Privatizaciones

En Inglaterra Margaret Thatcher introdujo en el proceso de gratificación empresarial una variante de su propia inspiración: la privatización de las empresas públicas. En la implantación de ese proceso y en su condición de pionera, el principal obstáculo que tuvo que vencer fue la férrea oposición inicial de los poderosos sindicatos públicos.

Fue precisamente la firmeza y determinación que demostró en la pugna con tan potente rival, lo que originó su apelativo de ‘Dama de Hierro’; apelativo que además fue justificado por el férreo control que mantuvo sobre los miembros de su gabinete, así como por la firmeza, rapidez y capacidad de respuesta que demostró en la Guerra de las Malvinas.

 

Sin embargo, Margaret Thatcher prefería cubrir su mano de hierro con un guante de seda, especialmente cuando tenía que distribuir con amplitud y equidad los beneficios económicos. Ese guante lo utilizó a lo largo de su gobierno, pero de manera especial en los principales experimentos de privatización.

El primero fue la privatización de la Corporación Nacional de Transporte de Carga, una de las empresas más grandes del sector público, cuyo capital fue renovado en acciones que en un 82 por ciento fueron vendidas a los propios empleados de dicha Corporación. Como es lógico suponer, esos empleados públicos –una vez obtenida la doble calidad de asalariados y capitalistas- se convirtieron en los más fervientes partidarios de la venta de las empresas públicas. Y de las políticas de Thatcher.

 

Un segundo experimento fue la venta a los arrendatarios de una serie de edificios de propiedad del Estado y cuya renta, que había permanecido congelada desde la II Guerra Mundial, no permitía cubrir ni siquiera los costos de mantenimiento. En este caso, los propios arrendatarios a quienes se les suprimió el subsidio y se les extendió el título de propietarios a un precio adecuado, también se convirtieron en fervorosos partidarios de la Primer Ministro y de las políticas privatizadoras de su gobierno.

El tercer experimento se realizó con la British Airport Authority (BAA), que era la institución pública encargada de operar los aeropuertos de Heathrow y Gatwick en Londres. En este caso, simplemente se modificó –y gratis- los estatutos de la empresa. La privatizada BAA continuó operando con sus mismos y antiguos empleados, a pesar de lo cual -una vez libre de las regulaciones y limitaciones burocráticas- logró reducir en una tercera parte sus costos administrativos.

Desde entonces y sobre la base de ese exitoso antecedente, la BAA ha obtenido contratos para dirigir el funcionamiento de diversos aeropuertos en Europa, Australia, África del Sur y en los Estados Unidos. Así, una pesada institución burocrática que simplemente se inscribió bajo un nuevo estatuto legal, se transformó en una eficiente organización rentable y privada, a pesar de que continuaba funcionando con el mismo equipo humano de funcionarios, administradores, técnicos y personal de apoyo.

 

En vista de que esos primeros ensayos de privatización que presenció el mundo no fueron estructurados para alimentar el patrimonio de algún intimo y cerrado grupo vinculado al poder, sino para beneficiar a un conglomerado humano mucho más amplio, el número de personas que en Inglaterra poseían acciones empresariales pasó de tres millones en 1980 a cerca de ocho millones al finalizar la década.

 

Es una lastima que, en sus afanes privatizadores, la mayoría de los gobiernos de América Latina no hayan logrado cumplir con la única condición que requiere la sencilla y transparente estrategia de la Dama de los Guantes de Seda: tener las manos limpias.

 

El éxito de Margaret Thatcher inspiró a Ronald Reagan para también él tratar de impulsar la privatización de las empresas estatales. Pero en Norteamérica el escenario era radicalmente diferente. Exceptuando las industrias de las fuerzas armadas en todas sus ramas, las empresas estatales de los Estados Unidos no constituyen monopolios legalmente estructurados, sino que son organizaciones subsidiadas por el Estado, pero que tienen que competir con empresas privadas que ofrecen los mismos bienes y servicios, especialmente en las áreas de educación, salud y seguridad social. Esta característica permite que los procesos de privatización puedan efectuarse sin necesidad de  rematar la infraestructura de las empresas del Estado ni de concesionar las instalaciones de los servicios públicos, sino que solo se requiere suprimir subsidios. 

 

Pero suprimir subsidios que se supone están destinados a cubrir las necesidades más elementales y básicas de la población más pobre de la sociedad, puede generar una reacción adversa en el electorado, especialmente si ya se ha puesto en práctica la tesis de Laffer de rebajar los impuestos a la gente más acaudalada.

 

Así, para evitar que la gente y los políticos del bando contrario acusen al Gobierno de eliminar la asistencia a los pobres para financiar la ayuda a los ricos, se requería ensamblar alguna doctrina que sea económicamente justificable. Esa doctrina fue acoplada bajo el nombre de ‘Trickle Down Economics’, la cual merece los cortos comentarios que a continuación siguen.