Un modelo político para la Gerencia Pública en Venezuela

 

Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno

 

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SECCIÓN III
1989 - 1999 ¿LA DÉCADA GANADA?


F. El Impacto Social del Ajuste Neoliberal



Al hacer un estudio comparativo entre los distintos países de América Latina, queda perfectamente establecido que el crecimiento económico y social de éstos tiende a producirse generalmente en aquellos que se dedican a atender a su población en dos áreas fundamentales, como lo son: Educación y Salud, logrando así una sociedad eficientemente productiva; no obstante, la presencia de problemas tan severos en esos sectores, profundizan los desequilibrios económicos generando una reducción en la eficiencia productiva de cualquier país.

Tal planteamiento es perfectamente aplicable al caso de Venezuela, donde a pesar de que la economía tuvo un crecimiento progresivo a partir de 1990, los Indicadores Sociales continúan siendo tan precarios como en los inicios de la aplicación del paquete económico y de la formulación del VIII Plan de la Nación.

La turbulencia política e institucional que caracterizó al mandato constitucional del presidente Carlos Andrés Pérez, produjo una contracción del ingreso real de los trabajadores, fomentándose una concentración de la riqueza, así como una expansión acelerada de la informalidad, marginalidad y pobreza. Tales indicadores constituyen la representación más clara de que la propuesta del Gran Viraje, basada en políticas económicas de choque y programas sociales compensatorios, no generaron las respuestas que se esperaban con la implementación del mismo.

Por lo impactante que resultaron para el panorama social, medidas económicas tales como la liberación de precios, el incremento en las tasas de interés, la libre fluctuación del bolívar frente al dólar y el aumento en los precios de bienes y servicios, el gobierno se vio obligado a diseñar la instrumentación de los subsidios directos. En el nuevo esquema, estos subsidios se combinaron con los programas tradicionales que ejecutaban los ministerios y demás instituciones del sector social, con las estructuras y mecanismos utilizados por ellos en las áreas de salud, educación, nutrición, seguridad social, recreación y servicios públicos, abordados con un carácter populista, dirigidos a los grupos más vulnerables de la sociedad, los cuales, lejos de reducir la pobreza y de combatir las causas que la originan, solo sirvieron para mitigar los efectos del paquete económico.

A pesar de haber cubierto sólo esa expectativa, a los programas sociales de corte compensatorio se les debe reconocer algunos méritos; en primer lugar su diversidad e integralidad, ya que se dejó ver la clara intención de implementar acciones variadas e integradas, con el firme propósito de dar una respuesta global a las necesidades de los sectores más pobres, no obstante el Ejecutivo tuvo en ese sentido una falla, ya que le dio mayor promoción y recursos a aquellos programas que se distribuían en forma de dinero o especies, orientados primordialmente a fortalecer el ingreso del grupo familiar.

Otro logro se refiere a la cobertura y alcance de estos programas sociales. Este aspecto posee especial significado, pues el Estado Venezolano carecía casi por completo de experiencia en el diseño e implantación de programas de transferencia directa, sin embargo, esto no limitó que se lograra alcanzar a una buena parte del territorio nacional.

Por ultimo, su énfasis en una mayor transparencia, logrando trascender en buena medida el clientelismo partidista, gremial y sindical con incorporación de otros sectores de la sociedad civil.

Contrario al planteamiento anterior, las políticas compensatorias implantadas por el VIII Plan, presentaron marcadas limitaciones, teniéndose entre las más resaltantes, el hecho de que los criterios adoptados para establecer las prioridades de atención de cada programa no fueron los más adecuados, así, se observa que a los subsidios directos se les dio el mayor respaldo publicitario y financiero, convirtiéndolos en el símbolo d las bondades de la política social del gobierno de turno, el cual no captó la esencia de que las medidas compensatorias debían ser coyunturales y de carácter transitorio, al dárseles permanencia en el tiempo, se perpetuó la indigencia de los sectores populares, disminuyendo la participación ciudadana en virtud de la demagogia, populismo e irresponsabilidad que el paternalismo del Estado fomentó.

Por otra parte, a pesar de que el acento de la política social se colocó en los programas compensatorios, el Gran Viraje contempló acciones para encararla de forma más integral. Tal fue el caso del apoyo contemplado a las microempresas y a la economía popular, en general, a través de los planes de Empleo Juvenil y de las Becas Salario. También se tenía propuesto fortalecer la participación de la sociedad civil, apoyando a las Organizaciones no Gubernamentales; sin embargo, la mayoría de estas acciones no lograron actuar como sólidos soportes de una estrategia social de largo alcance.

Entre los programas compensatorios de más amplia cobertura, se tienen los aplicados en el sector educacional, a través de la red escolar del Ministerio de Educación. En este caso destacaron la Beca Alimentaría, el Bono Lácteo, el Bono de Cereales, y la Dotación de Útiles y Uniformes Escolares, los cuáles provocaron un importante impacto económico, social y nutricional alcanzando a beneficiar tres millones de niños pertenecientes a dos millones cien mil hogares pobres, que representaron aproximadamente a doce millones de habitantes; contribuyeron, además, a bajar la deserción escolar y la desnutrición según datos oficiales.

Según refiere (Márquez, 1998:147) mediante estos programas, durante el quinquenio comprendido entre 1989 y 1993, se hizo una erogación fiscal por el orden de los 117.000 millones de bolívares, traducido en un aporte promedio diario de 40 bolívares por familia, que en términos nutricionales significó el aporte de 180 calorías por persona por día. Adicionalmente se debe resaltar el carácter de equidad de estas transferencias sociales, ya que los sectores más pobres beneficiados con este programa, recibieron una porción mayor de estos subsidios debido fundamentalmente a que era en esos estratos donde se reflejaba la mayor cantidad de niños por familia. Una idea de la magnitud de los recursos asignados a estos programas se muestra en el cuadro N°9.

Sin embargo, las carencias de la red educativa y las precarias condiciones económicas de los sectores indigentes, limitaron la focalización de estos programas de atención directa hacia esos sectores.

Cuadro 9. Principales Programas Sociales
Presupuesto Anual 1989-1993 (millones de bolívares)

Fuente: Márquez, 1998. p. 145.

Otro de los programas aplicados a través de la red educativa, fueron los referidos a la Expansión del Preescolar y a los Hogares de Cuidado Diario, cuyas finalidades se basaron en la expansión y consolidación de ciertas actividades de aprendizaje de los niños en edad preescolar; cabe resaltar que al
inicio de su aplicación, sólo el 30% de los niños en capacidad de asistir al preescolar lo hacían y su instrumentación permitió elevar esa cifra a 62%.

En el área de la salud, el programa más importante que se instrumentó fue el de la Atención Materno Infantil (PAMI), puesto en práctica por la Fundación PAMI y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, con el apoyo de empresas privadas encargadas de la distribución de la leche y del complemento alimentario Lactovisoy.

Por el alto contenido de sensibilidad social, este programa superó las expectativas propuestas, ya que se logró implantar en 1.300 ambulatorios y no en los 950 planteados inicialmente; además, esta novedosa y masiva experiencia logró rescatar la atención en salud, potenciando buena parte de la red primaria, incentivando de esta manera a la población materno infantil para que acudieran en forma oportuna a la consulta.

La principal limitante de este programa estuvo en lo reducido de la red de ambulatorios y lo distante que estaban las familias más pobres de estos centros; por otra parte los reiterados paros del personal del sector salud acaecidos en la época, provocaron el rechazo al programa por parte de los beneficiarios, lo que comprometió sensiblemente la capacidad de atención primaria en salud.

Por último, otro de los procesos que marcó un desarrollo en la Nación dentro del sector salud, fue la descentralización, la cual a partir de 1989, impulsó el fortalecimiento de los ambulatorios y de otros centros de atención primaria, colaborando con la aplicación a gran escala de la medicina preventiva.

Para comprender mejor el impacto social que generó el programa de ajuste neoliberal aún cuando contó con la aplicación de los denominados programas sociales, conviene señalar algunas cifras que muestra el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para esa época. Dicho índice, como es sabido, combina tres dimensiones derivadas de las oportunidades fundamentales para lograr una buena vida, es decir, la esperanza de vida; logro educativo (tasa de alfabetismo y matricula combinada de educación básica, media y superior) y el ingreso per cápita.

El IDH del país entre 1991 y 1995 desciende al pasar de 0,8536 en 1991, a 0,7840 en 1995, lo cual significa una caída en las condiciones y oportunidades de vida de la población venezolana, en general.

La esperanza de vida, indicador del “stock” que mide las condiciones de morbilidad y mortalidad de la población, se incrementó sensiblemente en el quinquenio citado al alcanzar la cifra de 72,38 años, en 1995, contra 71,20 años que registraba en 1990. Esta mejoría se atribuye a la inversión realizada, sobre todo en infraestructura y equipamiento, gracias a la renta petrolera percibida durante las dos décadas anteriores.

La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), como indicador de coyuntura, refleja más sensiblemente las características de salud de la población más vulnerable: los niños. En el país se redujo al pasar de 23,94 fallecidos por cada mil niños nacidos vivos en el año 1991; a 21,82 en 1995, lo cual describe una relativa mejoría de las condiciones de vida y de salud de la población. Los datos referidos a la educación muestran, por ejemplo, que para 1991 la matricula era de 21,14%, y en 1995, se situó en 21,51, lo cual significa que de cada 100 jóvenes ente 14 y 17 años, 79 están fuera del sistema educativo, en el área de educación media y diversificada.

El indicador más coyuntural y por lo tanto más sensible de los que configuran el IDH, como lo es el ingreso per capita, cae de manera drástica en 21% cuando pasa de 5,266 a 4157$, durante el periodo 1991 - 1995, lo cual es un reflejo de la crisis económica que sacude al país.

En lo social, la conclusión apunta a señalar que estamos muy lejos de acercarnos a los niveles satisfactorios o adecuados en cuanto a salud, educación, formación de recursos humanos como claves para aumentar la productividad y la producción y, asimismo, el Estado, el gobierno, quienes lo han ejercido, no han podido garantizar las condiciones sociales y la seguridad, equidad, libertad y justicia para que las personas puedan desarrollar toda su creatividad y alcanzar una vida plena.

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