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LA POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO 19881994: EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
Guillermo Ontiveros Ruíz

 

 Orígenes Históricos de la Política Social en México

 

Ubicado históricamente México en un suelo de riquezas naturales enormes al haber sido el virreinato más rico del Nuevo Mundo y corroborado en los escritos de Alzate y Bartolache que “proporcionan en sus periódicos abundantes documentos de la riqueza material. Hacen saber que viven en un “país en que la naturaleza se ha mostrado tan pródiga en sus producciones”, cuenta con los frutos más variados, con una fecundidad poco común de la tierra, lo atraviesan grandes ríos y montañas; la agricultura y la minería han adquirido un desarrollo inusitado en otras naciones. Nada existe, en suma, comparable en América al esplendor de la metrópoli llamada con orgullo, y efectivamente lo era, capital del Nuevo Mundo”[1]. Posteriormente vendría en 1803 el viajero alemán Alexander Von Humbolt, quien rectificaría la fecundidad de la entonces Nueva España al decir “Es cierto que en muchos ramos de la agricultura han llegado a mayor grado de perfección en Caracas que en la Nueva España. ..[….].. La fertilidad del suelo es mayor en las provincias de Cumaná, Nueva Barcelona y Venezuela; es mayor a las orillas del bajo Orinoco y en la parte boreal de la Nueva Granada que en el reino de México, en el cual en las más de sus regiones son estériles, faltas de agua, y se ofrecen a la  vista desnudas de vegetación”[2]. Aunque, reafirma las ideas de Alzate y Bartolache al decir que “Entre las colonias sujetas al dominio del Rey de España, México ocupa actualmente el primer lugar, así por sus riquezas territoriales como por lo favorable de su posición para el comercio entre Europa y Asia. No hablamos aquí sino del valor político del país, atendiendo su actual estado de civilización que es muy superior al que se observa en las demás posesiones españolas”[3].

 

Así el estado mexicano y la sociedad a pesar de que han contado con una gran riqueza y variedad de recursos, esta última encuentra desde sus orígenes hasta hoy una estructura social heterogénea, marcada por una acentuada desigualdad entre los polos de la riqueza y la miseria. En el período virreinal la sociedad estuvo dividida racialmente por castas (Ver tabla 2), donde como Rafael Moreno apunta “Al criollo Bartolache ni siquiera le preocupa el tema indígena, llegando a escribir que las ciencias y las artes sólo pudieron suceder a la “barbarie e ignorancia de los indios””[4]. Para el alemán Von Humbolt en la Nueva España la casta de los blancos es la que posee grandes riquezas “las cuales por desgracia están repartidas aún con mayor desigualdad en México que en la capitanía general de Caracas, en La Habana y el Perú. En Caracas los más ricos cabezas de familia tienen cosa de diez mil pesos de renta; en la isla de Cuba se encuentra quien tiene más de 30 a 35,000 pesos…[…].. En Lima hay pocos que junten arriba de 4,000 pesos de renta. No conozco en el día ninguna familia peruana que goce una renta fija y segura de 6,500 pesos. Por el contrario, en Nueva España hay sujetos que sin poseer minas ningunas, juntan una renta anual de 200,000 pesos fuertes”. En contraste con la situación de los indígenas comenta Humbolt “los indios y las castas están en la mayor humillación. El color de los indígenas, su ignorancia y más que todo su miseria, los ponen a una distancia infinita de los blancos que son los que ocupan el primer lugar en la población de la Nueva-España. Los privilegios, que al parecer conceden las leyes á los indios, les proporcionan pocos beneficios, y casi puede decirse que les dañan. Hallándose reducidos al estrecho espacio de 600 varas de radio que una antigua ley señala á los pueblos indios, puede decirse que aquellos naturales no tienen propiedad individual, y están obligados a cultivar los bienes concejiles”[5].        

 

 

                    Tabla 2: Castas de la Nueva España

 

Mezcla

Resultado

1.        Español con India

Mestizo

2.        Mestizo con Española

Castizo

3.        Castizo con Española

Español

4.        Español con Negra

Mulato

5.        Mulato con Española

Cuarterón

6.        Cuarterón y Española

Sal atrás

7.        Sal atrás con India

Chino

8.        Chino con Mulata

Lobo

9.        Lobo con Mulata

Gíbaro

10.      Gíbaro con India

Alvarasado

11.      Alvarasado con Negra

Cambujo

12.      Cambujo con India

Sambaigo

13.      Indio con Mulata

Calpamulato

14.      Calpamulato con Sambaiga

Tente en el aire

15.      Tente en el aire con Mulata

No te entiendo

16.      No te entiendo con India

Ahí te estás

 

                    Fuente: Museo Nacional del Virreinato

 

Ante esta desigualdad existente en la Nueva España las congregaciones religiosas dedicadas a la protección y a la asistencia de los enfermos, los pobres, las viudas y los huérfanos, así como los grupos altruistas eran los encargados de socorrer a los más necesitados, estas asociaciones siguiendo a Mario Fuentes se pueden dividir en tres, a saber: las cofradías, los pósitos y los montes de piedad.

 

v       Las cofradías: su origen se encontraba en las comunidades indígenas por la ejecución de los diversos trabajos que realizaban los macehuales, además de existir una cooperación entre familiares, compañeros de gremio o talleres y vecinos de colonias. Estas asociaciones atendían primero a los miembros del grupo y posteriormente a los familiares que dependían del cofrade miembro. Sus funciones principales eran: mantener hospitales y lugares de asistencia, ayuda económica para casos de enfermedad, vejez o muerte del padre de familia. Estas instituciones posteriormente evolucionaron a los montes píos.

 

v       Pósitos: instituciones importadas a la Nueva España debido al éxito obtenido en la metrópoli, y consistieron en centros creados para almacenar granos, especialmente trigo y maíz, que después eran prestados a los campesinos y pequeños propietarios en épocas de escasez y sequía. También tuvieron funciones de auxiliar a los caminantes, brindándoles hospitalidad y protección en el viaje y proporcionaban pan y alimento barato a los pobres. De éstos centros derivaron las alhóndigas.

