Este texto forma parte del libro
Demografía, mercado de trabajo
y política de inmigración
de
María Villena Rodríguez
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Política de Inmigración a nivel Comunitario.

 

            Las competencias en materia de inmigración y la regulación tanto del acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo, como del acceso por las vías de asilo y refugio, han correspondido siempre a cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. A nivel comunitario, únicamente se han firmado algunas resoluciones o acuerdos en contra de la discriminación a causa del racismo o la xenofobia, y también se han establecido algunos principios o directrices que deben seguir las políticas de inmigración de los distintos Estados, para no vulnerar la declaración común de derechos fundamentales firmada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en 1977.

 

            El Tratado de Amsterdam, en 1999, fue el primero en asumir el compromiso de elaborar una política comunitaria sobre inmigración, cuando el artículo 63 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, estableció que el Consejo adoptaría medidas sobre política de inmigración en el plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigor de este tratado. Estas medidas regularían las siguientes materias:

 

·        Condiciones de entrada y residencia, y normas sobre procedimientos de expedición por los Estados miembros de visados de larga duración y permisos de residencia, incluidos los destinados a la reagrupación familiar.

 

·        La inmigración y la residencia ilegales, incluida la repatriación de residentes ilegales, así como medidas que definan los derechos y las condiciones con arreglo a los cuales los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro puedan residir en otros Estados miembros.

 

            Estas medidas, se establecerían por unanimidad, a propuesta de la Comisión o a iniciativa de un Estado miembro y previa consulta al Parlamento Europeo. Este requisito de unanimidad ha resultado inviable debido a la diversidad de planteamientos existentes entre los distintos Estados miembros, de manera que finalmente los avances normativos en esta materia han sido más bien escasos.

 

            El Consejo Europeo de Tampere[1] en Octubre de 1999, junto con el plan de acción aprobado por el Consejo de Viena en 1998 (DOC 19 de 23 de enero de 1999), establece los objetivos que deberá seguir la política común de asilo e inmigración de la Unión Europea; estos son: la colaboración con los países de origen y tránsito, la creación de un sistema europeo de asilo común, el trato justo a los nacionales de terceros países, y la gestión de los flujos migratorios.

 

            Desde la Cumbre de Tampere las iniciativas seguidas en el desarrollo de la política comunitaria de inmigración y asilo, han ido más encaminadas a la regulación y control de flujos y a la lucha contra la inmigración ilegal que a la cooperación con los países de origen y tránsito o la integración social de los inmigrantes. Existe así, todo un entramado de recomendaciones, propuestas, directivas…, que tratan de luchar contra el racismo y la xenofobia, y ayudar a la integración social de los inmigrantes, pero que finalmente dejan a cada Estado miembro la regulación normativa en cada materia.


 

[1]  SN 200/99, Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999.