URUGUAY
UN DESTINO INCIERTO
Jorge Otero Menéndez
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El Núcleo del Antibatllismo
Al iniciarse el período de gobierno de Herrera y Obes, tres hechos no podían pasar desapercibidos para cualquier observador por más desatento que éste estuviera: El primero fue la designación como secretario de la Presidencia de la República de Ángel Briand (1850-1923)[i], quien había sido durante el gobierno de Máximo Santos[ii] el jefe Político de Montevideo e, inmediatamente después, el apoyo de Herrera en el sector militar que había respaldado a Santos, y la realización de comicios fraudulentos[iii]. Representaba, de alguna manera, la búsqueda por reeditar en Uruguay las bases fundacionales de las instituciones argentinas... Así fue entendido entonces por un vasto sector de la opinión pública nacional, liderada, entre otros, por José Batlle y Ordónez.
Por eso no extrañó la posición que expuso Herrera y Obes en el Mensaje enviado con motivo de la inauguración del período legislativo, el 15 de febrero de 1893 – y debido a ello es que en ese momento se recordó lo que había ocurrido en Argentina desde antes de su creación definitiva: cuando las “tropeadas” de electores en los comicios porteños. Buenos Aires era mirado por no pocos – Batlle y Ordóñez entre los primeros – como el camino que no se debía recorrer. Ni hablar de un posible carro a subirnos en él... Esto sólo ocurrió en nuestro tiempo.
Sostuvo el presidente Herrera en la ocasión: “Es indudable que el Gobierno tiene y tendrá siempre y es necesario y conveniente que lo tenga, una poderosa y legítima influencia en la designación de los candidatos del partido gobernante[iv], y entonces de lo que puede acusársele es del buen o mal uso que haga de esa influencia directriz, pero no de que la ejerza, y mucho menos podrá decirse racionalmente que el ejercicio de esa facultad importe el despojo del derecho electoral de los ciudadanos.
Y es porque el cargo carece de fundamento, que los ataques son tan originalmente contradictorios, pues unas veces se acusa al Gobierno de que no ha intervenido con su influencia oficial para impedir que vengan á la representación nacional ciudadanos repudiados por la opinión pública, alegando entonces que lo único que puede atenuar los vicios inevitables de legalidad de la elección es la designación de las personas; y otras veces se le acusa de que haya hecho sentir su influencia moral en el sentido de las aspiraciones nacionales, alegando entonces que al Gobierno no le es permitido reparar en la legalidad ó ilegalidad de los procedimientos electorales, ni en la bondad ó maldad de los candidatos que á favor del fraude y cohecho puedan venir á la Representación Nacional.[v].”
Presidió la sesión de apertura del Tercer período de esa 17ª Legislatura, en que Julio Herrera expuso esa posición, el senador por Maldonado, Juan Idiarte Borda. Y faltó sin aviso al solemne acontecimiento que suponía la presencia en el salón de sesiones del Senado del presidente de la República y todos sus ministros, José Batlle y Ordóñez. Procedieron con la misma descortesía, entre otros diputados colorados, Juan Ramón Mendoza, Domingo Mendilaharzu, Ventura Enciso, Francisco Soca, Felipe Lacueva y Antonio Bachini, por entonces un firme demócrata, que los años y su vocación se encargaron de disipar a partir de su derrota en la Convención Colorada que consagra a Batlle y Ordóñez como el candidato del Partido para el ejercicio 1911-1915. Es Gabriel Terra, entonces, uno de sus escasos apoyos.
La influencia directriz, que sostenía en última instancia que los mejores representaran a todos, siendo él quien decidiese cuáles eran los preclaros beneficiarios del poder, instrumentaba su afán con una legislación electoral, la aprobada en 1893 precisamente, ejemplar en cuanto a la capacidad de manipulación de la voluntad del Cuerpo Electoral. Fue la ley de creación de un Registro Electoral por el que el Poder Ejecutivo decidía quienes eran electores. Una suerte de reaseguro de la actividad presidencial en ese mismo sentido, desde que por ésta última se resolvía la identidad de los elegidos. Será recién en 1898 que se reformará, siendo la aprobada una referencia para la que implementaría el presidente argentino Roque Sánez Peña en 1912, como cita en su momento El Día.
Este núcleo de la influencia directriz, fácilmente disntiguible del implícito en la denominada “influencia moral” – la ascendencia legítima, natural y, por lo tanto, no compulsiva de unas personas sobre otras – lo han confundido siempre quienes han querido mellar la obra de Batlle y Ordóñez[vi].