 

 

 

 

v       Montes de piedad: tuvieron su origen en los erarios y en las cofradías gremiales, terminando por sustituir a éstas últimas y teniendo la función de socorro mutuo a través de préstamos  prendarios. En un inicio, no se cobraban intereses; las limosnas que voluntariamente dejaban los pignorantes ayudaban a socorrer al desvalido y, en segundo término se usaban para la realización de la misa de los difuntos. En Nueva España el primer monte de piedad se creó en 1743 por Don Pedro Romero de Terreros (actualmente el Nacional Monte de Piedad).

 

Ya en el México independiente del siglo XIX algunos autores como la marquesa Calderón de la Barca en su visita a México hicieron una referencia circunstancial al problema de la desigualdad y pobreza. En su carta cuarta cuando llegó al puerto de Veracruz describió “Se perdía de vista la multitud de veracruzanos de toda edad y sexo, toda al parecer gente curiosísima que se había reunido para contemplar la llegada de Su Excelencia.- Algunos carecían de pantalones, al paso que otros, como si quisieran compensar la falta de sus compañeros, se habían puesto dos de estas prendas, los de encima partidos al lado de las pantorrillas, a la usanza mexicana […] Algunas vestimentas estaban en su totalidad hechas de andrajos, que sólo se mantenían juntos por la mera fuerza de la cohesión; en tanto que otros tenían sólo unos cuantos agujeros, para dejar pasar el aire.- Todas estas gentes se amontonaban, se estrujaban y casi se echaban al agua unas con otras, mirándonos con rostro de intensa curiosidad”, en su carta séptima ya en la capital del país, al visitar la Catedral Metropolitana de la ciudad de México comentó “Esta mañana no se veía en el sagrado recinto sino léperos miserables, cubiertos de andrajos y frazadas, mezclados con mujeres arrebujadas en rebozos harapientos […] -Es tan sucio el suelo que no puede uno arrodillarse sin horror y sin tomar la determinación íntima de cambiar de traje con la mayor rapidez posible”. Finalmente en su carta octava cuando visitó la catedral de Guadalupe, también en la ciudad de México, apuntó “Grandiosamente sonaba el órgano, al desgranar sus armonías en la nave de la vieja Catedral; y el sol poniente hacía penetrar sus rayos a través de las góticas ventanas, con luz rica y brillante.-La iglesia estaba llena de gente de la población, muy especialmente de léperos, que contaban las cuentas de su rosario y que de repente, en mitad de algún “Ave María Purísima”, se atravesaban frente a nosotros, ellos y sus harapos, con el sempiterno: “Por el amor de la Santísima Virgen”; y si esto no les daba resultado, trataban de apelar a nuestras simpatías domésticas. Los hombres mendigaban: “por la vida de la señorita”, las mujeres pidienteaban “por la vida del niñito” y los niños pordioseaban “por la vida de su mama”. Y cierta dosis de piedad, no exenta de superstición, hace que la mayor parte de la gente, las mujeres sobre todo, vayan abriendo los bolsillos…”[6].

 

Durante esta época las instituciones y acciones de beneficencia y atención a los pobres, estuvieron en su mayoría, en manos de la iglesia católica y de algunos particulares que otorgaban su ayuda a los más necesitados. En el caso del gobierno la no intervención se ocasionó debido a la condición del erario público, además de la situación política del país. En 1843 el gobierno permitió el establecimiento de las Hermanas de la Caridad del Instituto San Vicente Paul, con el fin de darles la administración de los hospitales, hospicios y las casas de beneficencia. Se hicieron cargo de los hospitales del Divino Salvador para mujeres con afecciones mentales, de San Hipólito y San Pedro que cuidaba a sacerdotes dementes. La mayoría de estos establecimientos se sostenía de limosnas y donaciones, pero había algunos, como el del Divino Salvador, que contaban con una lotería[7].

 

 

 

En esta etapa se da el tránsito de la caridad –considerada como una virtud privada–, a la beneficencia –entendida como un servicio público que depende de un ramo de la administración civil– con la ley de la nacionalización de los bienes del clero de 1859, el decreto de secularización de los hospitales y centros de beneficencia en 1861 y con el decreto juarista que suprimió a las órdenes religiosas en 1863. Estas disposiciones legales hicieron que los hospitales en general vivieran años de crisis y pasaran a depender enteramente del poder civil. Las autoridades trataron de disminuir la gravedad de la situación –aunque sin mucho éxito– con la creación de la Dirección General de Fondos de la Beneficencia Pública en 1861, que dependía del Ministerio de Gobernación, con el objetivo de crear un ente que se encargara de realizar, promover y sostener todas las obras de caridad, aunque apenas un año después de creada fue suprimida por el mismo Juárez, quedando la obra de beneficencia en manos del ayuntamiento.

 

Las principales instituciones de beneficencia en esta época eran: El Hospicio de Pobres fundado en 1776, La Larcialidad (o Escuela de San Antonio) fundada en 1850, La Casa para Jóvenes Delincuentes; El Hospital de San Pablo; El Hospital de San Juan de Dios; El Hospital de San Hipólito; El Hospital del Divino Salvador y La Cárcel de Belén. Posteriormente en la época del segundo imperio, Maximiliano creó El Consejo Central de Beneficencia y una Junta Protectora de las Clases Menesterosas para prestar servicios asistenciales y la emperatriz Carlota impulsó la fundación del Hospital de San Carlos dedicado a prestar atención médica a la maternidad[8]. Además de las funciones asistenciales como la atención a la salud, el socorro y la limosna, algunas de estas instituciones incorporaron la atención a la educación, la previsión sanitaria y otras actividades.

