La nueva currícula educativa como respuesta a la globalización

 

El proceso de globalización es la respuesta internacional que las naciones se han propuesto para dar base real a los esquemas económicos locales en la búsqueda del desarrollo sostenido y sustentable.

 

La experiencia histórica ha llevado a los diferentes países del orbe ha reconsiderar los planteamientos iniciales del desarrollo como un predicado de independencia y autosuficiencia. El desarrollo implica compartir y cooperar, es por ello que el comercio internacional ha venido a sustituir a la autarquía como vía del mejoramiento del bienestar social.

 

Desde postrimerías de la Segunda Guerra Mundial la búsqueda de una mayor participación entre las naciones ha tomado distintas formas históricas donde dominan tres básicas: el bilateralismo, el multilateralismo y el librecambismo. Paralelo a los parámetros del comercio está la cooperación y la integración. La primera por compromiso político, el cual puede tener contenidos y objetivos muy variados, normalmente se da entre naciones de planificación central y entre naciones en vías de desarrollo, o ante siniestros y guerras entre los principales motivos  por citar. Por otra parte, la integración toma formas tales como preferencias arancelarias, áreas de libre comercio, uniones aduaneras y comunidad económica, según sea el grado de participación intranacional. La ascensión tiende a la unificación, aunque aún no existe caso histórico que confirme tal aseveración.

 

Así, todas las naciones del orbe admiten que el camino al desarrollo es aquel que se trace en vista a la unificación. Las economías autárquicas quedan atrás y la primera fase de la mundialización es la actual globalización, que implica que ante las directrices que impone una economía internacional de mercado las naciones tanto industrializadas como en vías de desarrollo procuren el ascenso de su bienestar a través de la integración en cualquiera de sus formas.

 

Han caído viejos dogmas y de sus ruinas surgen nuevas ideologías, anhelos legítimos que procuran justicia en el reparto económico y equidad en la administración de los recursos. Tesis como la Tercera Vía y el Neoliberalismo visten las iniciativas de vinculación económica entre los diferentes pueblos, aún entre las naciones que recientemente han emprendido una economía de mercado y han abandonado la planificación central.

 

Como parte de esto el libre comercio y la desregulación económica en un nivel nacional como regional el libre flujo de los factores productivos capital y trabajo es la patente mas importante de los procesos de integración. El capital adquiere la forma de inversión extranjera, en especial la llamada directa que tiene la ventaja de no crear pasivos a las naciones receptoras y ser importante generadora de empleos, significa una significa derrama económica por la masas salarial que implica, así como tiende a crear y fortalecer concadenamientos industriales vitales para la articulación de los aparatos productivos de las naciones. El trabajo, de forma documentada o indocumentada nutre la migración internacional como local en repuesta al reacomodo económico-geográfico y nueva localización de los negocios.

 

La captación de recursos foráneos en las economías nacionales implica no solo la abundancia y baratura del factor productivo trabajo, como de otros insumos, sino también la calificación y especialización de la fuerza de trabajo para que pueda ser absorbida por la inversión extranjera que ingresa al país, de hecho más que la baratura y abundancia de la fuerza de trabajo como uno de los principales atractivos de la Inversión Extranjera Directa, esta la importancia que implica que esta sea altamente calificada, especialmente la mano de obra con especialización tecnológica a un nivel técnico profesional.

 

La coyuntura internacional y la cada vez mayor apertura comercial como financiera de las economías en vías de desarrollo ponen en la palestra de la administración pública los contenidos y perfiles de los programas de estudio ante la nueva y creciente demanda de nuevas vocaciones, oficios y profesiones que acompaña al acomodo en el aparato productivo nacional de los intereses extranjeros en el país, ante la asimilación del ahorro foráneo que participa en el proyecto nacional del desarrollo.

 

Con todo lo anterior surge el concepto de educación bajo criterios de competencia, que esta encaminada a la formulación de nuevos cuadros curriculares que atiendan la inclusión de nuevas tecnologías que llegan al país como parte de la Inversión Extranjera Directa y que en la mayoría de los casos adquiere la forma empresarial de Maquiladora de Exportación. Empresa que demanda fuertes contingentes de mano de obra calificada y especializada en materia tecnológica.

