URUGUAY UN DESTINO INCIERTO
Jorge Otero Menéndez
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Cambio y Tropiezo
En julio de 1968 comienza a revertirse sensiblemente la tendencia de nuestro relacionamiento externo, estimulándose el subregional, en términos que no merecen en principio ninguna objeción. Se formaliza cuando el encuentro entre el presidente Jorge Pacheco Areco (1920-1998) y el jefe de Estado de facto argentino, general Juan Carlos Onganía (1914-1996)[i] llevado a cabo el día 8 de ese mes y año, en la denominada Declaración Conjunta que ambos suscribieron. A partir de allí se dispone, con buen criterio, la construcción de los puentes Fray Bentos- Puerto Unzué y Paysandú-Colón, la represa de Salto Grande (cuya concreción dio lugar a fuertes disputas dentro del partido de Gobierno en nuestro país por entender un sector del mismo que debiera continuarse con las centrales térmicas de generación eléctrica por lo barato del precio del petróleo – hombres que el tiempo mostró que gozaban de una oscura visión de futuro pese a ser sacerdotes del optimismo) y el intercambio de opiniones referidos al Estatuto a dársele al Río Uruguay.
Es con el general Roberto Levingston primero, reafirmado posteriormente con el teniente general Alejandro Lanusse (1918-1996), que se comienza a hablar de integración amplia entre los dos países y de la posibilidad de concesiones comerciales unilaterales por parte de Argentina, que permitieran revertir el déficit crónico de la poco importante balanza comercial entre nuestros dos países. Hasta aquí, en consecuencia, podría decirse que iba todo bien.
En julio de 1971 se concordó en la política que orientaría la relación comercial:
“a) que los procedimientos a utilizar aseguraran una efectiva reciprocidad de resultados, es decir que el país sólo asumiera compromisos de otorgar ventajas a los productos argentinos cuando hubiera obtenido beneficios previos de exportación y, además, que ello conllevase una gradual eliminación de los desequilibrios existentes;
b) que la apertura del mercado argentino fuera lo suficientemente amplia como para generar exportaciones uruguayas de importancia, no restringidas por excesivas especificaciones de productos;
c) que, por el contrario, las eventuales contrapartidas consistieran en ventajas para sectores seleccionados de Argentina que no afectasen a la industria instalada uruguaya ni a sus perspectivas futuras de desarrollo;
y
d) que se establecieran mecanismos que permitieran superar en forma eficiente y rápida los obstáculos imprevistos que afectasen los intercambios, sobre todo en lo que tenía que ver con la acción de la administración argentina.”[ii]
En el caso de Brasil, a poco de iniciarse las conversaciones, en 1974, destinadas a alcanzarse un acuerdo comercial en análogo sentido que orientaba el que se negociaba en esos momentos con la Argentina, su gobierno establece restricciones al ingreso de producción uruguaya, con el fin de aumentar su capacidad de negociación y ejercer presión sobre las autoridades de facto uruguayas, y obtener así, en beneficio de empresas brasileñas, la construcción de la represa hidroeléctrica de Palmar. Algo parecido a lo ocurrido cuando la negociación de la Deuda externa, a la salida (ambos países) de las dictaduras militares respectivas, o en la renovación de la flota de ómnibus de Montevideo.
Superados los creados inconvenientes se logró el acuerdo en la fecha señalada, el que fue firmado en la ciudad de Rivera, incluyéndose como límite de nuestras ventas, el porcentaje del 5% de la producción brasileña - que también constaba en lo convenido oportunamente con la Argentina referido a su propia producción.
En 1977, lo acordado se extendió a lo referente a las realizaciones correspondientes al denominado Proyecto Yaguarón – que ya tenía una antigüedad de una década, y al de aprovechamiento conjunto de la Laguna Merín.
Si bien lo establecido en el Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE) del 20 de agosto de 1974 y justo un año después con Brasil del Tratado de Amistad, Cooperación y Desarrollo y su incluido Protocolo de Expansión Comercial (PEC) permitió sortear momentáneamente algunos problemas, su éxito fue sobrevaluado, alentado por grupos económicos entre los cuales había aun sectores productivos sobrevivientes de la política de desindustrialización indiscriminada llevada a cabo por el régimen autoritario.
No obstante ello, se dio inicio a una corriente comercial más fructífera, que estuvo matizada sensiblemente por diversos inconvenientes y trabas burocráticas, las que verán repetirse luego, hasta nuestros días.
Asimismo, se profundizó, en los hechos, en el énfasis del conjunto financiero como vehículo del dinero sucio argentino (habilitado su “blanqueo” en Uruguay por la amplia libertad financiera – para la entrada y salida de capitales - aprobada por el gobierno de facto en 1974), producto de la evasión fiscal, el sistema de coimas y peculados de aquél país que tiene su origen casi en la fundación de Buenos Aires y en las precauciones de algunos sectores de la clase media argentina que, con esa actitud, manifestaba lo que se olvidaba en Uruguay: la inestabilidad crónica de su país.
Era difícil suponer y de hecho no ocurrió, que Uruguay se convirtiera en una plaza financiera no ya de alcance mundial – como algunos apocalípticos optimistas anunciaban, muchos de los cuales hoy aún inexplicablemente sobreviven - sino regional, dados no sólo los antecedentes sobre crisis bancarias de las cuales nuestro país tiene sobrada experiencia, sino por el propio régimen autoritario que la imponía, más allá de los límites de los regímenes financieros vigentes en casi todos partes y creados con el fin de evitar la presencia de lo que entonces ya se denominaban capitales golondrinas y que la intensificación de esa facilidad y la inflación los llevaron a ser designados “capitales de motel”.
Cierto que, cuando Uruguay decide declinar – en los hechos y por derecho - la posibilidad de tener una política exterior consistente más allá de la subregión, se encontraba en tal grado de postración su aparato productivo que probablemente fuera cierto que no existía tiempo para negociaciones de otra naturaleza con mercados estables y gobiernos equilibrados. Pero la cuestión es que esta política zonal no fue adoptada como provisoria o limitada a lo obtenido. Por el contrario, fue alentada cada vez con mayor énfasis una asociación que indefectiblemente debía culminar en un proceso de integración que no quedara circunscrito a lo estrictamente negociado, sino a otras facetas de la relación internacional. Tal como había sido expresado en los acuerdos entre Argentina y Brasil. Nuestro mérito – si hubo alguno – fue, como dijo en 1988 Gustavo Magariños, el de “subirnos al carro”.
Sería injusto no consignar algunos esfuerzos por abrir otros mercados diferentes al barrial. Pero esa política tenía más de complementaria de lo que se venía haciendo en el área, que de alternativa a la línea maestra adoptada o de superación de las limitaciones de ésta.
[i] Juan Carlos Onganía accede al poder al derrocar el ejército, del cual era comandante en jefe, al presidente constitucional Arturo Illía (1900-1983) quien se desempeño como jefe de Estado entre 1963 y 1966. Onganía fue derrocado a partir de un levantamiento social ocurrido en la ciudad de Córdoba (conocido como “el cordobazo”) siendo sustituido, en junio de 1970, por el Gral. Roberto Levingston – en medio de una profunda crisis financiera, económica y social . En marzo del año siguiente Levingston es sustituido por el Gral. Alejandro Lanusse – dentro del mismo marco político anterior. Con Onganía tiene lugar la primera experiencia de autoritarismo institucional militar, dos años después de haberse implementada en Brasil cuando el golpe de Estado contra el presidente constitucional, João Goulart.
[ii] Gustavo Magariños. Uruguay en el MERCOSUR. Fundación de Cultura Universitaria. 1991.
