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Alfonso Klauer

El diálogo: un camino lento pero seguro

El castrante paternalismo que históricamente ha prevalecido y prevalece en el Perú, exhibe, como una de sus principales características, una total y absoluta incapacidad de diálogo. Ésa es una carencia intrínseca e inmodificable de ése paternalismo. No debemos ni podemos pedir que algún día la supere. Perderíamos aún más tiempo intentándolo.

Ese paternalismo es el que, a fin de cuentas, interesada y hasta mecánicamente, ha impuesto el caciquismo y, en el extremo, el mesianismo. Según él, sólo seres providenciales habrán de salvarnos; no somos ni seremos capaces de nada en ausencia de ellos. Y, claro está, y como no podía ser de otra manera, tomado en posta de la Colonia, fue un paternalismo autoritario.

Pero sería absurdo y necio negar sin embargo que las raíces del autoritarismo en el Perú son más profundas. Surgieron desde mucho antes de la Conquista. Porque fue eminentemente autoritario el Imperio Inka. Y sin duda lo fueron antes los imperios Wari y Chavín. Así las cosas, todo indica que en nuestro territorio ha prevalecido el autoritarismo sin diálogo en dos mil de los últimos tres mil años de nuestra historia. Está muy arraigado. Por ello no debemos engañarnos. No ha sido cultivada en nuestra sociedad la predisposición y, en consecuencia, la capacidad de diálogo. ¿Puede haber diálogo en el contexto del centralismo? Sí, pero será inevitablemente pobre, casi nulo y una vez más frustrante.

Porque no podemos dejar de reconocer la existencia de aquellas condiciones objetivas que habrían de hacerlo lento, tedioso, mutuamente inteligible y, en definitiva, casi estéril: la pobre infraestructura de comunicaciones que es un obstáculo costoso y nada fácil de superar; las diferencias culturales e incluso idiomáticas; y, por cierto, la inequidad de poder entre las partes.

En el contexto del centralismo sólo cabe esperar el que podríamos denominar el diálogo inicial, aquel que marque el punto de partida al proceso de descentralización. En él, las autoridades del Gobierno, los miembros del Congreso, los líderes de los partidos políticos, los dirigentes de las organizaciones populares más importantes, las voces más autorizadas de la sociedad en general, y por cierto los dirigentes regionales y provinciales, tendrán un rol protagónico. Aunque no mucho tiempo ni mucho espacio. Las urgencias del país y la impaciencia creciente de la población han dictado márgenes de acción muy estrechos, o, si se prefiere, restricciones muy severas.

Así, evaluando bien las prioridades que de una u otra forma está haciendo ver que tiene la población, el Congreso de la República difícilmente podrá diferir más allá de la Primera Legislatura del 2002 la discusión y aprobación de la Ley de Descentralización. En todo caso, el Presidente de la comisión correspondiente del Parlamento, Luis Guerrero, hizo ver en los primeros días de noviembre que así lo han previsto.

Pero antes, para que puedan cumplirse los plazos legales y exigencias técnicas de preparación del proceso electoral –el pie forzado al que alude Johnny Zas Friz Burga –, deberá darse la Ley de convocatoria a Elecciones Regionales. Y no puede dejar de recordarse que la realización de éstas, para noviembre del 2002, formó reiteradamente parte de los ofrecimientos electorales de Alejandro Toledo, el candidato de Perú Posible.

No obstante, en la última semana de noviembre, el propio congresista Guerrero “confesó que había sectores políticos, incluso de [su] propia bancada de Perú Posible, que preferirían postergar las elecciones regionales”.

Si quienes así lo prefieren concretan esa traición a una de sus más caras ofertas electorales, no necesariamente “cancelarían toda posibilidad de acabar con el agobiante centralismo limeño” –como afirmó el propio Guerrero tras su incómoda y angustiada confesión –. En todo caso, una vez más, y entre otras consecuencias, se dilataría el inicio del proceso.

