Fundamentos de valoración de empresas

 

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Una revisión de la Economía dominante

Alfonso Galindo Lucas

Capítulo IX.

EL NEGOCIO DE LA POBREZA

Cúmulos de despropósitos

En función de lo que hemos argumentado, el modo más factible de conseguir los fondos necesarios para erradicar la pobreza consiste en penalizar el trabajo como forma de adquirir rentas y minusvalorar su contribución al proceso productivo; esto a pesar de que hoy se admite, en todos los foros económicos, que en el factor humano reside el origen de toda ventaja competitiva. La forma en que se gestionaría la ayuda también incide en contra del trabajador, puesto que las nuevas figuras contractuales (voluntarios, becarios, aprendices) eluden derechos laborales que se consideraban, hasta hace relativamente poco, como adquiridos y consolidados. La existencia de estos despropósitos estructurales, de carácter fiscal y de política redistributiva, son relativamente fáciles de demostrar, pero existen otros muchos, que rara vez se recogen en estadísticas, pero que a veces comprobamos en persona, con perplejidad y sin posibilidad de prueba.

Aunque es casi imposible estudiar a fondo el destino de las donaciones que realizamos a través de bancos, los propios establecimientos crediticios se han delatado, en algún que otro comunicado de prensa, al asegurar, con motivo de una catástrofe humanitaria, que como gesto de benevolencia garantizarán que al menos un 80% del dinero ingresado por los donantes en cuentas benéficas llegarán a su destino. Por si el negocio bancario no fuera carga suficiente para la beneficencia, el lugar de destino no suele ser el bolsillo de las familias damnificadas, sino las cuentas que mantienen en dichos bancos las grandes ONG, como Unicef, Oxfam-Intermon, Caritas y Cruz Roja.

Esto significa que, en tanto que no se asignan cantidades a medidas activistas, el dinero permanece en los bancos, a no ser que los ecónomos de dichas entidades decidan entretenerlo jugando a especular en bolsa, como se descubrió al destaparse el escándalo de Gestcartera.

En esta última década, la labor del Gramming Bank, tan loada en documentales televisivos y documentos diversos por realizar préstamos preferenciales a mujeres emprendedoras de Bangla Desh, tiene otros efectos que, si se analizan fríamente, explican la función de las ONG en el sistema, desprovista de elementos épicos. En primer lugar, aunque se trate de motivos extra-económicos, es muy destacable que sólo las mujeres adquieran la categoría de emprendedoras o de pobres. Sin duda, se pretende un efecto anti-islámico que trasciende de lo benéfico a lo político la actividad de este banco. Por otra parte, el Gramming sólo puede otorgar financiación a aquellas candidatas que han sido rechazadas como clientes de los bancos lucrativos, debido a su escasa solvencia. Si la mujer tiene éxito en su iniciativa, dejará de ser prestataria del Gramming y pasará a engrosar la población potencialmente deudora de la Banca. ¿Cómo, si no, iba a consentir esta institución el empleo de los ahorros en tales fines poco rentables? Al denegar la renovación del préstamo a iniciativas de autoempleo que tuvieron cierto éxito, el Gramming Bank proporciona clientes nuevos a la banca.

Se dan numerosos fallos de planteamiento en la precaria organización internacional de la ayuda humanitaria, en parte, debido a una falta de control democrático en estos ámbitos que exceden de la soberanía popular. El mayor despropósito de las entidades benéficas es la falta de control de sus propios empleados, la mayoría de ellos en régimen de voluntario. Es fácil suponer que una parte de ellos tratará de aprovechar su situación dentro de la organización para tratar de atender a sus propios negocios.

Un ejemplo que no citaría, si no contara con testimonios directos, es la utilización de estas asociaciones para filtrar mano de obra hacia empresas, actuando, de modo ilícito, como empresa de trabajo temporal, sin la formalización de contratos laborales.

Por último, algunos de los nuevos negocios del siglo XXI son, en muchos casos, las mejores formas posibles de dar salida a ciertos productos. Esas nuevas actividades son los productos ecológicos, el comercio justo y la ayuda humanitaria.

En otros casos .los hay. la actividad de este tercer sector es digna de mención aparte, ya que escapa de la lógica del lucro y representa la concreción de esfuerzos admirables. No existen, por ejemplo, críticas reseñables de la actividad de Greenpeace, constituida en 1973, como germen del movimiento anti-globalización. Si existe algún oponente al respecto, normalmente se trata de algún interés al que los activistas le impidieron la aplicación de dicha lógica.

Según el esquema neo-institucioalista propuesto, se puede sostener, como hipótesis más probable, que el interés de las grandes corporaciones empresariales está agazapado tras las políticas de los entes públicos. En este caso, podemos preguntarnos por qué el sector público destina cada vez mayor porcentaje de su exiguo presupuesto a la financiación de actividades “nogubernamentales”.

La respuesta debe ser múltiple. Por una parte, la necesidad de mantener contento al electorado y establecido definitivamente al inmigrante llevan a los poderes públicos a realizar servicios públicos, pero la evolución del mercado laboral hace que estos servicios sean más baratos si se prestan en régimen de voluntariado que de funcionariado. Los derechos adquiridos por los trabajadores de las administración pública son a veces gravosos en relación con su aprovechamiento de cara a la comunidad (otras veces, este servicio es excelente).

Pero la asistencia ejercida por la propia “sociedad civil”, también está sujeta, como hemos visto, a corrupción, interferencia de intereses e ineficiencia.

Esto no es deseable para nadie. ¿O tal vez sí? Tal vez la actividad incompleta y de baja calidad en el servicio a personas poco pudientes sea un incentivo para el consumidor pudiente a contratar sus necesidades a una gran empresa, con un sistema de incentivos bien implantado entre sus empleados. El funcionamiento de las ONG puede terminar siendo un argumento a favor de la gestión de carácter empresarial, puesto que en el contubernio no-gubernamental, el dinero público (aunque en menor cantidad) también se despilfarra y, al final, los que se van quedando con tajadas van a usar esas migas para contratar, a nivel individual o colectivo, los servicios y productos de las grandes empresas. Tal vez este es el motivo por el que las grandes patronales no interfieren con la iniciativa civil, aunque aparentemente estén cubriendo necesidades que podrían ser vendidas a un alto precio a la Administración.

Sin embargo, esto no tiene por qué terminar tan mal, no sólo porque muchas ONG si cuentan con un personal eficiente y honrado, sino sobre todo, porque en la gran empresa también se da la ineficiencia y el despilfarro en gran medida. Como se ha dicho, esta ineficiencia se externaliza en gran parte a través del precio, pero aún así, está comprobado que la rentabilidad económica de las grandes empresas es muy inferior al de las PYME con éxito y además decrece rápidamente. Debido a la ineficiencia en los mercados financieros, también se externaliza otra parte de la ineficiencia hacia la merma en la rentabilidad de los acreedores. Por lo tanto, el principal recurso (en gran parte, intangible) de las grandes corporaciones es la solvencia y no la eficiencia. El sector nogubernamental todavía tiene expectativas de éxito, a pesar de los despropósitos.

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