URUGUAY
UN DESTINO INCIERTO
Jorge Otero Menéndez
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La Especulación en Buenos Aires
Las preocupaciones estaban centradas entonces en el primer decreto de suspensión de la conversión en oro de los billetes emitidos por los Bancos, decretada por el gobierno de Atanasio Aguirre (1864-1865) el 7 de enero de 1865 y por un período de seis meses. La inconversión fue levantada por Venancio Flores en marzo de ese mismo año, por consejo de Tomás Villalba, como consigna José Claudio Williman (h)[1].
El informe del comisario de Bancos – aspectos del cual hemos reproducido textualmente – fue confeccionado unos días antes de la aprobación de la Ley de Bancos, conocida también por el apellido de su autor: ley Villalba.
De acuerdo con dicha normativa son creados el Banco Italiano, cuyo gerente lo había sido del Mauá, el Banco Navia – propiedad de Carlos Navia -, el Banco Oriental, el Banco Comercial de Minas y el Banco Montevideano, cuyos billetes de $ 20 y $ 100 lucirían en su homenaje la efigie del reconocido financista y benefactor Francisco Hocquart (1801-1866), de origen británico, que fuera su primer presidente. Asimismo, son organizadas la Caja Popular de Préstamos y la Sociedad de Crédito Hipotecario.
Entre las posiciones a que dio lugar la cuestión de la instalación de Bancos es de señalar la que sostuvo, en la Cámara de Diputados, el representante por Montevideo Antonio de las Carreras (1829-1868) – hombre de dolorosas intransigencias que lo llevaron a ser uno de los principales responsables de la Hecatombe de Quinteros[2] como ministro de Pereira y luego a su propia muerte, en Paraguay (setiembre de 1868), por orden de su admirado Francisco Solano López. Asimismo, unas semanas antes fue ejecutado – en agosto de 1868 -, por resolución también del Supremo paraguayo, el secretario de la Legación uruguaya, Francisco Rodríguez Larreta, quien previamente se había refugiado, con su amigo de las Carreras, en la Legación estadounidense, la cual abandonaron poco después, confiados ambos en la solidaridad de Solano para con la causa que representaban.
Con motivo de presentar un proyecto de ley, en mayo de 1862, sobre las condiciones en que los Bancos debían prestar dinero, de las Carreras sostuvo el establecimiento de un máximo legal (uno por ciento mensual) para el cobro de intereses por parte de estos – fórmula que “recoge” unos 120 años después la Constitución brasileña, la que incluyó una norma análoga.
Veamos su criterio – que no es aceptado por la Cámara de Representantes al ser rechazado su proyecto por integrantes del otro extremo de esa misma posición, es decir, los que pensaban que no debía existir regulación en la materia:
De las Carreras “se hizo eco de un anhelo bastante generalizado en el comercio”, comenta Pivel al respecto. Decía su proposición textualmente: ”En los contratos de préstamo que celebren los Bancos establecidos o que se establecieren con la facultad de emitir billetes, el interés del dinero prestado no podrá exceder del uno por ciento mensual”.
Fundamentado su iniciativa, sin embargo, de las Carreras denunció: “ Ocupándome del estudio de las crisis comerciales entre nosotros, el año anterior y en el presente, he debido precisamente ir a buscar las causas que han producido esas crisis. Y aparte de las consecuencias y complicaciones que ha traído la crisis europea en nuestro mercado y la guerra de los Estados Unidos, y otras muchas causas existentes desde 1858, los bancos de la República, lejos de concurrir a facilitar el comercio los medios de salir de las crisis, han concurrido a agravarlas, porque no han podido menos de vernos presas del pánico que precisamente invade en esos momentos a la población”[3].
Observándole a de las Carreras los inconvenientes de su iniciativa – el 1% de máxima tasa de interés mensual -, su correligionario el diputado por Tacuarembó José Vázquez Sagastume (1828-1897) señaló en la Cámara lo acontecido en Buenos Aires, en la que una crisis financiera hizo subir el precio del dinero en dicha plaza, debiendo hacer lo propio la Banca existente en Montevideo para evitar que viniera gente de la vecina orilla a nuestro país, con el fin de nutrirse económicamente para su accionar especulativo: “La única manera de impedir – expresó – la exportación de ese dinero para esa especulación en el exterior es alzar el interés, nivelado con el de la plaza donde podría ir a ejecutar operaciones mercantiles con mayores posibilidades de lucro”.
Quien no tomó la precaución señalada por Vázquez Sagastume fue en aquella época el Banco Mauá, que permitió a los comerciantes bonaerenses descontar en él valores para especular en su ciudad.
Esto de la plena libertad para la entrada y salida de capitales dispuesta en 1974 por la dictadura tenía pues sus antecedentes. También fueron ignorados.
El Banco Mauá se había instalado en el año 1858 en Rosario – sede financiera y económica de la Confederación Argentina, la que tenía por capital administrativa y política la ciudad entrerriana de Paraná.
El barón había ido originalmente a ésta última con el fin de hacerle un préstamo al gobierno de la Confederación, así como antes lo hizo “nuestro” José de Buschental (1802-1870)[4].
Por su parte, el gobierno de Buenos Aires – estimulando el espíritu de su incipiente y siempre peculiar capitalismo - creó un sistema legal por el cual se permitía la presencia de mercadería extranjera en locales adecuados, ubicados en el territorio de su provincia - exonerándola del precio de almacenaje y del pago de impuestos - con el objetivo no declarado de hacerla entrar de contrabando en el resto del país – que en esos momentos no era el suyo -, cuando el momento fuera el más adecuado a tal propósito. No dejaban nada al azar. Fueron estos sitios las primeras zonas francas de la región.
[1]Historia Económica del Uruguay. Ediciones de la Plaza. 1984.
[2] En la ocasión, luego de obtener el general Anacleto Medina la rendición del prestigioso general César Díaz merced a un acuerdo que firma con éste el 28 de enero de 1858, y en la que se aseguraba la vida a quienes entregaran sus armas y un salvoconducto a los jefes son estos pasados por las armas. Entre quienes son muertos estaba el general Manuel Freire – participante de la Cruzada Libertadora de 1825 – y el coronel Francisco Tajes que es fusilado ya agonizando. El coronel Martínez, que logra sobrevivir a tres cargas de fusiles, es lanceado.
Fueron ejecutados 12 jefes y 9 oficiales. Degollados 63 miembros de la tropa y otros 68 de ella, asesinados en el cercano monte del Río Negro. En total, 152 fueron los muertos en violación del pacto de rendición.
Acompañaban al general Anacleto Medina en el fiel cumplimiento de la sangrienta y traicionera orden gubernamental se encontraban los coroneles Basilio Muñoz y Timoteo Aparicio..
El 1 de febrero de 1858 a la siete de la tarde, el general Medina hace leer la orden recibida del gobierno: 1) Deberán ser pasados por las armas los Generales Díaz y Freire, y los Coroneles Tajes y Martínez. 2) Sufrirá pena de muerte el Mayor Freire por haberse sublevado. 3) Serán ejecutados todos los Jefes y los ciudadanos que han levantado fuerzas contra el gobierno. 4) Serán quintados todos los oficiales de capitán para abajo. Firma Pereira y su ministro Carreras. Boletín de la Biblioteca Artiguista. Círculo Militar General Artigas. Nro. 69, marzo 1988.
[3] Juan E. Pivel Devoto. Op. cit.
[4] Nacido en Francia, José de Buschental se dedicó a la actividad financiera y empresarial en el Río de la Plata y en Brasil.