 

El presente trabajo hace un esfuerzo elucubrativo de las tendencias que presenta el contexto de una economía subdesarrollada y dependiente en su integración a la estructura económica internacional en materia educativa, y como respuesta a la nueva demanda de instrucción técnica-profesional.

 

Procura enunciar un modelo teórico explicativo cuyas premisas y suposiciones quedan enmarcados en la restructuración económica que conlleva la desregulación y apertura del esquema productivo nacional.

 

Expresa una de tantas implicaciones en la generación de nuevas contradicciones que trae consigo un cambio estructural como institucional: la educación.

 

Trata de velar las razones del desarrollo y la adecuación y reformulación del Sistema Educativo Nacional ante la prominencia económica de una administración pública que ha admitido la necesaria asimilación de la educación a las necesidades crecientes urbano-industriales y de un mercado de trabajo vinculado a las necesidades expresas de la participación del ahorro externo en nuestro país.

 

El método por el cual procura lo anterior es el de la deducción que implica la comprensión de la lógica inherente del desarrollo del esquema económica actual, sus contradicciones y las implicaciones institucionales que imprime en la administración pública y la inversión social, que para el caso es el gasto en educación.

 

La contrastación de este modelo expuesto aquí lo dejo a las vivencias y vicisitudes que Ustedes, estimada audiencia, tendrán en su práctica como educadores ya sea en el aula como catedráticos, en el gabinete como investigadores o en la oficina como administradores, o en cualquier otra actividad de extensión.

 

Desde luego es un trabajo perfectible, tiene un carácter indicativo-normativo-propositivo, y de forma modesta procura abrir un paréntesis (o varios) de reflexión en torno a los problemas que deben ser considerados previamente ante la inminente concesión que la administración pública actual concede a la inversión privada en materia educativa, y a su cada vez mas evidente alineación a las instancias de carácter económico empresarial que procura cuadros de reproductores del sistema que a la formulación de conciencias creativas y revolucionarias. Donde se hacen de lado y abandonan las necesidades de los grupos marginados y de otros esquemas económicos que no han podido encontrar su espacio dentro de una economías industrial-urbana, como caso la economía rural a donde no llega ni la inversión extranjera, ni la nacional ya sea privada o pública.

 

Dicho lo anterior, el objetivo perseguido es evaluar la ventaja competitiva que la nos parecen de vital financieros. Una mano de obra calificada y especializada es otra fuerza de atracción de la inversión extranjera directa, así nuestro país debe incrementar sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos cuadros curriculares ante criterios de competencia económica, no obstante en este reto la orientación de la inversión pública federal no debe hacer de lado algunos renglones educativos dirigidos a atender las necesidades de educación de ciertos grupos marginados tales como son los indígenas por que entonces se corre el riesgo de privilegiar la instrucción en servicio de las necesidades industriales y desatender la educación de carácter social. Así, procuro resaltarla ventaja del desarrollo de cuadros profesionales técnicos, mas hago hincapié en la atención de la educación que da fondo social a la inversión pública.

 

En este tipo de esfuerzos discretan posturas encontradas. Aquí detallaremos algunas que me parecen de interés para subrayar los riesgos que se corren al desarrollar el actual modelo educativo con énfasis en la educación bajo criterios de competencia, sin dar descrédito de este.

 

Queda en manos de Ustedes la veracidad de las presentes argumentaciones así como la valía de las mismas ante la legitimidad que toda iniciativa de carácter público debe procurar ante los anhelos de la nación por ser una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.

 

El esquema educativo que pretende atender las necesidades crecientes de un sector industrial en ascenso y cuyo parámetro educativo es crear un técnico-profesional con un perfil apto y competitivo ante la actual coyuntura institucional, debe centrarse no sólo en las ventajas y oportunidades que esta trae consigo, sino también evaluar los riesgos ante la posible subestima en descartar que los contenidos educativos deben corresponder no solo a la realidad político-económica del país sino social y cultural, de tal forma que estos nuevos cuadros, procurando su incrustación en el aparato productivo nacional, dejen de lado el carácter social que la propia instrucción debe procurar, creando para tal fin nuevas incongruencias e inconsistencias ya no económicas pero sí sociales y culturales en los sujetos de la “nueva” educación.