 

Durante el régimen de Porfirio Díaz a pesar del bienestar, éste “alcanzó a poquísimos y a costa del bien de las mayorías. La superioridad y riqueza de algunos se basó en la inferioridad y pobreza de otros”. Con respecto a la vida de los peones de las haciendas “llegó a ser menos intranquila en los “acasillados” y más azarosa en los “libres”. Aquellos ganaban generalmente dos reales diarios que se les pagaban valederos en las tiendas de raya; ganaban apenas lo indispensable para asegurar los frijoles y las tortillas, el calzón y la camisa de manta, los guaraches y el sombrero, más lo poco que obtenían de por vida. Los peones libres envidiaban la suerte de los acasillados porque no podían vivir tranquilos trabajando un día y otro no, corriendo de un lado para otro; si eran norteños, tratando de pasarse al otro lado, si del centro, ansiosos de conseguir jornal seguro en la hacienda o en la fábrica”. Finalmente los comuneros de las zonas indígenas que escaparon a la desamortización de sus comunidades “nacen, viven y mueren bajo el temor de Dios y de la naturaleza, al margen del progreso, pobres pero sin rey, oscilando entre la congoja cotidiana y las grandes alegrías de los días en que a los santos se les llega su fiesta. La pasarían menos mal sin la enemiga de un gobierno enemigo de la propiedad común, de los latifundistas empeñados en extender sus latifundios, de una tropa que cuando cae a sus costillas y de una leva que los convierte en tropa. Y como rara vez logran protección de la leyes acuden de cuando en cuando a los muelles; se levantan en armas; se hacen guerrilleros y algunas veces le ensucian al gran dictador su título de héroe de la paz” […] Los esclavos del progreso capitalista no llegaron a saborear los dones porfíricos: la paz, la libertad y el bienestar[9].

 

 

 

 

 

Durante el período porfirista, se dividió a la beneficencia en pública y privada, y en 1870 se fundaron la Escuela de Sordomudos y de Ciegos,[10] siendo impulsada esta última por el señor Ignacio Trigueros. Posteriormente la beneficencia se separó de los ayuntamientos con el decreto de 1877, creándose una junta denominada Dirección de Beneficencia Pública y de la que pasaron a depender el Consejo Superior de Salubridad y el Servicio de la Vacuna, además se modificó la operación de la Lotería Nacional, cambiándole el nombre a Lotería Nacional para la Beneficencia Pública (LNPBP) –es la primera en México que destina los fondos y recursos recaudados sólo a labores de asistencia–, también se unificaron todas las loterías existentes hasta ese momento y se prohibió la existencia de otras diferentes cuyos productos estaban también destinados a la beneficencia. En 1881 se emitió un decreto por medio del cual la LNPBP pasaba a ser una dependencia del estado y su organización quedaría a cargo de la Secretaría de Hacienda, por otro lado, en ese mismo año la Dirección de Beneficencia Pública fue suprimida, expidiéndose un nuevo reglamento que consagraba los derechos de los habitantes de la República, cuando son: 1. débiles socio-económicamente, a que el estado les preste ayuda económica y 2. el deber que la sociedad tiene de contribuir conforme a sus posibilidades a la anterior erogación, además incorporaba los establecimientos de la beneficencia a la Secretaría de Gobernación, dividiéndolos en tres categorías, a saber: hospitales, hospicios y casas de educación y corrección.

 

Algunos de los establecimientos de beneficencia que pasaron a manos de la Secretaría de Gobernación eran: el Hospital de San Andrés, el Hospital Juárez, el Hospital Morelos, el Hospital de la Maternidad, el Hospital de Infancia, el Hospital de Dementes, el Hospital de Mujeres Dementes, el Hospicio de Pobres, la Escuela Industrial de Huérfanos, la Escuela de Educación Correccional de Agricultura Práctica y  el Consultorio Médico. Finalmente dos de los más importantes centros de asistencia creados en esta época fueron: el Hospital Concepción Biéstegui, destinado a la atención de enfermos de infecciones no contagiosas y la Casa Amiga de la Obrera, fundada por Carmen Romero Rubio –esposa de Porfirio Díaz–, donde se brindaba atención a hijos de obreras que no podían atenderlos debido a sus labores.

 

En materia de legislación en 1908 se incluyó dentro de las facultades del Congreso el legislar en materia de salubridad al reformar el artículo 72 de la constitución de 1857, creando la fracción XXI. Antes de esta modificación lo relativo a salubridad se resolvía a través de decretos y bandos presidenciales, y de los decretos y la legislación que se elaboraba en los estados de la República.

 

Durante la Revolución Mexicana, decae la ya de por si mermada estructura de beneficencia y el 13 de enero de 1913 Venustiano Carranza “esgrimiendo que la Lotería Nacional no podía considerarse más que como una empresa de juego de azar, sostenida, fomentada y explotada en beneficio del erario, pero con grave detrimento de la moral y de los intereses públicos”[11] la suprime. Empero la anulación de esta institución pudo deberse a algún hecho político, para impedir que las facciones contrarias a las carrancistas pudieran obtener recursos por este medio.

 

 

 

Al promulgarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, comenzó una legislación diferente en materia de salubridad y beneficencia pública, debido a que se incluyeron diferentes artículos que contribuyeron al fomento y la construcción de un aparato administrativo capaz de regular de manera sistemática la salud, la educación y la beneficencia pública y privada. Además se instituyo el Consejo General de Salubridad, que según establecía la Constitución, dependería directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de estado y sus disposiciones generales serían obligatorias en todo el país.

 

Ya durante el siglo XX –una vez terminada la Revolución–, autores como  Alfonso Caso al referirse al problema de la desigualdad y pobreza indígena escribió “El indígena es mexicano, puesto que paga las alcabalas cuando va a vender su producto a las ciudades o a comprar los elementos que no produce; es mexicano cuando es enrolado para trabajar en las fincas de piña o de café y recibe, como anticipo de su salario, una buena dosis de alcohol que lo embrutece y envenena; es mexicano cuando cae en manos de los agentes municipales que lo llevan a la cárcel para cobrarle multas y obligarlo, a la mañana siguiente, a barrer el pueblo; y también es mexicano cuando paga indirectamente los impuestos, al comprar los productos que le venden, a precios exagerados, los comerciantes de los pueblos”.

 

“Pero si una epidemia de tifo o de viruela azota a su comunidad entonces no hay médico y medicinas mexicanas; si se trata de explotar sus tierras o sus montes, no hay técnicos mexicanos que lo ayuden; si se trata de educar a sus hijos, no hay escuelas mexicanas que lo enseñen, y si trata de salir de su comunidad para comunicarse con el resto del país, no hay caminos mexicanos que pasen por su pueblo”.

 

“Si, el indígena es mexicano conforme a nuestras leyes. No tiene ninguna de las ventajas que hemos dicho, pero en cambio puede consolarse sabiendo que la Constitución y las leyes del país, escritas en un idioma que no entiende, lo declaran ciudadano mexicano, “en pleno uso de sus facultades y derechos””.

