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õLa crisis financiera de 1994-1995 y el TLCAN a diez años
Josué Emmanuel Fernández Torres
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2.2. CRISIS BANCARIA Y MEDIDAS DE RESCATE, FOBAPROA
"Después de la devaluación, la cartera vencida del sistema bancario ascendió a $55 mil millones, para Marzo del 95 era de $ 80 mil millones y para el primer semestre se estima una cifra próxima a los $100 mil millones. Con un tipo de cambio de $6.0, esta cifra representa un equivalente de 16,500 millones de dólares".
Este desmesurado aumento de la cartera vencida es consecuencia del rígido programa de ajuste Zedillista, ya que para evitar un proceso acelerado de inflación como consecuencia de la devaluación, se procedió a una fuerte contracción de la demanda interna y a una política monetaria restrictiva, que ha traído incrementos en las tasas de interés a niveles de entre 100% a 140%.
El propósito, como se sabe, es el de frenar y revertir la fuga de capitales, y restringir el crédito. Las consecuencias, sin embargo, han sido las de vulnerar seriamente el proceso de pagos de créditos, debido a la creciente incapacidad de los agentes económicos de cumplir con dichas obligaciones. También ha quedado fuertemente afectado el capital de solvencia de los bancos.
Para 1994, es decir, antes del estallido de la crisis, la proporción de cartera vencida con respecto a la cartera total y los activos de las más importantes instituciones bancarias mexicanas era muy comprometida. Esto puede verse claramente en las tablas No 3 y 4.
Desde los primeros días de la crisis, una combinación de factores, tales como los súbitos incrementos de las tasas de interés, la pronunciada caída del ingreso de la población, la gran cantidad de adeudos con documentación y garantías notoriamente deficientes, la cancelación de los recursos que llegaban del exterior y una palpable situación de incertidumbre y desaliento que prevalecía en el país, mostraban claramente a los ojos de todo el mundo, el riesgo inminente de una quiebra generalizada de la banca nacional.
Ante las circunstancias que prevalecieron al principio de 1995, el gobierno enfrentaba dos alternativas: o permitía la quiebra de los bancos o echaba mano de todos los recursos posibles para mantenerlos en operación.
El proceso de quiebra de los bancos tendría, entre otros efectos, los siguientes: elevación de las tasas de interés; mayor devaluación del tipo de cambio y un más amplio número de deudores morosos. Esto, sumado a las precarias condiciones del país a principios de 1995, hubiera hecho caer la economía en un círculo vicioso.
Haber permitido la quiebra del sistema bancario hubiese tenido muy graves consecuencias económicas y sociales que se hubieran prolongado durante varios años. Por esa razón, el gobierno decidió tomar medidas para mantener al sistema financiero en operación con menor costo posible.
Las acciones del gobierno para preservar las funciones de la banca, dada su situación en 1995, pudieron tomar dos rumbos diferentes:
a) Una nueva estatización bancaria, siguiendo el modelo de los años ochenta.
b) Una estrategia diversificada y selectiva, que buscase restablecer la sana operación de los bancos a la brevedad y al menor costo fiscal.
Se optó por lo segundo y estas son algunas de las razones:
La capitalización de los bancos después de la crisis era un elemento imprescindible para restablecer su sano funcionamiento. Si ésta hubiera corrido por cuenta exclusiva del gobierno, habría significado un fuerte desembolso de los contribuyentes.
El cobro de los préstamos hubiera resultado mucho más complicado siendo el gobierno el acreedor, puesto que está más sujeto a presiones sociales y políticas para otorgar condonaciones, descuentos o no ejecutar las garantías.
Se habría tenido que pactar la indemnización de los accionistas, pese a que el valor de los bancos se encontraba sumamente deteriorado.
La estatización bancaria, en medio de una crisis macroeconómica, y tomando en cuenta las tendencias predominantes, habría ocasionado en los mercados nacionales y extranjeros una reacción negativa que implicaría, sin duda, la profundización de la crisis.
El gobierno ha procurado que el respaldo al ahorro no descanse exclusivamente en los recursos públicos, para lo cual ha establecido mecanismos que permiten que los propios bancos contribuyan a proporcionar esa protección. Para ello, en 1981 se modificó La Ley de Instituciones de Crédito (que como su nombre lo indica, es la que regula las actividades de los bancos), con objeto de crear un fideicomiso (que es el antecedente más remoto del Fobaproa) que, sin embargo, debido a la expropiación bancaria de 1982, nunca entró en operación.
Durante los años de la banca estatizada, funcionó en lugar de ese fideicomiso un mecanismo también similar al Fobapobra que, para atender sus funciones, recibía aportaciones de los bancos, sólo que, al ser éstos en su mayoría de propiedad estatal, dichas aportaciones resultaban, de hecho, recursos públicos.
