Un modelo político para la Gerencia Pública en Venezuela

 

Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno

 

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SECCIÓN III
1989 - 1999 ¿LA DÉCADA GANADA?


H. El Contexto Político de la Política Económica



En la contienda electoral de 1993 se presentaron 18 candidatos a la presidencia de la República, pero sólo cuatro tenían opciones efectivas de competir. Rafael Caldera - fundador de COPEI, pero excluido de este partido - fue el candidato ganador, con una agrupación política llamada “Convergencia”, de inspiración social cristiana apoyado además por sectores de la izquierda, tales como el Movimiento al Socialismo, Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Comunista de Venezuela y pequeños partidos y grupos electorales. En total, recibió el apoyo de 18 agrupaciones políticas y se centró su campaña electoral en la reflexión sobre la crisis. Por su estilo de oposición al paquete económico del gobierno de Pérez, fomentó expectativas de revisión e incluso de desembarazarse de dicho programa.

Rafael Caldera alcanzó notoriedad durante el quinquenio, a partir de la explosión social del 27 de febrero de 1989, y su liderazgo sobresalió aún con mayor contundencia después del primer intento de golpe de Estado. Desde esos dos hechos se intensificó su línea de oposición al ajuste económico y a la visión neoliberal de los cambios denunciando sus secuelas sociales y la carga que representaba sobre los sectores populares.

En la gestión del Primer Mandatario instalado el 2 de febrero de 1994, se planteó asumir la crisis económica y los cambios ineludibles de la economía venezolana, reivindicando un vínculo con lo social, es decir, colocando un pié en lo económico y otro en el gasto social para lograr una democracia con justicia social. Tal actitud se emparenta con el pensamiento de Caldera de la vieja guardia socialcristiana, mentor de la plataforma política venezolana y forjador de un concepto de democracia con equidad.

La estrategia del gobierno sería dirigida hacia la estabilización del país en varios aspectos que fueron seriamente afectados en los años recientes. En el corto y mediano plazo la preocupación central fue reducir el déficit fiscal, aliviar el deterioro del nivel de vida de la población, dar respuesta a la crisis bancaria e incrementar la eficiencia institucional y conciliar al país.

En cuanto a la relación con el Fondo Monetario Internacional hasta 1996 Caldera mantuvo firme su posición de no llegar a un acuerdo con dicho organismo multilateral. Sin embargo, a principios de 1996, la situación económica derivada de la reimplantación de los controles en la economía (control de precios, del tipo de cambio, entre otros), vigentes desde junio de 1994, y los efectos de una situación de recesión e inflación que había durado más de dos años, llevaron a la necesidad de la implantación de un nuevo programa de ajuste económico. Este programa intenta restablecer los equilibrios macroeconómicos básicos y generar la confianza necesaria en los agentes económicos que permitiese la expansión de los niveles de inversión interna y externa para así reemprender la senda del crecimiento económico.

Las medidas económicas de la Agenda Venezuela difieren un poco de las propuestas y objetivos contenidos en el Programa de Ajuste Estructural de 1989. Las principales diferencias que marcarán la ejecución de este nuevo programa de ajuste tienen que ver con aspectos que no estaban presentes en el anterior: a) Se había logrado que en la población existiese un mayor grado de aceptación de las medidas, las cuales no son evaluadas en términos negativos, como ocurrió en 1989, por parte de los distintos actores políticos y la opinión pública en general; b) Una serie de reformas institucionales que se han realizado, facilitan un rápido efecto de las medidas: se cuenta con una reforma del Impuesto sobre la Renta y con mecanismos más eficientes de recaudación fiscal, como por ejemplo, el impuesto a las ventas.

El contexto político de la gestión económica que le toca realizar al presidente Caldera va a estar caracterizado por el hecho de que no contó con una base política suficiente que desde el Congreso de la República le diese el apoyo necesario para instrumentar de manera expedita las medidas legales que la situación requería.

En efecto, un dato importante de la realidad política lo representa la multipolaridad que a partir de 1993 surge en el Parlamento, rompiéndose así la tradicional bipolaridad que a lo largo del periodo de reinstauración democrática, habían mantenido los partidos AD y COPEI, alternándose en el poder, los cuales cedieron espacio merced a la voluntad popular, a otras organizaciones partidistas como la Causa R, el MAS y Convergencia (tal como se muestra en el siguiente cuadro).