 

“¿Será posible que no se entienda que las leyes que hablan de igualdad sólo son justas cuando se aplican a iguales? ¿Qué la máxima injusticia es declarar iguales ante la ley a quienes no lo son?”.[12]

 

Durante el período presidencial de Álvaro Obregón –1920 a 1924– se inició la mayor campaña de alfabetización conocida hasta esa época, además se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo la dirección de José Vasconcelos. Se aumentó el gasto social y con ello el presupuesto destinado a salud, creándose el Centro de Higiene Eduardo Liceaga y el Centro de Higiene Manuel Domínguez.

 

Con Plutarco Elías Calles en la presidencia –1924 a 1928– se llevaron a cabo acciones no sólo de beneficencia pública, sino a nivel social, como el proyecto de ley del Seguro Obrero para Accidentes y Enfermedades Profesionales, la creación del Dormitorio para Niños cuya función consistió en brindar atención y varios servicios a niños sin hogar o abandonados en la vía pública y se creó el Reglamento de la Dirección de Higiene Escolar en el Distrito Federal, donde se hablaba por primera vez de la educación especial para personas con capacidades  diferentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1929 la Lotería Nacional contribuía con el total del mantenimiento de la Casa Cuna, el Hospital de Niños y Niñas, la Escuela Industrial para Jóvenes, la Escuela Nacional de Ciegos, la Escuela Nacional de Sordomudos, la Escuela Amiga de la Obrera, el Hospital General, el Hospital Juárez, el Hospital Nacional Homeopático, el Manicomio General de la Castañeda, el Asilo para Ancianos Desvalidos, los Consultorios Públicos 1, 2, 3, 4 y 5 y los Dormitorios Públicos para Adultos y para Niños, además a finales de ese mismo año se creó la Asociación para la Protección a la Infancia, que sentó las bases para la organización de un proyecto nacional asistencial a favor de los niños. Su objetivo era brindar protección y atención a los niños de escasos recursos y principalmente distribuir desayunos a los menores que recurrían a la asociación o que iban a las escuelas donde se otorgaban dichos desayunos.

 

Otro de los grandes avances de ese año fue reformar la fracción XXIX del artículo 123 incluyéndose un párrafo en el que se considera de utilidad pública la expedición de una Ley del Seguro Social, que incluía seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, servicios de guardería y otros.

 

Para 1930, “a pesar de los esfuerzos del gobierno federal para paliar los efectos de la pobreza en México, en las calles de las ciudades se hacían ver los resabios de dos décadas de conflictos militares, políticos y económicos. Los indigentes aumentaron en número, los desempleados también eran cada vez más y finalmente, las madres y los niños de escasos recursos caían en el desamparo”.

 

“James Wilkie afirma que a partir de la publicación de un libro de Ramón Beteta y Eyler N. Simpson, se iniciaron las denuncias sobre las condiciones y marginación existentes en la ciudad de México. La importancia de este libro consistió en que llamó la atención sobre la cantidad de “mendigos” que había en la ciudad”[13].

 

En ese mismo año se creó la Ley de Planeación Democrática de la República Mexicana, donde se sientan las bases para realizar cualquier actividad de la beneficencia. En 1931 se publicó la Ley Federal del Trabajo, donde se plasmaron los derechos que dentro del programa revolucionario, debían darse a favor de los trabajadores y en 1933 se creó el Código Sanitario, donde destacaba la formación de Escuelas de Salubridad e Instituciones de Higiene.

 

Durante la presidencia de Cárdenas se establecieron los catorce puntos (ver anexo 1) para la planificación del movimiento obrero y la forma en que se actuaría. Así en 1938 se consolidó la institucionalización para el sector agrario en la Confederación Nacional Campesina (CNC) y para el obrero en la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

 

Dentro de las acciones tendientes a paliar  las condiciones de pobreza imperantes en el país se crearon Centros Permanentes de Atención Médica y el Departamento de Salubridad puso en marcha un programa coordinador de salud que concertaba con los estados la puesta en marcha de campañas de vacunación y erradicación de enfermedades como la viruela, la poliomielitis y la brucelosis.

 

 

Se cambió el término beneficencia por asistencia, reorientando los objetivos, métodos de atención y ayuda tradicionales, además de reconocer la obligación del estado  para intervenir en materia de salud y de auxilio social. “El nuevo planteamiento establecía que no sólo debía atenderse a los más desvalidos en acciones de protección o alivio a las necesidades básicas: debían contemplarse una serie de programas que les permitiera su integración o reintegración a la vida productiva del país”[14].

 

Finalmente entre 1936 y 1937 se crearon la Secretaría de Asistencia Pública (SAP) y el Departamento de Asuntos indígenas (DAI),[15] consolidándose con estas acciones el proyecto de la asistencia social en general.

 

La SAP reformó conceptual y estructuralmente, el papel de la asistencia y de lo asistencial, centrándose en cinco puntos principales de debilidad social en los cuales intervendría (Ver anexo 2). “Anteriormente, se consideró a la asistencia sólo en el plano del alivio de las necesidades más radicales de la población socialmente débil; sin embargo, a partir de la creación de esta secretaría, el planteamiento consistió en brindar atención preventiva, de tal forma que, disminuyera paulatinamente el número de personas menesterosas, poniendo especial atención en las madres y en los niños”[16].  Las actividades de la secretaría se cohesionaron a través de tres instancias, a saber: el Departamento de Terapia Social, la Dirección General de Asistencia y la Dirección General de Asistencia Infantil.

 

 Para el período de la década del cuarenta la intención del gobierno era dirigir a la nación hacia una consolidación efectiva de la paz social, el sustento del sistema de sustitución de importaciones y la consolidación del proceso de industrialización y desarrollo tecnológico. En 1940 se reorganizó Nacional Financiera (NAFIN) para convertirla en la principal institución promotora del desarrollo industrial.

 

En 1946 se inició la fase más fuerte de la primera etapa del modelo de sustitución de importaciones, extendiéndose hasta  1959–1960, con el objetivo de realizar el despegue económico que permitiera a México la inserción en el bloque del primer mundo. En esta primera etapa se tuvo tres características, a saber:

 

v       La preponderancia y el fomento a la empresa privada, tanto nacional como extranjera.

