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LA POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO 19881994: EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
Guillermo Ontiveros Ruíz

 

LOS PROGRAMAS DEL PRONASOL

 

PROGRAMAS PRODUCTIVOS

 

Apoyo a cafeticultores

 

Este programa comenzó a operar en 1989, estableciendo el Programa de Apoyo a los Productores de Café en México[1], que apoyó financieramente a los productores que quedaron sin ayuda al desaparecer el Instituto Mexicano del Café (lNMECAFE), a los cafeticultores afectados por la helada de 1989 –principalmente los que poseían hasta dos hectáreas y de 1,000 a 2,000 plantas por hectárea– y a los productores pobres[2] englobados en los siguientes rubros:

 

v       Los considerados en el padrón[3] del INMECAFE, constituido por los productores de hasta 10 hectáreas que cubrieron sus adeudos de los adelantos a cuenta de cosecha en el ciclo 1989 – 1990.

v       Los que integraban el padrón de productores de las organizaciones que recibieron apoyos a la comercialización por parte del INI y que cubrieron sus adeudos.

 

v       Los conocidos como “libres” y que contaban con predios de hasta dos hectáreas.

 

El sector cafetalero era una de las principales prioridades para Solidaridad pues “60 percent of coffe producers live in extreme poverty, and 60 percent are indigenous. This explain Solidarity’s close collaboration with the INI in tis work in the coffe sector”.[4]  Los objetivos del programa eran: primero  impulsar y fortalecer los procesos organizativos y productivos, para mejorar y ampliar su participación en la producción, industrialización y comercialización, y aumentar la productividad. Segundo traspasar a las organizaciones las funciones, recursos materiales e infraestructura que tenía asignados IMECAFE. Para lograrlo Solidaridad se enfocaría en dar alternativas de financiamiento a la producción de los campesinos que no pudieran tener acceso al mercado, así como de promover incrementos substanciales en la productividad a través de mejoras en la organización, en los insumos, la infraestructura y los recursos financieros.

 

Aunque las formas de canalizar los recursos eran muy variadas en la práctica, existieron dos normas básicas para la asignación de los recursos:

 

v       Los recursos debían de ser canalizados a los productores considerados en extrema pobreza, o con menos de tres hectáreas y en algunos casos a las organizaciones cafetaleras locales y regionales que pudieran garantizar la transparencia en el uso de los mismos.

 

v       Los recursos no debían ser asignados por medio de prácticas paternalistas o clientelares, sino a través de los CS pues éstos debían de ser recobrados de acuerdo con un calendario de pagos hecho por el programa o proyecto, con lo que se garantizaría la creación de un Fondo de Solidaridad revolvente para el beneficio de la comunidad.

 

Se conformaron los CS, aunque en este caso Solidaridad no respetó las organizaciones existentes tales como las Unidades Económica de Producción y Comercialización –creadas durante la operación del IMECAFE–, los ejidos, las uniones comunitarias, etc. Posteriormente se elaboró un convenio que establecía los recursos que habrían de corresponder a cada comité, especificando el monto por productor, las fechas para la entrega y los vencimientos para regresar el préstamo, además se crearon el programa de Corte y Acarreo para mantener la capacidad productiva de los cafetaleros en manos del sector social, el Apoyo a la Producción que se enfocó en incrementar la productividad y el Fondo de Acopio y Comercialización que estuvo destinado a apoyar las actividades de almacenamiento y comercialización del café.

 

El programa funcionó mediante un esfuerzo de coordinación interinstitucional, en particular con el INI –dependencia ejecutora del programa– que delimitaba su cobertura territorial de acuerdo con la ubicación de los centros coordinadores indigenistas del INI y los centros de apoyo del INMECAFE. Los centros coordinadores llevaron a cabo las acciones de seguimiento y recuperación de los recursos que servían para conformar una “bolsa” para realizar obras de beneficio comunitario que eran decididas colectivamente.

 

 

Al inicio de 1992 ante la persistencia de la crisis en el sector se conformó el Grupo Operativo Nacional (GON) y 52 Grupos Operativos Regionales (GOR) y se coordinaron también dentro del programa la SARH, SECOFI, BANCOMEXT y otras dependencias de los gobiernos de los estados involucradas con el cultivo de café.

 

Las funciones del GON  eran: definir los instrumentos normativos para la operación general del Programa Especial de Apoyo a Cafeticultores del Sector Social, vigilar la correcta aplicación de los recursos aportados por el Fideicomiso del Café[5] (FIDECAFE) como por el gobierno federal, precisar los montos de recursos necesarios para cada uno de los subprogramas, con base en la opinión de los GOR, estimar y validar los techos financieros por región y entidad con las bases establecidas por los GOR, dar seguimiento,  supervisar y requerir información sobre la operación del programa a las dependencias o grupos involucrados y promover y divulgar el programa.


 

[1]  Durante el gobierno de Salinas de Gortari existieron dos bloques que apoyaron al sector cafetalero, el primero conformado por la Secretaría de Fomento Industrial (SECOFI), el Banco de Comercio exterior (BANCOMEXT), Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y el INMECAFE que buscaron apoyar a los productores potencialmente  rentables, dejando al libre mercado el reordenamiento y no otorgándoles subsidios directos. El segundo bloque estuvo conformado por el PRONASOL y el INI, quienes dieron apoyos a la producción a los miembros de los grupos indígenas quienes por su condición era muy difícil que se integraran al mercado.

[2] Joel Aquino dirigente de la comunidad de Yalalag, distrito de Villa Alta en Oaxaca, en entrevista a la revista  Proceso comentaba acerca del PRONASOL “no es un proyecto para enfrentar seriamente la pobreza en Oaxaca” y además advertía “Si el gobierno no modifica su política social encaminada a mejorar la situación de los indígenas, es natural que aquí haya estallidos como en Chiapas”. Se quejaba del raquítico presupuesto del programa “algo así como 150 nuevos pesos para cada uno que no sirven para los viáticos de un funcionario del estado”, de que los recursos llegaban siempre “fuera de tiempo”; de las infructuosas denuncias presentadas al gobierno del estado y de la “situación de tragedia” en que vivían los cafeticultores oaxaqueños. Véase ROBLES, Manuel, en Ibíd.

[3] Se entregaron los padrones del INMECAFE y BANRURAL que habían sido depurados y validados previamente, sin embargo en la mayoría de los casos las instituciones no consideraban como beneficiarios del financiamiento a los productores marginales, a los de extrema pobreza conocidos comúnmente como “productores libres”, libres de financiamiento para sus cultivos.  Aunque al imprimirle una nueva dinámica de participación mediante asamblea comunitaria, se sumaron a la lista productores libres, aceptados y validados por la comunidad. Véase SCHULZ ROBLES, Verónica, “EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD EN LA ESFERA DE LA PRODUCCIÓN” en Economía Informa, Vol. 18, No. 194, mayo de 1991.

[4] Véase HERNÁNDEZ NAVARRO,  Luis y Fernando CELIS ROJAS, Solidarity and the new campesino movements: the case of coffe production, en WAYNE A., Cornelius and FOX, Jonathan (compilers), Transforming state- society relations in Mexico: The National Solidarity Strategy,  La Jolla, 1994.

[5] Fueron fondos creados con los importes recuperados de los préstamos a los productores dentro del programa.

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