El deber de información previo

 

 La publicidad comercial forma parte de la fase precontractual del  futuro contrato[1]. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la negociación anterior al concurso de voluntades no constituye por sí ningún acto jurídico, pero pueda tener relevancia jurídica tanto en la formación de la voluntad contractual como en la interpretación del futuro contrato[2]. Por ello la información objetiva cumple una función relevante en aras a evitar que la publicidad provoque engaño en el consumidor. Sin embargo, como podemos entender no es la publicidad la que tiene que cumplir con el deber de información previa. Ninguna norma puede exigir a la publicidad una información exhaustiva sobre el producto o servicio que se ofrece y ello por la propia naturaleza de la publicidad. A la información contenida en un anuncio publicitario se le puede exigir que sea veraz en  cuanto al tema concreto que se refiere pero nada más, en la información se profundizará posteriormente. Sin embargo, en aras de esta veracidad publicitaria y de la protección de los consumidores y usuarios, el anunciante estará obligado a manifestar todas las circunstancias que conforme al juicio del consumidor medio pueda afectar decisivamente en la voluntad de contratar del consumidor[3]. Afirmación que queda reforzada por el hecho de que el consumidor puede exigir las prestaciones propias de cada producto o servicio aunque no hayan sido mencionados en el contrato[4].

         Atendiendo a la legislación vigente el deber de información se concreta de un modo genérico en el artículo 13  de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. En él se manifiesta la obligación por parte de los proveedores de bienes y servicios de informar de modo veraz, eficaz y suficientemente sobre sus características esenciales[5]. Pero, ¿cuáles son las características esenciales?. Aquí nos planteamos el mismo problema que tuvimos al tratar la publicidad engañosa. Si recordamos esto, observaremos como el artículo 5 de la Ley general de publicidad, complementando al artículo 4 de la misma, señala cuáles son los datos fundamentales que se han de tener en cuenta para determinar la veracidad de la publicidad, es decir los mínimos sobre los que no puede recaer el engaño[6] y en el mismo sentido, el artículo 13 de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios señala cuáles son las características esenciales mínimas sobre las que se debe informar[7]: origen, naturaleza, composición y finalidad del bien o servicio que se oferta, aditivos autorizados que en su caso lleven incorporados; la calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial si la tienen; el precio completo o presupuesto acompañado de las condiciones jurídicas y económicas de adquisición o utilización, indicando con claridad y de manera diferenciada el precio del producto o servicio y el importe de los incrementos o descuentos en su caso; la fecha de producción o suministro y fecha de caducidad; las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles; y en el caso de viviendas cuya primera transmisión se efectúase después de la entrada en vigor de la Ley, se facilitará al comprador una documentación completa suscrita por el vendedor, en la que se defina, en planta a escala, la vivienda y el trazado de todas sus instalaciones, así como los materiales empleados en su construcción.  

         Por otra parte, existen varias disposiciones concretas que imponen a los empresarios el deber de suministrar cierta información cuando emiten publicidad en determinados medios o sobre determinados bienes, productos o servicios. Entre los medios que tienen una regulación especial destaca Internet.

         La regulación del deber de información en el comercio electrónico se realiza hoy en varias normas distinguiéndose tres bloques normativos:

-      Normas generales: Código civil, Código de comercio, Ley general de publicidad, Ley general para la defensa de los  consumidores y usuarios.

-      Normas específicas por el tipo de bien, producto o servicio que se ofrece, pudiéndose citar a modo de ejemplo: Ley de viajes combinados[8], Ley de crédito al consumo[9] o Real Decreto sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas[10].

-      Normas específicas por el tipo de medio en el que se realiza el intercambio de información e incluso el contrato de compraventa: Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico[11] y  Ley de ordenación del comercio minorista[12].

 

Por las características propias de este trabajo nos detendremos en el tercer bloque de normas citadas:

La Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico hace referencia al deber de información en dos preceptos, en el artículo 10 y en el artículo 27.

En el artículo 10 se trata un deber de información general que tiene todo prestador de servicios de la sociedad de la información independientemente de que realicen actividades de comercio electrónico. Esta obligación se basa en la publicidad de determinados datos a los que puedan acceder por medios electrónicos tanto los destinatarios de los servicios como los órganos competentes para realizar restricciones a la prestación de servicios. Estos datos tienen principalmente una función de identificación del prestador de servicios de la sociedad de información, aunque llama la atención los apartados f) y g) que parecen específicos para actividades de comercio electrónico: el apartado f) precisa la obligación de informar de manera clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío y el apartado g) señala la obligación de informar sobre los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente. A nuestro entender estos apartados no deberían incluirse en el artículo 10, sino que dada su especialidad vinculada al comercio electrónico deberían de incluirse en el artículo 27, referido a las obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación electrónica.