 

v       Desacelerar la creación de empresas productivas, cambiando esta tendencia por la adopción de empresas privadas ya existentes y que, por distintas circunstancias llegaban a ser insolventes.

 

v       Estas políticas fueron acompañadas del intento de crear un mercado de consumo interior   

 

En la segunda etapa del modelo de sustitución, éste buscó seguir con la industrialización, además de estabilizar los precios en la economía, conociéndose esta época como el “milagro mexicano”. La intervención del estado se dio a través de los siguientes instrumentos:

 

v       El sistema financiero.

v       El sistema monetario.

v       El sistema fiscal.

v       Infraestructura y un gasto social creciente en materias como educación, salud, trabajo, previsión social y alimentación.

 

Empero el hecho de que existiera estabilidad económica no significó una condición de bienestar generalizada ni erradicó la pobreza. El campo era uno de los sectores más desatendidos, debido a que el modelo apostó por el desarrollo industrial y por la consolidación de un sector urbano, sin existir políticas compensatorias tendientes a equilibrar la situación del campo con respecto a la ciudad. Las condiciones de vida de los indígenas y campesinos desembocaron en movimientos guerrilleros, siendo los más conocidos los dirigidos por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.  

 

Como ejemplo de la situación de los campesinos Oscar Lewis narra la vida de los Martínez, una familia del campo. Con respecto a su casa describió “En el barrio de San José, punto medio entre lo alto y lo bajo del pueblo se alzaba la casa de Pedro Martínez, casi escondida por las ramas colgantes de los ciruelos nativos. La casa de teja roja, como todas las de San José, el más pobre de los ocho barrios, constaba de un cuarto sin ventanas, además de una endeble cocina de carrizos […] Ya sola Macrina dobló las cobijas de las dos camas, tomó la escoba de varas y comenzó a barrer el piso de tierra. […] Amontonó en seguida los huacales de ciruelas que servían de cama a Ricardo, quien durante algún tiempo disfrutó del catre de Felipe, pero como Felipe discutía por su cama cada vez que Ricardo se acostaba, éste terminó por acomodar ocho huacales de ciruelas (dos a lo ancho y cuatro a lo largo) para hacerse su propio lecho. […] Las paredes de adobe, cubiertas aquí y allá con viejos periódicos, estampas religiosas y calendarios, tenían salientes de clavos que se utilizaban para colgar sombreros o ropas extras. El cuarto contaba con muy pocos muebles y no tomaba mucho tiempo el limpiarlo. […] Macrina alineó contra la pared siete bancos y dos sillas que su padre compró en años pasados. Antes la familia utilizaba los huacales como sillas”. Al mencionar lo que comía esta familia contó “De rodillas ante el tecuil[17] removió las cenizas del fuego de la noche pasada avivando la brazas con el soplador. No quería utilizar los cerillos, pues una caja de cinco centavos era un lujo que debía evitarse […] Esperanza llenó el jarro con agua y puso la canela a hervir. Había que tortear más de cien tortillas: veinticinco para cada quien […] y diez más para el perro de Pedro”. Finalmente, con respecto al vestido del padre describió “Pedro era chaparro, de cuerpo rechoncho. Mientras vestía su camisa sucia y parchada cortada en casa, y el amplio calzón blanco destacaba la comba de su vientre voluminoso. Metió los renegridos y callosos pies en los pesados huaraches, hechos de una vieja llanta. Un bigote ralo y sin cortar cubría su labio superior y, casi siempre, llevaba la cara sin rasurar. Los sábados cuando se bañaba y se ponía ropas limpias o durante los días que iba al pueblo o a la ciudad de México, usaba unos pantalones oscuros que le hacían verse más elegante. Generalmente traía un sombrero de palma inclinado sobre los ojos que le daba un aspecto bastante engallado para un hombre de cincuenta y nueve años”[18].

 

Así las contradicciones sociales se manifestaron en la vida cotidiana. El auge del desarrollo iluminaba las calles de las grandes y medianas ciudades, mientras que ahí mismo –y en el campo sobe todo– existían los cinturones de miseria, las ciudades perdidas, el rezago y la marginación.

 

 

 

 

En este período de tiempo es cuando surgieron algunas bases para la concepción moderna de la asistencia social, que avanzó para institucionalizarse de manera acelerada desde 1958 y hasta 1976, además el estado mexicano cambia su papel y aceptó bajo nuevas modalidades, el derecho a la atención asistencial de las personas en circunstancias de vulnerabilidad.

 

Se transformó el Departamento del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en 1941, la Secretaría de la Asistencia Pública era reorganizada de forma tal que a la Dirección General del Patrimonio de la Beneficencia Pública se le facultó para planear y diseñar de manera íntegra el presupuesto de egresos de esa secretaría. Ese mismo año se reformó el Nacional Monte de Piedad para mejorar la calidad de sus servicios, también se inauguró el Comedor Familiar No. 1.

 

En 1942, la Comisión Nacional de Alimentación inició un proyecto para crear un Instituto Nacional encargado de la atención nutricional de los niños y madres, culminado el proyecto en 1944 con la inauguración de Instituto Nacional de Nutriología, además se promulgó la nueva Ley del Seguro Social, que comenzó a regir a partir de 1944 y con la que surgió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 1943, abrió sus puertas la Escuela Amiga de la Obrera No. 3 y se creó la Secretaría de Salubridad  y Asistencia Pública (SSAP) –de la fusión de la SAP y el Departamento de Salubridad– que contó con cuatro direcciones generales, a saber: la Dirección de Salubridad, la de Asistencia Médica, la de Asistencia Social y la de Rehabilitación.

 

No obstante todos estos cambios, las formas de distribución de la riqueza no permitían a quienes estaban fuera de las estructuras de seguridad social satisfacer sus necesidades, ni resolver las posibles contingencias provocadas por los accidentes, la desocupación, la muerte del responsable del sustento  familiar, etc.

 

Considerando a la población que quedaba fuera de la seguridad social, el gobierno asumió administrar y manejar recursos para atender a la población abierta y para quienes vivían en condiciones de pobreza y circunstancias de vulnerabilidad social.

