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AGUA QUE NO HAS DE BEBER...
60 respuestas al Plan Hidrológico Nacional


José María Franquet Bernis

 

 

SEGUNDA PARTE: EL PHN Y LOS TRASVASES

34. ¿El trasvase previsto para Cataluña, en el PHN-2001, favorecía el equilibrio territorial?

Es frecuente oír hablar, en los últimos tiempos, tanto a los políticos como a los sociólogos, economistas, ingenieros, urbanistas, demógrafos, geógrafos, etc., acerca de la conveniencia de que el “territorio se halle equilibrado", o bien de que deba alcanzarse un cierto grado de "equilibrio territorial", o de que no debe trastocarse el ya existente, sin que, a continuación, se intente explicar o clarificar el significado real que tales palabras y expresiones encierran.

Desde nuestro punto de vista, el equilibrio territorial se logrará cuando las masas socioeconómicas de población y de renta se hallen distribuidas por el territorio del modo más uniforme y homogéneo posible, sin discontinuidades, pero también sin grandes concentraciones desequilibradoras. En términos matemáticos, y también en los que hemos venido utilizando en nuestro Análisis Territorial, ello equivaldría a procurar la asimilación del territorio que se planifica hacia un espacio de tipo continuo y no discreto .

El caso de Cataluña, que por cierto nos servirá para analizar paramétricamente el equilibrio de un territorio específico, es bastante típico por lo que se refiere al desequilibrio territorial que aquí tratamos de estudiar. Desde luego, en el fenómeno de la capital macrocefálica (en este caso, Barcelona), la comprensión de los desequilibrios en la distribución espacial de las masas de población y de renta debe entenderse ligada a la concentración tradicional de las inversiones en infraestructuras y servicios diversos (abastecimientos de agua, plantas depuradoras, hipermercados, servicios culturales y recreativos, etc.) en el área de la gran capital y en detrimento del resto del territorio de su jurisdicción, es decir, en este caso, de las 4 provincias, 41 comarcas y los casi 950 municipios que conforman, actualmente, el conjunto catalán.

Es digno de remarcar, no obstante, que si las inversiones mencionadas se han venido concentrando -y, a veces, limitando- al área macrocefálica es, esencialmente, la naturaleza del tipo de infraestructura escogido la que provoca que siempre se localicen dichas actuaciones -por razones de rentabilidad interna- en las proximidades de la capital congestionada del país. No juzgamos necesario entrar aquí en la discusión pormenorizada acerca de los mecanismos financieros y/o especulativos que, con gran frecuencia, acompañan a la promoción y construcción de los grandes elementos de infraestructura, aunque sí creemos conveniente denunciar el funcionamiento absurdamente autónomo con que estas operaciones acostumbran a plantearse; de este modo, prácticamente los únicos estímulos que explican la implantación de las mismas serán el consumo generado por la propia infraestructura y los beneficios esperables de su misma construcción.

Aceptando esta lógica constructiva con la que aquí discreparemos (autopistas, grandes hipermercados, etc.) el punto de destino beneficiado por la inversión acabará estando siempre en la capital del territorio o en sus aledaños. Y si, por alguna razón fortuita, dicha inversión notable se localiza a mayor distancia, lo será con un grado de concentración o peligrosidad tan fuerte (centrales nucleares para la producción de energía eléctrica, plantas de tratamiento de residuos industriales o urbanos...) que ello constituye una forma subrepticia de colonizar una porción más del territorio para la gran capital.

Por todo ello, juzgamos necesario crear nuevos tipos o nuevas condiciones de los elementos de las infraestructuras, que permitan romper la lógica rutina de la concentración en la capital o para la capital y que, además, refuercen y hagan posible la acción de fomento armónico del crecimiento en el conjunto del territorio. Dicha política no es técnicamente imposible, ni debe suponer, siquiera, la aparición de deseconomías de gestión. Y ello, precisamente, porque la gestión concentrada resulta compatible con una cierta dispersión espacial, y porque es posible rechazar la naturaleza tan "determinísticamente" definida de los prototipos de infraestructura que venimos criticando.

Todo ello implicará conceder un papel fundamental a las comarcas y a los municipios (en el orden político, económico y cultural), potenciando la ligazón y los intercambios entre los diferentes enclaves territoriales; de este modo, se producirá una interrelación saludable de las actividades económicas y culturales, de tal suerte que los sub-territorios no se centren en una sola especialidad. Debe tenderse, en fin, a que la estructura económica de las unidades territoriales de ámbito local presente una diversificación notoria entre los diferentes sectores económicos, mediante la aplicación de conceptos tales como el de la "industrialización difusa", el aprovechamiento de los recursos turísticos y otros (FRANQUET, 1991).

El desarrollo coherente de estos principios de actuación, concretándolos en actuaciones específicas, debería configurar, ciertamente, el núcleo de una política territorial eficiente y moderna. Pero el hecho es que, en numerosas ocasiones, las actuaciones que los gobiernos emprenden están impulsadas por la necesidad urgente de cubrir déficits de todo tipo. Y es que debe distinguirse entre la perentoriedad de las acciones puntuales (con frecuencia ineludibles) y las actuaciones programadas para el conjunto del territorio con miras al logro de su reequilibrio, lo cual exige tomar decisiones para influir positivamente en la orientación de las grandes tendencias. Para conseguir todo ello, juzgamos deseable, en nuestros administradores y políticos, un buen bagaje de ideas claras junto al sentido de la perseverancia y de la continuidad.

Es digno de resaltar, así mismo, cómo el fenómeno distorsionante de la macrocefalia interviene, en el caso de Cataluña, desequilibrando el conjunto del territorio hasta niveles decididamente preocupantes (CU1 = - 82%). Debe tenerse en cuenta que aproximadamente el 51% del territorio de Catalunya (constituido por sus cuencas internas) contiene el 92% de la población total catalana, mientras que el restante 49% (básicamente la cuenca hidrográfica del Ebro) contiene sólo el 8% de dicha población. Pues bien, en esta desventajosa tesitura, nos llega el Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional de 1993 que preveía, en su disposición adicional 2ª, trasvasar 15 m3/seg. (segundo horizonte del Plan: año 2012) a las cuencas internas de Catalunya desde el delta del Ebro y otros 15 m3/seg. al Júcar (primer horizonte del Plan: año 2002). Incidiendo en los mismos errores, nos acuden el Libro Blanco del Agua en España y el Plan Hidrológico Nacional del 2001 que, como veremos con posterioridad, pretendía el trasvase de 1.050 hm3/año (algo más de 33 m3/seg.) a aquellas mismas cuencas hidrográficas y, además, a las del Segura y Sur (Almería). Sin embargo, estos intentos no son nuevos: ya en el año 1973, con ocasión del denominado “Acueducto Ebro-Pirineo Oriental” se pretendía transvasar al área metropolitana de Barcelona un caudal de 1.400 hm3/año, equivalentes a 45 m3/seg. en caudal ficticio continuo.

En el contexto reseñado, en fin, parece un profundo contrasentido la pretensión concreta de trasvasar recursos hídricos desde las comarcas socioeconómicamente más deprimidas del tramo inferior del río Ebro -o desde el Segre- hacia las cuencas internas de Cataluña y la propia conurbación barcelonesa, tal como propugnaba el correspondiente plan hidrológico de cuenca, el Libro Blanco del Agua en España y el Plan Hidrológico Nacional del 2001. Los resultados, a medio plazo, de dicha magna actuación infraestructural serían fáciles de adivinar: la acentuación del ya importante desequilibrio territorial del conjunto catalán.


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