Rebelión contra el centralismo

 

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Alfonso Klauer

En resumen: Gran desfalco, pequeña vergüenza

No nos cabe entonces la más mínima duda, además de grotescamente ineficiente, el aparato estatal peruano está absolutamente corrompido, hasta el tuétano. ¿Podrá hablarse de un 5 % de funcionarios intachables y honorables? Sin duda. Pero muy difícilmente más que eso. Sí, más de 169 600 millones de dólares perdidos. Esto es, el equivalente a 220 años de las magras inversiones que hoy es capaz de concretar el Estado peruano. ¿Qué país podría desarrollarse con un Estado así, con ese vergonzante, infamante y pesadísimo lastre? La gigantesca cifra presentada correspondería sólo al período 1940–2001. Por simplificación, asumamos que en período el precedente de 120 años, esto es, desde los inicios mismos de la República hasta 1939, el forado fue equivalente al monto anotado. La resultante sería entonces de casi 340 000 millones de dólares.

Todo esto no hace sino confirmar la validez de la siguiente afirmación que hacen Sagasti, Patrón y otros: “el centralismo es sinónimo (...) de mala asignación de recursos y deficiente gestión pública”. O esta otra de Fernando Iwasaki : “la historia nos ha enseñado que debemos desconfiar de la honestidad de presidentes, ministros y funcionarios”.

Y Basadre, aunque sin hacer ninguno de esos cálculos, refiriéndose a muchos de quienes gobernaron en las generaciones anteriores, habla de “perversos, delincuentes o tarados” . Si pues, de las manos de todos éstos se hizo humo cifra tan impresionante. A esta altura del análisis, más de una persona puede estar todavía tentada a creer que esas cifras, por enormes, son exageradas o, en el extremo, hasta falsas. No, no hay tal. Recuérdese que, bastante atrás, tras un recuento apenas parcial, hemos estimado en 547 100 millones de dólares la brecha de inversión y gasto del Estado que se ha acumulado en el Perú, en comparación con lo que exhibe el promedio de los países subdesarrollados de nuestro entorno.

La historia jamás contada, y aquí apenas insinuada, sugiere sin embargo que en el período anterior el forado fiscal fue, a valor presente, quizá mayor. Basta recordar que hemos estimado en 103 mil millones de dólares la farra fiscal que se dio en el contexto de la renombrada Consolidación de la Deuda Interna durante los gobiernos de Castilla y Echenique, que a su vez se hizo a expensas de la riquísima e inigualada riqueza guanera.

El conjunto resulta entonces bastante coherente y consistente, si entendemos que el saldo de inversión habría correspondido a la actividad privada. Pues ésta habría tenido mucho mayor presencia y significación en nuestra economía frente, a un Estado razonablemente eficaz y honesto.

¿Podemos permanecer indiferentes ante tamañas aberraciones de nuestro Estado? ¿De este Estado “unitario, centralista e ineficiente”, en el que, para que unos pocos tengan cobertura a sus fechorías, abiertas o encubiertas, todo el aparato ha sido deteriorado y corrompido hasta límites de delirante autodestrucción? ¿Podemos permanecer impasibles y dejar que todo ello siga ocurriendo? ¿No resulta hasta aquí, suficientemente claro y aleccionador, que la causa más relevante de todo ello es la prevaleciente y hegemónica concentración del poder real en el país? ¿Y que ella a su turno es la causa del centralismo? ¿Y que éste ha resultado un engendro histórico en el que, objetivamente alejado de los pueblos del Perú, y en contra de los intereses de éstos, el Estado unitario, central, ineficiente e intrínsecamente corrupto, actúa impunemente; sin que resulte controlable, ni siquiera con un razonable mínimo de eficacia?.

 A pesar de cuanto lo hemos repetido, ¿imagina alguien que todas estas barbaridades efectivamente comenzaron en 1821? No, en Descubrimiento y Conquista: En las garras del imperio (www.nuevahistoria.com), tan largamente como aquí, hemos demostrado que el engendro empezó a fraguarse y modelarse en España, con la tramposa reina Isabel La Católica a la cabeza. Y que siguió perfilándose bajo el reinado de Carlos V y Felipe II, tan o más católicos que ella.

