Jorge Hernández, Abraham Sánchez y Allan Calderón

Resumen de noticias concernientes a la fijación de tarifas 1995

El ICE solicita un aumento promedio del 25,63% para el año 1996 (21,36% ICE, en aumentos mensuales de 1,63%). Este aumento es necesario para paliar el déficit proyectado (¢2 mil millones para finales de ese año) y para satisfacer la demanda de energía (parte de los ¢7 mil millones que generaría el incremento serían utilizados en los proyectos de Angostura, Toro, Miravalles y Tejona).

El presidente Figueres pide el retiro de la solicitud pues esta “fue unilateral y no se consultó al Consejo Económico”. Para el cálculo de la solicitud no se emplearon los parámetros económicos usados por su administración y por los organismos internacionales para el año 1996 (se utilizó una inflación esperada del 15%, no del 10% como debía, y no consideró un límite de inversión de ¢28 mil millones).

El ICE retira la solicitud al reconocer “errores involuntarios” en la propuesta (en su confección y envío).

El SNE aprueba, el 13 marzo de 1996, un 10% de aumento en las tarifas eléctricas. El SNE condicionó el aumento a que los ingresos obtenidos con el alza fueran usados en el campo de la energía. El incremento había sido aprobado a finales del año anterior pero fue sometido a revisión por presiones de la Defensoría de los Habitantes.


I-1997

El ICE pide un aumento del 12% para las tarifas eléctricas residenciales (entre 8% y 16% para el resto del sector). La solicitud busca un mayor equilibrio entre empresas y abonados, así como motivar más la competencia entre los sectores productivos.

La Defensoría de los Habitantes, Asociación pro Defensa de Consumidores y Usuarios, ANEP, distribuidoras de electricidad, objetaron la petición aduciendo que la propuesta debía ser anulada pues ésta había sido modificada en el transcurso de la semana por directriz del Gobierno. Según las distribuidoras independientes la solicitud promueve desigualdades y desequilibrios financieros en las empresas.

El SNE decreta un aumento del 7,5% (12% en promedio).

II- 1997

El ICE presenta una solicitud de aumento del 6,7% para su sector de distribución (9,7% para las otras distribuidoras, excepto la CNFL), junto con una de reducción del factor térmico de ¢1,65 a ¢0,58 por Kwh. El ICE vende la electricidad a distribuidores privados a un precio menor a su costo de producción (una diferencia cercana al 30%).

El Regulador rechaza el aumento en tarifas y elimina por completo el cobro del factor térmico para el segundo semestre de 1997 y el primero de 1998. La decisión se debió a que el ICE no presentó un desglose de gastos operativos y costos que sustentara el aumento y a que la institución tenía un sobrante de ¢8 284 millones que permitía la eliminación del factor térmico.

1998

Se solicita un aumento del 14% en promedio (10,9% para consumidores residenciales con consumo promedio de 200 Kwh. por mes; para el comercio, industria y algunas instituciones sociales no habría modificación o esta se reduciría). Era necesaria para equilibrar las tarifas eléctricas y mitigar un déficit proyectado de ¢12 mil millones por la, anteriormente citada, derogación de la ley del factor. En 1999 sería necesario gastar ¢13 500 millones en generación con plantas privadas y en compras de energía a generadores privados. Además, el ICE propone vender la electricidad a un mayor precio a los distribuidores privados (entre 16,94% y 26,55%), pues le están pagando por debajo de los costos en los que incurre la entidad en generación y transmisión.

Debido a que las empresas distribuidoras instaron a una revisión a fondo de lo solicitado, dado el impacto económico que representaban las tarifas en cada empresa y en los usuarios finales, el ICE dio un plazo de 3 meses para resolver la petición.
ARESEP fijó un incremento en la luz para residencias. Aquellas que son abastecidas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), deberán pagar 15,89% de más. El paquete tarifario aprobado para el ICE incluye, adicionalmente, un aumento en las ventas que hace de energía a las distribuidoras. El regulador Fonseca explicó que una revisión exhaustiva de los costos presentados por el ICE desde noviembre pasado- lo llevó a bajar las pretensiones de aumento de esa entidad del 14 por ciento (promedio en todas las categorías de usuario) a un 7,78 por ciento.


2000

La solicitud de aumento presentada por el ICE fue de hasta un 38% de manera escalonada en 13 meses para el sector residencial, 8% en general e industria, 9% para instituciones de carácter social, 8% para pequeñas y medianas industrias y comercios. Si no se aprueban las tarifas, el ICE tendría un déficit de ¢18 mil millones al finalizar el año. Es necesario para cubrir los costos de operación y mantenimiento del sistema de generación eléctrica, realizar futuras inversiones y comprar energía a generadores privados, entre otros.

La Defensoría de las Habitantes, 4 organizaciones comunales, 6 comercializadoras de electricidad, la Cámara de Industrias consideran desproporcionada e irracional la solicitud y piden un estudio a fondo sobre el estado financiero y los gastos administrativos de la institución.

ARESEP aprobó aumentos de entre 10,4% y 33,1% (13,4% al ICE). Se justifica pues la mayoría de las tarifas eléctricas estaban subsidiadas. Además, ordenó al ICE aumentar sus tasas de rentabilidad en generación, transmisión, distribución y alumbrado público para apoyar las inversiones necesarias para el año (las aumentó en un 5,3%, el ICE había solicitado un aumento del 3%).


2001

ARESEP fija un aumento del 36% para las tarifas eléctricas. También aumenta la rentabilidad a 7,07% en vez del 5,2% pedido por el ICE y el 5% recomendado por los técnicos de la ARESEP.

UCCAEP: aumento es un 105% mayor que el recomendado por especialistas de la ARESEP y hasta un 40% mayor al solicitado por el ICE. Los técnicos recomiendan un aumento del 15,1% (el regulador decreta un aumento del 30%), en industrias recomiendan un 11,4% más (Fonseca decreta un 21,9% más).
El Gobierno pedirá superávit al ICE de ¢20 mil millones (consideran que se trata de un impuesto disfrazado: las tarifas generan importantes excedentes presupuestarios al ICE que seguramente serán trasladados por vía del pago del impuesto sobre la renta y la adquisición de bonos del Gobierno).

Leonel Fonseca argumenta que las tarifas estaban rezagadas y que si el ICE no crea nuevas plantas en 2 años no habrá suficiente energía para satisfacer la demanda.

Técnicos de la ARESEP dijeron que en el cálculo de las tarifas no debe incluirse el costo del proyecto COT (una empresa construye, opera y traslada al ICE) de Peñas Blancas, que aún no es del ICE, pues trae efectos consistentemente perjudiciales para los usuarios y que la forma de contabilizarlo por el regulador contraviene resoluciones del Colegio de Contadores y normas internacionales de auditoría.

SIICE: cálculo se hizo con una estructura tarifaria que la Contraloría le había pedido corregir (pues eleva exponencialmente el monto que el ICE paga a los generadores privados)

UCCAEP: ICE compró bonos del Banco Central por ¢4 mil millones luego de aprobada el alza. El Banco Central reconoció esto, pero dijo que son a corto plazo, 3 a 6 meses, y los retira conforme necesita el dinero.

El Gobierno acepta una rebaja en las tarifas y pide al ICE reducir su plan de inversiones del año, ante el difícil entorno económico internacional. El ICE acepta una rebaja del 4% para los clientes del ICE (3% para el resto). Además, el Gobierno y las empresas acuerdan que el ICE no pida aumentos durante el 2002.
Fuente: Periódico La Nación (revisión de noticias entre 1995 y 2001)