Este texto forma parte del libro
Demografía, mercado de trabajo
y política de inmigración
de
María Villena Rodríguez
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Conclusiones.

 

Al observar la evolución que ha tenido la Ley de extranjería, llama la atención el hecho de que las sucesivas reformas que se han realizado en la misma, no han hecho otra cosa que aumentar las dificultades y los obstáculos para que el inmigrante consiga una  plena integración en España. De este modo, a partir de la reforma de la Ley 4/2000, (única Ley que apostó por la verdadera integración de los inmigrantes, basada en el reconocimiento de los derechos fundamentales que le corresponden) y de la supresión de la equiparación del ejercicio de los derechos de los españoles al de los extranjeros, no sólo se elimina prácticamente todo el contenido de los derechos de los inmigrantes que residen irregularmente en España, rozando incluso la inconstitucionalidad, sino que además se crean cada vez más dificultades u obstáculos para que los inmigrantes regulares puedan ejercer los derechos de los que son titulares. Ejemplo claro de esto son los derechos a reunión, sindicación, asociación y huelga, respecto de los que se les ha suprimido la ejecución de los mismos a los inmigrantes irregulares, o el derecho a la reagrupación familiar, derecho fundamental reconocido así en la Ley 4/2000, al que puede acceder el inmigrante regular, que ha residido legalmente en España durante un año, cuenta  con prueba de que va a residir al menos durante otro año más, y además demuestra que tiene medidas económicas y vivienda suficientes para atender a los reagrupados. Este tipo de requisitos a veces llega a la exageración, y corroboran así la idea de que al inmigrante, regular o no, nunca se le trata con confianza, ya que si a los seis meses de estar residiendo en España legalmente, ya tiene una vivienda y un trabajo que le permita reagrupar a sus hijos, no es muy razonable que se le exijan seis meses más de residencia en España hasta poder verlos.

 

Esta evolución en la Ley de extranjería no ha cesado, ya que en la última reforma de la misma (noviembre 2003), se incluyen aún más restricciones y controles a la entrada de inmigrantes en España, en lugar de favorecer su integración. Pero los inmigrantes no sólo vienen a España en busca de un mayor bienestar social, o por entrar en un país en el que creen que tendrán solucionada la vida; lo hacen también porque están huyendo de sus países, que en la mayoría de los casos son países con una extrema pobreza, y con unas continuas guerras y problemas políticos que hacen que gran parte de la población pase años sufriendo para ahorrar las grandes sumas de dinero que les permitirán coger una patera, enfrentarse a la vida o a la muerte en el estrecho, y así conseguir escapar de esos modos de vida. De manera que por muy estricta que quieran elaborar la Ley, y muchos controles que quieran establecer sobre la entrada de inmigrantes ilegales, esto no va a hacer otra cosa que propiciar el desarrollo de mafias de tráfico ilegal de personas, que se convierte en el único medio que tiene el inmigrante para entrar en nuestro país.

 

Los únicos modos a través de los cuales el inmigrante puede acceder a la residencia legal en España son el contingente, el permiso de trabajo y residencia, o las regularizaciones extraordinarias. Los tres adolecen de grandes insuficiencias o defectos.

 

·        El contingente, que consiste en una cifra que los empresarios deben valorar con un año de antelación acerca de los puestos de trabajo que previsiblemente no podrán cubrir con mano de obra española, siempre queda muy por debajo de la cifra final necesaria. Es paradójico que con la gran necesidad de mano de obra extranjera que tenemos cada año (y esto no deja de ser reconocido por el político), esta cifra siga siendo tan pequeña[1], pero esto ocurre, entre otros motivos, debido a que entre las distintas administraciones no existe total conexión y flujo de información y, aunque se le permite la participación en la fijación del mismo a las Comunidades Autónomas, finalmente resulta inviable. De modo que mediante el contingente, finalmente entra una proporción muy pequeña de inmigrantes, cuando debería ser el medio más importante.

 

