Este texto forma parte del libro
Demografía, mercado de trabajo
y política de inmigración
de
María Villena Rodríguez
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Modos de obtención del permiso de trabajo y residencia.

 

Las tres formas principales para conseguir un permiso de trabajo y residencia en España, han sido desde la Ley 8/2000, el régimen general, el sistema del contingente anual, y las regularizaciones extraordinarias.

 

 

4.3.1. El régimen general.

 

Es el modo en que los inmigrantes en general pueden acceder al mercado de trabajo español, obteniendo previamente la autorización de trabajo y residencia en cualquier momento del tiempo, (aunque existen supuestos en que no existe la obligación de obtención de esta autorización, establecidos en el art. 41 de la Ley 4/2000, a los que habría que añadir los extranjeros a que se les haya concedido el estatuto de refugiado) siempre que cumplan con las condiciones establecidas a continuación:

 

·        El inmigrante no comunitario mayor de 16 años debe encontrarse en su país de origen para la tramitación de su permiso, y será el empleador el que deberá tramitar el mismo ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con carácter previo a la prestación de servicios por parte del trabajador.

 

·        En caso de que la actividad que vaya a realizar el extranjero sea por cuenta ajena, se considerará la situación nacional de empleo para en cada caso, conceder la autorización o no. Para llevar a cabo esta consideración deberá tenerse en cuenta la insuficiencia de trabajadores en todo el territorio nacional, tanto españoles como comunitarios o extranjeros autorizados para trabajar, capacitados para el desempeño de la profesión o puesto de trabajo ofertado por la empresa. Para demostrar esto, el empleador deberá presentar la oferta de trabajo en el Servicio Público de Empleo, y que éste concluya un resultado negativo ante la imposibilidad de encontrar personas que estén dispuestos a cubrirla.

 

·        No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo en los supuestos recogidos en los artículos 71, 76, 77 y 79 del Reglamento, y en los casos de extranjeros procedentes de países con Acuerdos Internacionales que les exime de esta exigencia, así como las solicitudes de permisos solicitadas por extranjeros residentes legales en España, o que tengan concedida la exención de visado.

 

 

Para la renovación del permiso de trabajo, el trabajador por cuenta ajena, deberá demostrar que la relación laboral inicial continúa, o que ha suscrito una nueva oferta de trabajo, para lo cual deberá acreditar la futura realización habitual de la actividad laboral en el periodo de vigencia del permiso. En caso de renovación de un permiso por cuenta propia, el trabajador deberá demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social que le correspondan, así como la continuidad del ejercicio de la actividad que dio lugar al anterior permiso.

 

 

4.3.2. El contingente anual.

 

El Gobierno prevé anualmente un cupo de mano de obra necesaria para el siguiente año, que no podrá ser cubierto por la población española. Fija así, la cifra correspondiente, y las características de las ofertas de trabajo ofrecidas con indicación del sector profesional a que corresponderá cada una de ellas, para poder cubrir esas plazas con trabajadores procedentes de otros países. Estos extranjeros no podrán hallarse en España, como estableció la Ley 8/2000 al modificar la anterior Ley, en la que se admitía esta posibilidad como una de las incluidas en la normativa para la regularización de las personas que estuviesen residiendo ilegalmente en España. Esta Ley, por tanto prefiere que estos puestos de trabajo sean ocupados por personas que entren por primera vez en el país, que por extranjeros, que aunque han residido ilegalmente en España durante un cierto tiempo, quizá cuenten con mejores condiciones para ocupar estos puestos de trabajo.

 

Para la fijación de dicho cupo, se dará audiencia a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y al Consejo Superior de Política de Inmigración. Pero de hecho, una de las principales limitaciones que tiene, es la ausencia de transparencia en cuanto a los métodos usados para la determinación del mismo, y la no participación por parte de los interlocutores sociales en esta determinación.

 

El contingente pretende canalizar la cobertura de las necesidades de mano de obra no satisfechas con los trabajadores españoles, mediante la tramitación de dichas ofertas a otros mercados laborales para conseguir cubrirlas con nacionales de esos países. Pero, aunque en los diez años de existencia del contingente anual, este cupo ha ido creciendo gradualmente, aún no representa más del 30% de las autorizaciones de trabajo y residencia que se conceden anualmente. No cumple así, la función para la que fue creado el contingente, ya que ni cubre todas las ofertas de trabajo que quedan insatisfechas cada año, sino que la cifra suele quedarse bastante por debajo de las necesidades reales del mercado de trabajo, ni consigue un fácil acceso de los inmigrantes a los permisos de trabajo, ya que la mayoría de los puestos ofrecidos son en trabajos temporales, y entonces el inmigrante prefiere la vía del régimen general.

 

 

4.3.3. Las regularizaciones extraordinarias.

 

Es el último mecanismo de acceso al mercado de trabajo con que cuentan los inmigrantes. Puede resultar paradójico que una supuesta extraordinaria regularización esté incluida dentro de las principales formas de concesión de permisos de trabajo y residencia para los inmigrantes, pero la realidad es que una gran proporción de inmigrantes residentes legalmente en España, obtuvieron el primer permiso de residencia gracias a estas regularizaciones. De hecho, han tenido lugar cinco regularizaciones de este tipo, en los años 1986, 1991, 1996 y 2000 (dos regularizaciones en este último año).

 

El Gobierno utiliza esta medida como solución ante situaciones en que existe un gran número de inmigrantes irregulares, sin establecer condición alguna para la obtención de la residencia legal, más que la demostración de haber residido en España durante un periodo determinado. Así, los inmigrantes que podían acudir a la regularización extraordinaria que tuvo lugar en 2000 tras la aprobación de la Ley 8/2000, entre los meses marzo y julio de ese año, eran los que reunían cualquiera de las condiciones siguientes:

 

- Inmigrantes que se hubieran hallado en España desde antes del 1 de junio de 1999.

 

- Los que hubiesen sido titulares de un permiso de residencia o trabajo en los tres años anteriores al 1 de febrero de 2000.

 

- Solicitantes de asilo a los que se hubiera denegado la solicitud antes del 1 de febrero de 2000.

 

- Solicitantes de algún tipo de permiso antes del 31 de marzo de 2000.

 

- Familiares de alguno de los anteriores o de residente legal comunitario o no.

 

 

En esta regularización fueron presentadas 247.598 solicitudes, de las cuales el 66% fueron concedidas. De este modo, sólo en el periodo transcurrido entre los años 2000 y 2002, tras las dos regularizaciones extraordinarias que tuvieron lugar, el número de inmigrantes residentes legales en España, creció en 463.277 personas.

 

Esto demuestra que la regularización extraordinaria, no sólo no es extraordinaria por el número de veces que han tenido lugar, sino también porque ha constituido una de las principales vías de acceso al permiso de residencia para los inmigrantes. Es una medida que contradice en modo alguno lo que se establece en las diferentes leyes, ya que tras acumular un gran número de inmigrantes ilegales debido a las dificultades que tienen que superar los mismos para acceder legalmente a la residencia en España, el Gobierno resuelve esta situación con una legalización de todos esos inmigrantes sin condición ni impedimento alguno, reconociendo así indirectamente el fracaso de la política de inmigración, y creando un verdadero “efecto llamada” para la entrada ilegal de más inmigrantes.