Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno

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SECCIÓN II
LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO

C. La Depauperación Social

Desde el punto de vista teleológico el Estado tiene su razón de ser en la procura del bienestar social para todos los ciudadanos y esta finalidad explícita encontrará expresión en los Textos Constitucionales que se redactan en cada época, dependiendo de las circunstancias coyunturales de naturaleza política y económica que presionen para su reconocimiento como tal. Esta afirmación puede ser contrastada con nuestra realidad, ubicándose en los extremos del proceso evolutivo, desde el tratamiento que se le da a los derechos sociales en la Constitución de 1811 hasta la Constitución recién aprobada.

No cabe duda que la variable social también formó parte de la agenda política cuando se acuerda el Pacto de Punto Fijo. Al lado de la orientación económica sobre la base de un modelo de industrialización que privilegia la sustitución de importaciones y que ya se viene implementando en América Latina, por una parte, y la asunción de un Estado, soportado en un Poder Ejecutivo centralizado, de un rol activo e intervencionista en la economía, por la otra; están las exigencias y demandas de una población progresivamente concentrada en los espacios urbanos que requiere atención en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, recreación, etc., áreas éstas que incluso ya habían adquirido rango legal como derechos ciudadanos y que, por consiguiente, se convertían así en obligaciones para el Estado.

Bajo estas circunstancias históricas no es de extrañar entonces que en la Constitución de 1961, como marco jurídico supralegal que legitima y refrenda los acuerdos del Pacto de Punto Fijo, quede plasmado el perfil de un Estado Social de Derecho, con la incorporación de los derechos sociales a través de dos vertientes complementarias, por sector (salud, vivienda, educación, cultura y seguridad social) y por grupos sociales (la familia, la madre embarazada, el niño, los ancianos, los campesinos y los trabajadores) contenidos en el Título III, Capítulo IV.

En concordancia con lo que se ha señalado, un especialista del tema afirma:

Las causas fundamentales que explican el carácter profundamente social de la Constitución de 1961, están en: a) las condiciones objetivas en que se encuentran los grupos mayoritarios de la población tras la derrota de la dictadura. b) el clima de entendimiento y unidad que predomina entre los jefes políticos de la democracia y c) la presión social y política que creó el triunfo de una revolución socialista en Cuba. Es en este contexto donde se redacta la Carta Fundamental (Márquez, 1998:115).

En términos generales, cuando se analizan los postulados y preceptos que en materia social se vuelcan sobre la Ley Fundamental, asimilable como marco jurídico e institucional en términos del moderno constitucionalismo a la expresión del Proyecto Político de la clase dirigente y de los factores de poder, el contraste con la propia realidad, en cualquiera de los ámbitos o esferas de ésta, no puede ser más impactante, en términos de shock, del golpe que aturde, y no se trata de que se haya convertido en letra muerta el Texto Constitucional y dejado de cumplir la obligación por parte del Estado a lo largo de estos cuarenta años de democracia porque los logros existen, la acusatoria apunta a la superlativa ineficiencia
o mejor dicho magnitud de los resultados alcanzados en comparación con las exorbitantes sumas de dinero que se han malgastado, no invertido, en la atención de los problemas sociales en Venezuela.

En la estrecha vinculación de lo económico con lo social es posible encontrar la fundamentación teórica para el examen y la debida respuesta a tal situación. Se sostiene, por ejemplo, que el empobrecimiento, una de las dimensiones del drama que registra Venezuela y el mundo, se relaciona directamente con el precario desenvolvimiento de la economía del país en los últimos años. El comportamiento cíclico del PIB. tiende a hacerse cada vez más extenso en el tiempo y profundo durante la fase recesiva y en la progresiva cada nuevo ciclo se hace más corto y efímero. Ello se debe a la prolongación excesiva de los desajustes, a la ausencia de reformas económicas e institucionales después de los ajustes y, en consecuencia, a la imposibilidad de volver a mantener tasas de inversión similares a las que tuvimos en los sesenta y setenta cuando se invertía hasta un 25% del PIB, mientras que hoy esa cifra se ubica entre el 10% y el 5% (España N. 1997:480).