Cuadro 10
Congreso Nacional 1988-1993
Diputados y Senadores Electos (%)

Fuente: C.N.E. Dirección de Estadística Electoral. (Sandoval. 1999:26)

En el año 1994, presionado por la crisis financiera, el gobierno de Caldera solicita al Congreso de la República le apruebe una Ley Habilitante, que le otorgue poderes extraordinarios para legislar sobre la materia económica ante la situación que enfrenta el país. Dada la posibilidad inicialmente constatada de que le fuese negada por los sectores de oposición, públicamente anunció la amenaza de disolver el Poder Legislativo; fueron los tiempos en los cuales se habló del “calderazo” para aludir a la medida similar que sí puso en práctica el presidente Alberto Fujimori, en Perú.

Del panorama político de esa época se destacan tres rasgos importantes (Kornblith. 1998:178): el aumento de los porcentajes de abstención, el debilitamiento del caudal electoral de AD y COPEI, y el crecimiento de una fuerza de oposición como La Causa R, especialmente en las regiones más pobladas y urbanizadas del país, todo lo cual evidencia que han ocurrido cambios sustanciales en las preferencias sociopolíticas de la población.

¿Eran los cambios ocurridos el presagio del agotamiento y colapso del modelo sociopolítico hasta entonces dominante?

Sin lugar a dudas los acontecimientos posteriores así lo confirman, sobre todo con base en los resultados electorales de 1998 y los sorpresivos movimientos que se dieron en el tablero del ajedrez político venezolano.

Fiel a la política de pacificación que había instrumentado durante su primer mandato y que posibilitó la liquidación de las actividades guerrilleras en el país, al igual que en aquella época, en la búsqueda de un clima de consenso nacional y como mecanismo de oxigenación del sistema, el Presidente Caldera decidió el sobreseimiento de la causa y otorgó la libertad a los cabecillas del golpe de febrero de 1992. De esta manera, Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos se incorporaron a la vida civil, incluso los tres últimos, en cargos del gobierno.
Para aquel entonces dicha medida no fue tan cuestionada como posteriormente cuando se le reprocha al Presidente haber engendrado a los liquidadores del bipartidismo, a raíz de la conversión del Movimiento Bolivariano Revolucionario - 200 (MBR) en el Movimiento Quinta Republica (MVR) y su participación en las elecciones con los consabidos resultados.

La debacle financiera que se produce entre los
años 94 y 95 de este período arrastró consigo a 17
instituciones que quedaron fuera del sistema e indiscutiblemente repercutió negativamente en los planes de estabilización económica propuestos por el gobierno y aún cuando ha sido objeto de diversos análisis desde varios puntos de vista, no puede dejar de señalarse el impacto psicológico que creó sobre el modelo sociopolítico debido a la cantidad de recursos que se invirtieron para auxiliar financieramente a los ahorristas y garantizarles la recuperación de sus haberes (argumento central oficial) , frente a la percepción generalizada del mal manejo de la situación, los beneficios obtenidos por los dueños de los bancos y la convicción de que nuevamente la impunidad se impondría al no haber sanción alguna para los culpables de los delitos bancarios.

Asimismo, para efectos de comprender la relación entre el entorno político y el comportamiento de la economía no puede marginarse del análisis una circunstancia que como «costo de oportunidad” permite a Rafael Caldera ascender en el escenario electoral hasta alcanzar el triunfo y, como consecuencia la popularidad a expensas del deterioro social y económico de la población. Nos referimos, en primer lugar a su célebre arenga desde la tribuna de oradores del Congreso de la República, en ocasión del debate sobre el golpe militar y, con posterioridad, la capitalización de votos y de apoyo popular sobre la base de sus críticas abiertas y frontales a la política económica del presidente defenestrado y a las recetas neo- liberales del Fondo Monetario Internacional. Por esta vía, se declaraba contrario a que el país se arrodillara frente a los organismos financieros mundiales, al tiempo que cuestionaba el proceso de privatización, la depreciación del bolívar, la aprobación de los bonos cero cupón y la reforma comercial, como se sabe, aspectos básicos del proceso de apertura consagrado en los programas de ajuste.

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