·        El régimen general, exige la obtención de una autorización de trabajo y residencia previa entrada al país. Para la obtención de este permiso no sólo se encuentra el inmigrante ante la dificultad de realizar todos los trámites por medio del empleador permaneciendo él en su país, sino que además tiene que superar un obstáculo tan importante como es el respeto a la situación nacional de empleo. Esta consideración en la práctica significa, que el INEM tiene que examinar la oferta de trabajo que le aporta el empleador, compararla con las capacidades y posibilidades de los desempleados que se encuentran en sus bases de datos, y entregar al empleador un informe que certifique que para esa oferta de trabajo no hay ningún español disponible. De ese modo, lo que ocurre finalmente en general, es que, el único tipo de trabajo para el que el INEM entrega ese informe es, para algunos puestos muy delimitados en la agricultura en las zonas rurales, y para el servicio doméstico en las zonas urbanas. De manera que el inmigrante que pretende entrar en España legalmente, tiene que conocer previamente a una familia que esté dispuesta a ocuparle en su casa, para poder conseguir ese permiso de trabajo. Los datos concluidos en el primer epígrafe de este trabajo, dicen que en la actualidad la mayor parte de los inmigrantes que viene a España son varones y jóvenes, de manera que habría que plantearse cuáles son las posibilidades reales  que un inmigrante de estas características tiene para entrar en España por la vía legal. Por otro lado, en 2003 quedaron sin ocupar 350.000[2] ofertas de trabajo de las que el 70% pertenecían al sector de la hostelería, podemos preguntarnos entonces por qué se siguen denegando tantas solicitudes de permiso de trabajo y residencia cada año, por qué el INEM sólo reconoce el servicio doméstico como el único trabajo que los españoles rechazan y por qué la cifra del contingente para ese año fue únicamente de 34.157 puestos de trabajo de los cuáles sólo 10.575 fueron de carácter estable. Todos esos puestos no habrían quedado sin cubrir con una política de inmigración más realista, que hubiese canalizado cada una de esas ofertas insatisfechas, por ejemplo a los cerca de 800.000 inmigrantes ilegales que hay en España. Lo primero que habría que hacer es reconocer la alta cantidad de puestos de trabajo que rechazan los españoles cada año, y dejar de registrar datos tan distantes a la realidad. Aunque ese tipo de políticas son muy mal vistas por la población, y quizá no convenga a los intereses políticos.

 

·        Por último, se encuentran las regularizaciones extraordinarias, que son el único medio que finalmente encuentra el político cuando ha acumulado cifras enormes de inmigrantes irregulares. Tras estar luchando por el control de los inmigrantes ilegales durante un periodo de tiempo, y ver como esto no funciona, el político toma la vía más rápida, y hace una regularización masiva de todos los inmigrantes que demuestran su residencia en España durante un periodo determinado, concediéndoles un permiso de trabajo y residencia. Ésta es una medida que demuestra el fracaso absoluto de las políticas de inmigración seguidas y constituye un importante efecto llamada, ya que atrae a más inmigrantes irregulares que vienen con el propósito de unirse a una próxima regularización posible. Además, no es en absoluto una medida extraordinaria, ya que ha supuesto el mecanismo que más inmigrantes a regularizado en los años en que ha tenido lugar (y ya se han realizado cuatro).

 

 

Todas estas dificultades que tiene que superar el inmigrante para acceder al mercado de trabajo, unidas a los bajos salarios de los puestos de trabajo a los que se les permite acceder, tienen como resultado una proliferación de la economía sumergida, que es el único, e incluso a veces el mejor modo que encuentra el inmigrante para acceder a un trabajo que le permita ganarse la vida. La economía sumergida es muy negativa para la economía del país, ya que supone dinero ganado y no cotizado, y por tanto un incremento del gasto público en prestaciones sociales no compensado por un incremento en ingresos públicos, pero no se persigue con la eficacia que debiera perseguirse, y de este modo se sigue manteniendo, y además el propio inmigrante, aunque se sienta explotado, debido a las bajísimas condiciones laborales que tiene que soportar en la mayoría de los casos, prefiere no denunciarlo, por miedo a ser descubierta su condición de ilegalidad, y ser expulsado del país.

 

Por tanto, es necesario un cambio radical en la Ley de extranjería, que apueste por una real integración de los inmigrantes que ya se encuentran en España[3] y reconozca la ineficacia de la actual. España tendría que tratar de imitar los aspectos positivos de las políticas de inmigración que siguen algunos países, como son, los sistemas de regularización permanentes, la buena gestión y adjudicación de las ofertas de empleo, lucha por la agilización burocrática, cursos de adaptación a la cultura e idioma, descentralización de algunas funciones a los organismos locales, etc.

 

Aunque, en realidad todos los países deberían intentar converger a un punto común, ya que la diversidad que hay en las políticas de inmigración adoptadas por los distintos países es la que hace imposible una política y normativa comunitaria sobre la regulación de flujos, el acceso al mercado de trabajo, el asilo, los derechos de los inmigrantes, y la circulación de trabajadores dentro de la UE. Esta política común se hace cada vez más necesaria frente a la perspectiva de la previsible masiva entrada de trabajadores de los diez nuevos miembros. El Tratado de Adhesión permite que los Estados miembros sigan restringiendo el paso a estos trabajadores durante los dos primeros años tras la adhesión, ampliable a tres más, o incluso a dos más si se observan distorsiones significativas en el mercado de trabajo, pero aún así no hay que olvidar que son diez los nuevos países, y que están haciendo un esfuerzo por converger a las condiciones económicas de la UE, de manera que los Estados miembros deberían responder al menos creando una política comunitaria que decidiera si permitir o no el acceso a esos trabajadores como ciudadanos de la UE transcurridos los próximos dos años.


 

[1] Ugarte (2004).

[2] Dato que se incluye en el artículo “¿Trabajos que los españoles rechazan?”, del periódico ABC, del día 8 de febrero de 2004. Sin embargo, el MTAS en el Anuario de Estadísticas Laborales, 2003, registra tan sólo 149.534. La diferencia es de más de 200.000 ofertas de trabajo, ¿cuál puede ser el dato correcto?

[3] Barciela (2004).