Este texto forma parte del libro
Demografía, mercado de trabajo
y política de inmigración
de
María Villena Rodríguez
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CONCLUSIONES FINALES DEL TRABAJO.

 

En este trabajo hemos analizado los distintos aspectos a que puede afectar la inmigración en España. Así, hemos hecho un análisis de las características demográficas de España, las laborales, y las sociales, y hemos concluido en cada apartado las repercusiones que puede tener la inmigración en cada uno de los ámbitos. Finalmente, el último epígrafe contiene un estudio de la Ley de extranjería, en que se observan las principales tendencias que ha seguido la misma desde su inicio hasta ahora, para así poder concluir si ese camino que está siguiendo es el más acertado o no.

 

En el primer epígrafe, pudimos llegar a la conclusión de que la mayoría de los estudios realizados sobre el futuro de la población, tanto en España, como en la UE, indican que el futuro envejecimiento de la población, será un lastre, que la inmigración está ayudando a suavizar ya que en los últimos años, en la mayoría de los países de la UE, ésta está aportando más al crecimiento demográfico de lo que lo están haciendo los habitantes autóctonos. Además, en España, en este ámbito demográfico, existe un problema añadido, y es, que el sistema de reparto seguido para financiar las prestaciones sociales corre un grave peligro si la población envejece como auguran todas las proyecciones demográficas realizadas. De manera que  los inmigrantes en España, en el ámbito demográfico, si se consigue su plena integración social que les incentive a formar familias dentro del país, supondrán un efecto muy beneficioso ya que contribuirán mucho más al crecimiento natural de la población de lo que estamos contribuyendo los españoles con nuestras bajas tasas de natalidad.

 

Igualmente está ocurriendo en el mercado laboral, en que, no sólo el envejecimiento de la población, que cada vez acerca más la curva de oferta y demanda de trabajo debido a la reducción de la población activa, sino además la gran segmentación del mercado laboral que existe en España, hacen que el sistema productivo español pueda dejar de ser competitivo, por una escasez de recursos productivos. La segmentación del mercado de trabajo es un problema muy grave que provoca la existencia simultánea de altas tasas de desempleo, y de ofertas de trabajo insatisfechas. Existen muchos tipos de trabajo (sobre todo en el sector servicios), que los españoles no quieren realizar (no porque estos trabajos cuenten con malas condiciones laborales, sino por la falta de posibilidades de promoción  que tienen, o la poca cualificación que requieren), y que por el contrario, los inmigrantes no tienen ningún problema en ocupar, ya que, no sólo necesitan ese trabajo para sobrevivir ellos mismos, sino que en muchos casos, tienen que sobrevivir también sus familias a las que mandan una gran parte de sus salarios en forma de remesas. Además, muchos de los inmigrantes han entrado en España por medio de una mafia, a la que deben grandes sumas de dinero que tienen que conseguir con el salario de cualquier trabajo que puedan ocupar, ya que si no lo hacen, las amenazas de represión en contra de sus familias suelen ser muy habituales. Esto es lo que hace que el trabajador inmigrante esté dispuesto a ocupar cualquier tipo de trabajo que se le ofrezca en España, de manera que ese sector de empleo que no desean los españoles, podría ser ocupado por ellos si dejásemos de afirmar que “en España no hay trabajo para los inmigrantes”.

 

Como hemos comprobado en las encuestas analizadas en el tercer epígrafe, la población española no es una población que esté en contra de la inmigración por principio, sino que en muchos casos, es la falta de información, o la errónea información que reciben, la que les hace cambiar de opinión respecto a ella. Muchos factores son los que influyen en el cambio de opinión pública, como pueden ser los mensajes emitidos por los medios de comunicación, la propia inclinación restrictiva de la Ley, algunos discursos políticos, etc. La exclusión social que se puede dar en la población inmigrante (provocada a su vez muchas veces por las mismas políticas públicas), también es un factor importante en ese cambio de opinión, ya que dificulta el acercamiento entre la población autóctona y la inmigrante, y no hace posible la eliminación de algunos prejuicios. Al mismo tiempo, es muy importante el hecho de que en las encuestas del CIS figura un dato que afirma que sólo el 8% de los españoles reconocen que no conocen la Ley, y al mismo tiempo, la mayor parte de la población está de acuerdo con la política de inmigración que sólo permite la entrada de inmigrantes que cuenten con un contrato de trabajo firmado (cuando en realidad no entienden lo que esto significa para el inmigrante). De este modo el legislador no tiene incentivo alguno para cambiar esa condición, y dejar de restringir el acceso de los inmigrantes a España.

 

La población española cada vez más, cree que el inmigrante puede convertirse en un delincuente, pero una vez más, los datos y la información extendida respecto a este tema, está muy manipulada, y provoca en las personas ese sentimiento de desconfianza y miedo, ya que los inmigrantes no son delincuentes, sino que más bien son víctimas, no sólo por la presión a que son sometidos por la Ley y las políticas de inmigración españolas, sino además, por los abusos recibidos por parte de las mafias que hay en nuestro país, y de los grupos organizados de delincuentes que les hacen víctimas de sus fechorías.

 

De manera que, respecto a la población española como sociedad de acogida, no hay un rechazo a la inmigración en general, si se le proporciona una información veraz, y si observa que las políticas de inmigración van verdaderamente encaminadas a la integración social de la misma.

