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LA POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO 1988– 1994: EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
Guillermo Ontiveros Ruíz

 

 Estructura del Programa

 

La Comisión

 

Finalmente el cinco de diciembre de 1988 en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México era firmado por el presidente de la República Carlos Salinas de Gortari el Acuerdo por el que se crea la Comisión del Programa Nacional de Solidaridad como órgano de coordinación y definición de las políticas, estrategias y acciones que en el ámbito de la administración pública se emprendan[1].

 

El objetivo fundamental de la creación de la Comisión era combatir los bajos niveles de vida, y asegurar el cumplimiento en la ejecución de programas especiales para la atención de los núcleos indígenas y la población de las zonas áridas y urbanas             –población objetivo– en materia de salud, educación, alimentación, vivienda, empleo y proyectos productivos –materias del programa–[2].

 

La conformación era presidida por el titular del ejecutivo federal, además de contar con los secretarios citados en la nota de pie de página y con los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), del Instituto Nacional Indigenista (INI), del Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artesanías (FIDEPAL) y de la Comisión Nacional de Zonas Áridas y la Forestal F.C.L (CNZAF).

 

Las principales funciones de la comisión eran:

 

1.      Establecer los criterios y lineamientos para la integración de los programas especiales para la población objetivo, así como la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y la inducción y concertación con los sectores social y privado.

 

2.      Someter a la consideración y aprobación del presidente de la República los programas especiales.

 

3.      Definir y acordar las estrategias, políticas y acciones que deberán de seguir las dependencias y entidades de la administración pública federal en las materias del programa.

 

4.      Acordar la realización de programas de investigación y desarrollo tecnológico, de capacitación de recursos humanos para la población objetivo en las materias del programa.

 

5.      Evaluar periódicamente, en el marco del sistema nacional de planeación democrática, los resultados de las acciones orientadas al cumplimiento de los programas especiales.

6.      Definir las políticas que normarán la participación del país en las reuniones y convenios internacionales, relativos a las materias del programa.

 

El Consejo Consultivo

 

La Comisión contó también con un Consejo Consultivo formado con representantes de las dependencias y entidades integrantes de la misma; de los núcleos indígenas más importantes y de los sectores social y privado, así como por especialistas de reconocido prestigio en el campo de las ciencias sociales vinculadas con el objeto y funciones de la Comisión. En el Consejo se expresaban opiniones y propuestas orientadas a definir y perfeccionar las bases de concertación en los programas instrumentados por ésta.

 

El Comité de Evaluación

 

Se contó también con un Comité de Evaluación que realizaba estudios sobre el impacto social y económico de los programas realizados.

 

Para desempeño de sus funciones la Comisión contó con un Coordinador General designado por el presidente de la República.

 

La Coordinación General del Programa y los Convenios Únicos de Desarrollo

 

La Coordinación General del Programa participó en el establecimiento de las bases para la firma de los Convenios Únicos de Desarrollo (CUD) que el presidente de la República suscribía con cada uno de los Gobernadores de los Estados, para establecer las prioridades, formalizar los acuerdos y compromisos conjuntos de inversión, es decir los CUD eran los instrumentos de planeación y de coordinación para extender los beneficios del Programa al país. La Coordinación General y la Unidad Responsable eran en su inicio áreas  de la Subsecretaría de Desarrollo Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) para evitar la creación de un mayor aparato burocrático[3] y el apoyo institucional de los estados lo proporcionarían las delegaciones regionales de la misma secretaría. Entre las funciones de la Unidad Responsable estuvieron el promover ante los gobiernos estatales y municipales la organización de los grupos urbanos y rurales en la ejecución de proyectos de bienestar social.

 

Los Comités de Planeación de Desarrollo en los Estados

 

En los Convenios se definió un apartado específico para Solidaridad, con el objeto de que en el seno de los ya existentes Comités de Planeación del Desarrollo en los Estados (COPLADES) se reunieran las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal para definir, presupuestar, controlar y evaluar los proyectos productivos y las obras de infraestructura y bienestar social en que participaron activamente las comunidades mediante los Comités de Solidaridad (CS).

 


 

[1] Contó también con la participación del Secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, el Secretario de Programación y Presupuesto Ernesto Zedillo Ponce de León, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial Jaime Serra Puche, el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos Jorge de la Vega Domínguez, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Patricio Chirinos Calero, el Secretario de Educación Pública Manuel Barlett Díaz, el Secretario de Salud Jesús Kumate Rodríguez, el Secretario de Trabajo y Previsión Social Arsenio Farell Cubillas, el Secretario de la Reforma Agraria Víctor M. Cervera Pacheco, la Secretaria de Pesca María de los Ángeles Moreno y el Jefe del Departamento del Distrito Federal Manuel Camacho Solís

[2] Como en la introducción se mencionó para Robert kaufman y Guillermo Trejo los objetivos del PRONASOL más que ser  de combate a la pobreza extrema, estuvieron circunscritos en la liberalización política controlada que llevaba a cabo Salinas y que junto con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN) para aprobar una serie de reformas constitucionales que intentaban reducir el fraude en los procesos de votación y los esfuerzos para reorganizar al PRI buscaban la permanencia del partido oficial en el poder, véase en Ibíd.

[3] Para Robert Kaufman y Guillermo Trejo el control de la SPP constituyó una base fundamental de poder dentro de la burocracia federal, ya que le permitió a Salinas y a sus lugartenientes manejar el gasto de los fondos federales y la coordinación de la burocracia federal, véase en Ibíd.   

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