LA AGRICULTURA EN EL NUEVO ESQUEMA ECONÓMICO

Influencia del neoliberalismo en la dialéctica del campesinado

Irma Lorena Acosta Reveles

TERCER CAPÍTULO

EL CAMPESINADO EN MÉXICO, 1982 - 2000

LA AGRICULTURA EN EL NUEVO ESQUEMA ECONÓMICO
Así como la adopción de la forma de crecimiento absoluto en México debe apreciarse a partir de la dinámica y momento por el que atraviesa la acumulación de capital en los países que integran el centro del sistema y de sus objetivos geopolíticos; igualmente, el contenido de la política sectorial adquiere su sentido real en el contexto del proyecto económico en su conjunto.
Podríamos decir que en lo general son válidas para el sector las intenciones generales del nuevo patrón de crecimiento, sus estrategias y la ampliación de espacios para los que habrían de ser los agentes del cambio. Lo mismo que el resto del aparato productivo, los productores del campo fueron convocado a regirse por criterios de productividad, eficiencia y ventajas competitivas 1; y someterse a una profunda reconversión productiva comandada por el sector privado, de origen nacional o externo.
Visto más de cerca, tenemos que las tendencias en que se perfilan en los circuitos comerciales y financieros de la región al término de los setentas apuntan a la asignación de nuevas funciones para las economías nacionales; y acorde a ello, al México rural le ha correspondido en las últimas décadas la tarea de proveer productos agropecuarios de consumo final y materias primas exportables a precios decrecientes, destinadas éstas últimas principalmente a las grandes agroindustrias norteamericanas ubicadas en cualquier parte del mundo, de ahí que se haya insistido en potenciar las áreas ligadas a la producción de alimentos e insumos exportables sólo si son competitivas o tienen capacidad para llegar a serlo. 2
Si el grueso de la producción exportable se ha encomendado a la iniciativa privada es porque se confía en que nadie mejor que ésta para administrar, especializarse, introducir innovaciones, reducir costos y flexibilizar su estructura productiva para responder con eficacia a las exigencias de un comercio mundial dinámico.
Las políticas de ajuste y estabilización macroeconómica han tenido desde sus primeros años de aplicación un profundo impacto en el medio rural y en la producción sectorial; especialmente porque el dinamismo y la rentabilidad del agro registraban tiempo atrás –desde los primeros años de los sesentas- tendencias decrecientes; su impacto también ha sido negativo sobre los ingresos y el nivel de vida de la gran mayoría de los productores.
Como se muestra en la gráfica 1, es característica de las dos últimas décadas el deterioro de la participación sectorial en el producto interno bruto, y esto queda de manifiesto en la escasa participación de los bienes agropecuarios en el valor global de las exportaciones. En 1980 el sector agropecuario generaba divisas en una proporción de 8.4% del monto total de las ventas al exterior, para el año 2000 su participación es apenas del 2.4%. 3

Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Del Valle, María del Carmen y Solleiro, José Luis (coords.). 1996. El cambio tecnológico en la agricultura y las agroindustrias en México, Ed. S. XXI. México, p. 58; y de CEPAL, 2001. Información básica del sector agropecuario, Subregión norte de América Latina y el Caribe 1980-2000. México.

En el caso de la política cambiaria, la devaluación del peso pudo beneficiar en la primera mitad de los ochentas a algunos cultivos de exportación como frutas y legumbres al colocarlos a precios competitivos en el mercado externo, pero esta ventaja se desvanece con la apreciación del tipo de cambio, y sobre todo en condiciones de sobrevaluación, como ocurrió hasta 1994.
La balanza comercial global registró efectivamente en los primeros cinco años del ajuste un superávit, estrechamente vinculado al valor del peso; y aun así, en el rubro agropecuario la tendencia deficitaria sólo se ha roto en coyunturas excepcionales, como en los años 86 y 87, como consecuencia de la crisis de sobreproducción de granos básicos que imperaba en el mercado mundial, o alrededor de 1995, en razón de la caída en las reservas internacionales agroalimentarias como resultado de malos años agrícolas (ver gráfica número 2).

Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CEPAL, 2001. Op. Cit.

En cuanto a la inflación, desde l982 los incrementos a los precios agrícolas han sido menores que el conjunto de los precios al consumidor, lo que se explica por la política de control de precios de los bienes-salario y materia prima: en la primera década del ajuste, mientras los precios de los productos industriales subieron en aproximadamente 37%, los precios de los principales productos del campo caen en un 40% 4 y a partir de la última década se han dado incrementos de más de cien por ciento en algunos insumos agrícolas como abonos (sulfato de amonio, urea, nitrato de amonio, superfosfato de calcio) plaguicidas, diesel, gasolina, aceites y lubricantes, así como en maquinaria e implementos agrícolas.
El alto precio del dinero contribuyó al estancamiento de la producción nacional y del sector, sobre todo en los primeros años de las reformas. Con el mercado interno deprimido -por efecto de las políticas recesivas, de la contracción salarial y del empleo- la demanda de productos primarios era satisfecha con crecientes importaciones.
La proporción del presupuesto público destinado al agro además de contraerse cada año, modifica su destino, y de ello se han beneficiado los productores más rentables; también los apoyos han perdido eficacia, pues tratándose de granos básicos y oleaginosas, se diluye entre gran cantidad de productores.
Como se observa en la gráfica 3, el gasto programable en desarrollo rural respecto al gasto total entre 1980 y 2000 disminuye en 60%, restringiendo la participación pública especialmente en los rubros de subsidios a insumos y servicios, créditos preferenciales, inversión e investigación científica.

Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia en base a información de la CEPAL, 2001. Op. Cit.