 

Así la SSAP retomó y reforzó el sentido de asistencia social, brindándoles atención a todas aquellas personas que no formaban parte de las estructuras y programas de la seguridad social cuya institución rectora era el IMSS y en 1947 implementó el programa de reparto de desayunos escolares.

 

En 1952 se creó la Oficina Nacional de Niños con el objetivo central de aliviar y atender de forma especializada la salubridad y la asistencia materno–infantil. Así mismo se impulsaron los programas de guarderías, de subsidios familiares y el de educación de los padres, pues en esta época se creía que el país podría alcanzar un desarrollo sostenido a partir del fortalecimiento de los vínculos familiares. Las campañas se dirigieron a estimular el cuidado físico del menor, un desarrollo psíquico “normal”, la detección temprana de conductas “anormales” y en síntesis promover su sano crecimiento y desarrollo integral.

 

 

 

A pesar de estas acciones, el problema de la indigencia infantil no desapareció; de hecho se observó que la indigencia, la soledad y el abandono tendían a generar desequilibrios y problemas sociales como: delincuencia infantil, abuso sexual a menores, maltrato físico, desnutrición y analfabetismo, llevando a la exclusión social que impedían a las personas lograr condiciones de vida digna y simultáneamente limitaban los posibles efectos de los programas de integración y desarrollo social.

 

En 1955 se creó el Banco Nacional Agropecuario –que después se convertiría en el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL)– cuyo objetivo era “llevar a cabo, "en el menor tiempo posible", la descentralización del crédito agropecuario a través de instituciones regionales autónomas. Se trataba originalmente de un banco de "segundo piso", esto es, una institución que no trataría en forma directa más que con los bancos que operaban en el sector rural; el nuevo banco, además, supervisaría estrechamente la aplicación y resultados económicos de los créditos autorizados”[19].

 

Posteriormente en 1960 se creó el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el objetivo de otorgar prestaciones relativas a la salud, prestaciones sociales, culturales y económicas, y extendiendo estos beneficios a los familiares de los trabajadores y pensionistas. En 1961 se creó Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) –que después se convertiría en 1977 en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) – y los Institutos Regionales de Protección a la Infancia (IRPI) con el objetivo de que el Estado mexicano protegiera a la niñez movilizando para ello todos los medios que tuviera para fomentar la familia mexicana, en especial la de más escasos recursos. Además se creó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) como un órgano paraestatal su objetivo era la regulación del mercado de productos básicos a través de la administración de la relación entre productores y consumidores, eliminando los altos costos y las ineficiencias generadas por los intermediarios.

 

En 1968 se creó la Institución Mexicana de Atención a la Niñez (IMAN) con el compromiso de organiza y dirigir programas asistenciales en beneficio del menor en condiciones de abandono, además de crear y atender casas cunas de menores de cuatro años de edad, cuya situación fuese el abandono.

 

Durante 1972 se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) donde se otorgaron “88 mil créditos para un igual número de viviendas, cuya construcción requirió desde la selección y adquisición de los terrenos, los estudios preliminares; los diseños urbanos y de vivienda; la búsqueda y selección de constructores; y la presupuestación, ejecución y supervisión de las obras”[20].

 

En 1983 y 1984, de acuerdo a la Encuesta del Ingreso de los Hogares “realizada por el INEGI, el estrato más rico de la población –uno y medio millones de hogares- concentraba un ingreso que duplica al de los cuatro estratos más pobres del país y que representa a cerca de 6 millones de hogares. Es más, ni acumulando los ingresos de la mitad de los hogares mexicanos se logra igualar la riqueza del estrato más rico del país. Este último concentra el 33.5 por ciento de la riqueza nacional. […] Es más si los más afortunados cedieran sólo el 10 por ciento de sus ingresos, casi se podría duplicar el de los dos estratos más empobrecidos”[21]

 

 

 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, en 1983 se creó el Plan Nacional de Desarrollo 1983–1988 (PND) donde se trazaron los rasgos que tomaría la administración a lo largo del sexenio. Con respecto a la política social el PND estableció la necesidad de crear una sociedad igualitaria como producto de la Revolución. Anteriormente como candidato presidencial Miguel de la Madrid ya había fijado las siete tesis rectoras como objetivo de la Revolución para establecer una sociedad igualitaria como “la nueva forma de vida común que debemos de crear los mexicanos para que, sin distingos, todos podamos disfrutar de las mismas oportunidades para nuestro desenvolvimiento personal”[22]. En materia de atención y combate a la marginación y pobreza, se establecieron los lineamientos para  atender a las familias de más bajos ingresos concentradas en zonas rurales, –donde la producción no es suficiente  en ocasiones para satisfacer las necesidades básicas– a través de:

 

v       Dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra y los derechos agrarios.

 

v       Contrarrestar los problemas de eficiencia del minifundio.

 

v       Dar prioridad a los programas de bienestar social que brinda el estado a las zonas más rezagadas.

 

v       Fortalecer los programas de salud en beneficio de los marginados.

 

Así mismo en materia de nutrición el PND estableció básicamente el impulso a la modernización de la planta productiva de alimentos básicos y de apoyo y subsidios para el abaratamiento de los productos de alto nivel proteínico.

 

Dentro del PND era la primera vez que la asistencia social se insertaba con dimensiones nacionales, ésta se enmarcó dentro del Programa Nacional de Salud tendiendo dentro de sus objetivos y estrategias de trabajo el diseñar estrategias para mejorar las condiciones sanitarias del país y sobre todo, para extender y mejorar los servicios en las zonas marginadas y en las capas de la población más necesitadas.

 

Los lineamientos de estrategia del Sector Salud se dividieron en cinco áreas, a saber:

 

v       Acciones preventivas.

 

v       Reorganización y modernización de los servicios.

 

v       Consolidación del sistema.

 

v       Reorganización de la asistencia social.

 

v       Formación, capacitación e integración.

 

Con lo anterior se establecieron las líneas generales de acción del DIF para atender a quienes la marginación social había colocado en situación crítica. Planteó la posibilidad de crear células básicas de acción para llegar de una manera eficaz a las zonas marginadas, diseñando el programa de los Comités de Desarrollo Comunitario que serviría como enlace y contacto directo con la población, con la ventaja de que los trabajadores de estos programas, al ser habitantes de las comunidades y colonias, tendrían mayor facilidad de acceso a las familias y personas marginadas.

