El Banco Montevideano  
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URUGUAY UN DESTINO INCIERTO


Jorge Otero Menéndez

 

 

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El Banco Montevideano  

El no seguir la iniciativa argentina de creación de un banco bajo su inspirada idea no nos supuso, sin embargo – es de reconocer –. un sólido inicio en la materia. El tartamudo origen de la actividad bancaria en Uruguay conoció igualmente de turbulencias. No tanto como las actuales desde que es casi una tendencia histórica de las últimas décadas que la densa experiencia se revierta en fuerte desaprendizaje.

Un francés llamado Fernando Menck, - más osado que opulento, en el decir de su contemporáneo ministro galo en nuestro país -, fue quien primero concreta, formalmente, la solicitud de instalación del Banco Montevideano y por lo cual negociaría en Europa, debidamente autorizado por el gobierno uruguayo, un empréstito para el país, que significaría - antes que nada - un beneficio para sí.

Es Menck, asimismo, quien ve promulgada una ley, en 1855, que lo habilita a la creación del Banco, favorecido por la política anti brasileña del gobierno de Venancio Flores, el cual se opone a los planes que en ese sentido habían manifestado, en un proyecto al respecto, el barón de Mauá y nuestro representante entonces en Río de Janeiro, Andrés Lamas - que luego también sería agente confidencial del presidente Berro en Buenos Aires, con el fin de frustrar el apoyo del gobierno porteño a la revolución de Flores.

Por entonces se indican los inconvenientes que, para la economía nacional, pudiera tener el hecho que esas instituciones financieras, al recibir la facultad de emitir billetes, “empapelen” el país (se temía la repetición de la experiencia inmediata argentina y podían haber tomado en cuenta la anterior crisis en Brasil que llevó a la quiebra del Banco do Brasil) y los efectos negativos que tendría para los trabajadores la conversión en oro de billetes que solo se podría hacer a partir de un mínimo, fuera del alcance de la gente corriente. Los billetes que estos recibían tenían a esos efectos el valor de los hoy día llamados “bonos de alimentación”. Es precisamente lo que se realiza. No el “empapelado”, pero sí el establecimiento de mínimos de conversión, alegándose razones prácticas para ello.

El gobierno brasileño para sortear ese problema, en su momento dispuso la acuñación de monedas de cobre cuyo valor nominal era inferior al real, buscando, tal vez, fortalecer el “cambio chico”. Como aún no se percibía lo que conocemos como ley de Gresham[1] (“la moneda mala desplaza a la buena”) pronto el problema fue que se inundó el imperio con monedas falsificadas, escaseando las verdaderas.

La cuestión en Uruguay referida al primer establecimiento financiero propuesto era, como consigna Pivel Devoto[2], que Menck no puede lograr ni el afanoso empréstito ni la ansiada concreción del Banco, debido a las dificultades en que se encontraban los capitalistas europeos por la guerra de Crimea (1853-1856), según explica el financista francés. Es decir, que antes de funcionar dicha entidad bancaria ya estaba en problemas e intentando usar excusas como salvavidas... O, como un comentarista señalará luego – muchas veces sucede aún hoy en día, en aplicación de la posición de no tomar en cuenta los antecedentes de las materias que se abordan -, que era negocio obtener una concesión de un gobierno para recién entonces comenzar a buscar en Europa su venta, u obtener los capitales para el emprendimiento empresarial, reservándose el espontáneo intermediario un interesante porcentaje del mismo, como pago por su intervención.

En tanto en nuestro Parlamento y en la prensa se discutía sobre las conveniencias de una ley general de Bancos – en lugar de habilitaciones puntuales para el funcionamiento de las entidades financieras como establecía la normativa vigente -, las condiciones en que deberían actuar estas instituciones y el estado crítico en que se encontraba la economía del país, hay alguien que no quiere perder tiempo: Irineu Evangelista de Sousa. Un “gaúcho” nacido no muy lejos de nuestra frontera – en Arroyo Grande -, conocido como barón de Mauá, aunque alcanzó posteriormente el título de vizconde. Éste instala en Uruguay, informalmente, siguiendo la política de hechos consumados, una institución de esa naturaleza, en 1856, fundamentando su actitud en que lo hacía como particular, en aplicación del régimen vigente de libertad de actividades comerciales.

