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Alfonso Klauer

Fiscalización y sanciones

En coherencia con una agresiva política de estímulos económicos, debe ponerse en práctica en el país una también agresiva, sólida y consistente política de fiscalización y sanciones a todas las formas abiertas y encubiertas de uso ilícito de los estímulos económicos.

A fin de garantizar una mayor eficiencia, tanto en la concesión de los estímulos, como de la ejecución de la fiscalización y de la administración de las sanciones, unos y otras deben darse, en primera instancia, a nivel provincial o distrital, según corresponda.

Premios y reconocimientos
 

El fenomenal reto ante el que nos enfrentamos exige dinamizar todas y cada una de las actividades del país: individuales, empresariales, sociales, distritales, provinciales y regionales.

Si bien está demostrado que es consustancial a la educación y al progreso la presencia de estímulos y sanciones, la más moderna ciencia también ha demostrado que es aún más eficiente aquel sistema en el que se pone mayor énfasis a los estímulos que a las sanciones.

Coherentemente con la progresión del centralismo, es decir, con su esencia intrínsecamente elitista, en nuestro país –cuando los hubo– sólo se dieron estímulos –los recordados Premios Nacionales– a individualidades y sólo en los ámbitos académico y artístico.

O, en su defecto, premios que siendo simbólicos estaban inocultablemente cargados de partidarismo: las ya casi olvidadas “lampas de oro”. Nunca ha habido premios nacionales a la producción. Ni premios nacionales a la productividad.

Ni a los incrementos de ésta y aquélla. Ni a la calidad de los servicios. Ni premios regionales de unas y otras. En el país no ha habido nunca una consistente y generalizada política de premios y reconocimiento a los individuos o grupos que con su talento y esfuerzo estén contribuyendo al progreso.

Estamos todavía a tiempo de empezar a hacerlo. Mas, en adelante, deben estar enmarcados y orientados en función del gran objetivo estratégico: la descentralización.

Deberá pues premiarse y reconocerse públicamente todo aquello que la incentive y promueva, todo aquello que objetivamente la vaya incrementando y afianzando.

Sin retaceos ni mezquindades de ninguna índole debe crearse, a nivel nacional y regional, la más amplia y variada gama de premios y reconocimientos. Y, consecuentemente, debe movilizarse a todos los sectores sociales y productivos para que anualmente propongan candidaturas y conformen jurados calificadores.

Pesca, minería, energía: riquezas regionales
 

¿Quién podría discutir que la riqueza de Suecia pertenece a los suecos, y que la de Sudáfrica a los sudafricanos? ¿Y quién puede negar que la del Perú corresponde a los peruanos? ¿Por qué, entonces, la riqueza de Loreto o Piura, o la de Cerro de Pasco y Moquegua, pertenecen al Estado –y en la práctica, a través de ése, a Lima–? ¿No deberíamos acaso –consistentemente– aplicar con la riqueza de nuestras regiones el mismo criterio que aplicamos frente a la riqueza de los países? ¿Por qué con la riqueza de las regiones del Perú se ha venido aplicando un criterio distinto? Pues simple y llanamente porque se impuso el centralismo o, si se prefiere, el imperialismo de Lima sobre el resto del país.

Cada una de las distintas regiones del Perú debe tener absoluta y clara conciencia de que los recursos naturales de su suelo le pertenecen.

En palabras de Alfredo Pezo Paredes: “la auténtica autonomía regional está en la propiedad que sobre sus recursos naturales tengan los gobiernos locales y regionales y en la clara convicción de aceptar que el canon en su integridad les pertenece”. Esto constituirá –agrega el propio Pezo– “una de las palancas fundamentales para la construcción de las Naciones Regionales”

Ello permitiría, en efecto, que por fin deje de fluir hacia Lima el grueso de la riqueza generada por la explotación de las grandes riquezas naturales distribuidas a lo largo y ancho del país.

Y, a diferencia de lo que hoy ocurre, deberán ser las regiones las que, en función de los servicios que reciban del Estado Federal central, deriven una parte del canon total que reciben para financiar los grandes proyectos estatales de servicios multiregionales: carreteras nacionales, grandes puertos, grandes irrigaciones, grandes centrales de energía, etc.