural de la agricultura nacional. Desde 1998 comenzó el proceso de rendimensionamiento de la superestructura de la agricultura y de la agroindustria azucarera y la reorganización del sistema empresarial en asociaciones económicas de nuevo tipo que agrupan a los distintos agentes económicos en una especie de corporación mixta; estas fórmulas entroncan con el perfeccionamiento empresarial que se viene desarrollando.

Si falta la autonomía y la democracia participativa, las UBPC podrían perecer o no dar todo lo que pudieran como exponentes del más reciente y trascendente experimento de cambio llevado a cabo en la agricultura cubana en los últimos años.

La autonomía cooperativa y la gestión democrática son claves decisivas para el logro de la viabilidad de este modelo económico. Sí falta la autonomía propia a dueños colectivos y la democracia participativa, entonces el cooperativismo no es viable.

La transformación inducida desde arriba, desde los órganos centrales, le dio un carácter peculiar al paso de los trabajadores a las UBPC. Las decisiones sobre la organización, reglamentación, tamaño del área, la asignación de recursos vendibles y los compromisos del plan de producción y venta a la nueva entidad UBPC tuvieron un carácter netamente verticalizado desde las delegaciones territoriales de los dos ministerios y las empresas madres. Incluso se seleccionaron a priori los posibles cuadros de dirección que deberían comandar a las UBPC.

Posteriormente, los trabajadores pudieron introducir ajustes a algunas de las determinaciones verticalizadas como fueron: la selección mediante voto de los administradores y de los miembros de la junta de administración; también decidieron en la selección del colectivo laboral y en cuanto a los bienes agropecuarios que consideraban oportuno comprar. El autoconsumo también fue objeto de análisis democrático.

La administración de las UBPC enfrenta numerosos obstáculos en la tarea de socializar la producción, la administración, la distribución y el consumo de la riqueza colectiva. Las Juntas de Administración están obligadas a desembarazarse de las herencias negativas de la antigua dirección empresarial y de las granjas. Hay también herencias negativas procedentes de las CPA de las que habrá que distanciarse.

Articular convenientemente la autonomía gestionaria y la labor de fiscalización y control de una entidad estatal designada es un asunto delicado y complejo. Hay que evitar que se traduzca en una relación de intervención simple, de dependencia y subordinación de las UBPC, porque si estas anomalías prosperan podría presagiarse desde ahora el fin o una inestabilidad crónica de estas cooperativas. El liderazgo y la autoridad del equipo de dirección de las UBPC está determinado en principio por el nivel de confianza que logre alcanzar a partir de su capacidad para organizar y promover el consenso en todas las decisiones que atañen a los intereses del colectivo y sus miembros.

El trabajo agrícola no le puede estar vedado a nadie en una dimensión razonable. La remuneración que reciban los directivos es funcional y aceptable socialmente hablando, si no supera el nivel del anticipo medio de los ubepecistas. Lamentablemente se ha venido imponiendo una actitud paternalista respecto a los ingresos de los directivos y del aparato económico. En general y para todos debe funcionar el principio de la articulación de los ingresos a los resultados finales de la producción.

El despliegue al máximo de la democracia participativa supone entre otras medidas:

· Eliminar de los estilos y métodos que reproduzca el mandonismo y el burocratismo.

· Maximizar la participación de todos en la toma de decisiones, organizando diversas modalidades de consenso.

· Multiplicar las comisiones de trabajo para el análisis, valoración y proposición a la Junta de Administración o a la Asamblea General sobre todos los asuntos económicos, productivos como sociales de la cooperativa.

· Informar a todos; todos deben estar bien informados de lo que ocurre en la cooperativa. Sin información no hay democracia posible

· Borrar el concepto reduccionista sobre la asamblea general como el único marco donde se informa y resuelve todo.

Finalmente, los directivos tienen que escapar de la trampa de la estrechez tecnocrática que supone la autosuficiencia del administrador y de la junta de administración y el menosprecio a la opinión y criterios de la gente sencilla. .

