Fundamentos de valoración de empresas

 

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Una revisión de la Economía dominante

Alfonso Galindo Lucas

Capítulo IX.

EL NEGOCIO DE LA POBREZA

Activismo y miseria

Se ha estudiado, desde hace décadas la aparente viabilidad de un sistema en que todos padezcamos una rebaja imperceptible en nivel de vida a cambio de proporcionar sustento a todos los pobres del mundo. Es por tanto legítimo manifestar públicamente que las Instituciones deben implementar medidas que reduzcan a cero la tasa de pobreza en el mundo entero. Me propongo argumentar que, en un sistema como el actual, eso es mucho pedir.

Para seguir esta argumentación, es necesario considerar el marco teórico que llevo expuesto y esclarecer los medios que se utilizarían para tratar de reducir la pobreza y las posibles consecuencias socioeconómicas que tales medidas llegarían a originar.

En otro orden de cosas, es necesario analizar la efectividad de las protestas, en el sentido de que .podría pensarse. las manifestaciones no fueran tan espontáneas como aparentan. Sartori y Mazzoleni (2003) con una argumentación que a veces llega a ser reaccionaria, tienen razón al advertir que el denominado “Pueblo de Seatle” no habría existido si no hubiese un previo y planificado boicot comercial contra empresas norteamericanas. Para suavizar esta crítica, es necesario puntualizar que la protesta no habría alcanzado a incordiar a nadie si no existiese ese descontento incauto al que me vengo a referir. Independientemente de que los activistas pretendan aprovechar el apoyo táctico de intereses confrontados, es pertinente analizar qué se puede conseguir y quién responderá ante los pobres, en caso de que las protestas promuevan finalmente reformas legislativas. Por eso es preciso tratar de aclarar a qué llamamiento están obedeciendo aquellos a los que he llamado los activistas incautos.

Para ello, en Galindo (2005) se inicia un debate que requiere el concurso de diversas disciplinas científicas y que a continuación se va a dividir en un análisis desde el punto de vista de las políticas re-distributivas, las implicaciones fiscales y las laborales. Previamente, como justificación del tema que aquí se trata y de su relevancia actual, es preciso contextualizar en el ámbito sociopolítico la reciente y creciente proliferación de manifestaciones públicas de protesta.

No es preciso hacer una recapitulación del “revival” un tanto artificial de los movimientos pacifistas del ’68, que desde los disturbios de Seatle (2000) se oponen a algo denominado “globalización”. La eliminación de la pobreza en el mundo (en el Tercer mundo, pero también en el primero) es el motivo de protesta de las manifestaciones más recientes (Madrid, 2005). Sería un lujo científico opinar lo contrario, pero evidentemente, la total eliminación de la pobreza en el mundo es claramente deseable, incluso urgente, e hipotéticamente posible. La elevación del bienestar, con criterios objetivos (personal médico por cada habitante, reducción de listas de espera, etc.) también es algo técnicamente posible. Más arriba he calificado al sistema capitalista como económicamente ineficiente y, por lo tanto, una cuestión a plantear es si para conseguir la eficiencia (pobreza cero) sería necesario que el sistema de incentivos actual se modificase por medio de intervenciones legislativas. Ahora bien, si dicho modo de producción y relación social persiste, ¿cuál será la solución para la pobreza? En otras palabras ¿Cuál será la efectividad de las protestas y el posible sucedáneo de la erradicación de la pobreza?

Sartori y Mazzoleni (2003) se preguntan también ¿Por qué no se manifiesta nadie a favor de la contracepción? Se responden a sí mismos que gran parte de los movimientos activistas se apoyan en confesiones religiosas51 y .podemos añadir. que éstas no osan oponerse al nacimiento de feligreses potenciales. El apoyo del activismo desesperado en grupos empresariales o religiosos, aunque pueda ser válido como medida táctica y temporal, asume el grave riesgo de convertirse en una trama perversa.

Aunque es antigua la existencia de una o varias plataformas para el destino de un 0’7% del P.I.B. de las naciones ricas para combatir el hambre en el mundo, no han recibido ninguna crítica los planteamientos socioeconómicos implícitos en el concepto de P.I.B. Esta magnitud macroeconómica equivale al denominado “Valor Añadido Distribuido” (V.A.D.). Éste consta de dos componentes: Los salarios que mantienen al trabajador y las rentas que eximen al propietario de valores e inmuebles de tener que trabajar. Esta parte del V.A.D. se reparte entre un número de personas proporcionalmente muy inferior que la destinada a salarios. Teóricamente, el 0’7% del P.I.B. implica un porcentaje similar de rebaja en ambos tipos de renta. A los trabajadores ya se nos empieza a ofertar, en las instituciones o empresas en que desempeñamos nuestra pequeña contribución al P.I.B, la posibilidad de destinar, voluntariamente52, un 0’7% de nuestro salario a programas de ayuda al Tercer Mundo.

Con respecto a la parte que remunera inversiones financieras o especulación inmobiliaria sería absurdo establecer esta voluntariedad, sino que habría que decretar incrementos impositivos o al menos, incentivos fiscales a la donación. Estos incentivos ya existen, por la vía de la deducción y son útiles al blanqueo de dinero y la evasión fiscal, sin embargo, la vía impositiva ha tenido que relajarse, progresivamente en todos los países, en lo que respecta a la presión sobre las rentas del capital53, para evitar la evasión de los mismos. Como los países de América latina, España depende excesivamente de la inversión extranjera. Tal vez por eso, los activistas, muy astuta y veladamente, renuncian ahora a reivindicar la vía de la condonación de la deuda externa. Así pues, ¿es lógico pensar que el 0’7% destinado a combatir el hambre provendrá exclusivamente de las rentas del trabajo? En el sistema “global” actual, parece la solución más probable, a la que he denominado “redistribución de la miseria” (Galindo, 2005e).