 

Algunas de las instituciones que apoyaban al DIF eran: la SEP, la STPS, el Departamento del Distrito Federal, el Instituto Nacional Indigenista (INI), el Secretario Técnico del Gabinete de Salud, la Junta de Asistencia Privada y la Administración del Patronato de la Beneficencia Pública.

 

Los principales programas en materia asistencial llevados a cabo por el DIF en esos años tenían como punto de referencia el problema nutricional del país y eran: el Programa de Asistencia Social Alimentaria, el Programa Social a Desamparados, el Programa de Asistencia Educacional, el Programa de Rehabilitación, el Programa Cívico, Artístico, Cultural y Deportivo y el Programa de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos e Investigación. Por lo que en este período el DIF significó para el país “el instrumento del gobierno de la República encargado de aplicar sus programas de asistencia social dirigidos a fortalecer la organización familiar, a participar en el desarrollo de la comunidad, a fomentar la educación para la integración social, a impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez y proteger los derechos de los menores, ancianos y minusválidos sin recursos”[23].

 

A partir del diseño del PND, se planteó una organización institucional distinta que dio origen al Sector Salud, el cual se integró con la Secretaría de Salud y funciones, programas y servicios de salud IMSS–ISSSTE. En 1984 se estableció el subrector de institutos nacionales de salud, dependientes de la Secretaría de Salud y cuyas actividades estarían reguladas por la Dirección General de Coordinación Sectorial.

 

Se adicionó el artículo 40 de la Constitución en materia de salubridad porque “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme lo dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”[24]  y a partir de eso se creó la Ley General de Salud publicada en 1984, que tenía como uno de sus objetivos establecer que el derecho a la salud tenía como finalidad garantizar el disfrute de los servicios de salud y asistencia social que puedan satisfacer eficazmente las necesidades de la población.

 

Con base en la Ley General de Salud y en la formación del Sistema Nacional de Salud (SNS) se buscó reglamentar las acciones asistenciales, debido a que definidos sus contenidos e identificada su población objetivo era necesario un cuerpo jurídico que explicitará las funciones del DIF. El 9 de enero de 1986 se promulgó la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social donde se subrayaba la constitucionalidad del derecho plasmado en el artículo 40 constitucional, dándose también un reconocimiento legal y prioridad por parte del estado a las tareas asistenciales. Ya al final del sexenio se emitió el Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional Contra las Adicciones, que tenía como objetivo investigar y proponer medidas de combate al alcoholismo, al abuso en el consumo de bebidas etílicas, recomendar medidas sobre el control de la publicidad relativa a ese tipo de bebidas, tabaco y fármacos.

 

En 1987 se creó la Ley de Salud para el Distrito Federal, que establecía la creación de un sistema de salud local para el Distrito. En relación con la asistencia social, una de las atribuciones del Sistema de Salud del Distrito Federal era contribuir en la prestación de servicios asistenciales y dar impulso al desarrollo de la familia.

 

 

Finalmente de acuerdo con Mario Luis Fuentes, este período constituyó una fase expansiva de la asistencia social, no tanto por los recursos destinados a la materia, sino por asumir la necesidad de especializar y de limitar los servicios asistenciales en el país, aunque “el resultado de las políticas gubernamentales no alivió la pobreza ni redujo la marginación debido a la necesidad de transformar la economía, a los compromisos de deuda del país, al rezago acumulado en diferentes materias propias del desarrollo social y a las consecuencias sociales de la situación de la crisis. No obstante quedó un precedente para las cuestiones de la administración, planificación y proyección de la política social, resultando de ahí puntos específicos para las acciones de asistencia social”[25].

 

Durante el sexenio de Carlos Salinas, las políticas en torno a la asistencia social tuvieron como base el Plan Nacional de Desarrollo 1989–1994, como el eje de la planeación,  elaboración de los programas y proyectos gubernamentales, así como de la modernización del país. Bajo la concepción de que el mundo se encontraba en un proceso de innovación tecnológica, desarrollo industrial e integración económica se trazó una visión técnico–estratégica en la toma de decisiones, la racionalidad de la gestión gubernamental y en una dinámica caracterizada por el pragmatismo y la eficacia. El PND fijo como líneas estratégicas de acción el mejorar la calidad del servicio, atenuar las desigualdades sociales, modernizar el sistema de salud y descentralizar y consolidar los servicios de salud. Para ello se diseñaron tres acuerdos bases sobre los cuales giraría la modernización.

 

En materia de desarrollo social y políticas asistenciales dentro del PND, éstas se enmarcaron dentro del Acuerdo para elevar productivamente el nivel de vida de la población, donde se definieron líneas estratégicas orientadas a la recuperación y estabilidad económica, a la creación de empleos y al mejoramiento de los salarios de los trabajadores. El objetivo del acuerdo era otorgar e impulsar la protección a las personas, mejorando los servicios de salud y ofreciendo la infraestructura necesaria para que, en las zonas urbanas y rurales, se dispongan de instalaciones que brinden servicios permanentes con el nivel que exigen las normas y los acuerdos internacionales en materia de salud.

 

En el punto 6.2 del PND, el acuerdo consideró la atención prioritaria de las demandas de bienestar social, bajo la premisa de que el crecimiento económico no garantizaría el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías; por lo que el gobierno federal orientaría el gasto social en dos niveles, a saber: 1. mitigar los efectos de las crisis pasadas y 2. acrecentar la capacidad de desarrollo de la población. Así mismo se establecieron las líneas de política para: a) asignar prioridad al gasto social conectándolo con los distintos niveles de gobierno y b) dar prioridad a la atención de las necesidades básicas de la población.

 

En el punto 6.2.3 del PND, el acuerdo abordó el tema de Salud,  Asistencia y Seguridad Social, ratificando por ley, que las tareas asistenciales del gobierno debían insertarse dentro del Sector Salud. La salud incluía no sólo la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico y mental, en un contexto ecológico y social propicio para su sustento y desarrollo.

