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Alfonso Klauer

Incentivos sólidos y de muy largo plazo

Ayer, en el contexto de la dependencia colonial, y hoy, en el contexto de la globalización, pero también de la dependencia económico–financiera y tecnológica, el liberalismo a ultranza nos está jugando crueles engaños.

Así, se nos ha hecho creer que los incentivos económicos, y los privilegios y excepciones son un recurso vedado. Son, sin embargo, moneda corriente en todos los países desarrollados del mundo. En cada uno de ellos, a la luz de sus legítimos intereses, se incentiva, estimula y privilegia todo aquello que tiene –explicita o implícitamente– importancia estratégica.

En estos días, recordémoslo una vez más, la Unión Europea acaba de aprobar en Berlín un plan de subsidios a la agricultura que en los próximos siete años destinará sólo para ese efecto la extraordinaria suma de 700 000 millones de dólares. Nosotros, pues, en función de nuestros propios intereses, tenemos también el mismo y legítimo derecho, pero también y sólo para aquello que tenga importancia estratégica.

A este respecto, también debemos quitarnos la venda de los ojos, y hasta en dos sentidos. En primer lugar, tenemos que admitir que, en el contexto de los juegos de poder que han prevalecido en el país, sólo se ha incentivado –aunque medrosamente– a la industria manufacturera, tanto a la que existía como a la que se buscaba crear con dichos incentivos.

De allí que los resultados siempre han sido pobrísimos, virtualmente nulos. En efecto, como a todos nos consta: a) sólo se ha logrado crear una industria incipiente; b) total y absolutamente dependiente de insumos, maquinaria y tecnología extranjera, y; c) total y absolutamente concentrada en la capital del país.

Y, en segundo lugar, con conciencia de que los retos de la descentralización y el desarrollo son de muy largo plazo, debemos desterrar la miope política de establecer incentivos de mediano y, peor, de corto plazo.

Los incentivos creados antes tanto para la Amazonía como para las zonas de frontera en el país estuvieron diseñados para tener una vigencia de sólo 20 y hasta 30 años. Es decir, para que pudieran usufructuarlos sólo los inversionistas de la primera generación, como si eso fuera suficiente para crear los millones de puestos de trabajo que hay que crear en el país.

Objetivamente, pues, ninguno de los incentivos que en algún momento han sido creados y puestos en práctica en el Perú fueron diseñados pensando realmente en los intereses y en el futuro del país.

Sin embargo, en el contexto de un gran proyecto de descentralización, debemos ser capaces de diseñar incentivos realmente contundentes, decisivos y persuasivos, que, además –coherentemente con los plazos en que se espera realmente alcanzar los objetivos– sean de muy largo plazo: 150 y hasta 200 años, inmodificables, que den una clara, transparente e indubitable señal a todo nuevo inversionista, peruano o extranjero.

Por lo demás, los estímulos e incentivos deben restringirse, casi única y exclusivamente, a las tres actividades consideradas estratégicas y palancas de nuestra descentralización y desarrollo: las actividades agropecuarias y afines, las actividades de producción y servicio relacionadas con el turismo, y las actividades de producción y servicio relacionadas con la explotación de lavaderos de oro y otras formas de mediana y pequeña minería.

En todos esos sectores, tanto para las actividades productivas actuales como para las nuevas que se desarrollen o instalen fuera de la provincia de Lima. Pero más notorias y estimulantes, por ejemplo, por cada día de acceso terrestre a Lima desde el territorio donde se realizan dichas actividades o se materialicen las nuevas inversiones.

Por excepción, y durante por lo menos un plazo de 100 años, debe incentivarse también, decidida y resueltamente, sin excepción, a todas las nuevas actividades productivas y de servicios, de todo género, que se establezcan en las áreas de frontera con los países vecinos, dentro de, por ejemplo, los 100 kilómetros adyacentes a las mismas.

Y, sin retaceos de ninguna índole, deberán gozar de éstos y los otros incentivos, aquellas empresas o inversiones que, instalándose en áreas de frontera, correspondan al propio tiempo a una o más de las tres actividades consideradas estratégicas.

También por excepción, y durante un período igualmente razonable –10 o 20 años, por ejemplo–, debe estimularse con decisión el repoblamiento de los territorios andinos que en los últimos 20 años han sufrido las más graves migraciones hacia la costa.

Debe concedérseles ayuda económica y material realmente significativa: viviendas, centros comunales, escuelas, postas médicas, herramientas y equipo y maquinaria agrícola.

¿Con qué recursos? Pues con buena parte de los que se han obtenido con la privatización de las empresas del Estado. La privatización convirtió activos fijos de todos los peruanos en activos líquidos.

Nuestra propuesta trata ahora, al fin y al cabo, de volver a convertirlos en activos fijos, pero distribuidos en todo el territorio del país. En todo caso, esa es una mejor inversión que, por ejemplo, una pésima compra de armamentos, o mejor que una costosa, grotesca e innecesaria campaña reeleccionista.