Sobre este último aspecto, es pertinente resaltar que años atrás el mejoramiento de las variedades vegetales fue en gran medida responsabilidad del Estado, el desarrollo de tecnologías estaba a cargo de una institución de investigación agrícola de carácter público, y el material producido era difundido como bien público. En la actualidad los materiales genéticos se consideran patrimonio privado, y como tal restringido; y se difunden de acuerdo a los criterios de rentabilidad de las trasnacionales en función de las sus objetivos y estrategias de mercado.
En principio como parte del recorte presupuestal y de los fines de reestructuración productiva, y en adelante, debido a los compromisos comerciales con la comunidad internacional, se acordó disminuir los subsidios agrícolas en el corto plazo, especialmente en los granos básicos, bajo el argumento de que un soporte institucional -por mínimo que sea- a los precios y la reducción artificial de los costos de producción son negativos en el largo plazo para la sana competencia. En esta óptica, desde el sexenio de Carlos Salinas se impulsó el desmantelamiento y en otros casos la privatización de organismos que habían estado apoyando en la provisión de fertilizantes, plaguicidas, semilla mejorada, y otros insumos y servicios a precios menores al costo de mercado; gradualmente se fueron retirando también los subsidios en agua para riego y en tarifas de energía eléctrica.
Por ahora y desde 1993 el subsidio más importante por su cobertura nacional –y virtualmente el único que recibe el productor-, es el Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO), proyectado a operar durante 15 años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. Se diseñó como pago compensatorio a la reducción de los ingresos del productor que resultaría de la apertura comercial, la cantidad que recibe cada ciclo agrícola depende sólo del número de hectáreas cultivadas con variedades de maíz, frijol, trigo, arroz, soya, sorgo, cebada, cártamo y algodón, y se va ajustando por semestre.
En teoría una parte de dicho subsidio debería canalizarse a la reconversión productiva de la parcela de tal manera que los productores se definan por los cultivos de mejores rendimientos; la otra parte del apoyo serviría para subsanar las diferencias en la comercialización de básicos agrícolas.
En lo relativo a los subsidios en la etapa de acopio y mercadeo, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) comenzó a inhibir su desempeño desde los primeros ochentas, captando un menor volumen de productos agrícolas, excepto en el caso del maíz; pero todavía en l989 apoyada en sus filiales cubrían actividades de compra, almacenamiento, transporte, transformación y venta al menudeo. Su retiro del mercado hasta su reciente liquidación han generado la ruptura de los canales de distribución y la incertidumbre sobre el destino de las cosechas, especialmente entre los productores de menor escala.
Desde 1993 ASERCA, (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agrícola) tiene como función básica respaldar en la comercialización de productos que oficialmente se consideran vulnerables a la competencia abierta, y opera a partir de un sistema de pagos compensatorios en el caso de algunos granos básicos y oleaginosas (como sorgo, soya, arroz, trigo) cuyos precios han sido totalmente liberados u homologados a los precios internacionales. Parte de calcular los precios de indiferencia –precios internacionales mas costos de importación-, y asigna un monto diferente para cada cultivo, destinado a subsanar la reducción de los ingresos del productor. Su cobertura sin embargo es limitada y tiende a favorecer a las zonas más desarrolladas del país, dejando fuera a una gran parte de los pequeños productores.
Respecto a los subsidios en el precio del dinero tenemos que la banca de desarrollo no se ha desmantelado, pero sí ha cambiado radicalmente sus criterios de operación.
El Banco de Crédito Rural (BANRURAL) fue por tradición la instancia responsable del financiar al agro con tasas de interés preferentes y de manera generalizada, pero desde 1989 da un giro radical en su política de financiamiento. Los productores serían sujetos de crédito de diferentes instituciones, a partir de: a) su capacidad para participar de manera competitiva en las exportaciones; b) el potencial para cumplir con este objetivo; o c) su condición de productores marginales y de bajos ingresos.
Los primeros serían financiados por la banca comercial, el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), entre otras instancias públicas y privadas que operan con rigurosos criterios de selección de beneficiarios y se concentran en los proyectos agropecuarios o agroindustriales con amplios márgenes de seguridad y utilidad. Los segundos para ser atendidos por BANRURAL Y FIRA principalmente, apoyados en recursos del Banco de México. Y para los terceros se destinarían recursos de los programas de corte social, como el Fondo Nacional de Empresas Sociales (FONAES) y los Fondos Estatales para la Reconversión Productiva.
Bajo esta reasignación de la cartera de clientes, y observando las altas tasas de interés –en comparación con sus referentes internacionales-, resulta claro que el manejo del financiamiento ha pasado a ser un instrumento más para descartar a los productores incompetentes de toda posibilidad de capitalizar sus unidades, concentrando los recursos en los productores más prósperos para apoyar la reconversión de cultivos y/o potenciar el uso del suelo para fines ganaderos.
Como se observa en el cuadro 1, para el año 2000 el financiamiento destinado al agro representó tan sólo el 4% de la cartera de crédito total, cuando a principios de la década de los ochentas superaba el 14%; 5 y como resultado de la reestructuración y privatización del sistema bancario, a lo largo del la última década el sector privado ha ganado presencia en el crédito total y agropecuario a costa de la participación de la banca de desarrollo. Como se sabe, los bancos extranjeros ya se ocupan de más del 90% del sistema bancario que opera en el país, a pesar de que es reciente su acceso en este renglón (data de 1994) por lo que actualmente controlan el sistema de pagos y deciden acerca del destino y magnitud de los recursos productivos. No obstante esta circunstancia y el rígido control de las tasas de interés en los últimos años, la actividad financiera sigue deprimida y la economía nacional no ha podido revitalizarse.

Cuadro 1
Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL, 2001. Op. Cit.