 

Todo cambio en el sistema educativo debe prever las posibles repercusiones no solo en el orden político pedagógico sino en las propias instancias que son sujetos directos de la educación. Así también viene a colación el carácter democrático que debe preverse en el sistema educativo.

 

Surge la interrogante si el modelo que pretende desarrollar cuadros curriculares ante criterios de competencia también es capaz de no dejar de lado el carácter social y democrático que reviste el proceso educativo. La intención justifica los medios puesto que la adecuación de los perfiles a la demanda que marca el mercado laboral garantiza la absorción de las nuevas generaciones de profesionales y técnicos egresados del sistema garantizándoles trabajo y buena remuneración. No obstante, ante un presupuesto restringido cabe preguntarse si por atender la demanda del mercado se orienta todo esfuerzo a este fin y existe el riesgo de desatención de otro tipo de educación que son legítimos ante la formación social del país y sus pretensiones democráticas.

 

Al respeto cita Marcela Gómez S.[1] lo siguiente:

 

“Cuando la intención es mirar al futuro, no hay alternativa pedagógica sin utopía democrática que no sea una forma de desordenar el orden político pedagógico existente. En las facturas de este último, deben descubrirse las claves de los posibles cambios, siendo aquí precisamente donde el campo problemático de las fronteras y los imaginarios resultan puntos nodales del debate pedagógico actual, en tanto posibilitan situar y reconocer contextos específicos –escolares y no escolares- en la producción del sujeto pedagógico moderno, entendido como la relación entre el educador, el educando y los saberes que se trasmiten, circulan, recrean y transforman ... “ (Gómez, 1998; 23)

 

Con ello queda de manifiesto que la educación en México debe responder a los auténticos baluartes nacionales así como a las demandas de un mercado laboral especializado y calificado, aunque esto implique la penetración de intereses extranjeros en el modelo educativo del país, cuyo móvil es ajeno a la realidad nacional y carente de contenido social y democrático.

 

Cita Alfredo Guerrero T.[2] al respecto:

 

“La democracia en la educación no es una meta del gobierno actual (aunque se insinúe o llegue a convertirse en una declaración); y menos aún lo es de los organismos financieros internacionales que hacen estudios y recomendaciones al gobierno mexicano para que despliegue su política educativa. Nos referimos al Banco Mundial (BM), al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD); organismos que canalizan créditos y recursos económicos (“ayudas”) para programas educativos, y correlativamente “sugieren” las directrices en las que debe orientarse la política educativa, tal y como lo atestiguan sus documentos desde hace más de una década...“ (Guerrero, 1998; 31. Los entreparéntesis y entrecomillados no son nuestros).

 

El estado mexicano procura establecer acciones precisas a nivel institucional que tiendan a contrarrestar la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Con la educación y la generación de nuevos cuadros  educativos tienen como efecto que la explotación de la fuerza de trabajo se sutilice a la vez que se intensifica.

 

La miopía de la planificación educativa se pone en evidencia en materia de poder responder a las necesidades del desarrollo bajo los baluartes que la nación imprime como esenciales. Así el paulatino concesionamiento de la educación al sector privado obedece a redireccionar la inversión pública a sectores de la población más estratégica en la óptica de la oportunidad económica internacionalizada.

 

Se suma como una grave restricción al desarrollo del modelo educativo antes señalado la llamada crisis de conducción del estado mexicano. Menciona Hugo Aboites[3] lo siguiente:

 

“La crisis de conducción consiste en que la solución que el Estado propone ante la crisis es la de contar las pérdidas, salvar lo salvable y retirar la función educadora sólo a ciertos núcleos estratégicos de la educación. Es decir, un cuasi abandono de la conducción y su sustitución por el mercado...” (Aboites, 1998;48).

