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LA POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO 1988– 1994: EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
Guillermo Ontiveros Ruíz

 

LOS PROGRAMAS DEL PRONASOL

 

PROGRAMAS DE ALCANCE TERRITORIAL

 

5.1 Fondos municipales de solidaridad (FMS)

 

El Programa inició sus operaciones en 1990, abarcando a los 1,421 municipios de mayores índices de pobreza en todo el país. El objetivo era la transferencia de recursos adicionales a los que disponía en su presupuesto normal el municipio, fortaleciendo sus capacidades financiera y de gestión de las necesidades de sus habitantes.

 

Los recursos del FMS tuvieron como objetivos impulsar obras y acciones productivas que mejorarían las condiciones de vida y posibilitarían el acceso a mejores ingresos a los campesinos que vivían en zonas de baja productividad y a los habitantes de colonias populares marginadas.

 

Los recursos del Programa se distribuyeron, al interior de cada municipio, de la manera siguiente: en general, se asignó hasta 25% a la cabecera municipal y no menos de 75% al resto de las comunidades; en el caso de que más de 60% de la población total del municipio se concentrara en la cabecera, su porcentaje de participación aumentaba a 40% y, sólo cuando toda la población se concentraba en la cabecera municipal, su porcentaje es de 100 por ciento.

 

Los proyectos que financiaba el programa se agruparon en tres categorías:

 

v       Bienestar social: construcción y reparación de sistemas de agua potable y drenaje, escuelas, instalaciones deportivas, centros de salud, calles, parques, jardines y obras de urbanización, entre los principales rubros.

 

v       Apoyo productivo: perforación de pozos para riego; construcción y reparación de canales, bordos, unidades pecuarias, estanques rústicos y empacadoras de productos agrícolas; así como la realización de acciones de nivelación de suelos y despiedre.

 

v       Infraestructura: construcción y rehabilitación de caminos rurales, puentes y centros de acopio, así como la electrificación de poblados rurales y colonias populares.

 

El responsable del manejo y aplicación de los recursos era el ayuntamiento quien, con apego a las leyes federales en materia de gasto público, obra pública y adquisiciones, debía de adecuar su actuación a los principios básicos de Solidaridad, además el ayuntamiento era, también, responsable de que la obra se llevara a cabo en los términos aprobados por la Delegación de la SEDESOL.

 

La base de operación del programa era la creación de un Consejo Municipal de Solidaridad (CMS) en cada uno de los ayuntamientos con los que trabajaba. Este CMS se integró por el presidente municipal, un representante del gobierno estatal, el tesorero municipal, las autoridades auxiliares competentes, y un vocal de control y vigilancia. Lo presidía el titular del gobierno municipal y tenía como funciones principales las de promover la organización de los CS en cada una de las comunidades que integran el municipio, revisar las propuestas que surgen de dichos comités, vigilar que se cumpla la normatividad del programa, así como concertar y coordinar las obras y acciones financiadas por fondos municipales.

 

Por su parte los CS eran los encargados de recoger directa y democráticamente en asambleas generales las demandas de la población de sus respectivas comunidades y priorizar la realización de las obras que habrían de llevarse a cabo para, en etapas posteriores, participar en su gestión frente al CMS, reunir y administrar las aportaciones del gobierno y vigilar la evaluación y el control de las obras.

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