En cuanto al seguro agrícola, lo mismo que los servicios financieros está en manos de la iniciativa privada, y el acceso que los productores puedan tener a este beneficio depende ahora de su solvencia para contratarlo, lo que deberá a sumarse por supuesto a los costos de producción.
Respecto a la apertura financiera, las medidas destinadas a incentivar las inversiones involucran desde luego al agro, y podemos mencionar como ejemplo el alejamiento del Estado respecto a la producción especializada de tabaco, café y algodón; la privatización de los ingenios azucareros y FERTIMEX, así como la liquidación de CONASUPO y los organismos que complementaban sus funciones. También está el caso de PRONASE (Productora Nacional de Semillas) que redujo sus actividades concentrándose en algunos cultivos básicos y se puso en venta sin éxito. Al contraerse la participación del Estado como propietario y empresario, se generan simultáneamente espacios de ganancia para los sectores privados cediéndoles la oportunidad de proporcionar esos servicios y productos bajo sus propios criterios y condiciones; el caso de los servicios financieros –crédito y seguro- es representativo.
En el esquema vigente, desregular el acceso de los flujos financieros a la planta productiva nacional tiene sentido porque la transformación estructural ha sido encomendada a los particulares que reclaman espacios y garantías para operar. Esto ha llevado a limitar el control e intervención del sector público en la asignación de recursos de capital, puesto que las operaciones financieras en México estuvieron antes sometidas a estricto control administrativo, como por ejemplo, fijar límites al crecimiento del crédito e incidir en su distribución mediante cuotas de inversión obligatorias.
En esencia, el fuerte impulso que precisa el sistema capitalista se ha buscado por diferentes vías, pero sobre todo a partir de la reducción de costos que es posible gracias al intenso proceso de incorporación tecnológica con los ajustes que ello implica en las relaciones de producción 6; agilizando la reubicación y si es preciso la segmentación de los procesos productivos hacia zonas que mejores oportunidades brinden a la extracción de plusvalor; y la reestructuración del sistema de intercambios tradicionales y del avance sobre nuevas áreas de influencia. Concentrarse en la competitividad sin sacrificar la ganancia puede ser posible a través de un desplazamiento más rápido y efectivo de las inversiones.
La fase expansiva del sistema capitalista con las particularidades que adquiere en las últimas décadas, es en alto grado libertad en los circuitos financieros; los medios informáticos y la telecomunicación propios de la tercera revolución científico-tecnológica lo han hecho posible, como también han hecho posible el incremento extraordinario de los movimientos de capitales sin compromisos de arraigo de largo plazo, y ávidos de oportunidades lucrativas –lo que constituye sin duda su motivación intrínseca-.
Para lograr el afluente de capitales que la reconversión productiva del campo requiere se ha trabajado desde diferentes frentes: Desde 1989, cuando se promulgó el Reglamento a la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, el acceso del capital al campo ha sido libre, y como tal se ha promocionado en el exterior por nuestras autoridades; a partir de 1992 pueden incluso instalarse en la propiedad ejidal o comunal. Las condiciones macroeconómicas de estabilidad y equilibrio presupuestal, oferta abundante de trabajo barato, un tipo de cambio relativamente estable, recursos naturales disponibles para su aprovechamiento, tolerancia en normas de protección ambiental, ventajas fiscales y burocráticas, y garantías legales entre otros factores, han hecho del país prácticamente una zona franca para los inversionistas.
Sin embargo estos incentivos no han sido suficientes para estimular la expansión del sector, ni siquiera lo han sido para otras actividades de la esfera productiva, puesto que también se ha desregulado el tráfico de capitales especulativos; el manejo de las tasas de interés tampoco ha sido congruente en el propósito de canalizar las inversiones al sector y sí han provocado por el contrario que nuestro país sea considerado hoy como uno de los mercados emergentes con mayor atractivo por las facilidades y ventajas que ofrece a la estancia de los capitales de cartera, a través del mercado de valores.
Por cuanto a las inversiones productivas, tanto nacionales como extranjeras, han preferido ubicarse en actividades con mayores márgenes de utilidad, como es el caso de las empresas recientemente privatizadas y concesionadas, o bien en aquellas que implican menores riesgos, ya sea por sus nexos con las empresas trasnacionales o por los amplios márgenes de utilidad media que los caracteriza. Son los casos de la industria automotriz, la maquila, y el turismo.