 

Y en otro artículo el mismo autor menciona lo siguiente:

 

“A nivel internacional y sobre todo latinoamericano hay elementos nuevos y específicos del proceso de globalización. La ‘Iniciativa de las Américas’ del presidente Bush, la firma del Tratado de Libre Comercio en la parte norte del Continente Americano y sobre todo, la decisión de la  mayoría de  los gobiernos de la región en el sentido de insertar a la educación superior en una dinámica de privatización, son elementos que tienden a enfatizar el papel de la universidad en el desarrollo de una tecnología competitiva para la industria, y en exigencias más precisas respecto de sus tareas frente al mercado...” ((Aboites, 1993; 84).

 

En este sentido se admite que la educación superior finalmente se replantea la necesidad de responder a las necesidades específicas del mercado laboral ante una desarrollo de industrialización incipiente y dependiente, quedando como supuesto implícito que al hacerlo de algún modo corresponde al marco de desarrollo de la nación.

 

No obstante lo anterior, existe su contraparte optimista tal como lo considera  Sylvia Ortega Salazar[4] y Jacqueline Ochoa M.[5]:

 

“Ante la creación de una zona de libre comercio en Norteamérica, se han expresado en los más diversos medios preocupaciones en torno a los efectos económicos y políticos que se pudieran generar. Poca atención se le ha prestado sin embargo, a un elemento que definirá sin duda buena parte del modo en que nuestro país se insertará  en el esquema global que se avizora: la educación y su contribución a la creación de modelos de acción adecuados a las nuevas condiciones...” (Ortega, et. al., 1991; 72).

 

Así la educación se presenta como una potencial ventaja competitiva y el componente substancial para la adecuación de nuestra economía a las exigencias del mercado internacional, especialmente con América del Norte.

 

Como se sustenta en este trabajo, la educación es también un instrumento de promoción económica tanto a nivel individual como social. Los cuadros curriculares deben ser aquellos que resuelvan las urgencias sociales y de democracia desde el marco económico, lo que otorga a la nación una abierta ventaja competitiva y la oportunidad de ser competitiva no solo en el marco comercial sino por el fomento del desarrollo humano y la educación como medio del desarrollo.

 

Los riesgos finalmente obedecen no tanto a los planteamientos ideales donde descansa el modelo educativo, sino en las restricciones reales presupuestales que son capaces de enconar los esfuerzos de la administración a sobre poner lo urgente ante lo importante y darse la desatención de grupos marginados.

 

El Sistema Educativo Nacional debe prever a los grupos marginados y brindarles opciones realistas y de calidad con base a sus propios valores culturales. Elsie Rockwell[6] cita lo siguiente:

 

“El convenio (con la) OIT (Organización Internacional del Trabajo) (apartado 7 – 1) obliga a los gobiernos firmantes (México entre ellos) a respetar y garantizar mecanismos de negociación, decisión y construcción permanentes para que los pueblos indígenas puedan “establecer sus propias prioridades, en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y  bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan  de alguna manera y de controlar ... su propio desarrollo económico, social y cultural.” En los debates sobre la educación la pregunta central puesta por los grupos indígenas era cómo crear mecanismos concretos que garantizaran este derecho general a la autodeterminación...” (Rockwell, 1998; 38. Los primeros entreparéntesis son nuestros).

                               

Así es que aún los distintos modelos de la propuesta educativa actual, el presente trabajo de algún modo permite vislumbrar los riesgos inminentes que se corren ante la falta de infraestructura y obsolescencia de anteriores esquemas que dejan su mella en una realidad nacional que obliga a no dejar de lado la finalidad tanto económica, social y democrática que es el sustento del Sistema Educativo Nacional.


 

[1] Profesora Investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

 

[2] Profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM.

 

[3] Profesor Investigador del Departamento de Educación y Comunicación, UAM – Xochimilco.

 

[4] Rectora de la UAM Azcapotzalco.

 

[5] Investigadora de la revista El Cotidiano.

 

[6] Investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. México.