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Una revisión de la Economía dominante

Alfonso Galindo Lucas

El problema del incentivo

Hace más de una década que se estudia a fondo el tema de los incentivos, en relación con la gestión de Recursos Humanos, aunque su encumbramiento se ha visto momentáneamente frustrado por los escándalos derivados de las famosas opciones sobre acciones (en inglés, stock options). Es procedente augurar al campo de los problemas de incentivos un futuro académico prometedor y unos resultados decisivos en la comprensión de la Economía en su conjunto, tanto a nivel micro, como macro; en qué situaciones se dan incentivos hacia la eficiencia y cómo (y quién) hacer para mejorarlos.

Tanto el antiguo “socialismo real”, como el capitalismo han confirmado intrínsicamente la existencia de problemas de incentivos. Un sistema en que el incentivo es el excedente y no el servicio que se presta es necesariamente ineficiente, desde el punto de vista económico. Se puede decir, que el propio ser humano, se encuentre donde se encuentre, está incentivado a favor de la ineficiencia.

En términos sociales, el problema del incentivo está muy relacionado con el tema del sistema político, que más adelante se analiza. Si una organización determinada persigue un fin concreto, puede tratar de diseñar e implantar incentivos conducentes a ese fin, pero cuando se persiguen fines de efiCiencia Social o justicia, entonces, los incentivos deben ser diseñados e implantados en común. Ese es el aspecto común del fracaso reciente del modelo capitalista y el anterior derrumbe del sistema soviético; la falta de participación crea “incentivos a traicionar”.

En Galindo (2001a) se deduce, haciendo ciertas suposiciones iniciales, que el mantenimiento de una política monetaria contractiva es una de las políticas que más pueden incentivar la eficiencia en la asignación de recursos y la cooperación entre empresas o individuos, en concreto, la no-elevación de los tipos de interés o incluso su descenso provocaría que se revalorizase la reputación de los agentes económicos y se incrementase la probabilidad de cumplir los compromisos informales. Esta conclusión tiene, lógicamente, multitud de limitaciones y, por eso se abre un campo prometedor para la investigación, sobre todo, desde el momento en que el Estado transfiere sus potestades a los déspotas ilustrados, como ocurre en Europa y Estados Unidos con la política monetaria.

No es vano partir del ejemplo del prisionero para estudiar esta problemática, pero es preciso advertir que nuestras vidas no se desarrollan en una situación límite.

Hay una regla, no obstante, que es muy necesario recordar: El número de cooperantes es inversamente proporcional a las probabilidades de éxito de la cooperación.

Cuando este número es bajo, por ejemplo, en un duopolio, existe una tendencia casi natural al mutuo acuerdo en pos del mutuo beneficio, pero cuando los que comparten un interés son muchos y no se conocen, se diluye el incentivo a cooperar y se haría necesaria la implantación de un mecanismo adicional de incentivos. Esto puede explicar por qué los intereses empresariales concentrados consiguen controlar a las instituciones públicas, en muchas ocasiones, con mucha mayor efectividad que los votantes o los contribuyentes y por qué los consumidores no son capaces de hacer valer sus derechos frente a las empresas de telefonía, crédito, vivienda, etc.

Los incentivos adicionales a la cooperación tendrían que ser implantados por iniciativa de los propios interesados, ya que el sector público, en el esquema que aquí se defiende, está más bien incentivado a evitar que esas iniciativas se produzcan. Esto es un círculo vicioso en el que los intereses empresariales han tenido siempre ventaja, desde que en la antigua Grecia se inventó la democracia.

Es difícil de resolver, pues toda iniciativa de control ciudadano hacia las instituciones se enfrentará no sólo a la desgana generalizada de los interesados, sino también con mecanismos disuasorios desarrollados a través de dichas instituciones. Como ocurre en las sociedades por acciones, sólo tendrá incentivo para controlar a las instituciones aquél que se convierta en accionista mayoritario de éstas. El resto, se conformará con un dividendo razonable que, en términos políticos, se denomina “pan y circo”.