Pero además, y esto debería preocuparnos más a todos, pero en particular al partido de gobierno, al presidente Toledo y a todo el Gobierno, estarían echando bastante combustible a la hoguera, que no precisa justamente de ese estímulo adicional para que ya se le considere seriamente amenazante.

Ya veremos cuán consecuentes son a la postre con sus promesas electorales, y cuán buenos analistas políticos y estrategas son quienes tienen hoy las riendas gubernamentales. ¿Será simplemente un globo de ensayo el que han lanzado? ¿O realmente tienen aficiones de pirotecnia política? Quizá lo más sorprendente de la patética confesión de Guerrero, sea el hecho de que se dio precisamente cuando, dentro de la “estrategia gubernamental de concertación”, terminaba la primera ronda de entrevistas del presidente Toledo con los más conocidos líderes políticos del país (Andrade, por Somos Perú; García, por el APRA; Flores, por Unidad Nacional; Castañeda por Solidaridad Nacional; y Olivera, por el FIM, su aliado en el Gobierno).

A este respecto, dudamos mucho de los éxitos de la “estrategia de concertación” del Gobierno. Es decir, de los éxitos reales, sustantivos. Porque los publicitarios –como siempre–. están descontados.

Lamentablemente, no pasa de ser centralista, narcisista, elitista y excluyente esa “estrategia de negociación” –a la que realmente nos resistimos a reconocer como tal–.

¿No percibe éste que serán intrascendentes para el país aquellos esfuerzos en los que una persona monopoliza el rol protagónico de la concertación? Aquí y en cualquier rincón del mundo el protagonismo excesivo –cuando no enfermizo– sólo lleva a errores y desatinos, camino por el que nunca se llega a buen puerto.

Para que la concertación sea eficiente, hay que demostrar desde el principio honestidad y sinceridad indubitables. Y no se demuestra ni lo uno ni lo otro cuando se trata al resto de los “interlocutores” convocados con la sospechosa táctica de compartimientos estancos, hoy con uno, mañana con otro.

Y no se demuestra tino cuando burdamente se sustituye a uno de los centros de concertación por antonomasia: el Congreso. Allí están representados todos los sectores políticos del país. Esa desatinada sustitución, en la práctica, resulta además agraviante.

Porque implícitamente se está considerando al conjunto de los congresistas como sujetos no hábiles para la concertación: políticos de segunda clase, verdaderos suplentes que merecen ser reemplazados por los titulares, los “auténticos y grandes” líderes políticos.

A la luz de las grandes demandas de diálogo y urgencias de concertación que hay en el país, no corresponde al Gobierno monopolizar la acción. Ni sustituir a algunos protagonistas. Y, menos aún, excluir a muchísimos de los actores. El Gobierno debe ser el principal coadyuvante de la concertación; el gran catalizador que acelere, facilite y propicie la acción de muchísimos agentes, de todas las sangres, repartidos a lo largo y ancho del país.

Bastante más adelante mostraremos cómo, en la equívoca “estrategia de concertación” del Gobierno, quedan de lado innumerables protagonistas y muchas formas de diálogo, en múltiples escenarios en los que, desde el inicio de la actual gestión gubernamental, debieron empezar a darse esfuerzos de concertación.

De persistir la actual “estrategia de concertación”, el país debe tener claro que recién después de aprobada la Ley de Descentralización, y constituidas legalmente las primeras instancias regionales, recién a partir de allí, repetimos, podrá iniciarse el lento pero inmensamente seguro expediente del diálogo fructífero y la concertación eficaz.

Éstos, en el contexto del proceso de descentralización, a todos los niveles, y para todos los asuntos, grandes y pequeños; en todos y cada uno de los rincones del país; deberán ser nuestros principales estilos de conducta, tanto como individuos y como organizaciones; tanto en los distritos, como en las provincias, y departamentos o regiones.