En el campo mexicano la rentabilidad ha seguido por décadas una tendencia decreciente, lo que puede atribuirse a infinidad de factores que nos llevarían a revisar las limitaciones originales de la acumulación de capital en el sector, y el rezago estructural que en términos de asimilación de innovaciones técnicas y tecnológicas lo caracteriza. También hay que subrayar que la naturaleza de estas actividades, incluso en condiciones controladas es más vulnerable que en otras áreas 7. Estas circunstancias sumadas al hecho de que el mercado mundial de productos agroalimentarios se encuentra saturado por la oferta proveniente de países que subsidian en extremo a sus productores, incorporan tecnología de punta y controlan el nivel de precios, explica que por lo general los inversionistas no sean atraídos al sector.
En cuanto a la liberación del comercio interno, ya anotamos algunas de las medidas que se tomaron para eliminar los efectos que la intervención pública tuvo por décadas sobre el mercado alimentario: Casi suprimir la inversión pública, la investigación y difusión de tecnologías, recorte de subsidios a la producción, y a los servicios financieros, apoyos en extensionismo, etc. Todo lo cual se traducía en costos relativamente bajos que hicieron posible la participación masiva de los productores del campo en el mercado.
Estuvieron también, desde la década de los cincuenta los precios de garantía y una serie de instituciones que captaban los productos para llevarlos sin costo a su destino final; de hecho a partir de 1989 sólo conservan precio de garantía el maíz y el frijol; en adelante el trigo, arroz, soya, copra, cebada sorgo, cártamo ajonjolí, semilla de algodón y semilla de girasol se rigen por precios de concertación que se fijan con referencia al precio internacional más el costo de comercialización (almacenamiento, transporte, impuestos, etc.).
En lo relativo al comercio exterior agrícola, las necesidades de abasto interno determinaron que desde 1966 las importaciones alimentarias hayan sido una constante en la balanza comercial, pero hasta 1986, en que México se adhiere al GATT toda importación de este tipo debía contar con permiso previo de importación, y estaba sujeto a aranceles que iban desde el 27 hasta el 100% ad valorem. A partir de entonces la mayoría de los productos no requiere ese permiso, y para los que lo conservan se presenta un calendario de reducción escalonada de aranceles a 4 años. Ese fue el compromiso externo, pero desde 1987 se avanza en la desgravación mucho más allá de lo comprometido, llegando a 1989 con aranceles medios de 3.5%. 8
Lo anterior opera respecto a la comunidad internacional que forma parte del GATT, actualmente Organización Mundial de Comercio (OMC), y que a la fecha incluye más de 125 países. En el marco de este acuerdo desde 1995 los precios de los granos básicos se equiparan con los valores internacionales, puesto que sus miembros se pronunciaron por eliminar todo tipo de regulaciones unilaterales y arbitrarias
Desde la entrada en vigor del TLC y para los países que participan en éste, desaparecen todas las barreras no arancelarias para los productos del agro, y se sustituyen por un sistema que combina cuotas máximas de importación con aranceles para las cantidades excedentes. Se conviene que las cuotas tiendan a crecer mientras los aranceles se van ajustando a la baja, el plazo mayor de protección será para los productores más sensibles y al cabo de quince años no deberá haber aranceles a las importaciones ni subsidios a la producción. Pero al margen de estos acuerdos, podría decirse que los productos agropecuarios están expuestos al mercado libre desde 1990 de manera unilateral y generalizada, dejando a los productores rurales a su suerte confiando en que se realizará de forma espontánea un proceso de selección natural.
La premura del gobierno mexicano por eliminar el proteccionismo, se explica mejor si se observa la evolución del mercado mundial agroalimentario a lo largo de las dos últimas décadas.
Estados Unidos había logrado para 1980 como el líder en la producción y exportación de granos, abasteciendo virtualmente la demanda mundial de maíz amarillo, sorgo, soya y trigo; posición que pudo conquistar aprovechando coyunturas nacionales de los países demandantes, el retroceso que en materia de políticas de autosuficiencia alimentaria se registró a nivel internacional desde los setentas, la difusión de un modelo alimentario cárnico que demandaba cantidades crecientes de forrajes y sobre todo, aplicándose internamente al estímulo de la producción a través de mecanismos como subsidios, crecientes recursos para la investigación, difusión de tecnologías, altos precios al consumidor, etc. Precisamente todo aquello que se ha venido manejando como nocivo para la libre competencia.
Hacia 1981 este país llega a la cumbre, y sigue empeñando crecientes recursos a consolidarse por la vía del aumento de la productividad. En tanto los excedentes mundiales aumentaban se registra una inesperada contracción de la demanda atribuible en gran parte a la recesión internacional y a la falta de liquidez por la crisis de la deuda en los países subdesarrollados. De 1982 a 1984 el alto valor del dólar castiga la competitividad norteamericana, facilitando la incorporación del trigo europeo a los mercados internacionales y cediendo espacios a otros competidores atraídos por la rentabilidad del negocio. Ocurre también que Estados Unidos pierde a su mayor comprador al castigar a la URSS con un embargo en represalia a la invasión de Afganistán, lo supieron aprovechar proveedores alternativos como Argentina, Canadá y Francia. Se incorporan adicionalmente a la competencia Australia, Tailandia, Sudáfrica y China. Incluso Brasil y Argentina, beneficiados en este caso por fuertes devaluaciones, lograron posicionarse en el mercado a pesar de sus políticas de austeridad.
