Julio Mario Orozco Africano
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2.6. LA FALTA DE UNIVERSALIDAD
Aunque los resultados obtenidos a la fecha en materia de cobertura de aseguramiento son aparentemente loables, las cifras de la población no asegurada, diez años después de implementada la reforma, son supremamente alarmantes, sobre todo en vista de los recursos invertidos.
Como podemos notar en la siguiente tabla, persisten en Colombia más de 16 millones de personas no aseguradas, cuando la meta de cobertura universal planteada originalmente estaba para el año 2001.
Tabla 1 Aseguramiento en el sistema general de seguridad social en salud
Afiliados al Régimen Contributivo de Salud 14.000.000
Afiliados al Régimen Subsidiado de Salud 13.000.000
Afiliados a Regímenes Especiales exceptuados de la Ley 100 2.000.000
Población no afiliada 16.500.000
TOTAL POBLACIÓN DE COLOMBIA 2004 45.500.000
CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS 16,5 MILLONES DE NO AFILIADOS
Pobres no asegurados (deben ingresar al Régimen Subsidiado) 8.000.000
Personas con capacidad parcial de pago 5.000.000
(ameritan subsidios parciales)
Personas con capacidad de pago no afiliada al contributivo 3.500.000
2.7. LA FALTA DE EFICIENCIA
Es natural que los aseguradores del riesgo en salud gasten parte de la Unidad de Pago por Capitación en el proceso de aseguramiento, el cual incluye: afiliar y carnetizar la población, administrar la base de datos, diagnosticar las condiciones de salud de los afiliados, contratar una red prestadora de servicios, coordinar el Sistema de Referencia y Contrarreferencia de pacientes, implementar un sistema de auditoría de la calidad de atención y un sistema de información y atención al usuario. No obstante, podemos decir que los gastos de funcionamiento que sobrepasen el 10% del valor de la UPC son una manifestación de ineficiencia y desvío de los recursos, que en su mayoría deberían dirigirse a las atenciones en salud de la población afiliada.
Ilustración 1 Gastos de administración de los aseguradores del sistema
De este gráfico elaborado por la Superintendencia Nacional de Salud a 31 de diciembre de 2001, a partir de los informes de la circular externa 137 de 2002 entregados por las EPS y ARS, se deduce que existe una gran ineficiencia del sistema, sobre todo en el Régimen Contributivo de Salud, el cual administra unos 5,25 billones de recursos de UPC y destina 1,2 billones a gastos de administración. Gran parte de estos recursos, entre un 4 y 6% se destinan a acciones de mercadeo para captación de afiliados.
El Régimen Subsidiado de Salud ejecuta unos 2,6 billones de los cuales debería destinar a gastos de funcionamiento un 8%, es decir unos 200 mil millones de pesos. No obstante consume unos 400 mil millones, es decir un 100% más. Todo esto con la complicidad de la Superintendencia Nacional de Salud.
Por otro lado, existe una dualidad en el manejo del sistema, pues mientras a las ARS se les exige un gasto mínimo en salud de 92%, a las EPS no se les exige tal gasto mínimo. Esta inequidad de la política pública ha permitido que las EPS manejen los recursos como aseguradores mientras que las ARS son “Administradoras” de subsidios
