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Alfonso Klauer

Sobre la reestructuración del presupuesto del Estado

No podemos empezar este acápite sin reiterar la constatación de que el actual presupuesto estatal de 10 mil millones de dólares es absolutamente insuficiente para atender las expectativas que la población tiene puestas en el Estado, su Estado.

De los 931 000 trabajadores de la administración pública actualmente existentes, no más de 2 000 funcionarios públicos deben sentir que sus expectativas económicas y profesionales están bastante bien satisfechas. Puede contarse entre éstos al Presidente de la República y sus asesores; a los Ministros y los suyos; a los Congresistas; a una pequeña élite de privilegiados tecnócratas muy bien remunerados; a los principales responsables de otros poderes del Estado; y, aunque fuera del presupuesto del gobierno central, quizá un pequeño y exclusivo círculo de alcaldes y principales funcionarios municipales.

Pero también debe incluirse en el más exclusivo círculo de empleados estatales a la mayor parte de los miembros de las diversas delegaciones en el exterior, civiles y militares. Quizá haya otros 13 000 funcionarios públicos que, por comparación con el resto, estimen que sus condiciones económicas y laborales sean suficientemente satisfactorias. Cuéntese entre ellos a los jueces que recientemente han recibido la duplicación y triplicación de sus haberes. Pero también a todos aquellos otros que ocupan la segunda y tercera categorías dentro del complejísimo y variopinto escalafón estatal civil. Y, quizá, porque entre muertos, heridos y beneficios complementarios obtienen ingresos decorosos, a los generales y coroneles de las fuerzas armadas.

Pero como ambas cifras apenas cubren el 2 % de los trabajadores estatales, queda un enorme 98 % de integrantes de la burocracia estatal que cotidianamente enfrentan frustración cuando deben responder a las exigencias de sus familias. Desde el más destacado de los comandantes en las Fuerzas Armadas y Policía, hasta el más novel de los alfereces. Todos los técnicos y suboficiales de las fuerzas armadas. Todos los policías. Los soldados rasos. Desde el más digno director de colegio, al resto de los maestros.

Desde el más calificado de los médicos, al más humilde de los auxiliares de enfermería. Desde el más reputado catedrático universitario, al más joven ayudante de cátedra. Abogados, ingenieros con dos títulos, bachilleres de todo tipo, asistentes, secretarias, choferes, conserjes, etc., etc., etc.

Estén en el puesto que estén. Cumplan su función en Palacio de Gobierno o en Cabana. En un piso lujoso de alguna oficina de San Isidro o en un sótano del Palacio de Justicia. Sean o no competentes.

Cumplan o no con sus funciones. Sean empleados reales o empleados fantasmas. Jóvenes o a punto de jubilarse. Hombres o mujeres. Sean quienes sean y como sean, 916 000 funcionarios públicos no estarán satisfechos mientras no vean por lo menos duplicado su sueldo, en el caso de los menos; y triplicado en el caso de los más, aquellos que apenas ganan 150 dólares mensuales. Siendo un enigma la composición exacta de planilla del Estado, nadie puede estudiarla y analizarla, y menos hacer sugerencias.

El Gobierno Central tiene entonces la obligación de publicar en INTERNET cuadros suficientemente bien desagregados sobre la materia. Por ministerios y sectores, por categorías de funcionarios, por ubicación geográfica, por sexo, por edad, por años de servicio, etc. Y cada ministerio, por lo menos en el caso del personal civil, sus planillas completas con los nombres de los funcionarios y sus haberes mensuales.

Entre tanto, sólo cabe especular. El presupuesto estatal en gastos corrientes para el año 2002 se eleva a 6 500 millones de dólares. Asumiendo entonces que el promedio de haberes en la administración pública (para el conjunto de activos y pensionistas), sea de 300 dólares mensuales por persona (porque muy difícilmente es mayor que esa cifra, e incluso es más probable que sea menor); para duplicar los sueldos se requeriría incrementar la planilla de 5 a 10 mil millones de dólares. Así, si el presupuesto crece a una tasa de 5 % anual, sólo se podría alcanzar el objetivo en 15 años. Impensable. Inimaginable. Inaceptable.

Como bastante hemos hablado en relación a la incapacidad del presupuesto estatal para solventar las principales demandas de inversión pública, y como luego veremos, aunque sucintamente el problema de la deuda del Estado, sólo nos queda revisar un gran rubro: los gastos corrientes en bienes y servicios. Consistentemente con la cifra estimada para haberes, queda entonces un saldo de 1 500 millones de dólares para dicho rubro.