En el artículo 27 se establece un deber de información previo al inicio de la contratación en dos sentidos:

-      Información técnica: Dada la especialidad que tiene la contratación mediante la red, el legislador  establece como medida de garantía para el consumidor; la obligación del prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica de informar al consumidor de manera clara, comprensible e inequívoca sobre:

a)    Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.

b)    Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formaliza el contrato y  si éste va a ser accesible.

c)    Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de datos, y

d)    La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

 

El prestador de servicios queda liberado de esta obligación si el contrato no se realiza con consumidores o si aún celebrándose con consumidores se ha llevado a cabo mediante el intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.

 

-      Información de contenido: En un interés por proteger los intereses de los destinatarios de servicios, de forma que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la hora de contratar un servicio o bien por Internet[13], se establece que con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a las que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que estas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.

 

Además de la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico resulta aplicable en relación con el tema tratado el capítulo II del Titulo III de la Ley de ordenación del comercio minorista. Esta Ley regula la actividad consistente en la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismo, utilizando o no un establecimiento y de un modo especial las ventas a distancia[14], entendiéndose por tales aquéllas que se realizan sin la presencia física simultánea del comprador y del vendedor, siempre que su oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el vendedor[15].

Conforme con el artículo 39 y 40 de la Ley de ordenación del comercio minorista, la propuesta u oferta comercial que se realice a distancia deberá contener como mínimo la siguiente información[16]:

a)   El carácter de propuesta comercial.

b)   La identidad del vendedor y su dirección.

c)   Las características esenciales del producto.

d)   El precio, incluidos todos los impuestos y los gastos de entrega y transporte, en su caso[17].

e)   La forma de pago y modalidades de entrega y ejecución.

f)     La existencia o no del derecho de desistimiento o resolución.

g)   El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia cuando se calcule sobre una base distinta de la tarifa básica.

h)   El plazo de validez de la oferta y del precio.

En relación con este aspecto la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico precisa que si el oferente no fija el plazo de duración de la oferta, ésta durará todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio[18].

i)     La duración mínima del contrato, si procede.

j)     Las circunstancias y condiciones en que el vendedor podría suministrar un producto de calidad y precio equivalente, en sustitución del solicitado por el consumidor, cuando se quiere prever esta posibilidad.

k)    En su caso, indicación de si el vendedor dispone o está adherido a algún procedimiento extrajudicial de solución de conflictos[19].

 

Como podemos comprobar el deber de información no es una obligación a cumplir en la publicidad sino un complemento a la misma que se realiza posteriormente a la misma y cuya finalidad es la de evitar el consentimiento erróneo por parte del consumidor que se ve directamente afectado por la publicidad.


 

[1] DÍEZ PICAZO, L.: “Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial...”, o.c. , p.303.

[2] DÍEZ PICAZO, L.: “Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial...”,o.c., p.271.

[3] PÉREZ GARCÍA, P.A.: “La información en la contratación privada: entorno al deber de informar en la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios”, Instituto Nacional de Consumo, Madrid, 1990, p.201-202

[4] Véase el artículo 8 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los Consumidores y Usuarios.

[5] DOMINGUEZ LUELMO, A.: “Contratación electrónica y protección de los consumidores: régimen jurídico”, en Revista Critica de derecho inmobiliario, n° 660, 2000, p.2364 y ss.

[6] Véase el apartado 3.2.2. referido a la publicidad engañosa

[7] Recuérdese lo que ya se ha comentado a este respecto en el apartado: 2.3. Diferencias entre publicidad comercial y oferta. Publicidad comercial y deber de información.

[8] Véanse los artículos 3 y 4 de la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados, c.

[9] Véanse los artículos 16 y 17 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, BOE número 72, de 25 de marzo.

[10] Véase el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas, c.

[11] Véase el artículo 10 y 27 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, c.

[12] Véanse los artículos 39 y 40 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, BOE número 15, de 17 de enero. Modificada por la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, BOE número 304, de 20 de diciembre de 2002

[13] Véase la exposición de motivos punto III de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y comercio electrónico, c.

[14] Véase el artículo 1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.

[15] Véase el artículo 38 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, de ordenación del comercio minorista, de acuerdo con la modificación realizada por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, c.

[16] Véase el artículo 39 y 40 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, de acuerdo con la modificación realizada por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, c.

[17] Obligación que se repite en el artículo 10.f) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, c.

[18] Véase el artículo 27.3 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, c.

[19] El artículo 10 g) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, recuerda la importancia de la resolución extrajudicial de conflictos obligando a informar sobre los códigos de conducta a los que, en su caso esté adherido el prestador de servicios.