Las tesis y proposiciones, sin bien no agotan el tema, subrayan la posibilidad y necesidad de introducir correcciones y ajustes al modelo UBPC, lo que significa aplicar un enfoque flexible que asimile creadoramente las circunstancias particulares que obran en cada caso y en cada zona. Muchas de las contradicciones y desafíos se manifiestan con crudeza en muchos lugares y se corre el riesgo de tomar medidas que propicien el colapsamiento artificial o por asfixia de esta fórmula cooperativa.

Tipos y formas de economía agraria	Superficie Total (Mha)	Sup. Agrícola ¹ (Mha)	En % ²
I. I- TIPO SOCIALISTA	9 888,7	5 666,7	84.9
1- Forma cooperativa	4377,1	3816,0	57,2
1.1 UBPC	3542,3	3068,0	46,0
Esfera cañera	1714,5	1555,8	23,3
Esfera no cañera	1827,8	1512,2	22,7
1.2- C. P. A	837,5	748,0	11,2
2- Forma Estatal	5577,6	1850,7	27,7
§ Patrimonio CAI	151,8	113,6	1,7
§ Empresa Agropecuaria (4)	4098,4	1329,1	19,9
§ Otras Estatales	201,3	154,1	2,3
§ O. Poder Popular	788,3	35,1	0,5
§ Granjas Militares(5)	271,8	218,8	3,2
II- Tipo Campesino –parcelero (6)	1141,3	1008,1	15,1
1- Asociado a CCS	849,2	752,0	11,3
2- Independiente (7)	256,3	234,1	3,5
3- Nuevos productores	35,8	22,0	3,5
§ De autoconsumo	2,2	2,1	.
§ De tabaco	14,8	12,3	0,2
§ De café	18,8	7,6	0,1
Total nacional (8)	11066,3	6674,8	100,0

Calculado por el autor de distintas fuentes: 1- Estimados a base de los índices Área agrícola/A. Total de 31/12/92; 2- Dato de Junio 30 de 1994; esta cifra no debió variar sensiblemente en estos meses. Dirección de Proyección. MINAZ. Tomado en enero/95; 3- Granma, 7/2/95; 4- Empresas estatales en proceso de transformación; 5- Granma, 31/12/94; 6- fincas de 1,34 Ha y más; 7- En su gran mayoría son parceleros no asociados a C.C.S.; 8- Granma: 31/11/94, 27/1/95 y 31/1/95; 9- Balance de la tierra del país y su utilización. 31/12/92. C.E.E. Dirección Agropecuaria y Silvicultura. Enero/94.

[1] Alex Laidlaw, teórico del cooperativismo internacional, plantea que "en época tan crucial como esta las cooperativas deben mantenerse como islas de cordura en un mundo que se está volviendo loco". REVESCO, No. 61. Madrid 1995.

[2] La tesis doctoral de Rubén Villegas Chández “Las UBPC como forma de realización de la propiedad social en la agricultura cubana” en su Capítulo III “Los principios básicos de las UBPC y su perfeccionamiento” trata con gran profundidad esta problemática de los principios cooperativos y la medida de su realización en las UBPC.

[3] Ver Decreto-Ley 142 de setiembre de 1993.

[4] El concepto de acumulación originaria sirve para designar los rasgos sustantivos del proceso histórico, concreto y particular de vinculación del productor con los medios de producción que da lugar a los distintos modos de producción. La disociación del productor directo o su integración, como individuo y colectivo, directamente con los medios de producción distinguen la esencia de los distintos modos de producción en la historia.

[5] Resolución no 354/93, art. 25. MINAG (en mimo).

[6] Tomado del Reglamento General de las UBPC del MINAG y MINAZ. Op. Cit.

[7] De aquí en adelante las citas entrecomilladas proceden de una fuente única: MINAG. Dir. Jurídica. Legislación sobre las UBPC, atendidas por el MINAG. Op. cit.

[8] En la proforma de Convenio Empresa-UBPC se dice que “la empresa es la encargada de vender a la UBPC de acuerdo a sus posibilidades los abastecimientos”, lo que no excluye que se ocupe de intermediar con otras entidades para satisfacer los abastos necesarios.