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue oficialmente creado por el Gobierno Federal en 1990, para dar cumplimiento a lo que establece La Ley de Instituciones de Crédito. El artículo 122 de esta Ley señala que le corresponde al Banco de México administrar este fondo y llevar a cabo las operaciones necesarias, a fin de evitar que los problemas financieros puedan impedir a las instituciones bancarias cumplir con sus obligaciones.Para el cumplimiento de sus propósitos, el fondo recibe los recursos que por ley los bancos están obligados a aportarle.
Cabe señalar que el Fobaproa fue creado para atender los problemas financieros de las instituciones en forma aislada, pero no para enfrentar una crisis de la magnitud de la de 1995, que rebasó con creces los recursos aportados por los bancos.
Ante esa insuficiencia, el Gobierno Federal se vio en la necesidad imperiosa de respaldar al Fondo para la protección de los depósitos de los ahorradores mediante la garantía de la deuda que éste emitió, a fin de que estuviera en posibilidades de cumplir el propósito para el que fue creado.
Legalmente, la garantía otorgada por el Gobierno Federal está sustentada en la Ley General de Deuda Pública y, sin lugar a dudas, legitimada por los efectos y sus consecuencias evidentes que permitieron, en esos difíciles momentos, la preservación de la estabilidad económica y política del país.
El costo fiscal de las medidas que se tomaron para aliviar la situación de la banca y de sus usuarios refleja una buena parte de los costos de la crisis económica que se vivió en 1995. Muchos de esos costos se concentraron en el sistema bancario. En la banca se reflejó la falta de pago de las deudas de empresas que estuvieron a punto de quebrar, de familias que vieron disminuido su ingreso y de personas que perdieron su empleo.
Siendo la cartera vencida un obstáculo para el funcionamiento eficiente del sistema bancario y para la recuperación económica, en el transcurso del cuarto trimestre del año se avanzó en la aplicación de los programas de saneamiento financiero. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) coadyuvó a garantizar la solvencia del sistema bancario y los recursos de los ahorradores, otorgando apoyos por 32 millones 195 mil nuevos pesos.
Por su parte, el Programa de Capitalización Temporal (Procapte) también contribuyó a solucionar los problemas de capitalización que enfrentaron algunas instituciones bancarias. Al cierre de diciembre, el saldo de los recursos canalizados por este programa fue de 3,215 millones de pesos, aumentando en 381 millones de pesos respecto a septiembre pasado y reduciéndose en 278 millones si se le compara con el cierre del primer semestre del año. Es conveniente enfatizar que estos recursos no han tenido impacto monetario alguno, ya que son depositados en el Banco de México. Con la aplicación de este Programa, a noviembre de 1995 todos los bancos sobrepasaron los niveles mínimos de capitalización requeridos por los estándares internacionales.
En forma adicional al Procapte, tambien se apoyó la capitalización de las instituciones de crédito a través del Programa de Esquemas de Capitalización. Cifras preliminares al cierre de diciembre, indican que la adquisición de cartera neta por medio de este mecanismo ascendió a 65 mil 103 millones de nuevos pesos.
Asimismo, el apoyo a los deudores de la banca a través del esquema de las Unidades de Inversión (UDI´s), contribuyó a atenuar los efectos de las elevadas tasas de interés sobre la deuda de empresas, familias, estados y municipios. Con este programa se pretende reducir el costo para los usuarios del crédito y facilitar el cumplimiento de sus adeudos con la banca. Al cierre de diciembre, se renegociaron 194,252 contratos por un monto de 92,320 millones de pesos.
En adición a los programas de reestructuración de adeudos en UDI´s, el Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (ADE) continuó ofreciendo una solución a la problemática que enfrentan las empresas y los particulares que mantienen una posición deudora con la banca. Este acuerdo, que inició sus operaciones en septiembre, registró a finales de diciembre, 1 millón 359 mil 650 créditos reestructurados, que equivalen a un monto de 145 mil 879 millones de nuevos pesos, lo que representó un avance de 64.4 % respecto a los 2 millones 110 mil créditos que la banca estimó como susceptibles de ser renegociados dentro del ADE. Los créditos se distribuyeron de la siguiente manera: 997,720 en tarjetas de crédito, 184,401 en créditos hipotecarios, 101,421 en créditos empresariales y 76,108 en créditos al consumo. De esta forma, con los créditos reestructurados, mas los 5`337,000 créditos que estaban al corriente, se estima que el 90 % de los deudores de la banca gozan de los beneficios del ADE.
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