El impacto para Estados Unidos fue rotundo por el hecho de que Asia, Europa del Este, Australia y Europa Occidental, habían sido sus más importantes compradores. De los nuevos oferentes, la Comunidad Económica Europea aparece como la más amenazante (en maíz y trigo), productora excedentaria gracias a las políticas de subsidio, precios de garantía, proteccionismo, y la prioridad que se ha dado al autoabasto en esa región así como al mecanismo de preferencia comunitaria.
Para 1986 la crisis de sobreproducción lleva los precios internacionales a sus niveles más bajos en los últimos 20 años (entre 30 y 70%), desde entonces y hasta 1993 el mercado maicero permaneció deprimido. El gobierno norteamericano no pudo manejar la situación, el valor del dólar había ascendido 40% en los últimos seis años con un impacto negativo en sus precios y en la tasa de interés, a ello contribuyó también la política monetaria orientada a controlar la inflación. Los embargos que había realizado lo evidenciaban como un proveedor poco confiable y Japón por ejemplo, acude a Brasil para las compras de soya. Al respecto Magda Fritscher anota que “Las consecuencias internas fueron devastadoras, la tierra perdió valor, la deuda agraria superó los 1200 mil millones de dólares, los bancos agrícolas quebraron arrastrando a sus crisis también a las industrias ligadas al agro...” 9
No es casual entonces que desde 1985 (como parte integral de la “Food Segurity Act”) este país haya asumido como política otorgar préstamos destinados a la compra de alimentos, ampliar créditos a los países importadores, y afianzar los subsidios a sus productores; hoy se reconocen estas medidas en la comunidad internacional como parte de una agresiva estrategia para ampliar mercados, recuperar los perdidos y potenciar los existentes. En este contexto se inscribe su iniciativa por liberalizar la agricultura en la Ronda Uruguay del GATT en 1986, política que luego demostraría no tener disposición alguna de aplicar internamente, los ajustes en el valor del dólar a partir de ese año, el establecimiento de fuertes lazos comerciales con América Latina por conducto de México vía el TLC, y posteriormente sus constantes enfrentamientos con la CEE y Japón en el seno de la OMC.
El conjunto de estas medidas ha rendido sus frutos puesto que conserva su hegemonía en la oferta mundial de granos; el mercado latinoamericano ha sido fundamental en este objetivo aun cuando haya significado desmantelar la producción nativa y afianzar la dependencia alimentaria. Para 1993 el Sudeste Asiático (incluido Japón) es el principal mercado norteamericano, seguido por Canadá y México. 10
Antes de concluir, no podemos dejar de anotar otro aspecto básico en el proceso de liberalización y desregulación de la actividad agropecuaria, se trata de la flexibilidad con que actualmente se rige el mercado de tierras.
Como parte de las acciones encaminadas a la reconversión productiva, las reformas Constitucionales de 1992 en materia agraria, han hecho posible que la propiedad social (poco más del 50% del territorio nacional) participe en la circulación mercantil. Los ejidatarios y comuneros, individualmente o en forma colectiva, pueden ahora disponer de sus derechos parcelarios libremente y en cualquier momento; o pueden optar, si lo prefieren por adoptar el dominio pleno, es decir, transformarse en propietarios privados. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) concebido para regularizar la situación jurídica de los propietarios ejidales y comunales, ha contribuido a facilitar las transacciones económicas de bienes rústicos.
Las normas legales de índole proteccionista que sirvieron durante décadas para arraigar al productor a su comunidad -puesto que establecían como condición para conservar sus derechos la explotación permanente-, fueron apreciadas por las autoridades como obstáculo en el propósito de capitalizar el sector, ya que imponían límites a las iniciativas individuales tanto de los propios productores como de aquellos que desde fuera estuvieran interesados en acceder a la tierra o a su aprovechamiento.
Con las nuevas disposiciones está abierto el camino a las empresas de origen nacional o extranjero interesadas en captar grandes extensiones de tierra, en propiedad o usufructo. También pueden sin adquirir el suelo invertir en su explotación, acudiendo al amplio marco de opciones que ofrece la ley, puesto que no han quedado restricciones legales para la movilidad de los factores de la producción en el campo. Tampoco quedan prescripciones que limiten la transferencia de la propiedad o del usufructo de los productores menos aptos o con mayor necesidad, a los mas eficientes o acaudalados.
Así, la normatividad vigente tanto en tenencia de la tierra, en aguas, explotación ganadera, actividades forestales, inversiones, comercio exterior y competencia –por mencionar sólo algunas de las áreas reformadas- desde la perspectiva del Gobierno Federal, es la que más conviene para impulsar la capitalización del sector y la reconversión productiva en la expectativa de participar en el mercado mundial.

