El autocontrol como sistema de protección en Internet

            

                   Internet es un medio de transmisión de información, de contenidos a nivel mundial y además un espacio para la realización de transacciones comerciales. La existencia de estos dos planos en Internet es lo que a nuestro entender dificulta la decisión sobre si Internet debe de regularse en su totalidad, no debe regularse o si debe regularse parcialmente.

                   Si Internet lo concebimos única y exclusivamente como un medio de información, la libertad de expresión debe primar sobre la regulación exhaustiva de los Estados[1], lo cual tiene su base jurídica en el reconocimiento a la libertad de expresión como derecho fundamental tanto a nivel nacional como internacional[2], y si lo concebimos única y exclusivamente como un espacio para la comercialización la necesidad de establecer medidas de seguridad es innegable al igual que la necesidad de armonizar las diferentes normas de derecho privado a nivel Internacional. Por este motivo debemos entender que Internet es un espacio en el convergen dos realidades y que si nos centramos con carácter general solo en una de ellas el resultado puede ser totalmente negativo. Además la existencia de Internet supone sin duda una revolución tecnológica que afecta a los modelos sociales que hasta ahora conocíamos, sin embargo los problemas jurídicos que se plantean en la red no son nuevos (conflicto entre derechos fundamentales, defensa del consumidor, protección del menor ante contenidos audiovisuales...), por ello opinamos que no es necesario crear un derecho especializado “ex novo” sino acordar las adaptaciones necesarias del derecho existente tanto a nivel nacional como internacional y en relación con aquéllos aspectos que sean realmente nuevos establecer la regulación necesaria[3] (como ejemplo, la responsabilidad de los nuevos sujetos que forman parte de las relaciones jurídicas entre las partes: operadores y proveedores de redes, prestadores de servicios, proveedores de contenidos) de manera que se mantenga lo que se conoce como “neutralidad tecnológica”, es decir intervenir a partir de la relativa consolidación de una tecnología y regularla de forma tan abstracta que la norma alcance la futura y todavía imprevisible evolución técnica[4].

                   Desde esta perspectiva queremos centrar la autorregulación de la publicidad como medida que debe utilizarse para realizar las adaptaciones con carácter internacional y que permite afrontar los problemas jurídicos que se presenten de manera responsable por parte de los sujetos partes en el conflicto[5], sin que eso suponga una separación de la legalidad ni de las medidas judiciales clásicas que podrán aplicarse en todo caso.

                   Además de un modo específico hay que precisar que la autorregulación de la publicidad no es una novedad que se presente en Internet sino que tiene una larga tradición  en base al derecho fundamental de la libertad de expresión[6].

                   El reconocimiento legal de la autorregulación publicitaria en España se remonta a 1964 con el Estatuto General de la Publicidad, mediante el cual se creo el Jurado de la Publicidad, institución a la que los interesados podían someter sus diferencias antes de acudir a la vía jurisdiccional. Aunque ha sido en los últimos años cuando ha aumentado el fomento de la autorregulación de la actividad publicitaria tanto por el legislador comunitario como español:

a)    En el derecho comunitario la Directiva 84/450/CEE, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa modificada por la Directiva 97/55/CE a fin de incluir en la misma la regulación de la publicidad comparativa, señala que los Estados miembros podrán fomentar el control voluntario de la publicidad engañosa o de la publicidad comparativa por organismos autónomos independientemente de los procedimientos judiciales o administrativos[7]. A su vez la Directiva 2000/31/CE de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información y, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, precisa que los Estados miembros y la Comisión fomentarán la elaboración de códigos de conducta sin que ello vaya en perjuicio del carácter voluntario de dichos códigos ni de la posibilidad de que las partes interesadas decidan libremente la adhesión a los mismos[8].

 

b)    En el derecho interno español la autorregulación publicitaria ha sido reconocida como un instrumento útil de ordenación del mercado y resolución de conflictos. La Ley general de publicidad acepta el control voluntario de la publicidad realizado por órganos de autodisciplina, declarándolo compatible con  el ejercicio de acciones civiles, penales, administrativas o de otra índole [9] y la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico precisa en un sentido similar a la directrices europeas, la necesidad de fomentar la autorregulación sin que esto suponga impedimento para la resolución de conflictos mediante procedimiento judicial[10].

 

                   Por todo esto entendemos que aunque quizás desde un punto de vista general la autorregulación de Internet no es aceptada por toda la doctrina, concretamente en el ámbito publicitario no hay motivo para rechazarla, pues además de  lograrse una protección de los consumidores de un modo responsable sin afectarse con ello a la libertad de expresión directamente vinculada con la publicidad, lleva funcionando durante mucho tiempo. Incluso, las resoluciones de los jurados de autocontrol están creando, como ha señalado el profesor Fernando Ramos[11], un cuerpo de doctrina deontológica que, sin ser jurisprudencia, son estimadas y estudiadas por los órganos jurisdiccionales al construir el fundamento de sus fallos[12].


 


[1] Opinión que en ningún caso resulta contraria a las limitaciones propias de estas libertades que excluyen las actuaciones ilícitas a través de la red. Véase a LAGUNA PAZ, J.C.: “Internet: aspectos de su régimen jurídico público”, en Revista española de derecho administrativo, número 113, Civitas, 2002, p. 15.

[2] Véase el artículo 20 de la Constitución española, el artículo 10 del Convenio europeo para la protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950,  y el artículo 19 de la Declaración  Universal de Derechos del Hombre hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1948.

[3] LAGUNA PAZ, J.C.: “Internet: aspectos de su régimen jurídico público”, o.c., p. 9. MUÑOZ MACHADO, S.: “La regulación de la red. Poder y derecho en Internet”, Taurus, Madrid, p.39-42.

[4] CAVANILLAS MÚGICA, S.: “Los contratos electrónicos: problemas de derecho civil relativos a su conclusión”, en Ponencia de las Jornadas de las Palmas de Gran Canaria, 2003.

[5] DE MIGUEL ASENSIO,P.A.: “Derecho privado de Internet”, o.c., p.78. VÁZQUEZ, F.: ”Internet y autorregulación ético profesional”, en Cuadernos de información y comunicación, número 6, Madrid, 2001, p.222.

[6] Respecto a los orígenes del autocontrol véase BELL MALLEN, I.,CORREDOIRA Y ALFONSO,L. y COUSIDO GONZÁLES,M. P.: “Derecho de la información I. Sujetos y medios”, o.c., p.297, y a RAMOS, F.: “Autorregulación, mediación y consulta previa, la nueva frontera de la ética publicitaria”, en ZER, número 11, 2001, www.ehu.es/zer/zer11web/framos.htm.

[7] Véase el artículo 5 de la Directiva 97/55/CE, c.

[8] Véase los considerandos 32 y 49 y el artículo 16.1.a), 16.2 y 17 de la Directiva 2000/31/CE, c.

[9] Véase la exposición de motivos y el artículo 32 de la Ley general de publicidad, c.

[10] Véase la exposición de motivos, el artículo 18, 32 y la Disposición final octava de la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, c.

[11] RAMOS, F.: “Autorregulación, mediación y consulta previa, la nueva frontera de la ética publicitaria”, o.c.

[12] Véanse: la Sentencia 2001 del juzgado de primera instancia número 5 de Madrid de 9 de mayo,  comentada en la Revista de autocontrol de la publicidad número 55, Madrid, 2001 y la Sentencia de la Audiencia provincial de Madrid de 5 de diciembre de 2001, comentada en la Revista de autocontrol de la publicidad, número 61, Madrid, 2003, p.1-2.