Es de tener presente, que el dinero se consideraba por muchos como una mercadería más – interpretación que se recoge en la denominada “flotación libre” de la moneda - y la no intervención del gobierno en el desarrollo de la economía era doctrina pacíficamente aceptada por los grupos dirigentes. En pocas palabras: muy parecido a lo que sucede en la actualidad. Y, como ahora, también se terminó en una gran crisis. No de la nada, sino de casos como éste, observó Pablo Picasso que imitar a otros puede tener una justificación; imitarse a sí mismo es lo imperdonable.

Sin embargo, Juan Carlos Gómez (1820-1884), cuando la discusión parlamentaria sobre la legalización de lo actuado por Mauá realiza una campaña periodística respecto a las especificaciones que debería reunir la instalación de un Banco, acusando, además, a la Cámara de Representantes de ser complaciente con el Imperio del Brasil, al atender la solicitud del banquero nacido en Río Grande del Sur. Mauá venía prestándole dinero a los gobiernos que hubo en la República desde tiempos de Joaquín Suárez, más allá de posiciones partidarias concretas.

Sintetiza Pivel[3] la posición de Gómez: “las condiciones indispensables para la seriedad y solidez de un banco, enunciadas por el Dr. Gómez eran las siguientes: capital igual a la emisión; permanencia en sus arcas de un fondo monetario y que no baje de la tercera parte de la emisión; publicidad semanal de sus operaciones e inspección de las autoridades; inadmisibilidad de sus billetes por el Estado para que el Banco dependa de la confianza que inspire a los particulares; limitación de las emisiones a un máximo insalvable; determinación legal de todas las operaciones del establecimiento y responsabilidad penal de sus directores”. Se coincidirá en la vigencia de la posición de Juan Carlos Gómez. Si puede no sorprender la escasa atención que se le dio entonces, debido tal vez a la falta de experiencia nacional en la materia, es ineludible la perplejidad que provoca hoy día el desprecio por tomar en cuenta las consecuencias negativas que se dejaron ver en aquella época, originadas en la falta de la transparencia reclamada y los controles solicitados. Esto es: la pasión por el error, más allá del daño nacional causado.

En descargo del gobierno de aquella época es de recordar que la inexistencia de este tipo de instituciones financieras se suplía con la usura, el agio y la especulación de algunos particulares que llenaban de hecho las funciones que reclamaba infructuosamente la actividad económica y comercial.

Fueron ellos, los usureros, los principales perjudicados por la llegada a Montevideo del barón de Mauá – cuyo Banco extenderá el crédito a tasas de interés accesibles al común - y se constituirán en la base del principal competidor del Banco propiedad del “gaúcho”: el Banco Comercial.

Pero la pasión anti brasileña de ese hijo de portugués que era Gómez no conocía de excepciones: quería refundar una nueva nacionalidad sobre la base de lo existente cuando la Revolución que no fue, desde la patria que no era. La de mayo de 1810.

Tres semanas después de haber sido oficialmente autorizado a actuar el Banco Mauá, se permite la instalación de la Sociedad de Cambios, la que modifica su nombre un año después – en julio de 1858 - para denominarse Banco Comercial.

Casi paralelamente a estos hechos que sucedían en Montevideo, en Salto también comienza sus actividades una Sociedad de Cambios, que pasaría a llamarse Banco de la Villa del Salto en 1858 a pedido de una comisión integrada, entre otros, por Mariano Cabal, Pastor Tejo y Eleuterio Mujica.

Por entonces se vivían las consecuencias de la denominada gran crisis comercial de los EE.UU., desatada en 1857.

[1] En realidad, la indicación es vieja de más de dos mil años. El joven Aristófanes el primer autor de comedias en Las Ranas (405 A. C.) formula idéntica observación que además extiende a los hombres dedicados a la actividad pública. Esto última explica el porqué fue implantada por los políticos brasileños de entonces, la absurda medida.  

[2] Juan E. Pivel Devoto. Los Bancos 1824-1868 A. Monteverde y Cía S.A. Montevideo 1976. 

[3] Juan E. Pivel Devoto. Op. cit.

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