Es decir, para cubrir todas las adquisiciones del Estado para su funcionamiento administrativo y operativo para atender las demandas de servicio “normal”. Estamos hablando de papel, lápices y otros; de gasolina y otros; alfombras, persianas y otros; refrigerios, buffets y otros; pintura, reparaciones y otros; uniformes y mandiles; medicinas, gasas y otros; libros, cuadernos, tizas y otros; agua, energía eléctrica, comunicaciones telefónicas y otros; alquileres; servicios de seguridad; adquisiciones para los comedores populares y vasos de leche; etc.

Basta ver cuán pobre es la utilería promedio de que disponen los colegios estatales; cuán deplorable son las dotaciones con que operan los centros de salud, pero también los comedores populares y vasos de leche; cuán mal abastecidas están las oficinas judiciales; cuán humillante para los policías, e indignante para los denunciantes, e incluso para los detenidos, el equipamiento en las comisarías; basta ver cuán atiborradas y desvencijadas la inmensa mayoría de los establecimientos estatales de todo tipo; cuán insuficientes sus dotaciones para comunicaciones, etc.; basta observar lo cotidiano del servicio público, pues, para percibir que quizá sólo triplicando el presupuesto en este rubro se apreciaría que hemos ingresado al siglo XXI. En esos términos, requeriríamos 23 años para alcanzar ese objetivo. También impensable.

Así, aun cuando en términos reales, a valores constantes, el presupuesto estatal crezca en 5 % anualmente, o incluso en 10 %, dicho crecimiento será objetivamente por mucho tiempo insuficiente.Si hoy la brecha a cubrir es descomunal, seguirá siendo grande por mucho tiempo.

No cabe esperar ni siquiera medianas satisfacciones en razón del crecimiento anual del presupuesto fiscal. Todos los incrementos que se obtenga en los próximos diez, veinte y más años ya tienen destino conocido: aumentos de sueldos y pensiones, mejoramiento de los servicios, inversiones, etc.

Mas, impulsadas por los apabullantes contenidos que proporcionan los medios masivos de comunicación (e INTERNET), y por la concomitante creciente conciencia de la población, es pre- visible que las expectativas de ésta crezcan anualmente más de lo que el Estado proporcione. Es también entonces previsible que cada vez serán más acusados los niveles de insatisfacción, y, en consecuencia, más grandes aún las presiones sobre el Estado. Así, estamos ante un problema potencialmente muy grave, y que todos debemos tener en claro y permanentemente en cuenta.

Todo sugiere que, durante un buen tiempo, y en el contexto del centralismo, aunque seamos eventualmente capaces de disminuir las brechas objetivas, muy difícilmente seremos capaces de impedir que crezca el déficit de descontento.

Así las cosas, definitiva y rotundamente, el centralismo no da más. Tenemos que ser capaces de dar también un gran golpe de timón en los asuntos del presupuesto del Estado.

Pero ello, dado lo que implica –y como veremos enseguida–, sólo podrá darse en el contexto de un decidido proceso de descentralización. Porque, en el contexto del vigente centralismo, muy difícilmente alguien podría y tendría la autoridad moral para plantear tan importantes cambios como los que sugerimos aquí:

• Reducir drásticamente la deuda estatal externa e interna;

• Crear un pliego único de Defensa (externa e interna) que, en a lo sumo veinte años, represente el 10 % del presupuesto del Estado, y;

• Reducir la planilla del Estado en 377 000 trabajadores en un plazo no mayor de diez años, además de trasladar a provincias cuando menos los 177 mil funcionarios públicos que a todas luces resultan excedentarios en Lima.

La primera y la tercera sugerencia las analizaremos al terminar este parágrafo, dejando la segunda para más adelante.

Permítasenos sin embargo explicitar los razonamientos básicos en los que sustentamos nuestra propuesta para un cambio radical en la estructura del presupuesto estatal. Pues bien, con el comportamiento inercial del aparato del Estado, y a la luz de lo que viene ocurriendo en los últimos veinte años, resulta casi axiomático que, aun creciendo anualmente a un ritmo de 3, 5 o 10 % el presupuesto estatal, su estructura general no varía. Es decir, se modifican, creciendo, las cifras absolutas (millones de dólares), pero virtualmente no cambian, sino de manera poco significativa, los porcentajes correspondientes. Es decir, aun cuando la estructura porcentual iría modificándose paulatinamente, se podría realizar mayores inversiones por 6 064 millones de dólares. No es una mejora despreciable.

¿Hay alguna alternativa? Sobre cómo concretar la disminución en el servicio de la deuda pública lo veremos después del siguiente parágrafo. Y sobre si es posible disminuir los gastos en defensa sin afectar la seguridad nacional, lo veremos más adelante. Adelantamos, sin embargo, que sí es posible alcanzar ambos objetivos que, por añadidura, son precisamente los que permitirían solventar el significativo incremento en las inversiones del Estado (en vialidad, educación, salud, etc.).