URUGUAY
UN DESTINO INCIERTO
Jorge Otero Menéndez
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La Buena Intención no Alcanza
Al gabinete de Lorenzo Batlle se sumará inicialmente el hermano de José Cándido Bustamante[1], Pedro Bustamante[2] (1824-1891), hombre de gran personalidad y prestigio intelectual, que deberá renunciar pocos meses después de asumir, cuando la primera crisis política en la que incide el problema bancario, originalmente importado y nunca bien resuelto.
Se produce, a poco, el levantamiento del coronel Máximo Pérez, el cual se manifestó en armas en favor de la continuidad de la suspensión de la convertibilidad de los billetes por el oro en el que se encontraban respaldados. Posición que pudo ser estimulada[i] por el barón de Mauá, propietario de cerca de 200 mil hectáreas en los departamentos de Soriano y Paysandú y principal interesado en la continuación del régimen de inconvertibilidad. Esto es, en palabras actuales: un corralón “aurífero”.
Por ese entonces el barón de Mauá, que había visto su Banco asaltado por los tenedores de billetes que buscaban la realización de los mismos en oro, venía sosteniendo una fuerte polémica – a través de la prensa, entre otras vías - con el ministro de Hacienda Pedro Bustamante y con Tomás Villalba, respecto a la inconvertibilidad, la condición del banco de primer acreedor del Estado y el futuro del sistema financiero.
En términos presentes se podría decir que el enfrentamiento de opiniones residía, en una de sus principales vertientes, en si los Bancos afectados por la crisis debían ser capitalizados o asegurarse liquidez al sistema financiero y productivo del país. La consecuencia de la misma fue una serie de medidas adoptadas por el gobierno que no mantuvo coherencia con ninguna de las posiciones en pugna.
El caso del “oro”, que funge entonces las veces del “dólar” en la actualidad, muestra qué poco se ha aprendido de las crisis en la marcha del interés de la gente común
Quien fue comisario de Bancos del gobierno de Flores, Tomás Villalba[ii], que había sido - ya lo señalamos - ministro de Bernardo Berro y desempeñara puestos de relieve en el gobierno del Cerrito, reconocido por todos como un hombre honesto y sincero, sostenía la más pura ortodoxia en la materia – yendo sin saberlo a buscar trasladar la ausencia de gobierno en el plano político a la vida económica del país. Ateniéndonos a lo consignado por Eduardo Acevedo[3], expresó Villalba: “El régimen bancario vigente responde a las costumbres y necesidades de nuestro país. Lo demuestra el desarrollo tranquilo y feliz del comercio, la marcha regular de los bancos, el alto crédito de que han gozado y los beneficios que han derramado mientras la autoridades públicas no vinieron con sus decretos de inconversión a poner a prueba la estabilidad del sistema y los grandes intereses que debían considerarse seguros al amparo de la ley. Es, pues, contra esa acción deletérrea, contra la influencia y poder de los gobiernos, que deben buscarse garantías, a fin de prevenir los abusos en que pueda reincidirse. La historia de todos los países esta ahí para demostrar que ningún establecimiento de emisión, en relaciones intensas con el Gobierno, ha podido escapar al desastre sin recibir una eficaz protección, sólo realizable a expensas de la libertad bancaria, del principio de la convertibilidad y de los intereses económicos del país. Los abusos que lamentamos actualmente no han sido producidos por nuestro sistema bancario, sino por actos de fuerza de la autoridad pública, que para poderlos cometer ha empezado por violar la ley orgánica vigente.
