Defensa de los consumidores - La prohibición de correo electrónico no solicitado

 

         Como hemos señalado anteriormente uno de las técnicas más usuales en Internet es el envío masivo de publicidad a través de correo electrónico. La Ley de servicios de la sociedad de la información y correo electrónico prohibía, en la redacción original del artículo 21, este tipo de publicidad cuando no hubiese sido solicitada o expresamente autorizada por los destinatarios de la misma. Sin embargo, la 32/2003, general de telecomunicaciones[1] modificó en la disposición adicional primera los artículos 21 y 22 respectivamente de la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. Con la nueva redacción dada por la Ley general de telecomunicaciones se mantiene el sistema general de solicitud expresa para recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica, si bien se incorpora una importante excepción al permitirse el envió de este tipo de comunicaciones sin necesidad de haber sido previamente solicitada o expresamente autorizadas, cuando se trate de destinatarios con los que el remitente o prestador mantenga una relación contractual previa y siempre que dichas comunicaciones se limiten al ofrecimiento de productos o servicios prestados u ofrecidos por el propio remitente, similares a los que fueron objeto de contratación. En todo caso, el remitente deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de la recogida de datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

         Con esta redacción, la regulación que se hace en España del “spam” es más próxima a los mínimos que se establecían en la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio. La Directiva no prohibía directamente el correo electrónico no solicitado sino que precisaba la necesidad de que los Estados miembros tomasen las medidas para garantizar que los prestadores de servicios que realicen comunicaciones comerciales por correo electrónico, consulten regularmente las listas de exclusión voluntaria en las que se podrán inscribir las personas físicas que no deseen recibir dichas comunicaciones.

         En este punto debemos retomar los artículos 30 y 31 de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal en la que se considera que no hay invasión de la intimidad cuando los datos personales se adquieren de fuentes de acceso público y el  interesado no se haya opuesto a ello. Esta Ley establece un sistema de protección muy similar al que se recoge en la Directiva, evitando la necesidad de consentimiento expreso. Sin embargo debemos precisar que con la nueva Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico la protección va más allá, como hemos señalado, siendo el régimen general en el envío de comunicaciones comerciales, la necesidad de consentimiento expreso. Esto supone que si un empresario quiere realizar publicidad utilizando el correo clásico no necesitará el consentimiento expreso del potencial consumidor, sino que basta con el hecho de que no se haya negado a  la utilización de sus datos para recibir publicidad. Mientras, en cambio, si la publicidad se realiza a través del correo electrónico el empresario necesita el consentimiento expreso del consumidor salvo que mantenga una relación contractual previa con el mismo.

         A su vez, la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, toma las medidas oportunas para el supuesto de incumplimiento de la Ley y tipifica como infracción grave dos supuestos de envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio equivalente[2]:

-      el envío, en el plazo de un año de  más de tres comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a un mismo destinatario, cuando éste no haya solicitado o autorizado su remisión o se haya opuesto a ella

-      y el envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, a destinatarios (en sentido genérico) que no hayan autorizado su remisión o se hayan opuesto a ella,

o en su caso como infracción leve cuando el envió de estas comunicaciones no suponga un supuesto de infracción grave[3].

         Junto a las infracciones se establece un sistema de sanción administrativa consistente en una multa de 30.001 hasta 150.000 euros por la comisión de infracciones graves y de 30.000 euros por la comisión de infracciones leves[4]. La imposición de estas sanciones corresponderá en el supuesto específico del envío de comunicaciones comerciales a la Agencia de Protección de Datos[5]


 

[1] Publicada en el BOE número 254 de 4 de noviembre de 2003.

[2] Artículo 38.3.b) de la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, modificado por la disposición final primera, punto tres de la Ley general de telecomunicaciones.

[3] Artículo 38.4.d) de la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, modificado por la disposición final primera, punto cuarto de la Ley general de telecomunicaciones.

[4] Artículo 39 y 40 de la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.

[5] Artículo 43.1 de la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, modificado por la disposición final primera, punto cinco de la Ley general de telecomunicaciones.