 

Finalmente, en el análisis de la Ley, hemos observado que el legislador, lo que únicamente pretende es ejercer con la misma un control y restricción cada vez mayores a la entrada de inmigrantes  en España, y hace lo posible para conseguirlo, llegando a anular el ejercicio de algunos derechos fundamentales a los inmigrantes irregulares o dificultándoselo a los regulares. Pero no se da cuenta que con esto no va a evitar la entrada de inmigrantes en España, sino que además, como cada vez son más los que entran, puesto que los motivos que les hacen abandonar sus países siguen persistiendo, lo único que consigue dificultando cada vez más el acceso a la regularidad de los mismos, es una mayor proporción de inmigrantes irregulares en España.

 

El estudio realizado en este trabajo, hace que parezca ilógica esta orientación que sigue el legislador, ya que el único impedimento que tienen los inmigrantes para integrarse en España es la ley, puesto que desde cualquier otro punto de vista, no sólo no encuentra impedimentos, sino que además puede suponer un aporte muy positivo una vez conseguida su integración. Esto podría hacer pensar a algunas personas, que quizá lo que ocurra es que al legislador realmente no le convenga hacer desaparecer esa bolsa de inmigrantes irregulares dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir, ya que contar con una fuerza de trabajo dispuesta a realizar labores marginales, pero necesarias en el funcionamiento de la economía sin apenas derechos, mal remunerada, y que además es consumidora de bienes y servicios, puede resultar muy interesante.

A lo mejor merece más la pena reconocer las beneficiosas repercusiones que puede tener la inmigración en España, y optar por una Ley y unas políticas más abiertas a la inmigración, que busquen la más adecuada y eficaz regularización e integración de los inmigrantes irregulares (al igual que se está haciendo en el resto de países de la UE), y no la simple expulsión de los mismos.

 

El CES, hace una serie de recomendaciones finales en su informe “La inmigración y mercado de trabajo en España” respecto a las variaciones que desde la Administración deberían realizarse. Estas son:

 

·        Reforzar la claridad y sencillez en los procedimientos. Propone el establecimiento de una ventanilla única que concentre, coordine, y simplifique todos los trámites a realizar, ya que en muchos casos, esta lentitud y falta de coordinación provoca la expiración de muchos permisos de trabajo iniciales y la caída en irregularidad de un inmigrante regular, por no haber realizado la renovación de su permiso a tiempo.

 

·        Cooperación entre los Servicios Públicos de empleo y las organizaciones empresariales y sindicales y la Dirección General de Inmigración, destinada a la mayor eficacia, tanto en la canalización de ofertas de trabajo, como en la fijación de los cupos establecidos en el contingente anual, que nunca llega a reflejar la realidad.

 

·        Ante la inexistencia de un único criterio para la certificación de la no disponibilidad de trabajadores españoles para cubrir las ofertas de empleo presentadas por los inmigrantes que pretenden legalizar su situación, propone que se conceda ese informe negativo simplemente tras haber pasado de 15 a 30 días sin haber acudido ningún español a atender esa oferta. De ese modo se evitará que, ante la falta de criterio, cada oficina siga trámites diferentes, y finalmente se concedan esos informes sólo a ciertos puestos de trabajo (como es el servicio doméstico), y queden a la vez sin cubrir otra gran cantidad de empleos.

 

·        Reincorporación a la Ley de la posibilidad de regularización por la vía de arraigo para los inmigrantes irregulares que se encuentran residiendo en España, apostando por un sistema de regularización permanente individualizada y excepcional. En la actual Ley (Ley 14/2003) se elimina esta posibilidad sustituyéndola por la de la regularización de las personas que acrediten la incorporación real al mercado de trabajo y su residencia en España durante tres años. La elaboración del Reglamento de esta Ley será la que concrete cómo acreditarán los inmigrantes esa incorporación al mercado de trabajo, pero aún así, esta norma no deja de dificultar el acceso al mercado de trabajo y a la integración social a los inmigrantes.

 

El presente Gobierno, parece estar apostando por una política de inmigración un poco más lógica y tolerante, de este modo, para empezar, ha devuelto al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las competencias en esta materia (que en el anterior Gobierno, habían pasado a pertenecer al Ministerio de Interior, ya que esta política se basó principalmente en el control de fronteras). Pretende una reducción de la economía sumergida. Y también quiere elaborar un Reglamento tal, que suavice de algún modo las duras condiciones impuestas por la nueva Ley. Pero cualquier cambio o actuación que se quiera llevar a cabo en esta materia, se ha de hacer de forma cautelosa, y razonada, ya que con buena voluntad es posible un cambio en la política encaminado no sólo a la más fácil, sino además a la más eficiente integración de los inmigrantes, pero si esa política se lleva a cabo de forma precipitada, los efectos pueden ser muy perjudiciales, pues puede ser utilizada por los medios de comunicación para crear alarma social en contra de estas actuaciones, (como ocurre en el artículo y titular de periódico “El Gobierno renueva los papeles a casi 5.000 inmigrantes con causas judiciales pendientes” del periódico “La Razón”, en 16 de agosto de 2004, en que se encuentra una información totalmente sesgada de la reciente actuación por parte del Gobierno, al resolver los 100.000 expedientes de regularización que habían quedado pendientes en el pasado año).