Un modelo político para la Gerencia Pública en Venezuela

 

Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno

 

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SECCIÓN III
1989 - 1999 ¿LA DÉCADA GANADA?


D. El Impacto Político del Ajuste Neoliberal



La aplicación del programa económico representó la sintonía más contundente con una corriente modernizadora que iba a tener tropiezos en su ejecutoria, con impactos amenazadores sobre el sistema político que terminaron comprometiendo la legitimidad del gobierno y del régimen y produjeron una crisis en el sistema democrático. Puntualizando algunos de los problemas más severos que confrontó el gobierno de Pérez, nos remitimos principalmente a tres asuntos (Borges y Pereira, 1996:363):

El primero es el deterioro de las condiciones sociales de la población, que se venían acumulando desde 1983 y se profundizó con el ajuste (1989-1993), creando frustración en los esfuerzos por mantener y mejorar los niveles de vida. Fue evidente que el deterioro social pasó a ser fuente de creciente desestabilización política al provocar una ruptura violenta de la paz social. El número de protestas populares entre octubre de 1989 y septiembre de 1992 fue de 2092: un promedio de 697 por año, o sea aproximadamente 58 eventos conflictivos por mes. Los partidos y los sindicatos perdieron toda capacidad reguladora y se generaron múltiples formas de reclamos populares, con componentes de violencia y de respuestas altamente represivas por parte del Estado.

La más importante de estas revueltas ocurrió el 27 y 28 de febrero de 1989, y fue el estallido de mayor magnitud del período, que pulverizó por lo menos durante 48 horas, las pautas de integración social. En casi todo el país, sobre todo en la región central y norcostera, el estallido saqueó y destruyó establecimientos comerciales, siendo reprimido con pérdidas materiales y de vidas humanas todavía imprecisables.

El segundo es el carácter problemático que asumió el ajuste por las condiciones concretas de la lucha política en que se insertó y la conducta de los a- gentes económicos (empresarios y trabajadores). Los niveles de resistencia y la oposición política hiperpolitizaron las medidas económicas, con una tensión recurrente entre poder ejecutivo y legislativo.

En tercer lugar, el ajuste precipitó una crisis de gobierno y el Primer Mandatario Nacional transitó en forma muy violenta el proceso de deslegitimación, entendida ésta como un proceso ascendente de pérdida de identificación política con el gobierno, frustración de expectativas creadas, caída de la popularidad del Presidente y la erosión de las condiciones para el mantenimiento de la legitimidad. Esto conduce a la desconfianza en el gobierno y a la dificultad para reproducir apoyo, todo lo cual hace probable una situación de ingobernabilidad.

Por otra parte, examinando los factores que promovieron tales hechos bautizados por la opinión pública y los medios de comunicación como “el caracazo”, se advierten (Kornblith, 1994:21) varios de larga, mediana y coyuntural gestación. Las condiciones sociales y económicas que se van creando y acumulando desde el “viernes negro” producen el caldo de cultivo ideal para la explosión social que estaba latente en una colectividad que progresivamente sentía desmejorar sus condiciones de vida. Aquí residen los factores de largo plazo. Con relación a las de mediana incubación se mencionan las irregularidades y atrocidades económicas que se produjeron inmediatamente después del anuncio de las medidas del paquete económico, representadas por la oleada de especulación con los precios y acaparamiento de los artículos de primera necesidad lo cual originó falta de credibilidad en el gobierno y malestar contra los sectores económicos por la ausencia de controles y pérdida de autoridad. En el plano coyuntural el anuncio del programa de ajustes liquidaba las grandes expectativas populares alrededor del nuevo Presidente, asociadas en gran medida con la bonanza de su mandato anterior calificado como el de “La Gran Venezuela”.

El comportamiento de los actores principales dentro del sistema o escenario político venezolano para la época de implementación del llamado paquete económico, evidentemente tampoco operó a favor del mismo como para generar el consenso adecuado y necesario en estos casos. En el seno del propio partido de gobierno, AD, existía malestar y descontento porque en la elaboración del Programa de Ajuste Neo- liberal habían participado activamente profesionales y técnicos inspirados en la doctrina monetarista de la Escuela de Chicago. Bajo la tutela de Miguel Rodríguez, Ministro de CORDIPLAN, se armó el VIII Plan de la Nación, con el concurso de otros “tecnócratas” vinculados al Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, lo cual les valió por parte de la crítica y de los sectores de oposición el apelativo de IESA Boy’s. Entre ellos se contaba a Naim, Torres, Hausmann y Smith. Además venidos de distintas parcelas políticas y del ámbito universitario. Para apoyar el gobierno de Carlos Andrés Pérez estaban en escena dirigentes como Américo Martín, Joaquín Marta Sosa, Carlos Blanco y Carlos Raúl Hernández.

En la conformación de una opinión pública contraria a las medidas económicas y de un sentimiento popular de rechazo también jugó papel importante la oposición partidista y personalidades de otros sectores que abiertamente las cuestionaron . El ex-presidente Luis Herrera Campins señaló que deterioraban la calidad de vida, enfatizando que el gabinete económico no tenia un líder; Caldera expresó su preocupación por las posibles repercusiones sociales; FEDECAMARAS sostuvo que la eliminación del dólar a 14,50 bolívares se traduciría en un duro golpe para el empresariado; Andrés Velásquez acusó a Carlos Andrés Pérez de entregar al país al Fondo Monetario Internacional; y por su parte, Arturo Uslar Pietri consideró que las medidas eran necesarias, coherentes y realistas. (Sanoja Hernández, 1998:28).