Y que lo adecuaron a su imagen y semejanza sus representantes en Lima, con el virrey Toledo a la cabeza, tan o más cristiano que sus principales. Y que el toque nativo lo empezó a dar la aristocracia criolla, que habiendo bebido de aquellas fuentes, y sólo de ellas, “por Dios y por la Patria” tomó la posta en 1821. Y que su aire cosmopolita y mundano lo aportó la oligarquía filosajona y afrancesada durante las siete primeras décadas del siglo xx. Y, finalmente, que la delgada, superficial e inocua pátina de modernidad, ha sido impuesta por la tecnocracia, ese conjunto de yupis frívolos que, sin conocer un ápice su propia tierra, siguen insistiendo en transplantar mecánicamente recetas inservibles al Perú múltiple, heterogéneo y subdesarrollado.El fuji–montesinismo, pues, apenas llegó a la hora undécima.

Y apenas arañó una pequeña porción de la enorme torta de la que se hicieron todos sus antecesores. Pero, oh sorpresa, ha dejado como secuela fílmica, la más grande lección de historia que jamás alcanzaron a dar todos nuestros historiadores juntos.

Deja como invalorable aporte que se nos ha estado engañando de la manera más vil y miserable. Y que, en consecuencia, hay en efecto que reescribir nuestra Historia.

Deja en evidencia que el poder en el Perú ha sido profundamente corrupto desde el primer día de la República. Y que lo filmado, además de prueba incontrastable de delito, es una magnífica puesta en escena, hoy, de una historia antigua, reiterativa e idéntica desde 1532 hasta nuestros días.

Y, quizá lo más importante de todo: deja en evidencia que, si efectivamente no damos un gran golpe de timón, perdemos definitivamente a nuestra Patria. Descentralización o muerte, ésa es la consigna; y ese objetivo, hoy por hoy, el más caro de cuantos puedan imaginar los pueblos del Perú. Todo lo demás es palabrería hueca, cantos de sirena embaucadores, falsos discursos explícitos.

El centralismo, que no ha tenido nunca ni la más mínima capacidad de autocontrol, no la tendrá jamás. Los pueblos del Perú, en todo caso, no tienen ninguna razón por la cual creer que ahora sí, que de ahora en adelante las cosas serán diferentes.

Nunca el Poder Ejecutivo ha tenido ni fuerza suficiente ni autoridad moral para controlar al Congreso, cuando éste tuvo capacidad de decisión en materia de gastos e inversiones presupuestales directas. Y ahora que éste formalmente no tiene dicha atribución, en la práctica la sigue y seguirá manteniendo mientras, como viene ocurriendo, sea capaz de decidir, sin estudios previos ni concienzudos, grandes egresos como los que se vio en relación con las pensiones mínimas o la edad de jubilación.

Y el Congreso, tan proclive a comisiones investigadoras, pero tan objetivamente carente de autoridad moral, nunca se ha lanzado a investigar asuntos tan graves y significativos como los que venimos presentando. Más aún, en una materia de por sí tan sensible como la fiscalización, y muchísimo más sensible a la luz de lo que venimos presentando, ha sido incapaz de concretar que el presidente Toledo cumpla con su oferta electoral de que la designación del Contralor General de la República provendría de la oposición.

Por lo demás, dentro de nuestra incipiente democracia, dentro de la precariedad institucional del país, cabe también a ese respecto una enorme responsabilidad en el conjunto de las instituciones representativas de la sociedad. Tampoco ellas, ni la prensa en su conjunto, han podido obligar al presidente Toledo que cumpla con dicha oferta. Nadie le puso una puñalada en el pecho para que la formulara. Así, de actuar con absoluta honestidad, debió cumplirla, más aún sabiendo que gran parte de sus electores tuvieron en cuenta dicho ofrecimiento al momento de votar.

El Congreso, las instituciones representativas y la propia sociedad, todos, pues, somos co–responsables de esa traición presidencial a una oferta electoral.

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