En 1854 se trató de fundar un Banco Nacional por acciones, y aunque los estatutos fueron aprobados, el plan fracasó y el país se vio libre de semejante calamidad. Mas tarde se fundó una compañía que gozaba de absoluta libertad y que emitía billetes convertibles que inspiraban al publico una gran confianza digna de la institución emisora. Pero es el Banco Mauá el verdadero introductor del sistema bancario que hoy tenemos. Su establecimiento fundado en 1857, adquirió merecido crédito, sobre todo una vez que se supo que su primer gerente había sido destituido a causa de un préstamo hecho al Gobierno durante un movimiento revolucionario. La educación bancaria se generalizó luego por intermedio del Banco Comercial y del Banco de Londres y Río de la Plata. Desde entonces tenemos la pluralidad de bancos, la conversión en metálico, la relación de uno por tres, es decir, el mismo sistema que hoy rige, sin que ningún incidente pusiera en tela de juicio la absoluta seguridad de los caudales. Más tarde recurrió el Gobierno a un empréstito forzoso a los Bancos Mauá y Comercial, que dio lugar al primer decreto de inconversión. Vuelto el país al régimen normal, el Banco Mauá abrió su nuevo crédito ilimitado a las administraciones publicas y comprometió en pocos meses su brillante situación, trasladando a las arcas del Estado casi la mitad de su capital. ¿Por qué se hizo esto? Por el mismo motivo que antes, o sea porque se contaba con la forzosa protección del principal deudor del establecimiento. El mismo deudor necesitaba además un crecido suplemento de fondos, que solo se podía obtenerse mediante el curso forzoso. A los tres meses quedó restablecida normalidad, surgiendo en 1863 la necesidad de nuevas emisiones de deuda, con afectación de una de las principales rentas. Pero apenas terminada esta crisis, sobrevino el tercer decreto de curso forzoso, medida inexplicable e inexplicada que dio lugar a que varios especuladores de oro atacaran simultáneamente los depósitos de los bancos, conquistando en pocos días grandes logros”.
Véase ahora – a – agrega Acevedo en la citada obra - cuáles eran las medidas que proponía el señor Villalba para evitar la repetición de la crisis: que el Gobierno no pudiera tener cuenta corriente en ningún Banco, sin expresa autorización legislativa y con designación expresa del establecimiento bancario; que en ningún caso pudiera resultar a fin de año un descubierto que excediera de $ 200,000; que ese descubierto fuera saldado con rentas o, en su defecto con letras de Tesorería pagaderas con los recursos del ejercicio subsiguiente; que el Tesoro público no quedara obligado al pago de lo que excediera de ese descubierto, sea cual fuere el motivo alegado por el Banco; que los Tribunales hicieran cumplir ejecutivamente la ley de bancos, toda vez que les fuere solicitado. En resumen: tomar medidas contra los abusos gubernativos. Las garantías consistentes en comisiones, están condenadas por la experiencia bancaria; la fiscalización oficial es siempre de efectos fatales, por cuanto se sustituye a la fiscalización del pueblo, única que conviene mantener.
Por su parte, a juicio del barón de Mauá, el curso forzoso habría facilitado el poder de consumo de las clases populares, la instalación de pequeños emprendimientos (como de hecho ocurrió en los meses en que se autorizó a los Bancos la inconvertibilidad de pesos en oro) y evitaría el derrumbe del incipiente sistema financiero, creado por la ley de 1865. Sin embargo, los planteamientos de algunos grandes comerciantes y los Bancos Comercial y de Londres y Río de la Plata llevaban a una solución favorable a su exclusivo posicionamiento en el mercado.
[1] Quien luego también sería votante para la presidencia, como diputado por Salto, de Latorre. Y su ministro de Hacienda.
[2]Miembro del Superior Tribunal de Justicia y rector de la Universidad. Fue diputado y senador, desempeñándose asimismo como ministro de José Ellauri.
[3] Eduardo Acevedo. Op. Cit.
[i]Es una mera especulación que, de ser correcta, sería una excepción a la conducta habitual del barón de Mauá quien siempre apoyó los oficialismos, siendo además contrario a la Guerra del Paraguay. De ahí que pueda ser considerada una exageración el considerarlo “correa de trasmisión” de algunos supuestos intereses hegemónicos de la Corte de Río, con la cual, dicho sea de paso, no siempre se llevó bien debido al desafecto de Pedro II.
[ii] Tomás Villalba fue presidente del Senado en ejercicio de la Presidencia de la República del 15 de febrero de 1865 al 21 del mismo mes y año. Se desempeñó en diversos cargos del gobierno del Cerrito, como el de jefe político y comandante militar de Colonia, en 1846. Asimismo, fue jefe político de Colonia y posteriormente de Soriano durante la presidencia de Juan Francisco Giró (1852-1853). Fue jefe político de Cerro Largo en 1854, nominándolo Venancio Flores. En 1855 es designado Contador General de la Nación. Fue ministro de Hacienda de Bernardo Berro en 1860, siendo sus compañeros de gabinete Eduardo Acevedo y Diego Lamas. El 1 de marzo de 1865 asume nuevamente como Contador General de la Nación y Comisario General de Bancos.