Un balance resumido de la situación de los derechos sociales en Venezuela, luego de transcurridos más de tres décadas y media de gobiernos democráticos, a la luz de los preceptos constitucionales, (del año 1961), permite indicar (Márquez, 1998:119-129) lo siguiente:

1. El Estado no ha logrado materializar la tesis de un reparto más equitativo de la riqueza; la estructura concentrada de ésta se encuentra ligada a un fenómeno que le es concomitante: la pobreza. Según datos de la OCEI (1993) más del 60% de la población estaba en situación de pobreza.

2. El Estado, en cuanto al derecho al trabajo, no ha podido garantizar la colocación de los ciudadanos aptos para laborar en puestos que le posibiliten un nivel de vida digno. El desempleo abierto, la desocupación encubierta, la buhonería y otras modalidades de trabajo informal acusan cifras de crecimiento acelerado. Para 1995, el sector informal agrupaba al 49,6% de la población ocupada.

3. A lo largo de todo el periodo democrático, tampoco el Estado ha logrado enfrentar adecuadamente el déficit crónico con relación al sector vivienda, a tal punto que se está en presencia de un fenómeno que podría denominarse “inframarginalidad o depauperación absoluta”, característico de los cinturones de miseria que bordean las ciudades del país. En cifras de Fundacomún (Censo de 1985), el número de barrios en todo el país era de 45.000 y el déficit habitacional se ubicaba entre 875.000 y 938.000 unidades.

4. Todos los diagnósticos realizados sobre el sector educativo concluyen en calificar la situación como bastante grave debido a que no hay correspondencia entre la educación que se requiere para el desarrollo y la que se imparte. Además, ésta ha dejado de ser un vehículo de ascenso social para los pobres. Según datos del Censo del año 90, el analfabetismo llegaba al 9,3% a nivel nacional; pero en el área rural estaba en el 24%. La deserción escolar para el periodo 92-93, en el tránsito de 6° a 7º año, alcanzaba hasta el 24,2% explicable por causas de incorporación temprana al trabajo para contribuir con el ingreso familiar.

5. No menos crítica es la situación que se experimenta en el sector salud. Por ejemplo, el modelo hospitalario, cuyo eje es la atención de pacientes en grandes centros clínicos, muestra numerosas deficiencias por cuanto la morbilidad entre los estratos sociales más vulnerables y el incremento de la pobreza, aunado al aumento de los costos de la medicina privada, imposibilitan que la institución hospitalaria pueda prestar una acción curativa eficaz. La degradación del ambiente y la desnutrición provocan la reaparición de enfermedades ya erradicadas (el paludismo, el dengue, etc.). El perfil epidemiológico está en constante regresión.

6. Otra variable que afecta negativamente el entorno socio-económico del ciudadano está representada por el progresivo deterioro que presentan los servicios públicos. Por ejemplo, a pesar de la cobertura nacional, servicios como la electricidad y el agua son reclamados permanente y creciente, sobre todo en los estratos más pobres. Igual ocurre con el transporte urbano.

La interrelación de las variables económicas, políticas y sociales y su comportamiento a lo largo de las tres primeras décadas del período democrático en función del Proyecto Político que se plasma en la Constitución de 1961, a raíz del acuerdo de los partidos o conciliación de élites que suscriben el Pacto de Punto Fijo, muestra que pese a los ingentes recursos invertidos en su realización , la democratización del poder en términos de una mayor participación de la ciudadanía tanto en la gestión de los asuntos públicos como en la generación del producto social no llegó a alcanzar las expectativas deseadas en cuanto al nivel de desarrollo y calidad de vida postulado y prometido, con la consiguiente frustración y depauperación de la inmensa mayoría de los venezolanos. La crisis estructural que vive el país, al igual que en América Latina y el resto del denominado Tercer Mundo, impulsará la adopción de los denominados programas de ajustes estructurales con el apoyo y la asistencia técnica y financiera de los organismos multilaterales, principalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID).