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AGUA QUE NO HAS DE BEBER...
60 respuestas al Plan Hidrológico Nacional


José María Franquet Bernis

 

 

SEGUNDA PARTE: EL PHN Y LOS TRASVASES

47. ¿Los trasvases son una buena solución?

Desde nuestro punto de vista, el sentido de un posible trasvase debería ser el que partiera de zonas en las que los recursos son sobrados y llegara a otras cuyos consumos sean inferiores y para las que no hay mejor política alternativa que la de llevarles agua para inducirles un mayor desarrollo. Pero ninguna de estas premisas se cumplen en el caso español. Las cuencas consideradas excedentarias en los estudios realizados hasta la fecha poseen un grado de utilización de sus recursos ya muy elevado, las cuencas deficitarias consumen más agua per capita (en el total de los usos y en el doméstico) que las posibles donantes y no parece que la exportación masiva de recursos hídricos vaya a resultar ser el motor de crecimiento que el agua posee en países con niveles de desarrollo muy inferiores al nuestro.

Como se ha podido deducir, no parece lógico que el aspecto más destacado del futuro PHN consista en llevar a cabo una política generalizada de trasvases y de interconexión de casi todas las cuencas españolas, como si de una red eléctrica de alta tensión se tratara, aduciendo en su defensa la situación de desequilibrio hídrico existente y colocando como meta la solidaridad hídrica que debiera existir entre todos los españoles. De hecho, el Libro Blanco del Agua en España, que, como ya se ha visto, proporciona un soporte material ordenado, concebido para la discusión y el debate social, rechaza expresamente este propósito.

En esta línea argumental harto discutible, se justifican las transferencias de agua entre cuencas, afirmando que constituyen un medio para incrementar los recursos hidráulicos donde son necesarios y que la inercia demográfica, la libertad de residencia y la localización de las actividades económicas (el “determinismo económico”) favorecen este tipo de gestión en el marco de la solidaridad y de beneficio para todos los afectados.

Se entiende que estos planteamientos no hacen más que pensar solamente en una dirección: conseguir el máximo rendimiento económico en el menor tiempo posible, transfiriendo recursos a la población. Y lo que menos preocupa es la ordenación del territorio, su equilibrio, el desarrollo sostenido y sostenible...

En realidad, es justamente en este punto donde reside el verdadero problema: la determinación, justificación y cuantificación de las transferencias, que no han de basarse totalmente en la política hidráulica, sino que, al contrario, ésta ha de supeditarse a la política de ordenación del territorio, planteando prioridades de utilización del recurso en las propias cuencas vertientes.

Aplicando esta política, podemos encontrarnos con problemáticas como las que afronta el malestar que se ha creado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por los problemas de migración negativa que se están produciendo a favor de polos de atracción como pueden ser el litoral levantino y Madrid. Obviamente, el trasvase Tajo-Segura no aporta nada en absoluto a la consolidación de la población de la cuenca cedente. En este sentido, la Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento conjunto de los recursos del Tajo y del Segura sólo ha aportado beneficios tangibles para la cuenca receptora.

De la misma manera empiezan a entreverse las repercusiones negativas del llamado Minitrasvase a Tarragona (Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona. BOE n0: 165 de 11/07/81) respecto a les Terres de l'Ebre aún teniendo en cuenta que ha sido, en realidad, una venta del agua. En los últimos años, el hecho de no poder o saber utilizar más del 50% de la dotación ha invitado a otras CC.AA., como Mallorca, a pedir los excedentes legales. Y ello no ha hecho más, en fin, que abrir un proceso de peticiones con resultados imprevisibles y, en cualquier caso, perjudiciales para la cuenca cedente (especialmente por lo que se refiere a las demandas desde el área metropolitana de Barcelona mediante la interconexión de redes CAT-Aguas del Ter/Llobregat, y los regadíos de la cuenca del Júcar). En todos esos casos, tanto Barcelona como Tarragona, Valencia y Mallorca tienen parámetros socioeconómicos muy superiores a los de la cuenca cedente. Concretamente, Mallorca, como es bien sabido, constituye la comunidad autónoma de mayor renta per capita de España.


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