1. Este término suele ser usado para establecer la diferencia con las ventajas comparativas en su sentido clásico, y se trata de la posibilidad de generar condiciones de preeminencia a partir del factor tecnológico y de la gestión y administración empresarial, como por ejemplo la forma en que se combinan recursos, las alianzas estratégicas con otras empresas, proveedores o gobiernos, canales de distribución, interacción entre las diferentes unidades de un negocio, etc.
2. Nos referimos a las tendencias que resultan del proceso de reestructuración por el que atraviesa el sistema económico en su conjunto como resultado de la crisis del 74, y donde destacan las iniciativas de integración comercial, proveniente de Estados Unidos para el caso de América, y el interés de las empresas trasnacionales por la desagregación de los procesos productivos.
3. CEPAL, Op. Cit.. con datos de la SAGARPA. 2000
4. Índice de precios del sector agropecuario. Boletines Trimestrales de Información Económica del Banco de México. 1997 y 1998.
5. Para 2002 se prevé una participación cercana al 2.5% de acuerdo a la cartera de crédito vigente de acuerdo a las cifras del Banco de México. La Jornada. 5 de octubre 2002.
6. Un aspecto nodal de esta redefinición de la correlación de clases es la flexibilización de la fuerza de trabajo en un sentido cualitativamente distinto al que rige en la organización laboral de tipo taylorista-fordista, porque no se trata solo de uso intensivo de tecnología, sino de diseñar modalidades alternativas al empleo tradicional.
7. Es cierto que en el campo, como en otras actividades económicas la productividad y los resultados dependen cada vez más de la tecnología y menos de condiciones naturales, pero el riesgo sigue siendo superior. La Política Agrícola Común (PAC) europea reconociendo esta circunstancia prevé una serie de consideraciones para los productores y el manejo del mercado, en caso de contingencias.
8. Citado por Concheiro, Luciano et. al. 1999. “La globalización en algunos países de América Latina y sus efectos en el medio rural” en Revista Quórum núm. 66. fuente, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, México. p. 113.
9. Fritscher, Magda. 1993. “Las raíces del conflicto Agrícola mundial”, Revista Trabajo. México. p. 37.
10.Ib.