En cuanto al destino de las rentas comprometidas para este benéfico propósito, es preciso oír multitud de crí- corrupto pro-católico a falsear documentos añadiendo la “X” correspondiente.

En la actualidad, la política social y gran parte de la re-distributiva no es realizada por lo gobiernos directamente, sino que es delegada en el “tercer sector”, al que en otro lugar he denominado “el contubernio no-gubernamental”, ya que supuestamente tiene unos costes más bajos que la actuación administrativa, debido a la agilidad en la gestión y a la sustitución de funcionariado por voluntariado. En primer lugar, esta ganancia en eficiencia es muy discutible, puesto que en la “No-Organización” se incurre en costes de duplicidad administrativa y no se exime a la Administración (también múltiple) del procedimiento de convocatoria, adjudicación y formalización de las ayudas. En segundo lugar, el voluntariado no es tan gratuito como parece, puesto que para hacer llegar la ayuda al pobre, un gran porcentaje de los fondos quedan invertidos en las propias infraestructuras técnicas de las ONG y el sustento del personal que, por su dedicación, no está obteniendo rentas del trabajo.

Una vez que las ayudas lleguen a su destino .continúan los críticos. ésta será gestionada por los gobiernos de los países pobres, salvo que incurramos en gastos adicionales destinados a garantizar una presencia militar o un soborno diplomático a dichos poderes. Estos gobiernos destinarán los fondos a aquellas necesidades que se presentan más inmediatas en el tiempo; por irónico que parezca, esta necesidad no son ni el hambre ni la pobreza, sino los sucesivos vencimientos de “Servicio de la deuda”, es decir, intereses a favor de inversores extranjeros. En esto consiste el negocio de la pobreza; en el nuevo orden institucional, los acreedores se burlan de los benefactores, haciendo que ellos mismos se manifiesten para reclamarse a si mismo la recaudación de un 7 por mil del salario.

El hecho de donar un porcentaje del salario puede temporalmente blanquear nuestras conciencias, pero si finalmente la pobreza persiste y nuestra donación se utiliza para remunerar y reintegrar a los acreedores externos, entonces nos preguntaremos si, en función de esto, la solidaridad debe consistir en un trasvase de renta desde el bolsillo del trabajador al del capitalista global. En otro orden de cosas, esta nueva iniciativa recaudatoria puede ser un poderoso indicio de que la situación de endeudamiento del Tercer mundo es realmente grave, es decir, las inversiones de los prestamistas internacionales ha devenido realmente arriesgada de un tiempo a esta parte, por eso han invertido en organizar a los activistas incautos en prosecución de un apoyo extraordinario.

Pero supongamos que se consigue obligar a las autoridades a que destinen los fondos efectivamente al pobre y no al negocio de la pobreza. En tal caso, se supone que los gobiernos occidentales dotarían partidas presupuestarias con tal destinos y tratarían de financiarlas con deuda o con impuestos. Si el sostenimiento de la iniciativa 0’7 se financiera con deuda, es necesario advertir que un 7 por mil del P.I.B. supone un porcentaje mucho mayor con respecto al presupuesto público, en el actual modelo de no-intervención y utilización de la política fiscal para incentivar el cumplimiento de otras políticas. La consecuencia más inmediata de un sostenimiento presupuestario de esta iniciativa sería la ruptura del compromiso de déficit cero. Esto es improbable que se consiga en el actual “consenso” de estabilidad entre países, destinado a garantizar una imagen de no-intervención a los mercados externos de capitales.

La otra vía para alcanzar el objetivo benéfico sería, tal como se ha discutido más arriba, la de retención de nómina. En este caso, ya sea voluntaria o legalmente establecido, esta donación es económicamente asimilable a un impuesto y, en el caso hipotético en que se regulase, afectaría únicamente a las rentas del trabajo (o tal vez una aminoración de las deducciones por adquisición de primera vivienda). Es improbable, que, en términos netos, afectase a las restas del capital. La asimilación de esta retención a un impuesto tiene dos implicaciones directas en la discusión acerca de justicia social, puesto que, para empezar, si fuese voluntaria, se estaría penalizando la solidaridad.

Pero si fuese obligatoria, sería un 7%0 para todos los trabajadores de distinto nivel de ingresos (salvo que las presentes recomendaciones alcancen el necesario predicamento). Esto redundaría a favor del continuo proceso de “proporcionalización” de la presión fiscal. Podemos afirmar, sin muchas reservas, que la progresividad fiscal es uno de los principales logros acaecidos durante el denominado “Estado del bienestar”. Ésta consiste en incrementar el tipo de gravamen conforme se incremente el nivel de renta percibida por el declarante. La progresividad empezó a desmantelarse mediante la sustitución de una gran parte importante de los ingresos provenientes de impuestos de renta y patrimonio de las personas físicas por recaudaciones de impuestos proporcionales, como el IVA, el impuesto sobre beneficios y los impuestos especiales, aparte de la subida de tasas y precios públicos. La implantación de deducciones por doble imposición en el IRPF es una prueba de decantación por recaudar impuesto de sociedades, antes que rentas del capital.  

 

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