El pensamiento de Herrera será el núcleo ideológico de lo que desde ya se podía llamar el coloradismo retrógrado que aflorará en plenitud cuando José Batlle y Ordónez intenta culminar la despersonalización del poder suprimiendo la Presidencia de la República y consolidar el funcionamiento de los partidos políticos como agregadores sistémicos de las demandas de sus afiliados y simpatizantes. Desde aquél entonces, el pensamiento colorado antibatllista puede ser caracterizado como presidencialista-movimentista, desmovilizador de cualquier actividad partidaria orgánica y es funcional a un funcionamiento cupular, facilitador, al menos, de nuestras crisis.[vii]
[i] Ángel Briand fue jefe político de Montevideo del 4 de julio de 1884 al 20 de setiembre de 1886, es decir, quien ejecutó el decreto de julio del 84 por el cual fueron presos diversos directores de diarios ante la denuncia del ministro italiano en Uruguay Galletti Cambiagi por reproducir “soeces calumnias” de un artículo de El Diario de Buenos Aires. Ante dicha detención y el trato recibido en prisión, el cuerpo diplomático acreditado en Montevideo, entre ellos también el representante italiano, solicita la libertad de los detenidos. A tres días de su detención – el 20 de julio - son todos liberados menos Batlle y Ordóñez que permanece en prisión hasta el sábado 24 de julio de 1886. Con anterioridad, el juez del Castillo, quien atendía la causa, dejó constancia de haber existido mérito para su detención y castigo.
Con la Iglesia Católica Ángel Briand tampoco se llevaba bien, desde la ley de conventos. Siendo electo por Minas al fin del mandato de Herrera, cumplió la funciones de secretario de la Presidencia de Juan Idiarte Borda (1894-1897). Las acusaciones que en su momento recayeron sobre su persona con motivo de su participación en los hechos que enmarcaron la muerte del ex teniente Gregorio Saturnino Ortiz fueron desmentidos posteriormente por Tajes. El teniente Ortiz se suicidó en agosto de 1886 luego de atentar contra la vida de Santos, en las afueras del teatro Cibils, ubicado éste en Piedras y Treinta y Tres. Descendía Ortiz de un miembro de la Cruzada Libertadora de 1825 según declaró él mismo en carta que le envió a José Batlle y Ordóñez.
[ii] Las denuncias formuladas por Batlle y Ordóñez contra el dictador fueron numerosas. Queremos ahora recordar la que sucedió a la advertencia que recibiera del diario oficialista La Nación, el cual había escrito:” La propaganda de la canalla de El Día les puede costar cara, porque no siempre se está con el ánimo de soportarla”. Batlle y Ordóñez, ignorando la amenaza - lo que no era poca cosa desde que se desempeñaba como jefe Político de Montevideo Ángel Briand -, el viernes 9 de julio de 1886 señaló en un artículo titulado Lujo y Miseria:” Don Máximo Santos vive en la opulencia aunque jamás ha figurado como industrial ni como comerciante, ni se sabe que haya recibido herencias ni legado alguno; no obstante ha administrado durante largos años los dineros del pueblo y es rico, poderoso, con una fortuna a lo Craso, que sabe ostentar a lo Nabab”.
[iii] En este sentido, es de recordar la elección de senador por Minas (por colegio electoral), en la cual por un hecho totalmente baladí fueron detenidos electores y convocados sus suplentes, quienes sufragaron por el candidato del herrerismo, resultando éste finalmente electo. El incidente que dio lugar a la detención de uno de los electores fue llamado “del café frío”.
[iv] Debe tenerse presente que un sector importante del nacionalismo se abstenía – en actitud casi permanente, que se alternaba con la insurreccional -, como iba a hacerlo más tarde, en el mismo régimen político, parte sustancial del Partido Colorado.
[v] Agrega a continuación Herrera: “ (...) La aspiración suprema del Poder Ejecutivo en este momento es, que en la Legislatura venidera se encuentre fielmente expresada la opinión nacional, así en sus diversos matices políticos como en la persona de los ciudadanos más dignos por su ilustración y honradez de representar al país. La cuestión era que el propio Julio Herrera buscaba ser el elector...
[vi] Es la afanosamente buscada confusión entre ambas influencias vemos inscriptos algunos historiadores. Asimismo, es reiteradamente señalada – la confusión - en los infructuosos pero comprensible esfuerzos literarios de Carlos Manini en pos de la reivindicación del quehacer político de su poadre, Pedro Manini Ríos.
[vii] Más adelante abordaremos algunos de los instrumentos que, sugerimos, estabilizan nuestro régimen político observando lo acontecido en un contexto de crisis política y de adversidades provenientes del exterior.