[9] La limitación al comercio alcanzaba su máxima expresión cuando se prohibe que las UBPC intercambien entre si la producción de autoconsumo sin la autorización expresa del Director de la empresa o del Delegado territorial si el acto comercial ocurriese entre UBPC de distintas empresas madres.

[10] En la agricultura cañera es calamitosa por lo general la situación que presentaban las plantaciones con rendimientos increíblemente bajos de mucho menos de 40 mil arrobas por caballería.

[11] En la provincia de Villa Clara para citar un solo ejemplo, el 69 % de las UBPC obtenían un rendimiento estimado para la campaña 93-94 de hasta 40 mil arrobas por caballería, de ellas, el 3¸ % se situaban por debajo de las 31 mil. Entretanto, el 52 % de las UBPC tenían áreas vacías de la dedicada a caña entre un 11 y un 30 %. Delegación Provincial del MINAZ. 17/1/94.

[12] Ver: Rodríguez Calderón, M. en Bohemia del 18/3/94.

[13] Diagnostico de la situación de las UBPC del Valle del Yabú. Equipo Multidisciplinario de la UCLV. mayo/94. De aquí en adelante toda referencia a las UBPC de dicho Valle procede de este informe.

[14] Ver: Reportes de N. Pérez, M. García y C. Torres. Autogestión y participación en las UBPC. mayo, 1994. EER de la Universidad de La Habana. En este trabajo se llega a demostrar que existe una dicotomía entre los motivos para el ingreso a las UBPC en nov. y dic. de 1993 durante el proceso de constitución donde predomina el motivo autonomía, y más tarde en marzo - abril del 1995 cuando ese valor deseado aparece como un ideal frustrado. También puede verse de las mismas autoras el reporte “Valoraciones sobre los motivos de integración y las expectativas iniciales en las UBPC”. Dic. de 1993

[15] El gran problema que hizo disfuncional a las UBPC del Valle del Yabú fue precisamente este enfoque en el proceso de constitución

[16] Ver: “Una aproximación al problema de la fuerza de trabajo de las UBPC". EER Op. cit.

[17] Ver: caso especifico de Villa Clara en “Contradicciones en el sector agrícola no estatal (...)”. Op. Cit.

[18] "Promocionar la formación de cooperativas de producción familiar y vecinal (...)”, en Informe Científico Resumen del II Taller Provincial sobre Cooperativismo. Op. Cit.

[19] Los datos del sector UBPC del MINAZ de Villa Clara son francamente alarmantes: solo el 15% de los administradores son técnicos y apretadamente suman un 10 % del total de los miembros de las Juntas de Administración.

Delegación Provincial del MINAZ. Informe verbal.

[20] Este mismo fenómeno está presente entre las CPA, luego que a principios de los ochenta se extendiera el proceso de fusión de cooperativas pequeñas. Los estudios realizados por el Grupo de Cooperativismo de la UCLV adelantaron la tesis hacia 1985 de que era imprescindible un redimensionamiento de las CPA. El II Taller Científico en mayo de 1991 subrayó de nuevo la idea de que el tamaño de las CPA requiere una revalorización integral para la toma de múltiples decisiones derivadas. Debe cesar la práctica que juzga la gran economía agraria solo por la dimensión de tierra y no por la eficacia productiva y según los distintos rubros.". II Taller... Op. Cit.

[21] Las investigaciones realizadas en el Valle del Yabú y los estudios de casos realizados por el Equipo de Estudios Rurales de la Facultad de Sociología de la Universidad de La Habana validan la tesis acerca de la falta de autonomía así como sus efectos negativos.

[22] "La mayoría de las empresas han comenzado a actuar con métodos de gestión centralizada y en general vertical, lo que tiene un impacto enorme sobre los intereses de los obreros de las UBPC, que en los momentos actuales repercute en las necesidades básicas de su familia, en su capacidad participativa y en su estabilidad dentro de la Unidad". Rojas, N. y otros en “Autogestión y participación en las UBPC". Op. Cit. Ver: Rodríguez Calderón, M. en Bohemia.

Relaciones UBPC - Estado

¨ Especialización agropecuaria

I. I- TIPO SOCIALISTA