 

 

 

 

 

 

Al iniciar el sexenio las autoridades del DIF buscaron crear estrategias para concretar las políticas y los programas de atención a la población socialmente vulnerable en congruencia con los acuerdos del PND. Se emprendió una reestructuración por la cual se redujeron de diez a cinco, los programas que operaba el sistema, quedando de la siguiente forma:

 

1.      Programa de Atención y Mejoramiento Nutricional: tuvo como finalidad brindar apoyo a los sectores de la población marginada, proporcionando apoyos directos como desayunos y despensas familiares con base en el Censo Nacional de Talla.

 

2.      Programa de Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario: su objetivo principal era el elevar la calidad de vida de las familias mexicanas y de sus comunidades fomentando la participación en programas de asistencia social.

 

3.      Programa de Protección y Asistencia a Población en Desamparo: Tuvo como finalidad brindar servicios asistenciales a través de la atención de menores en estado de abandono, desamparo, incapacitados, marginados, indigentes y personas que por su extrema ignorancia, requerían de este tipo de servicios para propiciar su integración a la sociedad, así como prestar permanentemente servicios de asistencia jurídica y normar su aplicación en instituciones de asistencia social.

 

4.      Programa Asistencia a Minusválidos: tuvo como objetivo proporcionar servicios de rehabilitación no hospitalaria a personas minusválidas que, por circunstancias económicas o de marginación, son sujetos de los servicios de asistencia social, con el propósito de facilitar la integración a su familia y a la sociedad.

 

5.      Programa de Apoyo Administrativo: consistió en desarrollar acciones para planear, gestionar y conducir las actividades administrativas de la institución. 

 

Distintas herramientas se desprendieron del PND y destacaron en apoyo a las tareas del DIF como eran: el Programa Nacional de Salud, el Programa Nacional de Solidaridad, el Programa Nacional de Alimentación y el Programa Nacional de Modernización de la Empresa Pública.

 

El Programa Nacional  de Alimentación resultó básico al constituirse en un eje para mejorar el nivel de vida de la población, particularmente donde los problemas nutricionales son más sentidos.

 

Con respecto al Programa Nacional de Solidaridad, de acuerdo con el gobierno los Sentimientos de la Nación de Morelos lo inspiraron pues “en ellos se expresa el principio de soberanía y representación popular inherentes a la democracia; la reforma del gobierno y la importancia del régimen de derecho para consolidar institucionalmente las acciones en favor del bienestar social”[26].

 

El 24 de enero de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se creó el Consejo Nacional de Vacunación. Este decreto tuvo como finalidad crear un organismo que promoviera y coordinara los servicios de las instituciones de atención a la salud del país, con incidencia en materia de control y eliminación de enfermedades transmisibles, que se evitan mediante la vacunación.

 

 

 

El 25 de enero de ese mismo año, se promulgó el decreto de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificando los acuerdos de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño. La Convención se compone de tres partes. En la primera se asentó que se consideran como niños a los seres humanos menores de dieciocho años, salvo que, por mandato de alguna ley, hayan alcanzado la mayoría de edad. La segunda y tercera parte de la Convención plantearon las diferentes acciones que los estados se comprometen a poner en práctica para dar atención especial a la niñez y la entrada en vigor de los acuerdos de la Convención. 

 

Finalmente, la política social en este período, de acuerdo con la gobierno estuvo inspirada en la Revolución Mexicana porque  “estableció un orden jurídico e institucional en el que se armonizaron las garantías individuales con los derechos sociales. Por ello en la obra de gobierno es necesario que esté vivo y actuante el espíritu de justicia social que lo forjó.”[27]


 

[1] Véase MORENO, Rafael, La filosofía de la ilustración en México y otros escritos, México, 2000

[2] Véase HUMBOLT de, Alejandro, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, México, 1984.

[3] Véase HUMBOLT de, Alejandro, en Op. Cit.

[4] Véase MORENO, Rafael, en Op.Cit.

[5] Véase HUMBOLT de, Alejandro, en Op. Cit.

 

[6] Véase, CALDERÓN DE LA BARCA, Frances (Marquesa), La vida en México, México, 1945.

[7] La existencia de loterías contribuyeron desde la época colonial al sostenimiento de las instituciones de beneficencia; sin embargo es hasta  este período que las loterías comienzan a funcionar y articularse desde el estado. Así en 1857, Comonfort emitió un decreto para dictaminar que una porción de los fondos recaudados por las Loterías de San Carlos y de la Colegiata de Guadalupe pasaran a beneficio del Colegio de Educación Secundaria para Niños. Véase FUENTES, Mario Luis, La asistencia social en México. Historia y perspectivas, México, 1999.

[8] Op. cit. en FUENTES, Mario Luis, en Ibíd.

[9] Véase EL COLEGIO DE MÉXICO, Historia general de México, México, 2000.

[10] Estas escuelas dieron inicio a la educación especial dentro de México. Véase FUENTES, Mario Luis, en Ibíd.

[11] Op. cit., Véase FUENTES, Mario Luis, en Ibíd.

[12] MARTÍNEZ, José Luis, El ensayo mexicano moderno, México, 1958.

[13] Véase FUENTES, Mario Luis, en Ibíd.

[14] Véase FUENTES, Mario Luis, en Ibíd.

[15] Tuvo dos funciones primordiales: 1. coordinar a las diversas dependencias de la administración pública que ayudaban a los grupos indígenas y 2. gestionar todo lo relativo a sus intereses.

[16] Véase FUENTES, Mario Luis, en Ibíd.

[17] Tecuil, piedras acomodadas para hacer fuego con leña y colocar encima el recipiente de los alimentos.

[18] LEWIS, Oscar, ANTROPOLOGÍA DE LA POBREZA. Cinco familias, México, 1961.

[19] Véase la página de internet de BANRURAL http://www.banrural.gob.mx/

[20] Véase la página de internet del INFONAVIT http://www.infonavit.gob.mx/

[21] Véase VIDAL BONIFAZ, Francisco Javier, en Ibíd.

[22] Op. Cit. en FUENTES, Mario Luis, en Ibíd.

[23] Op. Cit. en FUENTES, Mario Luis, en Ibíd.

[24] Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la página de internet del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/

[25] Véase FUENTES, Mario Luis, en Ibíd.

[26] Véase La planeación del desarrollo en la década de los noventa. Antología de la planeación en México, Tomo 22, México, 1992.

[27] Véase en Ibíd.

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