Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno

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Desde la reinstauración del sistema democrático en Venezuela, a partir del año 1958, hasta el año 1988, es decir, tres décadas para ser exactos, el país vivió bajo el aparente encanto del fortalecimiento institucional de sus lazos políticos, económicos y sociales. Sin discusión, la renta petrolera desdibujó la crisis al permitirle a los sectores dirigenciales y al bloque del poder, desde el Estado, atender en mayor o menor medida, dependiendo del grado de presión y su incidencia sobre el equilibrio del sistema, las diversas demandas planteadas por los diferentes actores que han copado el escenario público y, de alguna manera, marcado el rumbo del país.

El Pacto de Punto Fijo sentó las bases de un modelo populista y conciliatorio de élites, que merced a
la renta petrolera e, inspirado a su vez, en los lineamientos político-económicos de las instituciones latinoamericanas vinculadas al análisis y estudio de los problemas del desarrollo, vgr: Conferencia de Punta del Este, Montevideo, Uruguay, 1961; CEPAL; ILPES; diseñó una propuesta para la planificación del desarrollo, la reforma del Estado y de la Administración Pública. Esa propuesta estableció como una de sus premisas la potenciación del rol del Estado como promotor y agente del desarrollo económico, el cual devino en Estado Empresario e Inversionista, por la vía del gasto público, por una parte; y por la otra, se planteó, atender las demandas de participación política y social, es decir, ampliar y hacer más democrático el sistema, fortaleciendo y diversificando las distintas instancias de la sociedad civil como formas colectivas de expresión de la ciudadanía. La puesta en práctica de dicho modelo arrojó resultados negativos para la región latinoamericana.

En el caso venezolano, a finales de los ochenta el sistema entró en la peor de sus crisis y en la primera mitad de la década actual, esa crisis llega a su punto más álgido, a raíz de la destitución del Presidente de la República mediante un juicio promovido por la Fiscalía General de la República, luego de los sucesos del 27 de Febrero de 1 989 y los dos intentos de golpe militar en 1992. Es así como cobra vigencia la necesidad de la Reforma Constitucional y de la Reforma del Estado y del aparato público, como una vía para reestablecer el equilibrio del sistema y se formaliza desde el Congreso de la República, el nombramiento de una Comisión bicameral, presidida por el Senador Vitalicio Rafael Caldera, a la postre Presidente de la República (1993-1998), para acometer dichas reformas.

La investigación tiene como objetivo mostrar a través de la relación de hechos significativos en lo político, lo económico y lo social, ocurridos en el período de reinstauración de la democracia, pero con especial énfasis en el período 1989-1999, que el modelo político venezolano llegó a su peor crisis de participación social y, en consecuencia, enfrenta su mayor grado de inestabilidad y desequilibrio institucional. En este sentido, persigue dar respuesta a interrogantes tales como: ¿Por qué fracasa el modelo político, económico y social que se instituye en Venezuela a partir de 1958? ¿Cómo los partidos políticos conculcaron el desarrollo de la participación ciudadana en la orientación de la vida política nacional? ¿A cuáles intereses sirvió el Texto Constitucional que se redactó y aprobó en 1961? ¿Cuál es el balance que muestra el país, a finales de 1989, en términos de indicadores macroeconómicos y microsociales, como antesala de “El Gran Viraje”? ¿Por qué se adopta el Programa de Ajuste Neoliberal y cuáles fueron los resultados del
VIII Plan de la Nación? ¿Qué significación tuvo para el país la Agenda Venezuela y las medidas políticas adoptadas por el Gobierno de Caldera? ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de no haber sido aprobada la Reforma de la Constitución por el Congreso de la República? ¿Consagra la Constitución de 1999 un modelo político distinto al que prefiguró la Constitución de 1961 para la gerencia pública? ¿Cuál es la nueva organización del Poder Político?