Luego del “sacudón” deI 27 de febrero, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, tradicional bastión de AD y brazo ejecutor de la política sindical y laboral del gobierno llamó a un paro nacional exigiendo un aumento general de sueldos y salarios, en medio de un alicaído prestigio político minado por las denuncias públicas de corrupción en las cuales se vieron envueltos sus principales dirigentes, comenzando por Antonio Ríos y el caso “Florida Cristal”, además del manejo fraudulento de más 100 empresas a través de CORACREVI.

La situación institucional del Congreso de la República, en tanto pilar fundamental sobre el cual se soporta el Poder Público, junto al Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, evidentemente que abonaba el terreno a favor de la crisis de gobernabilidad que se vive en esa época. La pérdida de legitimidad y de credibilidad del gobierno y el deterioro de su imagen se constata mediante los sondeos de opinión de los diversos centros de estudios nacionales y las encuestas que muestran las empresas encargadas de escrutar el ambiente político venezolano. A la pregunta: ¿Tiene usted mucha, poca o ninguna confianza en el Congreso Nacional?, en 1983, 12,98% respondió mucha, 28,63% expresaba poca confianza. Transcurridos 1 5 años esos valores fueron creciendo de tal forma que para 1998, la falta de credibilidad llegó al 45,20% (Sandoval, 1999:26). Cuando en 1994, el Presidente Rafael Caldera en vista de la negativa del Parlamento de aprobar la suspensión de las garantías constitucionales anunció la posibilidad de disolverlo mediante un referéndum popular, ya el clima político resultaba propicio para el ejercicio de tal presión y muy pocos apostaban por el futuro del Poder Legislativo.

Otra razón para comprender el grado de fragilidad que vive el sistema democrático en el momento en que se oficializa la aplicación del paquete de medidas y la ejecución del VIII Plan de la Nación lo constituye, al igual que en los casos anteriormente señalados, la precariedad institucional y el grado de deterioro que acusa la administración de justicia; es decir, el Poder Judicial, el otro soporte del trípode sobre el cual se asienta el Poder Público y el Estado como organización del Poder Político.
Para esa época un diagnóstico sumario evidencia
la crisis de Poder Judicial (Fernández Toro, 1993:
139), en los siguientes términos:

• Interferencia partidista en el sistema de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura y la no aplicación de la Carrera Judicial.

• Interferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la rama judicial.

• Intervención de otros intereses y presiones de sectores económicos y grupos profesionales.

• La no realización de los concursos de oposición previstos en la Ley de Carrera Judicial, aprobada en 1980.

• La independencia del Poder Judicial condicionada por insuficiente dotación y escaso financiamiento.

• Limitada modernización y tecnificación de los tribunales, así como la formación y capacitación de los jueces.


• Cotidianas arbitrariedades de los órganos del Estado contra los derechos de las personas.

• Imperfecciones en el desarrollo legislativo de los derechos constitucionales .


Asimismo, vale señalar la irrupción en el escenario político de grupos de personalidades que desde la sociedad civil, fuera de los partidos, se constituyeron para opinar y fijar posición acerca de lo que estaba sucediendo en el país. Así, por ejemplo, en 1990, el Frente Patriótico, entre quienes figuraban, Juan Lis- cano, Manuel Quijada, Manuel Alfredo Rodríguez, Luis Vallenilla y Pedro Beroes, se constituyó en pionero de la propuesta de la Asamblea Constituyente. Además, existió el grupo denominado Los Notables, encabezado por Arturo Uslar Pietri.

El año 1992 estuvo lleno de obstáculos para la democracia venezolana y la suerte del “paquete económico”. El sistema acusó problemas de desestabilización y de riesgos de

retrocesos políticos. Ocurrieron dos intentos de golpes militares, el primero el 4 de febrero, liderado por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías y el segundo, el 27 de noviembre, con la participación de los vicealmirantes Cabrera Aguirre, Gruber Odreman y el general Visconti. Los protagonistas de las insurrecciones militares alegaron como las motivaciones primarias de los golpes, la corrupción, los efectos sociales del “paquete económico” y la realidad atropelladora de una “cogollocracia” (poder exclusivo en manos de una cúpula partidista, o de las élites).

Se ha dicho que por tocar aspectos sensibles en la preocupación del venezolano, el golpe del 4 de febrero y sus protagonistas se hicieron muy populares y fue visto como medio para salir de Pérez, más no de la democracia. Los propios golpistas, en el plano declarativo, nunca levantaron una amenaza en ese sentido, pues manejaron los conceptos de democracia “verdadera y participativa”.

Tales eventos aceleraron la crisis política y desembocaron en una crisis de legitimidad que finalmente encontraría una salida transitoria con la suspensión del presidente Pérez, mediante una decisión de la Corte Suprema de

Justicia y la formación de un gobierno provisional a cargo del historiador Ramón J. Velázquez, hasta darse un nuevo proceso electoral el 5 de diciembre de 1 993, en el cual fue electo el ex- presidente (1968-1973) Rafael Caldera.
 

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