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La crisis financiera de 1994-1995 y el TLCAN a diez años

Josué Emmanuel Fernández Torres
 

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1.1.1 PRIVATIZACIÓN.

Un aspecto muy importante de la reforma fue el establecimiento paulatino de políticas tendientes a la desincorporación del sector público de las empresas paraestatales consideradas no prioritarias. Esto con el afán de ir creando las condiciones propicias para un mayor desarrollo de la iniciativa privada y como una clara manifestación de que el Estado se iría retirando de la economía. Cuando comenzó la administración de Carlos Salinas, existía ya la idea básica de que el Estado únicamente debía gobernar, mientras que para efectos de productividad y desarrollo económico deberían de concentrarse sólo los esfuerzos de la iniciativa privada.

La desincorporación de empresas paraestatales constituyó uno de los pilares de la política de saneamiento financiero del gobierno y una vertiente fundamental del cambio en la concepción del Estado que impulsó Carlos Salinas de Gortari, quien explicó que mientras más pertenencias tenía el Estado, más aumentaba la carga administrativa y financiera que debía soportar, lo que acababa por limitar y erosionar su capacidad de respuesta a sus obligaciones constitucionales.

Los lineamientos y criterios en los que se basó la desincorporación en este período son los siguientes:

* Liquidación o extinción de entidades que ya cumplieron con sus objetivos, que carecen de viabilidad económica o cuyas actividades conviene realizar, por razones de mayor eficiencia, en otras entidades paraestatales o dependencias del Gobierno.

* Fusión de entidades para mejorar el uso de los recursos con la integración o complementación de procesos productivos, de comercialización y de gestión administrativa.

* Transferencia a los gobiernos de los estados de aquellas empresas prioritarias de ámbito regional o local vinculadas con sus programas de desarrollo.

* Venta de empresas que no son prioritarias ni estratégicas y que, por sus condiciones de viabilidad económica, son susceptibles de ser adquiridas por los sectores social y privado.

En vista de la actividad expansiva que había caracterizado al Estado mexicano hasta todavía hacía pocos años -en especial durante la época de los setenta-, la necesidad y las ventajas de la reducción del sector público aún no estaban contempladas de una manera concreta, ni por el Estado, ni por el sector privado, ya que para ese entonces los programas de crecimiento económico estaban muy ligados a las decisiones gubernamentales y a todas las actividades de las empresas paraestatales.

No obstante, los procesos de desincorporación no siempre estuvieron exentos de problemas. Algunos de ellos se complicaron debido a los esfuerzos que se hicieron para mejorar simultáneamente la eficiencia y la productividad de las empresas, mismos que implicaron, con frecuencia, el replanteamiento de las relaciones laborales. Así, resultaba comprensible que dentro de las compañías que se iban a vender hubiera momentos de incertidumbre y que se vieran con desconfianza los cambios por venir.

El proceso de desincorporación se había iniciado desde el sexenio anterior y fue profundizado durante el gobierno salinista. De 1155 empresas paraestatales que existían en 1982, al primero de diciembre de 1988 había 618, y al término de 1993, el gobierno ya sólo administraba 258, de las cuales 48 estaban en proceso de desincorporación. "Por la venta de empresas y activos del sector paraestatal, el gobierno obtuvo 69 360 millones de pesos."

Al inicio de la gestión de Carlos Salinas de Gortari, el Estado participaba en 50 ramas de actividad económica, en 28 de las cuales lo hacía de manera intensiva. Al 31 de diciembre de 1993, se había retirado de 21 ramas, entre ellas, las más importantes eran: extracción y beneficio de mineral de hierro, explotación de canteras y extracción de arena, grava y arcilla; molienda de trigo y café; azúcar; refrescos y aguas gaseosas; tabaco; hilados y tejidos de fibras blandas y duras; resinas sintéticas y fibras artificiales; cemento; automóviles y carrocerías; motores; refacciones y accesorios para automóviles.

Independientemente del tamaño de le entidad que se enajenaba, siempre se siguió un extenso y complejo conjunto de actividades que garantizó a los posibles compradores el acceso a la información necesaria para que pudieran hacer ofertas en igualdad de circunstancias. Asimismo, se contó con asesoramiento especializado para fijar el valor mínimo en que se debía vender la empresa. En algunos casos, incluso, se consultó la opinión de expertos internacionales.

Particularmente, los resultados más relevantes durante este sexenio fueron la desincorporación de la Banca y de Teléfonos de México (TELMEX).


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