AGUA QUE NO HAS DE BEBER...
60 respuestas al Plan Hidrológico Nacional

José María Franquet Bernis

SEGUNDA PARTE: EL PHN Y LOS TRASVASES

2. ¿Es conveniente la intervención de la Universidad en el proceso de elaboración definitiva del PHN?

Sí, sin duda alguna. Es de esperar que la falta de rigor científico, económico y social de estos planteamientos no prospere si hay personas, especialmente en la Universidad, que hagan ver al gran público que está siendo desorientado, y que esas grandes obras casi sólo van a beneficiar a las empresas que las construyan, y quizás también a la trama de aprovechados y extorsionistas que, lamentablemente, parece siempre pulular alrededor de los grandes contratos de construcción (CAAE, 1993).

Hace ya varios años que estamos siendo objeto de una sutil presión informativa ejercida desde los medios públicos, en la que han colaborado tanto los gobiernos autonómicos como el Gobierno Central y los Presidentes de las Confederaciones Hidrográficas. Es una campaña dirigida a magnificar ante el ciudadano los problemas del agua (los de cantidad), vinculando su solución a la urgente necesidad de un plan hidrológico nacional que resuelva, mágicamente, los problemas seculares del agua en nuestro país. La prensa ha contribuido también de modo no despreciable, destacando en general la parte sensacionalista y formal del mensaje, sin reparar, con frecuencia, en su fondo.

La Universidad, como institución del País, por lo menos hasta la fecha, es la gran ausente en todo este proceso oficial de elaboración del PHN. Efectivamente, la opinión de la Universidad, en tanto que colectivo estatal o autonómico, ha sido substancialmente evitada como si el planificador no estuviera dispuesto a escuchar más que lo que le interesa. Sólo en temas de hidrología, agronomía y medio ambiente, en las diez universidades de las Comunidades autónomas de la Cuenca Hidrográfica del Ebro (por citar sólo una de ellas), hay más de una veintena de grupos de trabajo de reconocida solvencia; representan un alto poder pensante y de conocimiento acumulados; su participación en la elaboración del Proyecto de Directrices de la Cuenca del Ebro, en las directrices mismas, en el plan de cuenca, en el Consejo del Agua de la cuenca, en el proyecto de ley del PHN-2001 y en el Libro Blanco del Agua en España, ha sido casi nula. En el caso de los juristas, con otros tantos grupos de trabajo en el campo del derecho administrativo, esa participación ha sido tal vez excesivamente restringida y polarizada.

Sin embargo, difícilmente puede tirar hacia delante un país cuyos políticos no creen o rehuyen a su Universidad. La Universidad constituye uno de los reductos de libertad que tiene hoy en día la sociedad civil; es ésta la razón por la que, en buena parte, la acción política la rehuye. Si no fuera así, si la Universidad no fuera crítica, independiente e inquisitorial, habría perdido posiblemente su propia esencia. Esa actitud del Ministerio frente a la Universidad ha sido la misma que la de los Consejos del Agua de cada cuenca, y la de los Gobiernos Autonómicos, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y casi todas sus clases políticas.

Ha habido, eso sí, seminarios, cursos y conferencias de gran categoría, organizados o patrocinados desde la oficialidad, que han contribuido a crear opinión valiosa en el reducido grupo de personas que han tenido la oportunidad de asistir, que no siempre, por cierto, han sido técnicos del tema. Pero, no hay que engañarse; el debate técnico no se puede justificar desde la oficialidad, invitando a los profesores Sahuquillo, Custodio, Llamas, Aguilera Klink, Prat, Vergés, Ibáñez, Díaz Pineda, Montes, Arrojo, del Moral, Arasa, Martín Rebollo, Franquet, Day, Embid, Sánchez-Arcilla, Martínez Gil, Canicio, Cabrera, Losada, Drain, Gracia, Heras, Santos, Guerrero, etc., a participar en alguna mesa redonda, o a dar una conferencia ante unas pocas decenas de oyentes, ni poniéndolos a "pelear" durante unos minutos "contra" un alto cargo ministerial o autonómico.

El auténtico debate técnico no puede reducirse a eso, que acaba siendo un espectáculo mediático de consumo, de la palabra de uno contra la del otro (así sucedió, por ejemplo, con independencia de su seriedad, en el debate público que este autor sostuvo en Tortosa el 17 de octubre del 2000 con Don Francisco Cabezas Calvo-Rubio, Subdirector General de Planificación Hidrológica del Ministerio de Medio Ambiente y máximo responsable técnico del nuevo PHN). El debate técnico tiene que salir esencialmente de una serie de contrainformes de categoría, bien sea sobre todo el proyecto del PHN en su globalidad o bien sobre los diferentes aspectos polémicos del mismo. Esos contrainformes tienen que ser solicitados a acreditados grupos de expertos, con participación de las diferentes universidades y centros de investigación; tienen que ser realizados con unos presupuestos oficiales relevantes, que aunque no fuesen más que del orden del 2% de lo que lleva gastado el Ministerio correspondiente en estudios, informes, dictámenes y contratos de asistencia técnica en general, desde que se iniciase el largo proceso de la planificación, serían tan grandes como para movilizar intensamente a amplios sectores del saber y del quehacer universitarios durante unos cuantos años. Un estudio de tales características necesita apenas dos años de tiempo, que no es gran cosa si se compara con los más de veinte años transcurridos desde que se iniciase el proceso de la planificación, ni con los dieciséis desde que se promulgase la vigente Ley de Aguas y sus posteriores disposiciones complementarias.

	Web eumed.net

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